Para nuestra sociedad, los que nos dedicamos a ejercer el litigio en defensas penales; somos estigmatizados, censurados, calumniados por la labor que desarrollamos dentro de esta injusta realidad. Para ponerlo en perspectiva somos algo así el del carro fúnebre o el médico de urgencias: nadie quiere verlo cerca, su presencia incomoda, intimida, es el coco porque nuestro oficio se asocia con la tragedia, pero cuando la desgracia toca a la puerta; todos terminan por reconocer su valor cuando la vida, o en este caso la libertad, esta sobre el filo de la navaja.
Me sorprende mucho cuando por puro deporte, los ciudadanos comienzan a murmurar y por supuesto a señalar que el abogado penalista; Se le mira con mucho recelo y se cuestionan internamente, si este será igual de culpable a quien se le presenta un incidente penal; esto es una especie de sospecha moral y se le mira como con desprecio intelectual. Muchos consideran indignante que el simple acto de sentarse al lado de un acusado, lo contagiará de sus culpas o que será tan igual de culpable como lo que se le acusa al cliente.
Este odio, sin embargo, es una de las hipocresías más fascinantes y reveladoras de nuestra idiosincrasia; es un odio con fecha de vencimiento que caduca en el preciso momento en que la Fiscalía General de la Nación toca a la puerta del que desprecia, crítica y juzga sin razón y sin elementos de juicio.
Pero es preciso analizar y entender este falso odio, ya que debemos partir de una explicación sociológica enmarcada en lo que se ha denominado el «populismo punitivo». Colombia es una nación con profundas heridas, con muchos resentimientos, ya que, durante muchos años, se habla de la impunidad total y de violencia generalizada en todos los ámbitos, el campo, la ciudad, la política etc, lo que ha generado una sed de venganza, que en este caso conlleva al linchamiento mediático, es decir, que la gente disfruta que el otro tenga una dificultad dentro de un proceso penal. Es así como en nuestro país, los penalistas no somos vistos como los técnico del derecho o un garante de las garantías procesales y Constitucionales sino como un elemento que hace lo posible para que el proceso penal no avance.
He entendido que la sociedad no espera justicia para los responsables de los delitos, sino quiere venganza. Pero cuando el penalista se da cuenta que el proceso esta plagado de ilegalidades e irregularidades en el procedimiento, pedimos exclusiones de pruebas so pretexto de vulneraciones al debido proceso, o se logra una libertad por vencimiento de términos; entonces nos dicen que somos unos tal por cuales.
Cuando un abogado invoca el debido proceso, pide la exclusión de una prueba por ilegal o logra una libertad por vencimiento de términos, el ciudadano común nos ve como mañosos y no se detiene a revisar que el abogado en las sociedades civilizadas actúa como barrera de contención de las arbitrariedades del poder del Estado.
Recuerden que el abogado defensor no es quien comete el delito, tan solo pretendemos hacer cumplir las reglas de un sistema penal que fue discutido y aprobado por un Congreso, que representan la voluntad de los ciudadanos. Esto nos permite ponerle límites a la tiranía de ese monstruo de mil cabezas que es el Estado.
Ese odio se da, entonces, de una profunda incomprensión de la arquitectura del Estado, el no saber cómo funciona este y sus instituciones; se desprecia la herramienta que protege al culpable porque se asume, erróneamente, que el inocente jamás la necesitará.
Desde una óptica filosófica, muchas personas rechazan al penalista porque de un malestar interno esta presenta contradicciones entre la moral privada y la ética pública. El colombiano promedio juzga desde una superioridad moral absolutista; para la opinión pública, la culpabilidad se decreta en los titulares en los diferentes medios de comunicación o las redes sociales. En cambio, nosotros, los que defendemos causas penales, lo vemos desde la premisa de la verdad procesal, un concepto claramente insultante para quien jura tener la verdad absoluta. Esta tensión refleja el conflicto entre la justicia retributiva y el garantismo.
Filosóficamente, el defensor penal es un humanista porque entiende que el ser humano es un fin en sí mismo y que su dignidad no desaparece por el hecho de ser investigado. Al defender a quien todos odian, el abogado está validando la humanidad del acusado, un acto que la sociedad percibe como una traición a las víctimas. Sin embargo, es precisamente en esa defensa del «despreciable» donde se mide la salud de una democracia. Como diría el pensamiento liberal más clásico, la libertad de todos depende de cómo tratamos a los que consideramos peores entre nosotros.
El odio al penalista es, en el fondo, un odio a la complejidad de la condición humana y a la posibilidad de que el Estado se equivoque. Creen que este por ser magnánimo es infalible y es todo lo contrario, así lo vemos todos los días.
Aunado a lo anterior, debemos sumarle que existe una diferencia entre la asimetría de la información y el sesgo de confirmación.
En Colombia, el sistema penal se percibe como una feria de negociaciones, ya que nos acostumbramos a tantos escándalos, todos los días, en corrupción, que el ciudadano le cuesta mucho trabajo entender que algunas veces se necesita sacrificar un mal menor con el fin de terminar el mal mayor, esto es como cuando ven las delaciones o la ley del “sapo”, delatar a los responsables, para que la justicia no pierda tiempo, recursos y los colombianos sepan la verdad.
Pero queridos conciudadanos, no debemos perder de vista que, en el proceso penal colombiano, donde se enfrenta el humilde abogado defensor contra el aplastante y avasallante Estado, hay serias desigualdades y los ciudadanos lo pasan por alto, pero solo hasta que la fatalidad toca su puerta.
Este Estado tiene todo a la mano, presupuestos, medios técnicos, tecnológicos y la capacidad de intimidar al Procesado. En la otra esquina el acusado solo tiene a su abogado defensor. Aborrecer al Abogado penalista es como odiar al portero de un equipo de fútbol porque impide que el rival anote: es culpar al defensor por hacer su trabajo en un juego donde las reglas están diseñadas para que el Estado, en teoría, siempre gane.
La racionalidad del crítico se quiebra cuando el «yo» sustituye al «ellos». Aquí entra en juego la naturaleza humana en su estado más puro y egoísta. El ciudadano que exigía penas ejemplares y criticaba al abogado que «sacó al corrupto» es el mismo que, al verse involucrado en un accidente de tránsito con consecuencias fatales o en una investigación por un error administrativo, busca al penalista más agresivo, más técnico y, a menudo, más costoso. En ese momento, las «mañas» se convierten en «estrategias brillantes» y el «garantismo excesivo» se transforma en «el único camino hacia la justicia».
La explicación de este cambio de piel es sociológicamente simple: el miedo. El miedo es el gran domesticador de la moralidad en el ser humano. Cuando el Estado arranca a embestir al ciudadano, automáticamente entiende que la presunción de inocencia no es una frase vacía, sino su único salvavidas. El abogado penalista pasa de ser un «cómplice del mal» a ser un «escudo humano».
En Colombia, este fenómeno se agrava por la precariedad del sistema judicial. Cualquiera puede terminar enredado en las redes de una Fiscalía que a veces imputa por presión mediática o por estadísticas internas. La animadversión al abogado penalista es, por tanto, un lujo que solo se pueden dar quienes no han sentido el frío de la sospecha oficial. Es una postura estética que se derrumba ante la realidad procesal.
Quien crítica, termina descubriendo tarde, pero a un muy alto costo, que el abogado penalista no es el enemigo de la sociedad, sino el último dique de contención contra el error judicial y el abuso de poder del leviatán que referenciaba Hobbes.
En un mea culpa, debo reconocer que el estigma también se alimenta de una realidad colombiana muy dolorosa: la percepción de que el derecho penal es para los de «ruana» y la defensa técnica para los de cuello blanco. Genera rabia contra el abogado que utiliza el poder económico para dilatar procesos, pero esa rabia se desplaza erróneamente hacia la profesión en su conjunto.
Esto claramente confunde el ejercicio del derecho con el tráfico de influencias. Pero incluso en esta confusión, la paradoja persiste: quien más grita contra los abogados de los poderosos es quien primero buscaría uno si tuviera los medios para hacerlo frente a una injusticia propia. La crítica no es hacia la defensa en sí, sino hacia el acceso desigual a ella, aunque en el discurso público se disfrace de indignación moral contra nuestra profesión.
Estamos ciegos, la solución está a la mano, esto es, más fortalecimiento a la defensoría publica, equilibrar y dignificar los salarios de los defensores del Estado, que hoy defienden con el alma. No es justo que en la escala salarial no se les remuneren de la misma forma como sus pares, es decir, jueces, fiscales, agentes del ministerio público. Y la carga que pesa sobre sus hombros es más difícil, ya que defienden a la parte más frágil de esta ecuación, esto es al ciudadano carente de recursos
Finalmente, el odio al abogado penalista en Colombia es el reflejo de una sociedad que no ha terminado de comprender como funcionan las sociedades civilizadas.
Tenemos la falsa creencia que la libertad es un estado natural garantizado para los «buenos», cuando en realidad es una construcción jurídica que debe ser defendida activamente todos los días, especialmente para los «malos». El penalista es el técnico que mantiene esa construcción firme. Su labor es ingrata porque su éxito a menudo se traduce en algo que la sociedad detesta: el silencio de las celdas vacías o la libertad de alguien a quien ya habíamos condenado en el desayuno.
Sin embargo, en un país donde la seguridad jurídica es un bien escaso, el penalista es la única figura que garantiza que el Estado no pueda simplemente borrar a un ciudadano del mapa sin antes sudar para probar su culpa.
El odio al penalista terminará el día en que todos comprendamos que no somos jueces, sino potenciales acusados. Mientras tanto, el abogado seguirá ahí, en esa zona gris, recibiendo los insultos de la mañana y las llamadas desesperadas de la noche, siendo el malo necesario de una tragi- comedia humana donde la justicia siempre es relativa hasta que nos toca el bolsillo o el pellejo.
