Durante muchos años, Colombia ha respondido a la inseguridad con una fórmula ineficiente: aumentar las penas, crear nuevos delitos y construir más cárceles. Cada crisis genera la misma reacción legislativa: más cárcel y menos reflexión, menos discusión y menos análisis. Sin embargo, los resultados son evidentes. La delincuencia persiste y se ha incrementado por estos días; la reincidencia continúa afectando la seguridad ciudadana, y el sistema penitenciario permanece inmerso en un estado de crisis estructural.
Este es el momento adecuado. Es hora de plantear una pregunta distinta: ¿qué ocurre con una persona mientras cumple su condena y qué clase de ciudadano devuelve el Estado a la sociedad cuando recupera la libertad?
La Constitución Política concibe la pena como un instrumento legítimo para proteger a la sociedad, pero también como un mecanismo orientado a la resocialización. La dignidad humana, el derecho al trabajo y la finalidad resocializadora de la ejecución de la pena no son concesiones al delincuente; son obligaciones del Estado Social de Derecho. Castigar no significa abandonar, como hoy pasa.
El populismo punitivo nos ha llevado a un modelo penitenciario que ha confundido severidad con eficacia. La prisión ha terminado convirtiéndose, en muchos casos, en un espacio donde el tiempo transcurre sin una estrategia real de transformación. Los internos salen con menos oportunidades laborales, mayores dificultades de integración y, en muchos casos, con vínculos fortalecidos con organizaciones criminales. Así, la cárcel deja de ser un instrumento de prevención y se convierte en un factor que favorece la reincidencia.
La discusión pública suele circunscribirse al endurecimiento de las penas. Pero casi nadie pregunta qué sucede durante esos años de privación de la libertad. Una política criminal inteligente no puede medirse por el número de personas encarceladas, sino por el número de personas que, al recuperar su libertad, no vuelven a delinquir.
El éxito de un sistema penitenciario no consiste en llenar cárceles. Consiste en reducir la reincidencia y proteger a las futuras víctimas, que hoy en día quedan traumatizadas y sin reparación de los daños ocasionados como consecuencia de la conducta delictiva que las afectó.
Por esta razón, nos atrevemos a invitarlos a reflexionar sobre la solución. Necesitamos una reforma profunda de la ejecución de la pena. Cada persona condenada debería contar, desde el inicio de su reclusión, con un plan individual de resocialización que incluya educación, capacitación técnica, atención psicológica, fortalecimiento familiar y preparación para el regreso a la vida en libertad. Pero ese plan debe incorporar un elemento que hoy sigue siendo marginal: el trabajo productivo.
El trabajo penitenciario ya existe en nuestro ordenamiento, pero su alcance es limitado. La verdadera transformación consiste en convertirlo en el eje central del proceso de resocialización mediante un sistema nacional de producción agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial desarrollado dentro de establecimientos penitenciarios especialmente diseñados para ese propósito. Aquí es donde haría el quiebre el nuevo presidente de la República, implementando una verdadera política pública de resocialización para los penados.
No se trata de revivir modelos de trabajo forzado ni de imponer una carga adicional al condenado. Por el contrario, se trata de un programa voluntario, remunerado, supervisado por las autoridades competentes y plenamente compatible con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, en el que todos los actores del sistema intervengan, tanto públicos como privados.
El condenado que decida participar no solo redimiría parte de su pena conforme a la ley, sino que adquiriría experiencia laboral certificada, desarrollaría competencias técnicas y contribuiría con su trabajo a la economía legal.
La remuneración también debe cumplir una función resocializadora. Una parte de los ingresos podría destinarse al sostenimiento de su familia; otra, al cumplimiento de las obligaciones de reparación frente a la víctima, cuando corresponda; otra, a un fondo de ahorro que reciba al recuperar la libertad; y otra, al fortalecimiento del propio programa productivo. De esta manera, el trabajo deja de ser un simple mecanismo para descontar días de condena y se convierte en una herramienta de responsabilidad, reparación y reconstrucción del proyecto de vida.
Esta propuesta no pretende beneficiar al delincuente a costa de la sociedad. Todo lo contrario. Busca proteger a la sociedad mediante la disminución de la reincidencia. Cada persona que abandona definitivamente la criminalidad representa una víctima menos, una investigación penal menos, un proceso judicial menos y un menor gasto para el Estado.
Para tranquilidad de todos, un modelo de esta naturaleza exige reglas estrictas. La participación debe ser voluntaria; la remuneración, digna; las condiciones laborales, compatibles con la legislación vigente; y la administración del programa, transparente y sometida a controles permanentes. Además, es indispensable evitar que la producción penitenciaria genere competencia desleal frente al sector privado o que organizaciones criminales capturen estos espacios.
La resocialización tampoco puede entenderse como un derecho sin deberes. El Estado debe ofrecer oportunidades reales de educación, capacitación y trabajo, pero el condenado debe demostrar, con hechos verificables, su compromiso con la legalidad, la disciplina y el respeto por las normas. Los beneficios penitenciarios no pueden depender exclusivamente del paso del tiempo, sino también del esfuerzo efectivo por reconstruir un proyecto de vida dentro de la legalidad.
Durante años, el país ha medido el éxito de la política criminal por el número de capturas, condenas y años de prisión impuestos. Ese indicador es insuficiente y altamente peligroso para las finanzas del Estado. Miremos cuántas condenas por privación injusta de la libertad se encuentran en cola para que la Fiscalía las pague.
El verdadero éxito consiste en que quienes recuperan la libertad no regresen al delito.
La seguridad ciudadana no comienza cuando la Policía captura a un delincuente. Comienza cuando el Estado logra que esa persona no vuelva a convertirse en una amenaza para la comunidad.
Por eso, la verdadera reforma pendiente no es construir más cárceles, sino transformar las existentes en espacios de formación, trabajo, disciplina y responsabilidad. La cárcel debe dejar de ser una fábrica de reincidentes para convertirse en una escuela de legalidad.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tiene la oportunidad de impulsar una reforma que trascienda los discursos sobre mano dura o garantismo.
La sociedad exige firmeza frente al delito, sobre todo frente a aquellos que tienen un mayor nivel de gravedad por el daño que causan a las víctimas y el horror que generan en la sociedad; por ejemplo, los delitos de terrorismo, narcotráfico y los delitos contra la administración pública.
Un Estado fuerte no es el que encierra más personas. Es el que logra que menos personas vuelvan a reincidir.
Si el presidente comprende esta diferencia, no será recordado por haber construido más establecimientos penitenciarios, sino por haber transformado la ejecución de la pena en una verdadera política de seguridad pública. Porque la paz social no se alcanza únicamente castigando el delito; se consolida cuando el castigo produce ciudadanos capaces de vivir nuevamente dentro de la ley.
Ese será el legado de una política criminal moderna: menos reincidencia, más responsabilidad, más reparación y una sociedad más segura para todos.
