Pero cuando comencé a revisar esta decisión; veo la radiografía completa que algo no funciona. NO sé si tengo alegría por la decisión o un profundo asco e indignación que hace que se me suba la presión de la rabia. Nos están vendiendo una justicia a medias, un espectáculo en el que se sacrifica a un peón del Congreso, mientras el ejecutivo que planificó financió y ejecutó la compra de conciencias no solo pretende salir limpia, sino toteado de la Risa.

Para entender esta la burla, no hace falta ser abogado, ni penalista menos experto en derecho. Los hechos son tan grotescos como transparentes. La máxima corporación de lo Contencioso Administrativo en Colombia concluyó, con pruebas técnicas, rastreos de llamadas telefónicas, chats y testimonios cruzados, que el expresidente del Senado presuntamente recibió tres mil millones de pesos en efectivo.

Este dinero sucio no cayó del cielo ni salió de un bolsillo privado. No, ese dinero pertenecía a los fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que se necesitan hoy más que nunca y que debieron destinarse a salvar vidas, a atender emergencias climáticas y a llevar agua potable a los niños que se mueren de sed en La Guajira, cara é gato, fenómeno del niño, incendios, cultivos afectados, vacas muriéndose de hambre, en fin, unas escenas dantescas que producen de todo menos indiferencia.

Los hechos de esta operación de bandidaje o, novela de narcos o de una mafia barata, incluye Maletines llenos de billetes de cincuenta y cien mil pesos transportados en camionetas blindadas. Desayunos clandestinos en habitaciones de hotel. Funcionarios públicos descalzos contando bojotes de dinero, bajando por ascensores de servicio para eludir las cámaras de seguridad y trasladando la coima directamente hasta el garaje de un edificio residencial en el norte de Bogotá.

Todo esto ocurrió en pleno centro del poder político del país, entre octubre de 2023 y los meses siguientes, mientras el Congreso debatía a marcha forzada reformas dizque importantes que afectaban el futuro y el bolsillo de todos los colombianos.

Esta sanción al exsenador Iván Name es jurídicamente impecable y éticamente inaplazable. Quien vende la dignidad del primer cargo del Poder Legislativo al mejor postor merece salir por la puerta trasera de la historia y no volver a pisar jamás una corporación pública.

Pero aquí es donde me pregunto y que me hace reflexionar cada vez que me levanto a la madrugada diciendo que debo trabajar más duro para pagar impuestos: ¿por qué la muerte política cae implacable sobre el senador que recibió el soborno, mientras que los altos dignatarios del gobierno nacional que ordenaron coordinaron y giraron los recursos siguen disfrutando de impunidad política y buscando salidas de escape?

Para que exista un agente corrupto, necesariamente tiene que existir un corruptor. La plata no se gestionó sola ni apareció por arte de magia en las cuentas de la UNGRD. Las declaraciones judiciales que sustentan la caída de Name señalan de manera directa hacia la cúpula del Ejecutivo.

Señalan presuntamente entre otros a Carlos Ramón González, quien era en su momento el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, como la persona que habría dado la orden presuntamente de conseguir y entregar esos miles de millones de pesos. Señalan a Olmedo López, director de la UNGRD.

Señalan a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, actuando como mensajera y maletera del gobierno nacional. También a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, cuadrando préstamos con usureros para cumplir con la urgencia del pago antes de unas elecciones locales; esto es una cosa de locos.

Todo esto para pervertir la democracia, arrodillar al Congreso. Esta situación de comprar la presidencia del Senado no nació en una esquina oscura del capitolio; nació en el corazón mismo del poder Ejecutivo, en los despachos del Palacio de Nariño. Fue una estrategia fría, deliberada y sistemática del gobierno nacional para garantizar el trámite de sus proyectos legislativos, como la reforma pensional, mediante el pago de coimas millonarias con el dinero del pueblo.

A cambio de esos tres mil millones de pesos, el señor Name aceptó no asistir voluntariamente a la conducción de catorce de las dieciséis sesiones plenarias donde se debatía la reforma, cediéndole el garrote y el control de la agenda a la bancada de gobierno para acelerar las votaciones y pupitrear lo que se discutía sin ningún.

Mi critica más férrea que este servidor ha hecho; es la triple moral del pasado gobierno y lo puedo demostrar en todas las columnas en el intervencionista; llegaron como adalides de la moral, prometiendo barrer con la política tradicional, acabar con las prácticas de la mermelada y cambiar las costumbres de la política en Colombia.

No solo rasparon la olla, sino que se la llevaron. Sin embargo, en la práctica, no solo replicaron los vicios del pasado, sino que los llevaron a niveles de cinismo salvajes.

Se apropiaron del presupuesto de las emergencias de los más pobres como rapiña, para repartir a la clase parlamentaria. Robaron el dinero del agua de los niños de La Guajira para comprar votos e influencias en el Senado. ¿Existe una perversión política más grande que esa?

La ciudadanía tiene todo el derecho de estar con rabia. Asquea ver cómo el discurso del «cambio» se desmoronó en un charco de corrupción ordinaria.

Asqueroso escuchar las narrativas gubernamentales que intentaban siempre posar de víctimas de sus propios funcionarios, como si Olmedo López, Sandra Ortiz o Carlos Ramón González hubieran actuado como ruedas sueltas, por iniciativa personal, sin que nadie en la cúpula del gobierno nacional supiera cómo se estaban destrabando las reformas en el Congreso.

Nadie dona miles de millones de pesos de las cuentas públicas por pura bacanería. No creen ustedes queridos lectores que esto se hace para cumplir instrucciones de alguien de muy arriba.

El fallo del Consejo de Estado deja en evidencia un desequilibrio institucional que causa indignación. La justicia administrativa le aplica la sanción máxima a un congresista porque la Constitución prevé un mecanismo expedito para quitarle la investidura. Pero ¿dónde está el juicio de responsabilidad política para los ministros, los directores de departamentos administrativos y los altos consejeros presidenciales que organizaron el muñequito para repartir esa piñata.

¿Por qué la muerte política es inmediata para el legislador que se vendió, pero se dilata, se enfría y se relativiza cuando se trata de los altos mandos del gobierno que compraron?

Si la muerte política es la respuesta de la sociedad frente a quienes traicionan la confianza ciudadana, esa muerte política debe aplicarse con el mismo rigor y la misma velocidad a los gestores de la corrupción desde el Ejecutivo.

No podemos romantizar que los implicados del gobierno saliente pretendan lavarse las manos, renunciar tranquilamente a sus cargos, escudarse en el silencio o dilatar los procesos judiciales mientras la opinión pública se lamenta y espera responsables de todo el caos provocado. La responsabilidad política de un gobierno que utiliza la caja menor del Estado para comprar conciencias parlamentarias no se borra con un comunicado de prensa ni echándole la culpa a mandos medios.

El país no puede tragar entero. El ciudadano común, el que paga el IVA de la canasta familiar, el que se gana un salario mínimo con el sudor de su frente, el que ve cómo la inflación le devora el sueldo, no puede ver esto como un simple episodio más de la crónica roja de la política colombiana.

Este escándalo representa el mayor fraude a la confianza popular de los últimos años. Se prometió una transformación ética y se entregó un mercado persa de conciencias financiado con los recursos del socorro nacional.

Exigir explicaciones y exigir sanciones drásticas para todos los involucrados, sin importar el color político ni la cercanía con la Casa de Nariño, no es una postura de oposición: es un deber moral de cualquier persona con dignidad.

La muerte política de Iván Name debe ser apenas el primer eslabón de una cadena de rendición de cuentas que llegue hasta las últimas consecuencias y hasta los más altos responsables de la rama ejecutiva.

Si la justicia se detiene en el Congreso y no cruza la plaza hacia el Palacio de Nariño, la señal que se le estará enviando al país será aterradora: que en Colombia es un delito dejarse sobornar, pero que gobernar sobornando con los recursos de la gente sigue saliendo trágicamente gratis.

La indignación que hoy tenemos los colombianos no debemos dejar que se enfríe. El asco que produce ver la miseria humana convertida en botín político debe transformarse en una condena social e institucional firme e implacable.

El gobierno saliente debe responder por el daño institucional que provocó, y la ciudadanía debe recordar este episodio trágico no como un evento aislado, sino como la prueba reina de que la moralidad pública no se predica con discursos vehementes, sino con el respeto absoluto y sagrado por cada peso que les pertenece a los colombianos.

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Durante muchos años, hemos visto como la retórica del cambio como una cruzada mal llamada mística: una epopeya épica donde personas engañados, perdón dizque indignados, armados únicamente con un teléfono móvil y una parla incendiaria que, prometían rescatar a la patria de la corruptela tradicional.

Sin embargo, bastó abrir la llave de la pauta estatal para que la la ideología revolucionaria se mostrara tal y como son: un vulgar contrato de prestación de servicios.

El reciente y grotesco espectáculo entre Levy Rincón e Iván Gómez, sacándose los trapos al sol en una gresca de callejón virtual, no es más que la inevitable digestión de un sistema que alimentó a sus aplaudidores con más de 43.000 millones de pesos de los 53 millones de bobos que nos creen ellos.

La indignación, que antes se ofertaba como un impulso genuino del pueblo despierto, ha resultado ser un producto de consumo masivo con tarifa fija y facturación electrónica. Qué ironía tan refinada que los mismos demonios que se rasgaban sus vestiduras ante el clientelismo de antaño hoy terminen trenzados en una disputa pública, no por ideales sociológicos ni por el bienestar de los marginados, sino por la piñata del presupuesto publicitario.

El activismo de la izquierda colombiana bajo el gobierno de Gustavo Petro no cayó en la tentación del poder; el poder simplemente reveló su precio exacto.

Ver a estas figuras mediáticas, señalarse y acusarse mutuamente de vendidos, mercenarios y oportunistas es ver la tragicomedia y el canibalismo de una fauna que solo se mantenía unida mientras el plato estuviera lleno.

Cuando la pauta estatal fluía sin control, ni auditoría ni pudor, la causa era buena, pura e incuestionable. Pero en cuando los números no cuadraron o los egos chocaron por ver quién facturó más en la caja registradora de la narrativa oficial, la fraternidad ideológica se disolvió y esto se volvió un lodazal de reproches procaces.

Sacarse los trapos al sol en directo no fue un acto de honestidad, sino la pataleta de dos comensales que pelean por la última migaja de un banquete pagado con los impuestos de un país exhausto, que no solo se quedó con la olla vacía, sino que la olla se la llevaron.

Resulta profundamente inmoral que, en una nación con necesidades estructurales desgarradoras, decenas de miles de millones de pesos hayan sido desviados para engordar las finanzas de polemistas digitales, cuyo único mérito académico y profesional ha sido gritar frente a una cámara web y estigmatizar al oponente La pauta pública dejó de ser un instrumento de información ciudadana para convertirse en un subsidio a la adulación.

Se creó así una aristocracia del tuit, una burocracia del aplauso pagado que vive en la paradoja de cobrar del Estado mientras finge mantener su rebeldía de barrotes de cartón. El caso de Rincón y Gómez es el síntoma definitivo de un colapso ético mayor. La narrativa de la superioridad moral, sobre la cual la izquierda construyó su catedral de arrogancia política, ha quedado reducida a un montón de escombros y facturas cruzadas.

Ya no pueden mirar a la cara de ningún colombiano a los que le prometieron dizque transparencia hágame el favor; porque el tufo a privilegio y mermelada digital es demasiado evidente. Pretendían ser los garantes de la ética pública y terminaron convertidos en los bufones mejor pagados de la corte, peleándose a mordiscos en el patio trasero cuando los reflectores se apagan.

La verdadera tragedia no es la decadencia de un par de polemistas que no es que hubieren perdido los modales, porque estos nunca los tuvieron; sino la burla sistemática a la confianza de una ciudadanía que hoy se encuentra indignada por tanta mentira y tanta ignominia.

Financiar el fanatismo con recursos públicos no solo destruye el debate democrático, sino que pudre la fe en las instituciones. Cuando la convicción política necesita 43.000 millones de pesos para sostenerse en redes sociales, no se trata de una ideología: es una franquicia comercial.

Para ponerle fin a esta payasada, la historia no recordará a estos personajes por la contundencia de sus ideas, sino por la vulgaridad de su reparto. La contienda entre Rincón y Gómez pasará a los anales del cinismo político colombiano como la prueba reina de que la causa nunca fue la patria, ni la justicia, ni la equidad, sino la tarifa por minuto de emisión.

Queda al desnudo un proyecto político que sustituyó las transformaciones reales por la compra de aplausos, dejando tras de sí un rastro de retórica vacía, presupuestos devorados y el decadente espectáculo de sus defensores peleando en el barro por el control de la caja chica.

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Ahora sí viene el lloriqueo; pero cuando mataban inmisericordemente a personas, campesinos, niños, niñas y adolecescentes, vemos hoy en día como los protectores del terrorismo hacían mutis por el foro, es decir cuando matan a un pobre a nadie le duele, porque no es visible, va directo a las estadísticas como víctimas del conflicto. Lo que hoy observo es que esas personas que defienden a ultranza, lo que pretenden es desarmar al Estado mientras los criminales masacran, extorsionan y secuestran no es defensa de los derechos humanos; sino en complicidad abierta con los grupos terroristas.

Se ha montado un circo de cínicos e hipócritas que pretenden juzgar la respuesta del Estado con la lupa de la perfección, mientras les dan una patente de corso a asesinos y narcotraficantes. El Derecho Internacional Humanitario no deja lugar a dudas: los campamentos de los grupos armados ilegales son objetivos militares legítimos. Punto. Quien viste un uniforme al margen de la ley, porta un fusil y opera desde la clandestinidad para sembrar el terror ha renunciado voluntariamente a la protección civil. Que pretendan hacer pasar campamentos de guerra por santuarios intocables es una estafa legal y una cobardía política.

Pero la tapa de la caja y la podredumbre mental y la miseria ética llega con el tema del reclutamiento infantil. Quienes acusan a las Fuerzas Militares por bombardear campamentos donde hay menores están alimentando, conscientemente, el incentivo más perverso del conflicto: el uso de niños como escudos humanos.

Llámenlo por su nombre: el terrorismo secuestra, adoctrina, recluta, arma y pone a los niños en primera línea precisamente porque sabe que en las ciudades hay una horda de «defensores» de la peor ralea, dispuesta a paralizar al Estado. Cada vez que un colombiano critica, prohíbe o satanizan un bombardeo porque hay un menor presente, le están enviando un mensaje directo al cabecilla criminal: «Siga reclutando niños, que ellos son su póliza de inmunidad». Eso no es proteger a la infancia; es entregarla en bandeja de plata a esos animales.

Es momento de desenmascarar a esta élite que condena al soldado que arriesga la vida y disculpa al criminal que degrada la patria. Guardan un silencio ruin cuando las guerrillas o las bandas criminales fusilan campesinos, pero ladran con rabia cuando la aviación militar descarga la fuerza del Estado sobre las madrigueras del crimen. Esa doble moral da ganas de vomitar.

Una sociedad que le teme a su propia capacidad ofensiva, es una sociedad condenada y dispuesta a ser serviles del terrorismo. La verdadera paz no se negocia de rodillas ni se construye agachando la cabeza ante los Delincuentes, por algo el Estado Colombiano tiene el Monopolio de las armas.

El orden se impone con la ley o con la fuerza de las armas; por eso el Estos tiene hoy la determinación infranqueable de aplastar a los enemigos de la libertad y de la tranquilidad del pueblo. Quienes defienden la inacción militar no buscan la paz; lo único que buscan es que el terrorismo gane la guerra. Y eso no se debe permitir en ninguna circunstancia.

Lo dijo Winston Churchill, en su momento: “Un Estado que cede ante el chantaje de la violencia no compra la tranquilidad; únicamente financia su propia destrucción. “.
Eso es lo que quieren los Colombianos, la destrucción del país.?

La entrada El negocio del escudo humano: Cuando la tibieza ampara al terrorista. se publicó primero en El Intervencionista - opinión más acción.

La verdad es que nos ven la cara; Para desmantelar este entuerto, hay que dejar de lado la narrativa oficialista y condescendiente. No estamos ante un problema de usuarios que no pagan o de infraestructura obsoleta por culpa del clima. Estamos ante un modelo de captura corporativa y regulatoria donde las pérdidas financieras se las cobran, si señores, Nos la cobran en la factura al usuario.

 No seamos idiotas. Mientras las utilidades de la generación se blindan en las cuentas de un oligopolio termo-hidráulico centralizado. La intervención estatal de Air-e —que ya acumula más de 21 meses bajo la mala vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos con miras a una inminente liquidación— no ha sido la salvación prometida. Ha sido el acta de defunción de una mentira privatizadora.

Con deudas con las plantas térmicas que superan los $1.7 billones de pesos y crecen a un ritmo inercial de  más o menos $100.000 millones mensuales, la Costa no está al borde del apagón por falta de viento o sol; está secuestrada por un flujo de caja estrangulado y una arquitectura regulatoria diseñada para que el Caribe siempre pierda.

Para entender la magnitud de esta ignominia, primero hay que dinamitar el dogma central de los operadores: la supuesta resistencia cultural del costeño a pagar el servicio. Este argumento es un engaña bobos,  con fines estrictamente discriminatorios y profundamente corporativos. Lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que el recaudo no se cae por pereza folclórica, sino por una imposibilidad matemática de subsistencia.

Cuando una factura de energía para un hogar de estrato 1 o 2 en Barranquilla, Sincelejo o Riohacha empieza a competir directamente con el presupuesto mensual de la canasta básica alimentaria, el impago no es una elección; es una condición de supervivencia física.

El consumo en la Costa no es lujo señores. En una región con temperaturas promedio que superan los 35°C y humedades relativas que asfixian, la refrigeración de alimentos y la ventilación básica no son suntuosos; son mínimos energéticos vitales para que la población no se enferme ni muera por las inclemencias del entorno.

El diseño del Mercado de Energía Mayorista en Colombia trata el consumo del Caribe bajo los mismos parámetros métricos que el de Bogotá o Tunja, ignorando la termodinámica elemental. Al obligar al usuario residencial de la Costa a consumir hasta tres veces más kilovatios-hora para alcanzar el mismo nivel de habitabilidad básica que un hogar del interior, la regulación nos  penaliza geográficamente al Caribe.

 Si a esto le sumamos el invento perverso de las pérdidas no técnicas reconocidas —una figura jurídica donde el robo de energía de unos y la ineficiencia de las redes del operador se le cobran legalmente en la factura al usuario que sí paga— el resultado es una estafa legalizada. Al usuario cumplido se le impone la carga de ser el policía de su barrio, financiando con su bolsillo la quiebra operativa de las empresas.

Cobrar las pérdidas comerciales en la tarifa es el equivalente a que un supermercado le aumente el precio de la leche al cliente de la fila solo porque tres personas salieron corriendo de la tienda con mercancía robada. Es un absurdo regulatorio que solo se sostiene porque el lobby de las distribuidoras históricamente ha tenido asiento en la redacción de los anexos técnicos de las resoluciones.

Frente a este artilugio ilicito, la intervención estatal de Air-e se vendió como un acto de soberanía y rescate popular.

La verdad desnuda es que las intervenciones en Colombia se han convertido en un mecanismo de transición burocrática para dilatar el colapso y blindar a los inversionistas privados de sus responsabilidades de capital.

Mirando las cifras de este año 2026, tras casi dos años de toma de posesión, la caja disponible de la empresa sigue en niveles críticos, el flujo financiero se mantiene persistentemente en terreno negativo, y la exposición a la bolsa de energía sigue siendo un juego de ruleta rusa.

El anuncio de contratos directos para cubrir el 81% de la demanda en el Caribe para el próximo año es un paño de agua tibia: esos contratos se indexan con fórmulas que siguen asfixiando las finanzas públicas y regionales. La intervención estatal lo único que logró fue cambiar el bolsillo que sangra; ahora es el Fondo de Entrega de Energía y los recursos de la Nación los que intentan sostener un barco que le entra agua.

Mientras tanto, los generadores térmicos de la región cierran la llave del suministro o exigen prepagos millonarios bajo la amenaza inminente de limitaciones. El sistema permite que los generadores operen como un club privado donde si el distribuidor no tiene liquidez inmediata, el castigo se le aplica directamente al ciudadano mediante cortes programados o racionamientos preventivos.

 Como diría el cantante de salas, maelo Ruiz, “Te va a Doler”; es que la intervención estatal prolongada desincentiva la inversión estructural real. Ningún operador serio va a asumir un mercado donde la infraestructura de distribución requiere una inyección de capital superior a los $4 billones de pesos para ponerse al día, mientras el riesgo social está al rojo vivo.

Las intervenciones solo administran la miseria operativa y preparan el terreno para una liquidación donde los acreedores financieros cobran primero, el operador privado sale por la puerta de atrás con demandas internacionales contra la Nación, y los usuarios se quedan con las mismas redes obsoletas y los mismos bajones de voltaje que  nos queman sus electrodomésticos.

Para erradicar por completo este monstruo hay que mirar aguas arriba, hacia el eslabón intocable de la cadena: la generación.

 Colombia tiene un mercado eléctrico que se precia de ser competitivo, pero en la práctica funciona como un oligopolio perfecto donde un puñado de empresas controlan el agua de los embalses y la disponibilidad térmica del país.

Cuando el nivel de los embalses baja por contingencias climáticas, el precio de la energía en la bolsa se dispara a niveles astronómicos de manera inmediata, superando con frecuencia los $1.000 por kilovatio-hora. Lo macabro de esto, es que, incluso cuando los embalses están llenos y rebosando agua, los precios en bolsa no bajan en la misma proporción debido a las ofertas de precio de oportunidad que permite el inutil marco regulatorio que tenemos.

Los generadores ofertan su energía al precio de la planta más costosa y el sistema les convalida esa renta extraordinaria. Las distribuidoras de la Costa, históricamente descapitalizadas o con baja cobertura de contratos de largo plazo, quedan expuestas a este mercado especulativo.

Compran energía cara en la bolsa y le trasladan ese costo indexado al usuario final( siempre los pendejos somos los que pagamos) de manera inmediata a través de la fórmula tarifaria. El Caribe colombiano es, esencialmente, una colonia energética: produce una porción inmensa del gas y de la energía térmica del país, pero sus ciudadanos pagan la electricidad como si fuera importada de Europa.

Ante un panorama tan desesperanzador, la Costa no puede seguir esperando debates legislativos eternos o promesas para el próximo año. La dignidad de nuestra no se negocia y  exigimos un plan de choque inmediato, ejecutable desde mañana o bueno desde el 7 de agosto, mediante  voluntad administrativa y constitucional del Ejecutivo.

En primer lugar, se debe ordenar la congelación y el reajuste inmediato del componente de pérdidas vía decreto presidencial. La CREG tiene que suspender la aplicación del régimen de pérdidas especiales otorgado a los operadores del Caribe; el robo de energía y las ineficiencias de la red deben excluirse radicalmente del cálculo de la tarifa residencial ya mismo.

Esas pérdidas deben ser asumidas temporalmente como un pasivo corporativo de la empresa intervenida y compensadas contra las deudas que la Nación mantiene con el sector, reduciendo de golpe el valor de la próxima factura que le llega a la gente.

En segundo lugar, es urgente aplicar una compensación cruzada de deudas y un clearing financiero Constitucional. Es inadmisible que Air-e deba $1.7 billones a las termoeléctricas locales mientras el Estado central adeuda billones por concepto de subsidios y saldos de la Opción Tarifaria.

Se debe ordenar un cruce automático de cuentas de forma administrativa: el Ministerio de Hacienda debe emitir títulos de deuda pública de liquidez inmediata directamente a los generadores térmicos para saldar la deuda de la empresa intervenida, garantizando la compra de combustible (para las termo)y asegurando el suministro eléctrico sin necesidad de someter a la región a  la mentira más grande que nos han vendido que son los “cortes por supuestos mantenimientos”.

Complementario a esto, bajo la figura de una emergencia sectorial, el Gobierno Nacional debe obligar a los generadores hidráulicos y térmicos a destinar un porcentaje fijo de su capacidad de generación remanente al mercado del Caribe a precio de costo marginal de producción, saltándose el mecanismo especulativo de la bolsa de energía.

Ningún generador puede declarar indisponibilidad para la Costa mientras tenga recursos que se estén transando con fines netamente usureros. Finalmente, para las zonas de difícil gestión y subnormalidad eléctrica —donde el recaudo es estructuralmente inviable bajo el modelo tradicional— se debe implementar en un plazo de treinta días un esquema de comercialización prepago masiva comunitaria.

Las juntas de acción comunal y las asociaciones locales deben asumir el rol de co-administradores de la carga, recibiendo energía en bloque con una tarifa plana diferencial y subsidiada directamente por el Fondo de Solidaridad, ojo eliminando al intermediario financiero de la empresa que solo encarece la gestión del servicio.

La crisis energética de la Costa Atlántica no es un problema técnico irresoluble; es el síntoma de un modelo que prioriza el flujo financiero de los generadores por encima del derecho fundamental a la vida digna de una población geográficamente vulnerable.

Si el Estado sigue tratando de solucionar este desastre con las mismas herramientas regulatorias de los últimos treinta años, el desenlace no será una simple liquidación empresarial: será el colapso productivo y la fractura social definitiva de la región. Hay que tomar el control del interruptor, arrebatarle el negocio a los de siempre, y hay que hacerlo ya.

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Este es el momento adecuado. Es hora de plantear una pregunta distinta: ¿qué ocurre con una persona mientras cumple su condena y qué clase de ciudadano devuelve el Estado a la sociedad cuando recupera la libertad?

La Constitución Política concibe la pena como un instrumento legítimo para proteger a la sociedad, pero también como un mecanismo orientado a la resocialización. La dignidad humana, el derecho al trabajo y la finalidad resocializadora de la ejecución de la pena no son concesiones al delincuente; son obligaciones del Estado Social de Derecho. Castigar no significa abandonar, como hoy pasa.

El populismo punitivo nos ha llevado a un modelo penitenciario que ha confundido severidad con eficacia. La prisión ha terminado convirtiéndose, en muchos casos, en un espacio donde el tiempo transcurre sin una estrategia real de transformación. Los internos salen con menos oportunidades laborales, mayores dificultades de integración y, en muchos casos, con vínculos fortalecidos con organizaciones criminales. Así, la cárcel deja de ser un instrumento de prevención y se convierte en un factor que favorece la reincidencia.

La discusión pública suele circunscribirse al endurecimiento de las penas. Pero casi nadie pregunta qué sucede durante esos años de privación de la libertad. Una política criminal inteligente no puede medirse por el número de personas encarceladas, sino por el número de personas que, al recuperar su libertad, no vuelven a delinquir.

El éxito de un sistema penitenciario no consiste en llenar cárceles. Consiste en reducir la reincidencia y proteger a las futuras víctimas, que hoy en día quedan traumatizadas y sin reparación de los daños ocasionados como consecuencia de la conducta delictiva que las afectó.

Por esta razón, nos atrevemos a invitarlos a reflexionar sobre la solución. Necesitamos una reforma profunda de la ejecución de la pena. Cada persona condenada debería contar, desde el inicio de su reclusión, con un plan individual de resocialización que incluya educación, capacitación técnica, atención psicológica, fortalecimiento familiar y preparación para el regreso a la vida en libertad. Pero ese plan debe incorporar un elemento que hoy sigue siendo marginal: el trabajo productivo.

El trabajo penitenciario ya existe en nuestro ordenamiento, pero su alcance es limitado. La verdadera transformación consiste en convertirlo en el eje central del proceso de resocialización mediante un sistema nacional de producción agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial desarrollado dentro de establecimientos penitenciarios especialmente diseñados para ese propósito. Aquí es donde haría el quiebre el nuevo presidente de la República, implementando una verdadera política pública de resocialización para los penados.

No se trata de revivir modelos de trabajo forzado ni de imponer una carga adicional al condenado. Por el contrario, se trata de un programa voluntario, remunerado, supervisado por las autoridades competentes y plenamente compatible con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, en el que todos los actores del sistema intervengan, tanto públicos como privados.

El condenado que decida participar no solo redimiría parte de su pena conforme a la ley, sino que adquiriría experiencia laboral certificada, desarrollaría competencias técnicas y contribuiría con su trabajo a la economía legal.

La remuneración también debe cumplir una función resocializadora. Una parte de los ingresos podría destinarse al sostenimiento de su familia; otra, al cumplimiento de las obligaciones de reparación frente a la víctima, cuando corresponda; otra, a un fondo de ahorro que reciba al recuperar la libertad; y otra, al fortalecimiento del propio programa productivo. De esta manera, el trabajo deja de ser un simple mecanismo para descontar días de condena y se convierte en una herramienta de responsabilidad, reparación y reconstrucción del proyecto de vida.

Esta propuesta no pretende beneficiar al delincuente a costa de la sociedad. Todo lo contrario. Busca proteger a la sociedad mediante la disminución de la reincidencia. Cada persona que abandona definitivamente la criminalidad representa una víctima menos, una investigación penal menos, un proceso judicial menos y un menor gasto para el Estado.

Para tranquilidad de todos, un modelo de esta naturaleza exige reglas estrictas. La participación debe ser voluntaria; la remuneración, digna; las condiciones laborales, compatibles con la legislación vigente; y la administración del programa, transparente y sometida a controles permanentes. Además, es indispensable evitar que la producción penitenciaria genere competencia desleal frente al sector privado o que organizaciones criminales capturen estos espacios.

La resocialización tampoco puede entenderse como un derecho sin deberes. El Estado debe ofrecer oportunidades reales de educación, capacitación y trabajo, pero el condenado debe demostrar, con hechos verificables, su compromiso con la legalidad, la disciplina y el respeto por las normas. Los beneficios penitenciarios no pueden depender exclusivamente del paso del tiempo, sino también del esfuerzo efectivo por reconstruir un proyecto de vida dentro de la legalidad.

Durante años, el país ha medido el éxito de la política criminal por el número de capturas, condenas y años de prisión impuestos. Ese indicador es insuficiente y altamente peligroso para las finanzas del Estado. Miremos cuántas condenas por privación injusta de la libertad se encuentran en cola para que la Fiscalía las pague.

El verdadero éxito consiste en que quienes recuperan la libertad no regresen al delito.

La seguridad ciudadana no comienza cuando la Policía captura a un delincuente. Comienza cuando el Estado logra que esa persona no vuelva a convertirse en una amenaza para la comunidad.

Por eso, la verdadera reforma pendiente no es construir más cárceles, sino transformar las existentes en espacios de formación, trabajo, disciplina y responsabilidad. La cárcel debe dejar de ser una fábrica de reincidentes para convertirse en una escuela de legalidad.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tiene la oportunidad de impulsar una reforma que trascienda los discursos sobre mano dura o garantismo.

La sociedad exige firmeza frente al delito, sobre todo frente a aquellos que tienen un mayor nivel de gravedad por el daño que causan a las víctimas y el horror que generan en la sociedad; por ejemplo, los delitos de terrorismo, narcotráfico y los delitos contra la administración pública.

Un Estado fuerte no es el que encierra más personas. Es el que logra que menos personas vuelvan a reincidir.

Si el presidente comprende esta diferencia, no será recordado por haber construido más establecimientos penitenciarios, sino por haber transformado la ejecución de la pena en una verdadera política de seguridad pública. Porque la paz social no se alcanza únicamente castigando el delito; se consolida cuando el castigo produce ciudadanos capaces de vivir nuevamente dentro de la ley.

Ese será el legado de una política criminal moderna: menos reincidencia, más responsabilidad, más reparación y una sociedad más segura para todos.

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Me sorprende mucho cuando por puro deporte, los ciudadanos comienzan a murmurar y por supuesto a señalar que el abogado penalista; Se le mira con mucho recelo y se cuestionan internamente, si este será igual de culpable a quien se le presenta un incidente penal; esto es una especie de sospecha moral y se le mira como con desprecio intelectual. Muchos consideran indignante que el simple acto de sentarse al lado de un acusado, lo contagiará de sus culpas o que será tan igual de culpable como lo que se le acusa al cliente.

Este odio, sin embargo, es una de las hipocresías más fascinantes y reveladoras de nuestra idiosincrasia; es un odio con fecha de vencimiento que caduca en el preciso momento en que la Fiscalía General de la Nación toca a la puerta del que desprecia, crítica y juzga sin razón y sin elementos de juicio.

Pero es preciso analizar y entender este falso odio, ya que debemos partir de una explicación sociológica enmarcada en lo que se ha denominado el «populismo punitivo». Colombia es una nación con profundas heridas, con muchos resentimientos, ya que, durante muchos años, se habla de la impunidad total y de violencia generalizada en todos los ámbitos, el campo, la ciudad, la política etc, lo que ha generado una sed de venganza, que en este caso conlleva al linchamiento mediático, es decir, que la gente disfruta que el otro tenga una dificultad dentro de un proceso penal. Es así como en nuestro país, los penalistas no somos vistos como los técnico del derecho o un garante de las garantías procesales y Constitucionales sino como un elemento que hace lo posible para que el proceso penal no avance.

He entendido que la sociedad no espera justicia para los responsables de los delitos, sino quiere venganza. Pero cuando el penalista se da cuenta que el proceso esta plagado de ilegalidades e irregularidades en el procedimiento, pedimos exclusiones de pruebas so pretexto de vulneraciones al debido proceso, o se logra una libertad por vencimiento de términos; entonces nos dicen que somos unos tal por cuales.

Cuando un abogado invoca el debido proceso, pide la exclusión de una prueba  por ilegal o logra una libertad por vencimiento de términos, el ciudadano común nos ve como mañosos y no se detiene a revisar que el abogado en las sociedades civilizadas actúa como barrera de contención de las arbitrariedades del poder del Estado.

Recuerden que el abogado defensor no es quien comete el delito, tan solo pretendemos hacer cumplir  las reglas de un sistema penal que fue discutido y aprobado por un Congreso, que representan la voluntad de los ciudadanos. Esto nos permite ponerle límites a la tiranía de ese monstruo de mil cabezas que es el Estado.

Ese odio se da, entonces, de una profunda incomprensión de la arquitectura del Estado, el no saber cómo funciona este y sus instituciones; se desprecia la herramienta que protege al culpable porque se asume, erróneamente, que el inocente jamás la necesitará.

Desde una óptica filosófica, muchas personas rechazan al penalista porque de un malestar interno esta presenta contradicciones entre la moral privada y la ética pública. El colombiano promedio juzga desde una superioridad moral absolutista; para la opinión pública, la culpabilidad se decreta en los titulares en los diferentes medios de comunicación o las redes sociales. En cambio, nosotros, los que defendemos causas penales, lo vemos desde la premisa de la verdad procesal, un concepto claramente insultante para quien jura tener la verdad absoluta. Esta tensión refleja el conflicto entre la justicia retributiva y el garantismo.

Filosóficamente, el defensor penal es un humanista porque entiende que el ser humano es un fin en sí mismo y que su dignidad no desaparece por el hecho de ser investigado. Al defender a quien todos odian, el abogado está validando la humanidad del acusado, un acto que la sociedad percibe como una traición a las víctimas. Sin embargo, es precisamente en esa defensa del «despreciable» donde se mide la salud de una democracia. Como diría el pensamiento liberal más clásico, la libertad de todos depende de cómo tratamos a los que consideramos peores entre nosotros.

El odio al penalista es, en el fondo, un odio a la complejidad de la condición humana y a la posibilidad de que el Estado se equivoque. Creen que este por ser magnánimo es infalible y es todo lo contrario, así lo vemos todos los días.

Aunado a lo anterior, debemos sumarle que existe una diferencia entre la asimetría de la información y el sesgo de confirmación.

En Colombia, el sistema penal se percibe como una feria de negociaciones, ya que nos acostumbramos a tantos escándalos, todos los días, en corrupción, que el ciudadano le cuesta mucho trabajo entender que algunas veces se necesita sacrificar un mal menor con el fin de terminar el mal mayor, esto es como cuando ven las delaciones o la ley del “sapo”, delatar a los responsables, para que la justicia no pierda tiempo, recursos y los colombianos sepan la verdad.

Pero queridos conciudadanos, no debemos perder de vista que, en el proceso penal colombiano, donde se enfrenta el humilde abogado defensor contra el aplastante y avasallante Estado, hay serias desigualdades y los ciudadanos lo pasan por alto, pero solo hasta que la fatalidad toca su puerta.

Este Estado tiene todo a la mano, presupuestos, medios técnicos, tecnológicos y la capacidad de intimidar al Procesado. En la otra esquina el acusado solo tiene a su abogado defensor. Aborrecer al Abogado penalista es como odiar al portero de un equipo de fútbol porque impide que el rival anote: es culpar al defensor por hacer su trabajo en un juego donde las reglas están diseñadas para que el Estado, en teoría, siempre gane.

La racionalidad del crítico se quiebra cuando el «yo» sustituye al «ellos». Aquí entra en juego la naturaleza humana en su estado más puro y egoísta. El ciudadano que exigía penas ejemplares y criticaba al abogado que «sacó al corrupto» es el mismo que, al verse involucrado en un accidente de tránsito con consecuencias fatales o en una investigación por un error administrativo, busca al penalista más agresivo, más técnico y, a menudo, más costoso. En ese momento, las «mañas» se convierten en «estrategias brillantes» y el «garantismo excesivo» se transforma en «el único camino hacia la justicia».

La explicación de este cambio de piel es sociológicamente simple: el miedo. El miedo es el gran domesticador de la moralidad en el ser humano. Cuando el Estado arranca a embestir al ciudadano, automáticamente entiende que la presunción de inocencia no es una frase vacía, sino su único salvavidas. El abogado penalista pasa de ser un «cómplice del mal» a ser un «escudo humano».

En Colombia, este fenómeno se agrava por la precariedad del sistema judicial. Cualquiera puede terminar enredado en las redes de una Fiscalía que a veces imputa por presión mediática o por estadísticas internas. La animadversión al abogado penalista es, por tanto, un lujo que solo se pueden dar quienes no han sentido el frío de la sospecha oficial. Es una postura estética que se derrumba ante la realidad procesal.

Quien crítica, termina descubriendo tarde, pero a un muy alto costo, que el abogado penalista no es el enemigo de la sociedad, sino el último dique de contención contra el error judicial y el abuso de poder del leviatán que referenciaba Hobbes.

En un mea culpa, debo reconocer que el estigma también se alimenta de una realidad colombiana muy dolorosa: la percepción de que el derecho penal es para los de «ruana» y la defensa técnica para los de cuello blanco. Genera rabia contra el abogado que utiliza el poder económico para dilatar procesos, pero esa rabia se desplaza erróneamente hacia la profesión en su conjunto.

Esto claramente confunde el ejercicio del derecho con el tráfico de influencias. Pero incluso en esta confusión, la paradoja persiste: quien más grita contra los abogados de los poderosos es quien primero buscaría uno si tuviera los medios para hacerlo frente a una injusticia propia. La crítica no es hacia la defensa en sí, sino hacia el acceso desigual a ella, aunque en el discurso público se disfrace de indignación moral contra nuestra profesión.

Estamos ciegos, la solución está a la mano, esto es, más fortalecimiento a la defensoría publica, equilibrar y dignificar los salarios de los defensores del Estado, que hoy defienden con el alma. No es justo que en la escala salarial no se les remuneren de la misma forma como sus pares, es decir, jueces, fiscales, agentes del ministerio público. Y la carga que pesa sobre sus hombros es más difícil, ya que defienden a la parte más frágil de esta ecuación, esto es al ciudadano carente de recursos

Finalmente, el odio al abogado penalista en Colombia es el reflejo de una sociedad que no ha terminado de comprender como funcionan las sociedades civilizadas.

Tenemos la falsa creencia que la libertad es un estado natural garantizado para los «buenos», cuando en realidad es una construcción jurídica que debe ser defendida activamente todos los días, especialmente para los «malos». El penalista es el técnico que mantiene esa construcción firme. Su labor es ingrata porque su éxito a menudo se traduce en algo que la sociedad detesta: el silencio de las celdas vacías o la libertad de alguien a quien ya habíamos condenado en el desayuno.

Sin embargo, en un país donde la seguridad jurídica es un bien escaso, el penalista es la única figura que garantiza que el Estado no pueda simplemente borrar a un ciudadano del mapa sin antes sudar para probar su culpa.

El odio al penalista terminará el día en que todos comprendamos que no somos jueces, sino potenciales acusados. Mientras tanto, el abogado seguirá ahí, en esa zona gris, recibiendo los insultos de la mañana y las llamadas desesperadas de la noche, siendo el malo necesario de una  tragi- comedia humana donde la justicia siempre es relativa hasta que nos toca el bolsillo o el pellejo.

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Esta celebración da inicio a la preparación para el nacimiento del niño Jesús. Para los seguidores, más allá de su significado teológico, esta fiesta, en el buen sentido de la palabra, se ha convertido en un fenómeno cultural, en razón de que crecimos bajo el amparo de estas tradiciones y tenemos el deber de protegerlas y mantenerlas en el tiempo.

Que no son solo tradiciones religiosas, sino que en un mundo tan convulsionado, alrededor de estas celebraciones se une la familia, los amigos y se acercan los corazones que alguna vez estuvieron divididos. Estas costumbres demuestran que el legado pervive y debemos mantenerlo más vivo que nunca.

Quien escribe estas líneas solo espera que la cultura y las costumbres se perpetúen en el tiempo, ya que estas definen la identidad de nuestros pueblos, estos mismos que viven en permanente cambio.

La historia, que es la que nos señala la narración de los acontecimientos, nos trata de hacer comprender lo que sucedió para explicar el presente.  Es así como se encuentra documentado que lo que dio origen formal a esta celebración fue la proclamación del dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, a través de la bula Ineffabilis Deus.

Este dogma establece que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador de la humanidad.

Sin embargo, cuentan los historiadores que los ciudadanos en Italia en la noche del 7 de diciembre hicieron un camino con velas para que se iluminara, esperando que el Papa reconociera este dogma; estos actos, per se, no fueron el inicio de la devoción, sino su reconocimiento oficial como verdad de fe.

La creencia en la pureza de María, de hecho, se remonta a los primeros siglos del cristianismo, y la fiesta de la «Concepción de María» ya se celebraba en Oriente desde el siglo VII y se extendió a Occidente, especialmente en España e Italia, mucho antes de la definición dogmática. Ustedes, queridos lectores, se preguntarán por qué el del 8 de diciembre.

De igual manera esta documentado por historiadores que, en un evento extraordinario, al que  llamaron «Milagro de Empel»(actual Holanda), en 1585, donde la intervención milagrosa atribuida a la Virgen ayudó a las tropas españolas en una batalla suscitada en diciembre (entre el 2 y el 8) de 1585, durante la Guerra  que demoro unos Ochenta Años (conflicto entre la Monarquía Hispánica de Felipe II y las Provincias Unidas rebeldes), en donde un grupo de soldados de los Tercios Viejos españoles que estaban en un  caos total, con hambre,  mucho frio, rodeados por la artillería  enemiga , asediados  por más de 100 navíos del ejercito holandés y  desesperados, porque estos habían abierto diques  de los ríos Mosa y Waal. El almirante holandés les ofreció una rendición honrosa, a lo que Bobadilla respondió con la famosa frase: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra”.

Es así como relata la historia: en la noche del 7 de diciembre, la moral de las tropas era muy baja y un soldado español, mientras cavaba una trinchera para protegerse del frío y el fuego enemigo, encontró enterrada en la tierra una tabla de madera con una imagen de la Inmaculada Concepción; a lo cual en el acto esta situación fue interpretada como una señal de auxilio divino de la Virgen.

Es así como el maestre Bobadilla les dijo a sus soldados: «Encomendémonos a la Inmaculada Concepción», y rezaron fervorosamente ante la imagen, recuperando la esperanza.

Esa misma noche (del 7 al 8 de diciembre), se desató un viento muy frío e inesperado que provocó una helada tan intensa que las aguas que rodeaban a los apostados, esto es, la flota holandesa, se congelaron y no tuvieron movilidad.

En la mañana del 8 de diciembre, los soldados españoles pudieron caminar sobre el hielo y atacar a pie a los navíos holandeses, que quedaron inmovilizados y varados por la capa de hielo.

El ataque de los Tercios por tierra sobre el hielo, un factor que los holandeses no esperaban, fue un éxito rotundo. La flota rebelde fue derrotada o tuvo que retirarse, y el asedio fue levantado.

El propio almirante holandés, Hohenlohe, supuestamente exclamó: «Tal parece que Dios es español al obrar de esta manera».

Por esta razón y después de la estrepitosa victoria, la Inmaculada Concepción fue proclamada como Patrona de los Tercios de Flandes e Italia, y posteriormente, en 1892, fue declarada Patrona del Arma de Infantería del Ejército de Tierra Español. Por este motivo, el 8 de diciembre es una fecha de gran celebración militar y religiosa en España.

EL deber de nosotros los devotos es mantener vivas estas tradiciones con el fin de poner un pare entre el pasado y el futuro, que nos permita asimilar qué se puede y debe hacer con nuestra sociedad; la razón es que, en este mundo tan difícil, en donde todo se está volviendo tan impersonal, gracias a la tecnología. Estas tradiciones nos permiten mantener una identidad propia, colectiva, como pueblo que somos.

 El poder reforzar las tradiciones a nuestros hijos, nietos, etc., manteniéndolos arraigados con lo que en realidad somos en esencia: historia, vivencias, luchas eternas y los logros de nuestros antepasados. La mejor forma de honrarlos es con una oración, una vela, reunidos en familia, haciendo las novenas a la virgen, compartiendo nuestros platos autóctonos, que confirman quiénes somos y de dónde venimos.

El mantener viva esta tradición nos permite reafirmar los valores personales, familiares, sociales y conservar los conocimientos de las artes, oficios y, por supuesto, la gastronomía. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María no le hace daño a nadie; al contrario, enseña y reafirma lo que estamos perdiendo los colombianos, la fe y la esperanza.

 Para concluir, el poder reafirmar nuestra cultura con nuestras tradiciones que busca promover valores como los de la solidaridad y la armonía en nuestras comunidades.

Los reencuentros de amigos, vecinos, familiares, además de servir de motor de desarrollo económico, ya que genera ingresos a las familias que comercializan bienes y servicios en las festividades en comento, con la venta de velas (en toda Colombia para estas fechas se venden 270 millones), artesanías, arte en general, gastronomía, artículos alegóricos a la Virgen María, hoteles, transportes, etc. Darle gracias a la Virgen María y a la vez contribuir con familias que dependen económicamente de estas fiestas.

Este fervor con que se debe mantener la celebración a nuestra Inmaculada Concepción de María es un claro ejemplo de por qué debemos proteger y fomentar todas nuestras tradiciones. Gracias a ella tenemos identidad propia, tenemos historia, tenemos un faro moral en las dificultades de este mundo moderno.

Nuestra cruzada es mantenerlas vivas; no se trata de vivir en el pasado, es edificar el futuro próximo sobre una roca sólida de identidad y significado.

¡Bendita sea tu pureza!

¡Gracia y gloria a la Inmaculada Concepción de María!

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Si los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMJ/CLJ), para muchos, reitero, no dice nada, pero para otros como yo dice mucho. Chic@s, esto no es un juego, un experimento para ver qué tal les va, no es un simulacro, ni una jornada llena de simbolismo; esto es el primer gran escalón en sus vidas para que jóvenes entre 14 y 28 años intervengan activamente e incidan directamente en las políticas públicas de todos sus territorios.

Pero no solo se necesita participar; es fundamental hacerlo con respeto, dignidad, valores y, sobre todo, formación; no queremos a gente buena gente solamente que no sepa nada ni de nada. Para la muestra, muchos botones a lo largo de la historia; hemos tenido muchas improvisaciones, chambonerías, gente sin educación y hasta con falta de rigor ético y, esto, queridos jóvenes, nos ha hecho un daño terrible como sociedad; tristemente, más a ustedes, porque mucho idolatran ser como tal o cual dirigente. En el camino de querer llegar a la meta como sea y llevándose por delante al que sea, todo vale, y eso no es ni correcto ni adecuado. Porque estaremos repitiendo los mismos errores del pasado, dejando sin esperanzas a los que vienen atrás.

Con todo respeto se los digo, desde esta trinchera; les invito a que se preparen de manera consciente y profunda; la única salida que tenemos en este laberinto es saber pensar, no tragar entero, no dejarse engañar. Yo también tuve 20 años y siempre quise, sobre todo ahora sigo queriéndolo, que los jóvenes que aspiran a ser consejeros, y a aquellos que los votarán, deben elegir siempre a los mejores, no a los buena gente. El poder entender que gobernar o asesorar un destino no es fácil; por muy pequeño que sea el pueblo, siempre debemos exigir que sea la persona adecuada, calificada y que tenga muy arraigados valores personales, familiares y una ética a prueba de todo. El poder y el dinero fácil pueden ser muy atractivos, pero saber que los mismos jóvenes te reconocen como una persona con principios y valores inquebrantables, eso no tiene precio.

Chic@s, ustedes me disculparán, pero eso se lo debo a mi madre, a quien todos los días le agradezco y le hago reconocimientos. La educación no es solo una herramienta para ascender en la vida; es la que permite contener la arbitrariedad, aunado con conocer e implementar unas buenas prácticas y desarrollar políticas públicas reales, necesarias y convenientes. Por esta razón, estar formado, preparado para intervenir en política. Es primero conocer y entender cómo funciona la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil), la planeación territorial, el presupuesto participativo y, fundamentalmente, la ética pública y muchas otras cosas, que los que quieren trasegar por estas movedizas arenas tendrán la obligación de conocer y, si no saben, pregunten, pero no se queden callados.

Aprender es muy fácil y divertido; saber es más chévere que no saber. Motiva, estimula, hace feliz; entonces, hay que aprender de todo, porque eso es la vida, aprender de todo un poco; siempre necesitaremos del conocimiento para algo o para alguien.

Será siempre un problema desentendernos de los destinos de nuestros municipios a la buena fe sin sustento. Los problemas que afronta la juventud –empleo, calidad en educación superior, salud mental, adicciones, medio ambiente, etc.– son complejos y requieren soluciones formuladas desde el rigor técnico.

Como lo dijo Aristóteles hace algunos cuantos años en su obra Política: «Las leyes, cuando son malas, la sociedad se corrompe; cuando son buenas, la sociedad prospera. Pero la ley solo es buena si los ciudadanos tienen la educación necesaria para entender y aplicarla.» Pero nos preguntamos. ¿Cómo podremos transformar las realidades locales si desconocemos el mecanismo legal y técnico para hacerlo? La ignorancia en la política es un vacío que llena la mediocridad o, peor aún, la malicia como hoy lo vemos.

Por esta razón, chic@s, la preparación es trascendental, permanente, ya que el estar actualizados e instruidos, el poder conocer los planes de desarrollo territorial, estudiar el Estatuto de Juventud, participar en audiencias públicas y, sobre todo, formarse en pensamiento crítico para no dejarse engañar con propuestas imposibles, teniendo la capacidad de comprender la diferencia entre una propuesta viable y una promesa populista (pura paja o carreta).

Es muy triste escucharlos a ustedes, queridos jóvenes; que llevamos girando y girando en un círculo vicioso de desconfianza, desesperanza; teniendo a las espaldas la corrupción, que nos retrasa salvajemente el desarrollo como país y nos hace cuestionar cada día qué clase de líderes tenemos.

Por esta razón, nuestras esperanzas, aunque maltrechas, siguen a la expectativa de lo que vendrá. Es por esta razón que ustedes, jóvenes, están en el punto exacto para comenzar a reescribir la historia, haciendo las cosas bien, sin vicios, sin mañas. Ustedes deben ser quienes moldeen la nueva ética pública y que erradiquemos todos los espectáculos grotescos de la corrupción en el Estado; porque la consecuencia de no hacerlo es que estos hechos no solo les quitan las esperanzas, son las oportunidades en todos los aspectos.

En estas líneas, no pretendo y no lo espero, venir a pontificar, sino que hago el llamado a rescatar el componente moral, minado por pretender escoger caminos más cortos para supuestamente llegar al “éxito”, “fama”, “riquezas materiales”. Que ustedes sean los guardianes de los valores como la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia y el respeto al bien común en nuestra sociedad.

Como lo dijo el filósofo Emmanuel Kant, el gran desarrollador de temas éticos en nuestra historia, nos mencionó el imperativo categórico: «Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal.»

Queridos jóvenes, haciendo abstracción de lo que está por desarrollarse este 19 de octubre, esperamos que ustedes actúen siempre como si su comportamiento fuera el modelo que desean para todos los funcionarios públicos. Si un aspirante está dispuesto a eludir una norma, a usar recursos indebidamente o a prometer lo irrealizable, ese es el patrón que universalizará; todos querrán hacerlo porque terminará siendo normalizado por nuestra sociedad y estos estereotipos debemos acabar.

Fíjense ustedes que la juventud en general, por su ímpetu renovador, tiene el deber histórico de cortar de raíz esta plaga. Esto implica no solo no robar, sino denunciar y actuar con cero tolerancias frente al desvío de recursos. La valentía ética es tan importante como la capacidad técnica.

Cómo me gusta esta frase de Platón, donde nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en las elecciones: «Desligarse de la política tiene el costo de ser gobernado por los peores».

Pero aquí debemos entender algo muy sencillo: cuando los mejores talentos, las mentes más preparadas y los corazones más éticos se marginan de la pública por fastidio o desesperanza, claramente están dejando el portón abierto para que los mediocres, los corruptos y los que solo buscan el beneficio propio tomen las riendas del poder. La política no nos abandona; si nosotros la abandonamos, ella nos impone sus consecuencias y eso es lo que estamos padeciendo.

Para concluir, la invitación, queridos jóvenes, es a que se tomen muy en serio estas elecciones y las que vienen; no les crean a los que les dicen que esto debe ser una fiesta; la razón es que en las fiestas la gente se emborracha y el que queda en esta condición no sabe lo que hace, por eso es que en elecciones anteriores a esta ustedes siguen viendo cambio de ron por votos; si ello sucede, ¿qué esperanzas tenemos? O como dice la ranchera: “¿De qué te quejas, si tu mal te lo buscaste?”.

El proceso electoral del 19 de octubre de 2025 debe ser una inteligente lluvia de propuestas y un espacio para la deliberación, no como hoy acostumbra la casta, memorial de agravios, ataques personales y promesas incumplibles. Esperamos debates públicos con altura; porque los candidatos deben, además de dar a conocer sus propuestas, saber si son dignos de representar a quien dicen hacerlo.

Chic@, prepárate, sé firme a tus convicciones, a tus principios morales y valores, respeta a tus competidores a lo largo del camino que hoy emprenden.

El futuro de los pueblos en nuestra patria no se erige con arengas, mentiras y pataletas; se edifica con planes de desarrollo bien concebidos, presupuestos transparentes y líderes que entiendan que su única ambición legítima es el servicio social a su comunidad.

El 19 de octubre no es solo una elección; es el momento en que nuestra juventud demostrará si está lista para ser la dirigencia transformadora que Colombia desesperadamente necesita. La preparación es el pasaporte a esa transformación.

¡Éxitos en su camino!

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Hacerles creer a los colombianos que nuestros problemas sociales se van a arreglar endureciendo las sanciones penales, es decir, aplicando tiempo en las cárceles por la comisión de delitos, eso es una gran mentira; más que grande, es vergonzosa.

Eso simplemente nos indica la clase de sociedad que somos: enfermos que, ya no contentos con lo que hay, estamos dejando a la deriva a nuestros menores de edad. No enseñamos valores familiares. No hay respeto en casa delante de ellos; menos en la calle.

No tiene un ejemplo a seguir, no tiene a quien imitar. ¿Qué le depara a esta pobre juventud agobiada y dolida, sin interés por estudiar, por salir adelante, sin quien los aconseje, porque hoy son más inmaduros los padres que los hijos?

El debate se profundiza cada día más, hoy con ocasión de la muerte de Miguel Uribe Turbay, asesinado por un menor de edad, sí, asesinado.  Nuevamente reaparece el debate de si los menores de 14 años deben ser responsables por la comisión de homicidios; lo malo es que este debate se reabre en la víspera de unas elecciones legislativas y no faltarán los avivatos que ofrezcan cadena perpetua, pena de muerte, etc., con tal de conseguir el favor popular, que no es más que un engaño al elector, porque eso está prohibido por la Constitución Política.

 ¿Creen ustedes que la solución a este problema es aumentar las penas? Muchos dicen que lo más acertado es la cárcel. Penas más largas sin beneficios penales, no domiciliaria, no rebaja de penas por estudio y trabajo; no preacuerdos, no negociaciones.

Pero ese discurso que hoy se vende en la previa de elecciones, que puede resultar tranquilizador para algunos, es absolutamente engañoso para esta sociedad que está enferma por el odio y el resentimiento y que no se logrará sanar con más cárceles.

Este país debe tener un poco más de 170 mil personas privadas de la libertad, con un hacinamiento desbordado.   ¿Esto les dice algo? El país sigue igual o peor; la inseguridad no disminuye. La ecuación es clara: más cárcel no significa menos delitos. Y, sin embargo, el populismo punitivo insiste en vender la ilusión de que el castigo es la cura.

Qué buen ejemplo estamos dando hoy: los menores pasaron de ser víctimas a victimarios; es por ello que las estructuras criminales tienen conocimientos claros de que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es demasiado laxo; es más un momento de relajación para los infractores que la posibilidad de rehabilitar o resocializar a estos para que no reiteren las infracciones.

Son más fáciles de persuadir, convencer y vincular, porque en sus entornos carenciados, algunas veces por la falta de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas y otras veces por la falta de presencia de padres o adultos responsables, o los entornos que los circundan. Lujos, celulares, zapatillas, ropa, armas, motos, etc. Son el blanco más fácil para el reclutamiento en actividades sencillas para ellos, campaneros, expendedores, sicarios o “mulas”.

El joven ve un patrón de conducta en sus mayores, los quiere imitar y, cuando no puede, viene el desastre: se rebelan, actúan por su cuenta sin aceptar los consejos o las órdenes de los mayores. Los jóvenes no nacen siendo delincuentes; se hacen por las influencias de su entorno.

O es mentira que muchos chicos crecen en barrios sin oportunidades, sin escuela de calidad, sin empleo para sus familias y con la violencia como paisaje cotidiano. Frente a eso, el crimen ofrece lo que el Estado niega: ingreso, pertenencia, futuro inmediato, y con la adrenalina a mil por querer simpatizar y encajar con sus pares y, por supuesto, ganar respeto por sus acciones delictivas.

EL Estado, para mantener reposada a la muchedumbre, dirá que lo más efectivo será endurecer sanciones, bajar la edad penal, tratarlos como adultos. Pero esa lógica solo condena a los jóvenes a perpetuar el corto ciclo de vida que ellos tienen.

Existe evidencia empírica de que un adolescente que entra al sistema carcelario no sale rehabilitado: sale más estigmatizado, con menos opciones legales y con mayores vínculos criminales.

Lo que se necesita es que demos más oportunidades a nuestros jóvenes, ya que con estos altos niveles de pobreza y de pobreza extrema que tenemos en este país, resulta muy predecible saber que este espiral de violencia se mantendrá.

La única opción que tenemos para arreglar el desastre es la de ocupar con calidad a nuestros jóvenes. Que realmente se dé una inversión en educación, en deportes, en programas culturales, en buscar formas para generar empleo digno y promover el emprendimiento.

Este país tiene mucho talento, somos innovadores, entonces, ¿por qué el Gobierno no traza como política pública algo sostenible en el tiempo y no que estemos al vaivén de las vanidades de los que gobiernan el Estado? Buscar la forma de tener entornos familiares seguros es mucho más efectivo que cualquier reforma punitiva; paradójicamente, los que violan a los niños conviven bajo el mismo techo y nadie los defiende.

Debemos replantear lo que hacen algunas instituciones que presuntamente protegen los derechos de los menores, brindar más herramientas que impacten la protección y el cuidado de estos.

Bajo el calor, la rabia y el dolor, el populismo castiga lo visible; pero la verdadera política pública transforma lo invisible. Miren lo paradójico: Miguel Uribe Turbay quería transformar lo invisible y fue asesinado por un menor de edad que tenía falta de oportunidades, un hogar disfuncional, malas amistades… Qué cosas dolorosas tiene la vida.

Debemos quitarnos la falsa creencia cuando los Gobiernos fanfarronean con que tienen a no se cuántos presos. Eso es símbolo inequívoco del más absoluto fracaso.

¿Cuándo le exigiremos al Gobierno que nos diga cuántos niños protegió o sacó de la pobreza? ¿A cuántos tiene en la escuela con desayuno, almuerzo, cena, libros y acceso a la universidad? Así es como se mide el desarrollo de un país. No por los presos que tiene.

Hoy somos una sociedad de fracasados; eso me incluye. No hemos podido evitar que los niños estén dentro de las organizaciones criminales. Duele decirlo, pero el fracaso es total; fracasa la familia, el barrio, el municipio, el departamento, el Gobierno Nacional, todas las instituciones creadas para proteger a los chicos.

Por esta razón, cuando vean a un menor cometiendo delitos, juzgado, castigado o muerto, miremos al espejo y veamos lo que no fuimos capaces de hacer como sociedad, como país.

La trampa del corto plazo

¿Por qué entonces persiste la obsesión con aumentar penas? Porque es políticamente rentable. Construir escuelas o programas de prevención toma años; llenar titulares con promesas de cárcel toma segundos. El populismo punitivo alimenta la sed de venganza, pero no construye futuro.

El verdadero reto es más incómodo: invertir en largo plazo, aunque no dé votos inmediatos. Cambiar la lógica de la reacción por la de la prevención. Entender que la justicia no es solo castigo, sino también reparación e inclusión.

Una reflexión necesaria

Colombia no necesita más barrotes: necesita más derechos garantizados. No se trata de ser condescendientes con el crimen, sino de ser inteligentes frente a él. Un país que encierra a sus jóvenes se encierra también a sí mismo en un ciclo de violencia interminable.

El incremento de sanciones penales no es la solución. La solución es un país donde ningún niño tenga que elegir entre delinquir o morir de hambre, donde la educación y la dignidad valgan más que la ilegalidad.

El dilema está frente a nosotros: ¿queremos seguir encarcelando futuros o queremos atrevernos a construirlos?

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Nuestro futuro es un lienzo en blanco esperando ser pintado; no lo pintemos de sangre; más de lo mismo no dio resultado, debemos intentar otras cosas; el futuro no es un destino inevitable; en las manos de nuestros jóvenes está la posibilidad de seguir en las mismas o construir una mejor sociedad.

Los jóvenes tienen que comenzar a tomar partido; no pueden darse el lujo de ser pasivos o de resignarse. El precio de la indiferencia es demasiado alto. Tal como lo refería Bertolt Brecht, como disco rayado en mi cabeza y con una actualidad que aterra, decía sobre el analfabeto político: aquel que no se entera de los acontecimientos, que no participa, que no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, de la medicina, del vestido y de la educación, dependen de decisiones políticas.

Hoy, en nuestro país, se implementa la teoría del importaculismo; no queremos ser esos analfabetos. Este país nos necesita despiertos, informados y comprometidos, no vivos, como suele suceder hoy, estar haciendo zancadillas y tratando de joder siempre al otro; por eso nos pasan tantas cosas malas.

Viendo que todo está inventado, en unos países las cosas funcionan y en otross no; la razón, gobernantes que quieren implementar teorías que no conocen y, peor aún, que no funcionan. Los invito a que revisen el libro Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, sobre los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.

Lean el capítulo 2. La causa de que los países pobres sean pobres no es su situación geográfica ni su cultura,;el problema es que sus líderes no sepan qué políticas enriquecerán a sus ciudadanos.

Hoy todos los sectores de la sociedad piden prudencia, desescalar el discurso, no atacar, no ofender, pero pareciera que a la gente le gusta vivir en guerra, peleando con el vecino.

No tienen paz mental; si esto no lo tienen, es muy difícil salir adelante, porque tienen nublado el pensamiento, no puede salir una sola idea nueva, buena, un negocio, una forma de ayudar a construir un país; por esta razón se habla tanto de Colombia como un estado fallido. Los verdaderos fracasados somos los ciudadanos, que ni siquiera somos capaces de autorregularnos.

Por eso el llamado es a los jóvenes, capaces de cambiar este disparate, porque los viejos no lo harán; seguirán alimentándose de odios y polarización y esto los hará sentir vivos en el ocaso de su existencia; pero ¿a qué precio?

Por esto, la verdadera fuerza para cambiar estas viejas y malas prácticas definitivamente es prepararse; esto implica instruirse en el conocimiento, saberes, habilidades y, por supuesto, el poder acceder a tecnologías. Por eso, el primer paso para construir un país diferente es la educación.

No hago referencia solo a un título universitario; recuerden que hay personas que lo tienen, pero son buenas personas. Necesitamos una formación integral en el ser humano, que implique pensamiento crítico, la historia, la economía y valores en la familia, hoy perdido por la falta de atención a esta juventud, que tanto lo reclama.

Tengamos muy presente que cuando a un chico se le brindan herramientas para pensar, analizar, proponer soluciones y liderar, nunca será una oveja como lo quieren hoy en día, para seguir ciegamente a un caudillo o a una ideología que se presenta como la única verdad.

Con mucha tristeza lo digo: es que la polarización política que tenemos hoy y que nos está llevando al desastre es producto de la ignorancia y la desinformación. Veo cómo las personas afirman cosas solo porque lo ven en redes sociales. ¿En qué momento esto se volvió un desmadre, si estas redes deben prestarse para realizar debates constructivos y no los campos de guerra donde las personas se ofenden, se imputan delitos, se desprecia, denigra, calumnia, injuria, se reta a duelo, se matan y tantas cosas más?

Esto se ha convertido en cámaras de eco donde se refuerzan prejuicios y se esparcen noticias falsas. Como se hace un uso indebido o como estrategia de dominación; esta es la trampa de la era de la información: la información está por todas partes, pero el conocimiento es escaso.

Piensen por un momento en sus hijos, los que lo tengan, o sus familiares jóvenes. Necesitamos que estos puedan discernir, sepan cómo verificar una fuente de información, puedan escuchar el argumento del otro sin necesidad de contestarlo, aprender a escuchar más que a responder.

Qué pena tener que decirles que no existen verdades absolutas, todo en la vida es relativo, depende de la óptica de cómo la vean las personas; cada quien tiene su realidad y hay que respetarla.

Para la muestra, un botón: en la historia de nuestro país encontramos guerras por doquier; pero unas personas lo ven como una justificación para abatir a un enemigo despiadado, mientras que otros lo ven, al contrario. En conclusión, todos somos malos, porque terminamos contaminando a los jóvenes con nuestros sesgos, vanidades y, lo peor, los enseñamos a odiarnos.

La tarea es corregir el camino, aunque tarde, pero hay que hacerlo. Apoyemos a nuestros jóvenes; al fin y al cabo, ellos son los que tendrán que construir este país, dado que nuestra incapacidad no lo ha permitido.

Para terminar estas líneas, queridos jóvenes, prepárense, fórmense, infórmense, lean, investiguen, cuestiónense; no acepten verdades absolutas. Actúa decididamente en lo que pasa en tu calle, tu barrio, tu municipalidad. Aspira a los cargos de elección popular, para que propongas ideas, debatas, deliberes, pero siempre con el respeto por la diferencia de quien tienes enfrente.

No dejes que decidan por ti; no te dejes meter en el saco, no seas idiota útil, de los malos. No es tu pelea, ni tu problema, es el de ellos. Recuerda que entre bandos que son irreconciliables, nunca estarán de acuerdo, simple lógica.

Para vivir sabroso, siempre deben venderles a los incautos que la culpa de todos los males de este país son producto de las cosas que hizo o que no hizo el opositor o contrincante. Al final, entérate, se terminan burlando de ti y de todos.

Recuerda que empujar un carro sin gasolina es mejor entre varios, entre todos; así es este país, se construye entre todos. Recuerda: te quieren ignorante, sumiso y con necesidades, es decir, pobre por donde lo mires.

Eres tú quien puede heredar el pasado o construir un futuro nuevo. La elección está en tus manos. Levántate, edúcate, prepárate; esto no es un sueño, es la dura realidad. El país te necesita en este momento de desesperanza; eres tú la fuerza nueva que puede salvar tu futuro; no esperes que los viejos lo hagan.

La entrada Chicos la vida no es un reel; esto no es con likes, prepárate de verdad. se publicó primero en El Intervencionista - opinión más acción.