Como Yahir Acuña vendió a Sincelejo

Mientras Sincelejo enfrenta a un engrosado déficit de más de 150.000 millones y con riesgo alto de caerse el acuerdo de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 de 1999, el gobierno de Yahir Acuña encontró una particular manera de pagar obligaciones que su propia administración causo y es entregar inmuebles municipales a particulares designados a dedo  por los acreedores.

Ojo, “La entrega de los predios para pagar las deudas y el déficit fiscal generado por la misma administración se constituye no en una solución, porque el mismo alcalde hizo el daño. Se trata de un ejercicio sistemático para desmantelar los bienes del municipio de Sincelejo.

Este no es el hueco suyo al que llama de cecar, su hueco financiero alcalde, es más grande y más profundo al punto que tiene que entregar los pocos bienes estratégicos del municipio, no para invertir en la ciudad, sino para tapar su hueco fiscal”

Pero aquí surge un problema jurídico que no puede pasar inadvertido: las facultades otorgadas por el Concejo no podían utilizarse desconociendo las reglas del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

Mediante el Acuerdo 361 del 27 de mayo de 2025, el Concejo autorizó al alcalde, por seis meses, a disponer de nueve predios municipales.

El 21 de noviembre de 2025, a pocos días de vencerse esas facultades, la Alcaldía expidió tres resoluciones que generan serios interrogantes jurídicos. Sin embargo, las transferencias fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2026.

Y hay otra particularidad: el informe registral examinado no identifica el valor monetario de estas transferencias, por lo que todavía no se conoce con certeza cuánto patrimonio público se entregó ni qué monto de las obligaciones municipales quedó efectivamente cancelado.

Veamos quiénes recibieron los inmuebles.

1. Secretaría de educación y antiguo Empas: ¡tres acreedores y un solo beneficiario!

Mediante Resolución 3385 del 21 de noviembre de 2025, se autorizó la entrega a favor de Berto Emilio Buitrago Duque, con la autorización de tres acreedores: Ana Lucía Álvarez Fuentes, identificada con NIT 50.891.527-3; la Asociación Comunitaria Proyectar de la Costa Sonrisa de los Niños, identificada con NIT 802.011.827-0, cuya representante legal identificada en 2024 era Saray Elvira Rivera Calvo; y el Consorcio Bebés por Sincelejo, identificado con NIT 901.887.270-7. El registro de esta operación se realizó el 27 de agosto de 2026.

¡Tres acreedores, un inmueble y un particular beneficiado!

¿Cuánto debía realmente el Municipio y cuánto valía el antiguo EMPAS?

2. Boston: ¡la corporación 20 de enero también aparece!

Mediante Resolución 3386 del 21 de noviembre de 2025, se autorizó la entrega a favor de Dorlisca María Arrieta Pinto, teniendo como acreedor a la Corporación 20 de Enero, identificada con NIT 901.136.552-7, cuyo representante legal, según documentación anterior, era Arturo Payares Quessep.

La participación de Yahir Acuña como presidente de la Corporación también merece examinarse para establecer sus responsabilidades en esta operación. El registro se realizó el 8 de septiembre de 2026.

Y aquí aparece una curiosidad jurídica: la resolución habla de «transferir a título gratuito», aunque presenta la operación como una dación en pago.

¡Qué interesante! ¿Fue una transferencia gratuita o la cancelación de una obligación? ¿Cuál fue exactamente la contraprestación que recibió el Municipio?

3. Lote Chacurí de calle a lote para vivienda vip: ¡de un consorcio de adultos mayores a un particular!

Mediante Resolución 3388 del 21 de noviembre de 2025, se autorizó la entrega a favor de José Manuel Rocha Berrío, con un acreedor vinculado: el Consorcio Caminos de Sabiduría, identificado con NIT 901.856.059, cuyo representante legal identificado en 2024 era Francisco José Hernández Arellano. Este consorcio celebró con la Alcaldía el Convenio 004-2024 por $1.771 millones, destinado a la atención de adultos mayores. El registro se realizó el 15 de septiembre de 2026.

Y para completar, la Alcaldía justificó la transferencia con una destinación a vivienda de interés social y prioritario.

¡Qué combinación tan particular! Un consorcio relacionado con la atención de adultos mayores, una obligación municipal, un particular beneficiado y una finalidad de vivienda social.

¿Cuál era el proyecto de vivienda? ¿Quién autorizó la entrega? ¿Qué obligación se extinguió?

¡Alcalde Acuña , La Ley  550 no es un Adorno!

Aquí aparece uno de los cuestionamientos jurídicos más importantes de esta investigación.

Sincelejo está sometido a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y sus reglas son obligatorias para la administración municipal. La Ley 550 de 1999 establece condiciones que no pueden ignorarse:

Artículo 33, numeral 2. Exige que el acuerdo contemple la prelación, los plazos y las condiciones de pago de las acreencias.

Artículo 34, numeral 1. Contempla la autorización previa, escrita y expresa del Comité de Vigilancia para determinadas enajenaciones de bienes, en los términos pactados en el acuerdo.

Artículo 58, numeral 3. Establece que el acuerdo debe fijar las reglas financieras y administrativas que debe cumplir la entidad territorial.

Artículo 58, numeral 4. Advierte que los actos o contratos que incumplan las reglas del acuerdo de reestructuración serán ineficaces y no generarán obligaciones a cargo de la entidad.

Artículo 58, numeral 5. Regula la venta de activos dispuesta en virtud del acuerdo y la destinación de sus recursos al saneamiento fiscal, la deuda pública cuando corresponda y el Fondo de Pensiones. Su aplicación específica a estas daciones en pago debe determinarse.

¡Y aquí viene la pregunta que la Alcaldía tiene que responder!

¿Estas tres daciones en pago respetaron las condiciones del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de Sincelejo?

Y cómo los nuevos acreedores no estaban reconocidos dentro del acuerdo porque se trataba de obligaciones creadas en su administración por tal motivo no Se respetó la prelación de pagos faltando al acuerdo de restructuracion, Porque una autorización del Concejo para disponer de inmuebles no significa que el alcalde pueda desconocer las obligaciones derivadas de la Ley 550.

De tal manera que Si se demuestra que las transferencias incumplieron reglas obligatorias del acuerdo, podría configurarse la ineficacia prevista en el artículo 58, numeral 4, además de posibles cuestionamientos a la legalidad de los actos administrativos.

¡Ojo con el artículo 756 del código civil!

El artículo 756 del Código Civil establece que la tradición del dominio de los inmuebles se efectúa mediante la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Las resoluciones se expidieron el 21 de noviembre de 2025, antes del vencimiento de las facultades otorgadas mediante el Acuerdo 361 del 27 de mayo de 2025. Pero los predios se registraron casi diez meses después.

¡Una cosa es expedir una resolución y otra transferir efectivamente la propiedad!

¿O será que las facultades tenían una prórroga invisible?

Alcalde acuña, ¡los predios municipales no son una chequera!, La administración debe exhibir los avalúos comerciales, las certificaciones de las deudas, los documentos de designación de los beneficiarios, los conceptos del Comité de Dación en Pago y los soportes de cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración.

Porque aquí no se trata simplemente de saber quién recibió los predios. Se trata de establecer si la Alcaldía podía utilizarlos para pagar esas obligaciones, bajo qué condiciones y con cuáles autorizaciones.

Alcalde Acuña, explique con documentos: ¿Cuánto patrimonio entregó su administración, cuántas deudas quedaron realmente canceladas y se respetó la ley 550?.

¡ Los bienes públicos son de los Sincelejanos alcalde acuña y la alcaldía no es su tienda!

 

 

 

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