Hoy los ánimos de los costeños están crispados; no aguantamos más sobre la crisis eléctrica en los 7 Departamentos; padecemos de una anemia crónica de honestidad. Ya nos cansamos de tantos embustes. Mientras los dizque técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas se inundan en reuniones que no sirven pá un carajo y de tecnicismos estériles, y los políticos locales agitan banderas de indignación en época electoral, más de once millones de ciudadanos en el Caribe soportan un ecosistema tarifario y operativo que no es ineficiente: es extractivo por diseño.
La verdad es que nos ven la cara; Para desmantelar este entuerto, hay que dejar de lado la narrativa oficialista y condescendiente. No estamos ante un problema de usuarios que no pagan o de infraestructura obsoleta por culpa del clima. Estamos ante un modelo de captura corporativa y regulatoria donde las pérdidas financieras se las cobran, si señores, Nos la cobran en la factura al usuario.
No seamos idiotas. Mientras las utilidades de la generación se blindan en las cuentas de un oligopolio termo-hidráulico centralizado. La intervención estatal de Air-e —que ya acumula más de 21 meses bajo la mala vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos con miras a una inminente liquidación— no ha sido la salvación prometida. Ha sido el acta de defunción de una mentira privatizadora.
Con deudas con las plantas térmicas que superan los $1.7 billones de pesos y crecen a un ritmo inercial de más o menos $100.000 millones mensuales, la Costa no está al borde del apagón por falta de viento o sol; está secuestrada por un flujo de caja estrangulado y una arquitectura regulatoria diseñada para que el Caribe siempre pierda.
Para entender la magnitud de esta ignominia, primero hay que dinamitar el dogma central de los operadores: la supuesta resistencia cultural del costeño a pagar el servicio. Este argumento es un engaña bobos, con fines estrictamente discriminatorios y profundamente corporativos. Lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que el recaudo no se cae por pereza folclórica, sino por una imposibilidad matemática de subsistencia.
Cuando una factura de energía para un hogar de estrato 1 o 2 en Barranquilla, Sincelejo o Riohacha empieza a competir directamente con el presupuesto mensual de la canasta básica alimentaria, el impago no es una elección; es una condición de supervivencia física.
El consumo en la Costa no es lujo señores. En una región con temperaturas promedio que superan los 35°C y humedades relativas que asfixian, la refrigeración de alimentos y la ventilación básica no son suntuosos; son mínimos energéticos vitales para que la población no se enferme ni muera por las inclemencias del entorno.
El diseño del Mercado de Energía Mayorista en Colombia trata el consumo del Caribe bajo los mismos parámetros métricos que el de Bogotá o Tunja, ignorando la termodinámica elemental. Al obligar al usuario residencial de la Costa a consumir hasta tres veces más kilovatios-hora para alcanzar el mismo nivel de habitabilidad básica que un hogar del interior, la regulación nos penaliza geográficamente al Caribe.
Si a esto le sumamos el invento perverso de las pérdidas no técnicas reconocidas —una figura jurídica donde el robo de energía de unos y la ineficiencia de las redes del operador se le cobran legalmente en la factura al usuario que sí paga— el resultado es una estafa legalizada. Al usuario cumplido se le impone la carga de ser el policía de su barrio, financiando con su bolsillo la quiebra operativa de las empresas.
Cobrar las pérdidas comerciales en la tarifa es el equivalente a que un supermercado le aumente el precio de la leche al cliente de la fila solo porque tres personas salieron corriendo de la tienda con mercancía robada. Es un absurdo regulatorio que solo se sostiene porque el lobby de las distribuidoras históricamente ha tenido asiento en la redacción de los anexos técnicos de las resoluciones.
Frente a este artilugio ilicito, la intervención estatal de Air-e se vendió como un acto de soberanía y rescate popular.
La verdad desnuda es que las intervenciones en Colombia se han convertido en un mecanismo de transición burocrática para dilatar el colapso y blindar a los inversionistas privados de sus responsabilidades de capital.
Mirando las cifras de este año 2026, tras casi dos años de toma de posesión, la caja disponible de la empresa sigue en niveles críticos, el flujo financiero se mantiene persistentemente en terreno negativo, y la exposición a la bolsa de energía sigue siendo un juego de ruleta rusa.
El anuncio de contratos directos para cubrir el 81% de la demanda en el Caribe para el próximo año es un paño de agua tibia: esos contratos se indexan con fórmulas que siguen asfixiando las finanzas públicas y regionales. La intervención estatal lo único que logró fue cambiar el bolsillo que sangra; ahora es el Fondo de Entrega de Energía y los recursos de la Nación los que intentan sostener un barco que le entra agua.
Mientras tanto, los generadores térmicos de la región cierran la llave del suministro o exigen prepagos millonarios bajo la amenaza inminente de limitaciones. El sistema permite que los generadores operen como un club privado donde si el distribuidor no tiene liquidez inmediata, el castigo se le aplica directamente al ciudadano mediante cortes programados o racionamientos preventivos.
Como diría el cantante de salas, maelo Ruiz, “Te va a Doler”; es que la intervención estatal prolongada desincentiva la inversión estructural real. Ningún operador serio va a asumir un mercado donde la infraestructura de distribución requiere una inyección de capital superior a los $4 billones de pesos para ponerse al día, mientras el riesgo social está al rojo vivo.
Las intervenciones solo administran la miseria operativa y preparan el terreno para una liquidación donde los acreedores financieros cobran primero, el operador privado sale por la puerta de atrás con demandas internacionales contra la Nación, y los usuarios se quedan con las mismas redes obsoletas y los mismos bajones de voltaje que nos queman sus electrodomésticos.
Para erradicar por completo este monstruo hay que mirar aguas arriba, hacia el eslabón intocable de la cadena: la generación.
Colombia tiene un mercado eléctrico que se precia de ser competitivo, pero en la práctica funciona como un oligopolio perfecto donde un puñado de empresas controlan el agua de los embalses y la disponibilidad térmica del país.
Cuando el nivel de los embalses baja por contingencias climáticas, el precio de la energía en la bolsa se dispara a niveles astronómicos de manera inmediata, superando con frecuencia los $1.000 por kilovatio-hora. Lo macabro de esto, es que, incluso cuando los embalses están llenos y rebosando agua, los precios en bolsa no bajan en la misma proporción debido a las ofertas de precio de oportunidad que permite el inutil marco regulatorio que tenemos.
Los generadores ofertan su energía al precio de la planta más costosa y el sistema les convalida esa renta extraordinaria. Las distribuidoras de la Costa, históricamente descapitalizadas o con baja cobertura de contratos de largo plazo, quedan expuestas a este mercado especulativo.
Compran energía cara en la bolsa y le trasladan ese costo indexado al usuario final( siempre los pendejos somos los que pagamos) de manera inmediata a través de la fórmula tarifaria. El Caribe colombiano es, esencialmente, una colonia energética: produce una porción inmensa del gas y de la energía térmica del país, pero sus ciudadanos pagan la electricidad como si fuera importada de Europa.
Ante un panorama tan desesperanzador, la Costa no puede seguir esperando debates legislativos eternos o promesas para el próximo año. La dignidad de nuestra no se negocia y exigimos un plan de choque inmediato, ejecutable desde mañana o bueno desde el 7 de agosto, mediante voluntad administrativa y constitucional del Ejecutivo.
En primer lugar, se debe ordenar la congelación y el reajuste inmediato del componente de pérdidas vía decreto presidencial. La CREG tiene que suspender la aplicación del régimen de pérdidas especiales otorgado a los operadores del Caribe; el robo de energía y las ineficiencias de la red deben excluirse radicalmente del cálculo de la tarifa residencial ya mismo.
Esas pérdidas deben ser asumidas temporalmente como un pasivo corporativo de la empresa intervenida y compensadas contra las deudas que la Nación mantiene con el sector, reduciendo de golpe el valor de la próxima factura que le llega a la gente.
En segundo lugar, es urgente aplicar una compensación cruzada de deudas y un clearing financiero Constitucional. Es inadmisible que Air-e deba $1.7 billones a las termoeléctricas locales mientras el Estado central adeuda billones por concepto de subsidios y saldos de la Opción Tarifaria.
Se debe ordenar un cruce automático de cuentas de forma administrativa: el Ministerio de Hacienda debe emitir títulos de deuda pública de liquidez inmediata directamente a los generadores térmicos para saldar la deuda de la empresa intervenida, garantizando la compra de combustible (para las termo)y asegurando el suministro eléctrico sin necesidad de someter a la región a la mentira más grande que nos han vendido que son los “cortes por supuestos mantenimientos”.
Complementario a esto, bajo la figura de una emergencia sectorial, el Gobierno Nacional debe obligar a los generadores hidráulicos y térmicos a destinar un porcentaje fijo de su capacidad de generación remanente al mercado del Caribe a precio de costo marginal de producción, saltándose el mecanismo especulativo de la bolsa de energía.
Ningún generador puede declarar indisponibilidad para la Costa mientras tenga recursos que se estén transando con fines netamente usureros. Finalmente, para las zonas de difícil gestión y subnormalidad eléctrica —donde el recaudo es estructuralmente inviable bajo el modelo tradicional— se debe implementar en un plazo de treinta días un esquema de comercialización prepago masiva comunitaria.
Las juntas de acción comunal y las asociaciones locales deben asumir el rol de co-administradores de la carga, recibiendo energía en bloque con una tarifa plana diferencial y subsidiada directamente por el Fondo de Solidaridad, ojo eliminando al intermediario financiero de la empresa que solo encarece la gestión del servicio.
La crisis energética de la Costa Atlántica no es un problema técnico irresoluble; es el síntoma de un modelo que prioriza el flujo financiero de los generadores por encima del derecho fundamental a la vida digna de una población geográficamente vulnerable.
Si el Estado sigue tratando de solucionar este desastre con las mismas herramientas regulatorias de los últimos treinta años, el desenlace no será una simple liquidación empresarial: será el colapso productivo y la fractura social definitiva de la región. Hay que tomar el control del interruptor, arrebatarle el negocio a los de siempre, y hay que hacerlo ya.
