El Consejo de Estado acaba de publicar hoy 25 de septiembre, la sanción más dura que contempla nuestra Constitución contra un elegido por el voto popular: la pérdida de investidura, popularmente conocida como la «muerte política», para el exsenador y expresidente del Congreso de la República, Iván Name. Me enteré porque ciudadanos y amigos me enviaron el fallo y muchos me decían que esto podría parecer un triunfo de la justicia o yo consideraba que por fin las instituciones finalmente están funcionando.
Pero cuando comencé a revisar esta decisión; veo la radiografía completa que algo no funciona. NO sé si tengo alegría por la decisión o un profundo asco e indignación que hace que se me suba la presión de la rabia. Nos están vendiendo una justicia a medias, un espectáculo en el que se sacrifica a un peón del Congreso, mientras el ejecutivo que planificó financió y ejecutó la compra de conciencias no solo pretende salir limpia, sino toteado de la Risa.
Para entender esta la burla, no hace falta ser abogado, ni penalista menos experto en derecho. Los hechos son tan grotescos como transparentes. La máxima corporación de lo Contencioso Administrativo en Colombia concluyó, con pruebas técnicas, rastreos de llamadas telefónicas, chats y testimonios cruzados, que el expresidente del Senado presuntamente recibió tres mil millones de pesos en efectivo.
Este dinero sucio no cayó del cielo ni salió de un bolsillo privado. No, ese dinero pertenecía a los fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que se necesitan hoy más que nunca y que debieron destinarse a salvar vidas, a atender emergencias climáticas y a llevar agua potable a los niños que se mueren de sed en La Guajira, cara é gato, fenómeno del niño, incendios, cultivos afectados, vacas muriéndose de hambre, en fin, unas escenas dantescas que producen de todo menos indiferencia.
Los hechos de esta operación de bandidaje o, novela de narcos o de una mafia barata, incluye Maletines llenos de billetes de cincuenta y cien mil pesos transportados en camionetas blindadas. Desayunos clandestinos en habitaciones de hotel. Funcionarios públicos descalzos contando bojotes de dinero, bajando por ascensores de servicio para eludir las cámaras de seguridad y trasladando la coima directamente hasta el garaje de un edificio residencial en el norte de Bogotá.
Todo esto ocurrió en pleno centro del poder político del país, entre octubre de 2023 y los meses siguientes, mientras el Congreso debatía a marcha forzada reformas dizque importantes que afectaban el futuro y el bolsillo de todos los colombianos.
Esta sanción al exsenador Iván Name es jurídicamente impecable y éticamente inaplazable. Quien vende la dignidad del primer cargo del Poder Legislativo al mejor postor merece salir por la puerta trasera de la historia y no volver a pisar jamás una corporación pública.
Pero aquí es donde me pregunto y que me hace reflexionar cada vez que me levanto a la madrugada diciendo que debo trabajar más duro para pagar impuestos: ¿por qué la muerte política cae implacable sobre el senador que recibió el soborno, mientras que los altos dignatarios del gobierno nacional que ordenaron coordinaron y giraron los recursos siguen disfrutando de impunidad política y buscando salidas de escape?
Para que exista un agente corrupto, necesariamente tiene que existir un corruptor. La plata no se gestionó sola ni apareció por arte de magia en las cuentas de la UNGRD. Las declaraciones judiciales que sustentan la caída de Name señalan de manera directa hacia la cúpula del Ejecutivo.
Señalan presuntamente entre otros a Carlos Ramón González, quien era en su momento el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, como la persona que habría dado la orden presuntamente de conseguir y entregar esos miles de millones de pesos. Señalan a Olmedo López, director de la UNGRD.
Señalan a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, actuando como mensajera y maletera del gobierno nacional. También a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, cuadrando préstamos con usureros para cumplir con la urgencia del pago antes de unas elecciones locales; esto es una cosa de locos.
Todo esto para pervertir la democracia, arrodillar al Congreso. Esta situación de comprar la presidencia del Senado no nació en una esquina oscura del capitolio; nació en el corazón mismo del poder Ejecutivo, en los despachos del Palacio de Nariño. Fue una estrategia fría, deliberada y sistemática del gobierno nacional para garantizar el trámite de sus proyectos legislativos, como la reforma pensional, mediante el pago de coimas millonarias con el dinero del pueblo.
A cambio de esos tres mil millones de pesos, el señor Name aceptó no asistir voluntariamente a la conducción de catorce de las dieciséis sesiones plenarias donde se debatía la reforma, cediéndole el garrote y el control de la agenda a la bancada de gobierno para acelerar las votaciones y pupitrear lo que se discutía sin ningún.
Mi critica más férrea que este servidor ha hecho; es la triple moral del pasado gobierno y lo puedo demostrar en todas las columnas en el intervencionista; llegaron como adalides de la moral, prometiendo barrer con la política tradicional, acabar con las prácticas de la mermelada y cambiar las costumbres de la política en Colombia.
No solo rasparon la olla, sino que se la llevaron. Sin embargo, en la práctica, no solo replicaron los vicios del pasado, sino que los llevaron a niveles de cinismo salvajes.
Se apropiaron del presupuesto de las emergencias de los más pobres como rapiña, para repartir a la clase parlamentaria. Robaron el dinero del agua de los niños de La Guajira para comprar votos e influencias en el Senado. ¿Existe una perversión política más grande que esa?
La ciudadanía tiene todo el derecho de estar con rabia. Asquea ver cómo el discurso del «cambio» se desmoronó en un charco de corrupción ordinaria.
Asqueroso escuchar las narrativas gubernamentales que intentaban siempre posar de víctimas de sus propios funcionarios, como si Olmedo López, Sandra Ortiz o Carlos Ramón González hubieran actuado como ruedas sueltas, por iniciativa personal, sin que nadie en la cúpula del gobierno nacional supiera cómo se estaban destrabando las reformas en el Congreso.
Nadie dona miles de millones de pesos de las cuentas públicas por pura bacanería. No creen ustedes queridos lectores que esto se hace para cumplir instrucciones de alguien de muy arriba.
El fallo del Consejo de Estado deja en evidencia un desequilibrio institucional que causa indignación. La justicia administrativa le aplica la sanción máxima a un congresista porque la Constitución prevé un mecanismo expedito para quitarle la investidura. Pero ¿dónde está el juicio de responsabilidad política para los ministros, los directores de departamentos administrativos y los altos consejeros presidenciales que organizaron el muñequito para repartir esa piñata.
¿Por qué la muerte política es inmediata para el legislador que se vendió, pero se dilata, se enfría y se relativiza cuando se trata de los altos mandos del gobierno que compraron?
Si la muerte política es la respuesta de la sociedad frente a quienes traicionan la confianza ciudadana, esa muerte política debe aplicarse con el mismo rigor y la misma velocidad a los gestores de la corrupción desde el Ejecutivo.
No podemos romantizar que los implicados del gobierno saliente pretendan lavarse las manos, renunciar tranquilamente a sus cargos, escudarse en el silencio o dilatar los procesos judiciales mientras la opinión pública se lamenta y espera responsables de todo el caos provocado. La responsabilidad política de un gobierno que utiliza la caja menor del Estado para comprar conciencias parlamentarias no se borra con un comunicado de prensa ni echándole la culpa a mandos medios.
El país no puede tragar entero. El ciudadano común, el que paga el IVA de la canasta familiar, el que se gana un salario mínimo con el sudor de su frente, el que ve cómo la inflación le devora el sueldo, no puede ver esto como un simple episodio más de la crónica roja de la política colombiana.
Este escándalo representa el mayor fraude a la confianza popular de los últimos años. Se prometió una transformación ética y se entregó un mercado persa de conciencias financiado con los recursos del socorro nacional.
Exigir explicaciones y exigir sanciones drásticas para todos los involucrados, sin importar el color político ni la cercanía con la Casa de Nariño, no es una postura de oposición: es un deber moral de cualquier persona con dignidad.
La muerte política de Iván Name debe ser apenas el primer eslabón de una cadena de rendición de cuentas que llegue hasta las últimas consecuencias y hasta los más altos responsables de la rama ejecutiva.
Si la justicia se detiene en el Congreso y no cruza la plaza hacia el Palacio de Nariño, la señal que se le estará enviando al país será aterradora: que en Colombia es un delito dejarse sobornar, pero que gobernar sobornando con los recursos de la gente sigue saliendo trágicamente gratis.
La indignación que hoy tenemos los colombianos no debemos dejar que se enfríe. El asco que produce ver la miseria humana convertida en botín político debe transformarse en una condena social e institucional firme e implacable.
El gobierno saliente debe responder por el daño institucional que provocó, y la ciudadanía debe recordar este episodio trágico no como un evento aislado, sino como la prueba reina de que la moralidad pública no se predica con discursos vehementes, sino con el respeto absoluto y sagrado por cada peso que les pertenece a los colombianos.
