Yahir Acuña no está desaparecido de Sincelejo, sino de la Alcaldía. Y esa ausencia, justo cuando la Corte Suprema estudia su libertad, podría ser mucho más que una licencia administrativa: podría ser una estrategia.
Todo comenzó con una ausencia que, en principio, parecía tener una explicación sencilla: el viaje al Mundial de fútbol. El Concejo de Sincelejo autorizó a Acuña para ausentarse entre el 2 de junio y el 1.º de julio, período durante el cual la ciudad quedó bajo el encargo de Jhan Troaquero. Pero llegó el 1.º de julio y la historia no terminó allí. Yahir no volvió al ejercicio cotidiano del cargo y Sincelejo continuó con alcalde encargado.
Lo llamativo es que la ausencia de Yahir no significó su desaparición de la escena pública. El 20 de julio estuvo en Sincelejo, participó en los actos de Independencia y volvió a dejarse ver. El 9 de agosto apareció nuevamente en la inauguración del campeonato internacional de béisbol. Y mientras el alcalde titular hacía presencia en estos escenarios, otro seguía ejerciendo las funciones de la Alcaldía. Yahir estaba en la ciudad, pero el poder administrativo estaba en manos de otro.
La coincidencia adquiere otra dimensión cuando se mira el calendario judicial. La Corte Suprema tiene en sus manos la situación jurídica de Acuña y, según reveló Infobae, existe una ponencia que propone una medida de aseguramiento. La votación anterior terminó empatada y fue necesario acudir a un conjuez. Mientras la Corte discute qué hacer con la libertad del alcalde, Sincelejo lleva semanas siendo administrada por un encargado.
La historia judicial tampoco comenzó con su llegada a la Alcaldía. El expediente de 243 páginas identificado con el radicado 00164 registra que la actuación nació el 20 de junio de 2019, cuando la Sala Especial de Instrucción ordenó, mediante el Auto AEI0099-2019, compulsar copias dentro del radicado 34694. De allí surgió una actuación que pasó por investigación previa en 2020, instrucción formal en 2023 e indagatoria de Acuña el 28 de noviembre de ese año.
En ese expediente aparecen las declaraciones de Juan Manuel Borré Barreto, desmovilizado de las AUC y señalado en la actuación como fundador de Los Rastrojos Costeños. La Corte incorpora declaraciones en las que Borré manifestó conocer y mantener comunicación con Acuña y se refirió a supuestas relaciones políticas en la Costa. No se trata de convertir esas afirmaciones en una condena, pero sí de entender que la investigación que hoy puede comprometer la libertad del alcalde no nació ayer: lleva años avanzando en los despachos de la Corte.
Y aquí entra la parte que vuelve particularmente interesante la licencia. El proceso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, en la que la detención preventiva no opera automáticamente por la gravedad de una acusación. La Corte debe valorar, entre otros aspectos, la necesidad de la medida y sus fines, entre ellos evitar que el procesado pueda afectar la actividad probatoria o entorpecer la investigación. Y un alcalde en ejercicio no es cualquier investigado: tiene funcionarios bajo su órbita, acceso a información, documentos y capacidad de decisión administrativa.
Por eso, apartarse del despacho podría producir un efecto objetivo favorable para su defensa. Mientras un encargado administra la Alcaldía, disminuyen formalmente las herramientas institucionales directamente disponibles para el investigado. No puedo afirmar que esa haya sido la razón por la que Yahir pidió la licencia, porque el acto administrativo que explicaría sus motivos no está publicado. Pero tampoco resulta ingenuo preguntarse si una decisión que lo aparta del poder administrativo puede ser conveniente cuando la Corte está examinando precisamente su situación jurídica.
La paradoja es que Yahir parece haber perdido temporalmente el despacho sin perder la escena política. Está presente en la ciudad, conserva su condición de alcalde titular y aparece en eventos públicos, mientras otro funcionario carga con las responsabilidades administrativas. Fuera del despacho, pero no fuera del poder político.
Y aquí está el verdadero costo de esta historia. Mientras Yahir resuelve su situación frente a la justicia, Sincelejo no puede quedar atrapada en una Alcaldía en interinidad. Un alcalde encargado puede ejercer legalmente las funciones, pero la administración municipal necesita continuidad, dirección política y decisiones que no estén condicionadas por la incertidumbre sobre quién conduce realmente el gobierno. La ausencia de Acuña podrá ser conveniente para su estrategia personal; lo que está por verse es cuánto le cuesta esa ausencia a Sincelejo.
Mientras la Corte no tome una decisión definitiva, Yahir seguirá bajo la sombra de la justicia y la posibilidad de una medida que termine privándolo de la libertad ya no parece un escenario remoto. Pero hay algo que sí está ocurriendo desde ahora: la ciudad está pagando el precio de tener un alcalde titular ausente del despacho, presente en la escena pública y con su futuro político y judicial pendiente de una decisión de la Corte.
