La decisión de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo de apartar temporalmente del cargo a dos cabildantes san marqueros desnuda una grave ruptura de la democracia colombiana: hoy resulta más fácil silenciar el voto popular en medio de una investigación preliminar que después de una sentencia.
En democracia, el acto más sagrado de un ciudadano ocurre frente a una urna.
Cuando miles de habitantes de un municipio como San Marcos, en el corazón del San Jorge sucreño, depositan su papeleta para elegir a sus concejales, no están firmando un contrato laboral común ni nombrando a un empleado de libre remoción: están delegando su voz, su representación y el control político sobre los recursos públicos del territorio.
Por eso, cuando una oficina administrativa decide apartar de su curul a dos concejales electos, el impacto no recae únicamente sobre Roberto Andrés Martelo Vergara y Alex Acosta Rios , sino sobre la voluntad colectiva de todo un electorado que confió en ellos para defender sus intereses durante cuatro años, está en juego el principio democrático de la representación, así se lo aprendí al Ex Magistrado de la Corte Constitucional y ex mag de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Humberto Sierra Porto , en su materia de sistemas normativos.
Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir tras la ligera decisión de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo de suspender provisionalmente por tres meses a los concejales san marqueros Roberto Martelo Vergara y Álex Acosta Ríos. Aunque la providencia se presenta bajo el ropaje técnico de una «medida preventiva» mientras avanza una indagación disciplinaria, sus efectos reales sobre la vida institucional del municipio son inmediatos, profundos y terriblemente cuestionables desde el punto de vista constitucional y democrático.
Para entender la gravedad de lo sucedido no hace falta ser abogado especialista en derecho disciplinario; basta con observar los hechos con sentido común y contrastarlos con las reglas básicas que rigen cualquier Estado de derecho.
El origen de esta controversia se remonta a la sesión plenaria del pasado 26 de agosto de 2026. En aquella jornada, el Concejo Municipal de San Marcos discutió y votó una proposición presentada por el concejal Emigdio Surmay para elegir ese mismo día la mesa directiva correspondiente al año 2027.
Quienes presentaron la queja disciplinaria sostienen que dicha votación se realizó pasando por alto un plazo previo de tres días contemplado en el Reglamento Interno de la corporación.
Más allá de si existió o no una irregularidad reglamentaria —asunto que deberá esclarecerse al final del proceso con todas las garantías de defensa y contradicción—, lo llamativo es la desproporcionada reacción del órgano de instrucción en Sincelejo. Dos meses después de aquella sesión, y justo cuando comenzaba el último periodo de sesiones ordinarias del año, la Procuraduría Provincial ordenó suspender provisionalmente a Martelo y a Acosta.
En la práctica política de un concejo municipal, una suspensión disciplinaria no es un simple trámite neutro ni una pausa administrativa sin consecuencias. A diferencia de una renuncia definitiva o de un fallecimiento, situaciones en las que entra a ocupar la silla el siguiente candidato en la lista electoral para preservar la representación de los votantes, la suspensión provisional genera lo que la Constitución denomina una falta temporal sin reemplazo.
En palabras sencillas, las dos curules quedan vacías, el número de votos disponibles en el recinto se reduce de tajo, el cuórum se modifica y las mayorías que los ciudadanos construyeron libremente en las urnas se alteran artificialmente de un plumazo.
Las consecuencias políticas no tardaron en materializarse en el recinto san marquero. Una vez ejecutada la medida mediante la Resolución N° 61 del 1 de noviembre de 2026, y bajo la presidencia temporal del concejal Luis Fernando Dumar, la corporación procedió el 4 de noviembre a realizar una nueva elección de mesa directiva para 2027. Pero esta elección no llevo y de manera arbitraría el presidente Ad-Hoc escogió por orden de lista a como primer vicepresidente a Yesid Goméz y como segundo presidente a Said Martínez.
Sin postularlos al cargo, sin deliberar y peor aun sin votar para elegirlos como miembros de la mesa directiva. De esta manera, una decisión cautelar tomada en un despacho provincial terminó anulando en los hechos la elección realizada en agosto —una competencia que en Colombia le pertenece única y exclusivamente a los jueces administrativos a través de las demandas electorales— y excluyó del derecho al voto a dos cabildantes que seguían gozando de plena presunción de inocencia y generando otras situaciones que rayan en lo disciplinario y lo penal.
En el lenguaje jurídico, la suspensión provisional jamás fue concebida como un castigo anticipado ni como un atajo para resolver disputas políticas locales. La ley colombiana, específicamente el artículo 217 del Código General Disciplinario, solo permite acudir a ella como un recurso extremo y excepcional cuando existen serios elementos de juicio de que el funcionario, si sigue en su puesto, va a destruir pruebas, presionar testigos o continuar cometiendo la presunta falta.
Si aplicamos esa regla elemental al caso de San Marcos, el argumento de la Procuraduría de Sincelejo se desmorona por completo. Todo lo que se investiga ocurrió en una sesión pública del 26 de agosto de 2026. Las actas de esa plenaria, las grabaciones de audio y video, los registros de votación y el texto del Reglamento Interno son documentos públicos que llevan meses reposando en los archivos de la Secretaría General del Concejo.
Cabe entonces formular una pregunta sencilla que cualquier ciudadano puede responder: ¿de qué manera podían Roberto Martelo o Álex Acosta manipular en noviembre una sesión pública que quedó grabada y documentada en agosto? Y más aún: ¿cómo podían “reiterar” o continuar cometiendo una elección de mesa directiva que ya se había consumado en un único acto dos meses atrás?
Debo insistir en que de forma genérica la suspensión busca “evitar interferencias en el proceso” por el simple hecho de que los investigados ocupaban cargos directivos equivale a presumir su mala fe sin una sola prueba concreta.
Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de fijar un estándar clarísimo en el Caso Moliné O’Connor vs. Argentina, en sentencia del 20 de agosto de 2026: una autoridad no puede suspender preventivamente a un funcionario limitándose a citar el artículo de la ley que la faculta; está obligada a demostrar con hechos reales por qué la medida es estrictamente necesaria y por qué no bastaban alternativas menos drásticas, como ordenar una inspección inmediata para recaudar copias autenticadas de las actas.
Lo ocurrido en San Marcos ilustra a la perfección una paradoja institucional que el reconocido tratadista Dr. David Roa Salguero ha analizado con profundida; en su reciente estudio titulado La suspensión provisional de servidores de elección popular: hacia una reserva judicial.
Para comprender esta contradicción basta recordar lo que pasó en Colombia tras el histórico fallo de la Corte Interamericana en el Caso Petro Urrego vs. Colombia de 2020. En esa decisión vinculante, el tribunal internacional dejó claro que, según el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ningún órgano administrativo como la Procuraduría puede destituir, suspender o inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular, pues esa facultad está reservada exclusivamente a un juez competente.
A raíz de esa condena internacional, la Corte Constitucional colombiana expidió la Sentencia C-030 de 2023, estableciendo que cualquier sanción definitiva de la Procuraduría contra un alcalde, gobernador o concejal queda congelada hasta que un juez de lo contencioso administrativo la revise y la confirme.
Sin embargo, quedó abierta una puerta trasera que hoy permite burlar esa garantía democrática en las regiones. Como explica Roa Salguero, el ordenamiento jurídico cayó en un absurdo difícil de justificar ante cualquier ciudadano: hoy la Procuraduría no tiene poder para sacar del cargo a un elegido popularmente cuando ya terminó todo el juicio y lo declaró culpable, porque necesita obligatoriamente el aval de un juez; pero sí conserva poder absoluto para apartarlo de inmediato mientras apenas lo está investigando, cuando todavía no hay pruebas concluyentes y la presunción de inocencia está intacta.
Peor aún: la ley permite que esa suspensión “provisional” se prorrogue hasta en otro tanto como lo prescribe el art 217 C.G.D, , lo que equivale a una importante parte de todo el periodo constitucional de cuatro años de las sesiones ordinarias para el que fue elegido el servidor público. Como bien advirtió la Corte Interamericana, a un ciudadano que votó en las urnas le resulta indiferente si el documento que saca a su representante se llama “sanción definitiva” o “medida cautelar”; en ambos casos, el elegido deja de gobernar o coadministrar, y la decisión popular queda interrumpida sin que un solo juez haya intervenido.
Incluso la propia Corte Constitucional reconoció desde su Sentencia C-015 de 2020 que la suspensión provisional interfiere directamente en los derechos políticos fundamentales, una realidad que hace aún más urgente que el Congreso cumpla con el exhorto reiterado en la Sentencia C-246 de 2026 para blindar el estatuto de los elegidos por voto popular.
La gravedad de esta medida en San Marcos se multiplica además por el calendario institucional. Noviembre no es un mes cualquiera en la vida de los municipios colombianos: durante el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del año, los concejos debaten y aprueban el presupuesto municipal para la vigencia siguiente y ojo los emprestitos, además de ejercer el control político sobre la ejecución de los recursos públicos de la administración local.
Sacar del recinto a dos concejales justo al abrirse el debate presupuestal altera el equilibrio de poderes dentro del municipio. Miles de san marqueros que eligieron a esos concejales para que vigilaran cómo se invierte cada peso del erario público se quedan sin voz ni voto en las decisiones financieras más trascendentales del año.
Cuando una medida administrativa produce semejante desbalance en la representación política, deja de ser un instrumento de saneamiento institucional y corre el riesgo de convertirse en un factor de distorsión electoral y un desafuero en el control de los recursos públicos.
Defender el respeto al mandato popular no significa, ni mucho menos, pedir impunidad para los servidores públicos elegidos en las urnas. Los concejales, alcaldes y gobernadores están sometidos a la Constitución y a la ley, y si cometieron una falta disciplinaria en el trámite de una proposición o en el ejercicio de sus funciones, deben responder por ello al término de un debido proceso con todas las garantías.
Pero en una democracia madura, el fin jamás justifica los medios. Como propone acertadamente David Roa Salguero, urge que el Congreso y las altas cortes cierren esta brecha garantizando que únicamente un juez de la República —independiente, imparcial y ajeno a las presiones políticas regionales— pueda autorizar la suspensión provisional de un funcionario de elección popular, y solo cuando exista prueba contundente de que su permanencia en el cargo pone en peligro real la investigación.
Mientras ese cambio llega, lo sucedido con los concejales de San Marcos queda como una alerta roja para todo el departamento de Sucre y para el país: ningún despacho administrativo debería tener la llave para apagar, aunque sea por noventa días, la voluntad que los ciudadanos expresaron libremente en las urnas.