Ahora la UNGRD exige la devolución de la plata —vómito negro— porque no encuentra soportes de ejecución que acrediten las nuevas raciones alimentarias que debían financiarse. La pregunta del millón: ¿la plata llegó para ampliar el PAE o para pagar deudas viejas?

¿Pero de dónde salió semejante salvavidas? Del Frente Frío mis señores.

Así comienza la historia:

Mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en Sucre y otros departamentos del Caribe, luego de que un fenómeno hidrometeorológico extraordinario provocara lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en el territorio.

Posteriormente, la Alcaldía de Sincelejo expidió el Decreto 109 del 26 de febrero de 2026, mediante el cual acogió el Decreto Nacional, hizo extensivos sus efectos al municipio y estableció mecanismos de coordinación para atender la emergencia.

Como consecuencia de la calamidad, la Alcaldía elaboró el Plan de Acción Específico para Sincelejo, que identificó el evento como “inundaciones y deslizamientos”. El documento reportó lluvias atípicas, anegamientos urbanos, riesgos en viviendas y dificultades de acceso a comunidades. Ese fue el diagnóstico que sustentó la gestión de asistencia y recursos ante la UNGRD.

Al día siguiente – 27 de febrero de 2026- el jefe de la oficina de gestión de riesgo municipal  solicitó formalmente a la UNGRD asistencia humanitaria y atención integral por la calamidad pública derivada del Frente Frío en Sincelejo. En el oficio pidió ayuda para atender a la población afectada y mitigar los riesgos provocados por el fenómeno climático registrado durante enero y febrero del 2026.

Meses después la plata empezó a tomar forma presupuestal, el 18 de junio de 2026,  la UNGRD expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal —CDP No. 260854— por $36.324 millones de pesos, con cargo al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente a la subcuenta Frente Frío.

El objeto era claro: financiar la continuidad y ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar en Sincelejo, afectado por el fenómeno climatológico. Un día después vendría la decisión que pondría esos recursos a disposición del municipio.

Hay, además, un detalle que llama poderosamente la atención. El mismo 18 de junio de 2026 en que aparece fechada la solicitud de los $36.324 millones, el oficio lleva la firma de Yahir Fernando Acuña Cardales en calidad de alcalde de Sincelejo. Nada extraordinario, salvo por un pequeño detalle: para esa fecha estaba vigente la autorización concedida por el Concejo Municipal para ausentarse del país, permiso que comprendía del 2 de junio al 1 de julio.

 Mientras el alcalde estaba autorizado para estar fuera de Colombia, su firma aparecía en Sincelejo solicitando a la UNGRD una bolsa de $36.324 millones para el PAE. Digamos que, administrativamente, el hombre estaba lejos; documentalmente, bastante presente.

Con una velocidad inconcebible, el mismo 18 de Junio la UNGRD acepta la solicitud de trasferencia de recursos para la “continuidad y ampliación “ del PAE de Sincelejo y un día después mediante la Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026, la UNGRD ordenó transferir esos $36.324.028.177 a un Fondo de Inversión Colectiva administrado por Fiduprevisora S.A. El acto administrativo estableció dos destinos concretos: ampliar la cobertura del PAE hasta la universalidad y garantizar las canastas alimentarias durante el receso escolar.

Además, dejó expresamente establecido que los recursos “solo podrán destinarse” a esos fines y que su ejecución debía estar respaldada mediante la correspondiente contratación derivada y los soportes de ejecución.

El 23 de junio de 2026, -con permiso vigente de salida del país- nuevamente el mismo Yahir Acuña presenta ante la UNGRD un oficio contentivo del Plan de Trabajo para ejecutar los $36.324 millones. Allí proyectó garantizar la continuidad del PAE para 46.071 estudiantes durante 78 días del calendario escolar.

 Hasta ahí, todo parecía estar en orden. Pero el documento introdujo una pequeña —aunque bastante significativa— particularidad: señaló que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Es decir, la plata que llegaba con destinación específica para garantizar la continuidad y ampliación del PAE también aparecía como un alivio para las obligaciones que el municipio ya tenía atrasadas con su operador PAE Universal  por haber disminuido el recaudo de recursos propios disque por la afectación del frente frio.

Y aquí aparece otra pequeña incomodidad documental. La Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026 exigía que el Plan de Trabajo fuera presentado por la alcaldía  dentro de los ocho días siguientes a la notificación y que, además, obtuviera el aval de la UNGRD.

El municipio fue notificado el 22 de junio, el plazo vencía el 30  y solo fue remitido el 8 de julio, dieciséis días después de la notificación y sin que existiera el aval exigido. La consecuencia  el  plan no fue avalado, por lo tanto no existían gastos aprobados que delimitaran el destino de los recursos.  Es decir, el municipio tenía en sus manos $36.324 millones cuyo destino concreto —en los términos exigidos por la resolución— ninguna autoridad competente había aprobado.

No siendo suficiente lo anterior apareció una típica Yahirada con la expedición de  la Resolución 1444 de 2026, por medio de la cual la Alcaldía de Sincelejo se pasó por la faja le Ley , y dispuso cancelar el Fondo de Inversión Colectiva y ordenar a Fiduprevisora girar los recursos a una cuenta del municipio donde maneja recursos propios.

Decisión, cuestionada por la UNGRD: pues lo autorizado era el flujo del Fondo -Nacional de Gestión de Riesgo FNGRD – hacia el FIC para ejecutar el PAE, y la alcaldía hizo exactamente lo contrario, sacar los recursos del FIC hacia sus propias  cuentas municipales. En otras palabras, se invirtió el sentido de la plata y, según la UNGRD, la Alcaldía no tenía competencia para impartir esa instrucción a Fiduprevisora.

El cuento del Frente Frío empieza a calentarse. La Alcaldía había dejado escrito en su propio Plan de Trabajo que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Vaya coincidencia, poco después aparecen cinco facturas del Consorcio PAE Universal por $29.115 millones  correspondientes a servicios de octubre de 2025 y de marzo, abril, mayo y junio de 2026. Cuatro de ellas, por más de $23.000 millones, fueron radicadas y aceptadas entre el 16 y el 23 de julio, justo antes de que el 24 de julio salieran del FIC los $36.324 millones de pesos.

Dicho sin tanto rodeo: el plan ya había anunciado la jugada y las acreencias estaban listas para entrar al escenario. La plata llegó para el PAE, pero el alivio financiero terminó mirando hacia las deudas del operador.

Otra curiosidad del Plan de Trabajo. La Resolución 0565 hablaba de ampliar la cobertura universal del PAE y garantizar canastas durante los recesos educativos; pero cuando la Alcaldía aterrizó los números, la cosa cambió de forma: presentó un plan de cofinanciación del PAE por $36.436 millones para 78 días del calendario escolar, financiado con $36.324 millones del Frente Frío y $112,8 millones de recursos propios.

En el cuadro no aparece una partida separada para ampliar cobertura ni otra para las canastas del receso. La plata de la emergencia terminó convertida, sobre el papel, en la fuente principal para financiar el PAE ordinario. Como dicen en contabilidad: cambió el apellido, pero la plata seguía siendo la misma.

Ahora con ustedes señores la Fiduprevisora quien llego  pidiendo» los papeles» . El 17 de septiembre solicitó a la Alcaldía los contratos, convenios, órdenes de servicio, ejecución financiera y física y soportes que demuestren qué pasó con los $36.324 millones.

Si  aparecen —o no— los documentos que expliquen dónde terminó la plata, ya no importa,  la UNGRD ya puso el punto final: exige su devolución.

En conclusión  la historia del Frente Frío termino  siendo bastante sencilla: llegaron $36.324 millones para alimentar estudiantes, aparecieron acreencias por $29.115 millones, se cambió el rumbo del dinero y ahora toca devolverlo. En pocas palabras el vomito negro o “del negro”.

Posdata: Sera casualidad que esos recursos llegaron en plena contienda electoral de segunda vuelta es decir no se perdieron “Cepediaron” aun asi los mordió el “Tigre”.

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Y mientras se golpea la estabilidad de estos servidores y sus familias, la entidad compromete más de $8.789 millones de pesos en la contratación de personal para realizar precisamente las funciones de los empleos sacrificados.

En plena época electoral, la pregunta resulta inevitable: ¿reestructuración administrativa o una masacre laboral que termina abriendo nuevos espacios para el manejo burocrático?

El origen de esta reestructuración está en un Estudio Técnico contratado a Lucedy Trujillo Lazo, documento que sirvió de soporte para rediseñar la planta de empleos de la E.S.E. y sustentar la modificación de su estructura administrativa.

Con base en ese estudio, la Junta Directiva de la Unidad de Salud San Francisco de Asís expidió el Acuerdo No. 003 del 31 de agosto de 2026, mediante el cual adoptó la nueva estructura y la supresión de empleos. La decisión fue suscrita por Jhan Carlos Troaquero Pérez, alcalde encargado y presidente de la Junta Directiva, y Claudia Patricia Quinto Madrid, gerente de la E.S.E.

El primer golpe de la reestructuración es la supresión de 74 cargos de la planta de personal de la E.S.E. En esa lista aparecen médicos generales, odontólogo, enfermeras, auxiliares del área de la salud, técnicos, auxiliares administrativos, celadores y seis cargos de auxiliar de servicios generales. No son cargos ajenos al funcionamiento de la entidad: son empleos ligados a la atención y a las tareas diarias de la institución.

Por otra parte se creó una nueva planta de personal  compuesta por 46 empleos globales y 30 empleos transitorios, cuya entrada en vigencia fue fijada para el 16 de septiembre de 2026.

El cambio es sustancial: desaparecen 74 cargos de la planta y, al mismo tiempo, la entidad mantiene la necesidad de contar con personas para cumplir buena parte de esas tareas. Los cargos se suprimen; el trabajo, por lo visto, no.

Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de sentido. El 1 de septiembre de 2026, apenas un día después de la expedición del Acuerdo No. 003, la E.S.E. suscribió sendos contratos para mantener servicios que continúan siendo necesarios para su funcionamiento.

El Contrato No. 630 de 2026, suscrito con el Sindicato de Trabajadores de la Costa – SINTRACOSTA, por $1.345. millones de pesos , contrató servicios de personal profesional especialista, técnico, auxiliares administrativos, auxiliares de farmacia, gestores de promoción, oficios varios y conductores.

El Contrato No. 632 de 2026, suscrito con el Sindicato de Trabajadores de la Costa – SINTRACOSTA, por $1.543. millones de pesos , contrató servicios asistenciales de auxiliares de odontología, auxiliares de enfermería, citología, técnicos en rayos X, auxiliares de laboratorio y promoción de demanda inducida.

El Contrato de Prestación de Servicios No. 633 de 2026, celebrado con el Sindicato de Trabajadores Independientes del Sistema Integral de Seguridad Social – SINTRAINSISS, por $1.549 millones y con plazo de cuatro meses, tiene por objeto la prestación de servicios profesionales de médicos generales.

El Contrato No. 634 de 2026, celebrado también con SINTRAINSISS, por $1.419 millones de pesos, contrató profesionales de odontología, psicología, trabajo social, fisioterapia, fonoaudiología, enfermería profesional y bacteriología.

Finalmente, el Contrato No. 638 de 2026, suscrito con Alianza Global de Empresas S.A.S., por $2.930 millones de pesos, destinó recursos a la contratación de personal para mantenimiento, aseo y oficios varios.

En conjunto, estos cinco  contratos comprometen la pírrica suma de $8.789 millones de pesos durante cuatro meses, Los cargos salen de la planta; las funciones, en cambio, siguen teniendo contrato. Una contradicción que resulta difícil de maquillar con términos como “reorganización” o “eficiencia administrativa”.

Los cargos se suprimen, pero las funciones no desaparecen: reaparecen contratadas por fuera de la planta. Los Contratos Nos. 630,632,  633, 634 y 638 de 2026 tienen un elemento común: todos están dirigidos a vincular personal para desarrollar labores asistenciales, médicas, de enfermería, profesionales de la salud, mantenimiento, aseo y oficios varios, varias de ellas relacionadas con las funciones de los empleos incluidos en la supresión

¿ Entonces a quiénes quieren meterle los dedos a la boca con esta «reestructuración»?

Eliminan los cargos alegando una nueva estructura, pero el trabajo sigue ahí, esperando a quien lo haga; solo que ahora entra por la puerta de la tercerización y bajo la modalidad de contratación directa.

¿De qué sirve acribillar la planta de personal si la necesidad permanece?

¿Dónde está la eficiencia o, más bien, la falta de decencia para tomar una decisión así ?.

Señora gerente, no sea descarada ni indolente. Mientras castiga al trabajador suprimiéndole su empleo y poniendo en riesgo el sustento y la estabilidad de su familia, premia la contratación externa, donde, en cambio, el dinero sigue fluyendo hacia nuevas formas de vinculación mientras desaparecen los empleos formales.

Y esa es precisamente la parte que la E.S.E. tendrá que explicar de frente a los trabajadores y a la ciudadanía: ¿por qué para unos desaparece el cargo y para otros aparece el contrato?

¿Con qué cara, con qué cinismo, pretende la gerente de la E.S.E., Claudia Quinto, mirar ahora a sus propios colaboradores, a quienes llevó a la guillotina laboral, sabiendo que detrás de cada uno de esos cargos hay una familia que depende de un salario?

¿Cómo se le explica a la esposa , al hijo o a la madre de ese trabajador que durante años sostuvo los servicios de la institución que su cargo ya no es necesario, mientras la entidad que dirige firma contratos para seguir garantizando funciones similares?

¿Cómo se habla de eficiencia frente a quien pierde su estabilidad laboral, mientras por otra puerta entran contratos millonarios?

La guillotina administrativa puede estar escrita en un acuerdo y revestida de lenguaje técnico, pero sus consecuencias tienen rostro, nombre y familia.

Y esas familias tienen derecho a preguntar por qué fueron ellas las que terminaron pagando el precio de una reestructuración que todavía deja demasiadas preguntas sin responder.

Señora gerente, ojalá cuando llegue a casa y se siente a la mesa con su familia, recuerde también a las familias que hoy sufren las consecuencias de esta masacre laboral. Que detrás de cada cargo suprimido hay un trabajador y un hogar que quedan enfrentados a la incertidumbre de la vida, sin saber qué les espera mañana.

Posdata: El único responsable de toda esta masacre  administrativa es Yahir Acuña Cardales.

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Amasar un caudal electoral de semejantes proporciones implica una estructura política robusta y grandes cantidades de dinero para financiar operadores políticos, consolidar alianzas y cumplir compromisos de campaña de toda índole. La elección termina, pero las acreencias electorales apenas comienzan.

“Los inversionistas” no esperan su tasa de retorno en réditos políticos ni burocráticos. Esperan recuperar sus intereses y su respectivo capital en la misma especie en que fue entregado: dinero contante y sonante.

Es un abultado pasivo ineludible que llega antes que las connaturales cargas administrativas del gobernante. No se ha posesionado el burgomaestre elegido y desde su primer día de mandato, el primer problema por resolver: es mantener a raya las culebras que le quedaron pendientes.

Pero el reptil pronto se convierte en un monstruo de dos cabezas: de un lado, la urgencia de cumplir compromisos financieros que no admiten espera; del otro, la necesidad de exhibir victorias tempranas que mantengan vivo su capital político.

Esa doble presión empuja a gobernar bajo modelos administrativos, contractuales y financieros de corto plazo. Las asociaciones y mecanismos de ejecución acelerada que pueden producir resultados inmediatos se convierten en un plan sistemático de elusión del Estatuto General de Contratación Pública, y en foco de corrupción estatal.

Un derroche de recursos públicos que terminan pasando factura en forma de subdesarrollo social y déficit fiscal.

Lo paradójico del tema es que en un abrir y cerrar de ojos, el alcalde pasó de ser en campaña de un promitente libertador de las afujías sociales de las clases desfavorecidas a esclavo de sus financiadores , operadores políticos y, finalmente de su propia popularidad.

Mercados, electrodomésticos y ayudas repartidas en los barrios vulnerables de la ciudad, sostienen una imagen que exige ser alimentada a diario. La popularidad se convierte así en otro barrote: que obliga a mostrar, entregar y agradar, mientras gobernar queda relegado.

La popularidad siempre exige pagar un precio alto. Si acostumbras a los polluelos a llevarles la ración de comida hasta el nido, sin enseñarles a volar ni a conseguir su propio alimento, después tendrás que engordarlos para toda la vida. Por eso cada anuncio debe superar al anterior, cada obra convertirse en imagen y cada decisión impopular asumirse como un riesgo.

El gobernante termina administrando no solo la ciudad, sino también una dependencia asistencial que solo se sostiene con entregas y dádivas destinadas a alimentar una popularidad insaciable que exige la apropiación de recursos ilimitados. bajo este esquema de poder no hay recaudo de impuesto que aguante.

Sumado a lo anterior aparecen los fantasmas del pasado, procesos ante la Corte Suprema de Justicia que quieren agregar barrotes de verdad a esta historia.

Sin anticipar decisiones ni responsabilidades que corresponden a los jueces, resulta imposible ignorar el efecto político e institucional de una situación que obliga al mandatario a dedicar parte de su agenda a defender su futuro jurídico. Puede conservar influencia, actividad política y protagonismo público, pero gobernar exige otra cosa: presencia, dirección y continuidad. Mientras atiende su defensa, ¿Quién defiende a Sincelejo de sus problemas estructurales?

La ciudad necesita un administrador que avance, no que su agenda quede atrapada en la incertidumbre judicial. y aunque el gobernante consiga mantenerse lejos de las rejas de la justicia. Lo cierto es que la verdadera libertad no depende de ninguna sentencia.

Pues si gobernar te mantiene atrapado entre compromisos financieros cuestionables, presiones políticas, decisiones de corto plazo y la necesidad permanente de sostener el poder, puedes gozar de libertad física y seguir siendo un prisionero de una aparente popularidad.

Esa es la jaula de oro: tener el poder para gobernar, pero no la libertad para hacerlo. Y esa libertad, la de gobernar la ciudad y manejar su propia agenda, nuestro flamante alcalde la perdió hace rato.

La alcaldía una jaula de oro de barrotes invisibles pero reales.

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Todo comenzó con una ausencia que, en principio, parecía tener una explicación sencilla: el viaje al Mundial de fútbol. El Concejo de Sincelejo autorizó a Acuña para ausentarse entre el 2 de junio y el 1.º de julio, período durante el cual la ciudad quedó bajo el encargo de Jhan Troaquero. Pero llegó el 1.º de julio y la historia no terminó allí. Yahir no volvió al ejercicio cotidiano del cargo y Sincelejo continuó con alcalde encargado.

Lo llamativo es que la ausencia de Yahir no significó su desaparición de la escena pública. El 20 de julio estuvo en Sincelejo, participó en los actos de Independencia y volvió a dejarse ver. El 9 de agosto apareció nuevamente en la inauguración del campeonato internacional de béisbol. Y mientras el alcalde titular hacía presencia en estos escenarios, otro seguía ejerciendo las funciones de la Alcaldía. Yahir estaba en la ciudad, pero el poder administrativo estaba en manos de otro.

La coincidencia adquiere otra dimensión cuando se mira el calendario judicial. La Corte Suprema tiene en sus manos la situación jurídica de Acuña y, según reveló Infobae, existe una ponencia que propone una medida de aseguramiento. La votación anterior terminó empatada y fue necesario acudir a un conjuez. Mientras la Corte discute qué hacer con la libertad del alcalde, Sincelejo lleva semanas siendo administrada por un encargado.

La historia judicial tampoco comenzó con su llegada a la Alcaldía. El expediente de 243 páginas identificado con el radicado 00164 registra que la actuación nació el 20 de junio de 2019, cuando la Sala Especial de Instrucción ordenó, mediante el Auto AEI0099-2019, compulsar copias dentro del radicado 34694. De allí surgió una actuación que pasó por investigación previa en 2020, instrucción formal en 2023 e indagatoria de Acuña el 28 de noviembre de ese año.

En ese expediente aparecen las declaraciones de Juan Manuel Borré Barreto, desmovilizado de las AUC y señalado en la actuación como fundador de Los Rastrojos Costeños. La Corte incorpora declaraciones en las que Borré manifestó conocer y mantener comunicación con Acuña y se refirió a supuestas relaciones políticas en la Costa. No se trata de convertir esas afirmaciones en una condena, pero sí de entender que la investigación que hoy puede comprometer la libertad del alcalde no nació ayer: lleva años avanzando en los despachos de la Corte.

Y aquí entra la parte que vuelve particularmente interesante la licencia. El proceso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, en la que la detención preventiva no opera automáticamente por la gravedad de una acusación. La Corte debe valorar, entre otros aspectos, la necesidad de la medida y sus fines, entre ellos evitar que el procesado pueda afectar la actividad probatoria o entorpecer la investigación. Y un alcalde en ejercicio no es cualquier investigado: tiene funcionarios bajo su órbita, acceso a información, documentos y capacidad de decisión administrativa.

Por eso, apartarse del despacho podría producir un efecto objetivo favorable para su defensa. Mientras un encargado administra la Alcaldía, disminuyen formalmente las herramientas institucionales directamente disponibles para el investigado. No puedo afirmar que esa haya sido la razón por la que Yahir pidió la licencia, porque el acto administrativo que explicaría sus motivos no está publicado. Pero tampoco resulta ingenuo preguntarse si una decisión que lo aparta del poder administrativo puede ser conveniente cuando la Corte está examinando precisamente su situación jurídica.

La paradoja es que Yahir parece haber perdido temporalmente el despacho sin perder la escena política. Está presente en la ciudad, conserva su condición de alcalde titular y aparece en eventos públicos, mientras otro funcionario carga con las responsabilidades administrativas. Fuera del despacho, pero no fuera del poder político.

Y aquí está el verdadero costo de esta historia. Mientras Yahir resuelve su situación frente a la justicia, Sincelejo no puede quedar atrapada en una Alcaldía en interinidad. Un alcalde encargado puede ejercer legalmente las funciones, pero la administración municipal necesita continuidad, dirección política y decisiones que no estén condicionadas por la incertidumbre sobre quién conduce realmente el gobierno. La ausencia de Acuña podrá ser conveniente para su estrategia personal; lo que está por verse es cuánto le cuesta esa ausencia a Sincelejo.

Mientras la Corte no tome una decisión definitiva, Yahir seguirá bajo la sombra de la justicia y la posibilidad de una medida que termine privándolo de la libertad ya no parece un escenario remoto. Pero hay algo que sí está ocurriendo desde ahora: la ciudad está pagando el precio de tener un alcalde titular ausente del despacho, presente en la escena pública y con su futuro político y judicial pendiente de una decisión de la Corte.

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El proyecto no nació de la improvisación. El 18 de febrero de 2025, el Consejo de Gobierno de Sincelejo lo declaró de importancia estratégica y ese mismo día el CONFIS Municipal autorizó comprometer vigencias futuras para financiarlo. Después vino el Decreto 588 del 4 de abril de 2025 que prioriza el proyecto  y, el 22 de mayo, el polemico Fondo Mixto Sierra Nevada suscribió el Contrato de Obra No. 124 de 2025 con el Consorcio Solución Vial Sincelejo, representado legalmente por Héctor José Chávez Rodríguez, un contratista ampliamente conocido en Sincelejo por su participación en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El contrato se celebró por $34.325 millones de pesos  y un plazo de 9 años y 6  meses. El acta de inicio se firmó el 5 de junio de 2025 y ese mismo día el Sistema General de Regalías desembolsó al Consorcio Solución Vial Sincelejo un anticipo de $8.500 millones de pesos  equivalente al 25 % del valor del contrato. Sobre el papel, difícilmente podía pedirse una mejor estructuración.

El primer tramo, correspondiente a la Carrera 8 del Mega Colegio Altos del Rosario, se ejecutó y fue entregado. Después llegó el turno de la Calle La Paz y de la Carrera 6, en el sector El Pozo de Chochó. Fue allí donde el proyecto empezó a salirse del libreto.

Los documentos oficiales y sus anexos  -Resolución 671 del 15 de abril de 2026- registran mayores cantidades de obra, ítems no previstos, problemas geotécnicos, interferencias con redes de servicios públicos, ajustes en los drenajes y la necesidad de reorganizar la programación de varios tramos. Lo que hasta ese momento parecía un proyecto completamente estructurado empezó a mostrar que la realidad de la obra no coincidía del todo con la planeación inicial.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la Calle La Paz.

El 15 de abril de 2026 la administración aprobó el primer ajuste del proyecto y decidió adelantar cerca de $3.000 millones que originalmente estaban reservados para construir vías entre 2027 y 2034. Ese dinero se trasladó para fortalecer las obras previstas en la primera etapa del proyecto, las correspondientes a 2025 y 2026. Dicho de otra manera, parte de los recursos pensados para financiar tramos futuros terminó utilizándose antes de tiempo.

Es aquí donde el proyecto deja de medirse por una sola calle y empieza a medirse por toda su planeación. Mientras la Calle La Paz avanza hacia su terminación, el cronograma oficial muestra que la mayor parte de las obras todavía está pendiente.

Cerca de veinte tramos viales deberán ejecutarse entre 2027 y 2033 con recursos que ya tuvieron que ser reprogramados en su primera etapa. La Calle La Paz será la primera obra en terminar. El verdadero examen apenas comenzará cuando haya que construir las que faltan.

Yahir Acuña llegó al gobierno prometiendo una revolución vial. Nadie discute que Sincelejo necesita mejores vías, ni que la Calle La Paz terminará mejorando la movilidad de ese sector. Lo que sí empieza a discutirse es la distancia entre el discurso y la realidad.

Los documentos oficiales muestran que la revolución tuvo que ajustar su hoja de ruta cuando apenas transitaba por sus primeros tramos. Gobernar no es inaugurar una calle ni convertir una obra en pieza de propaganda. Gobernar es demostrar que la planeación resiste la ejecución.

La Calle La Paz podrá convertirse en una buena vía, pero el verdadero juicio sobre este gobierno no lo dará la primera obra que entregue, sino las cerca de veinte que todavía faltan por construir y la capacidad de hacerlo sin seguir trasladando problemas —ni recursos— hacia el futuro.

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La primera evidencia de esa tolerancia aparece en el Hallazgo No. 19 del Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, CGR-CDSECTCRD No. 32 – CAT_180_2026_1 (junio de 2026). Allí se documentó que, mientras el municipio mantenía obligaciones pendientes por más de $2.060 millones correspondientes a actas ya aprobadas, el operador dejó de presentar los informes de ejecución y las facturas de septiembre y octubre de 2025, además de omitir el pago de la seguridad social del personal durante esos mismos meses.

Pese a la gravedad y reiteración de estas conductas, la Contraloría concluyó que no existió una actuación efectiva de la supervisión para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, circunstancia que puso en riesgo la continuidad del PAE y afectó tanto a los beneficiarios como al personal vinculado al programa.

La inactividad de la supervisión no puede analizarse como un hecho aislado. Los reiterados incumplimientos en el pago de la nómina y de la seguridad social retrasaron la radicación de las cuentas de cobro, pues el propio convenio exigía acreditar esas obligaciones como requisito para el trámite de los pagos.

A su vez, la ausencia de las cuentas de cobro impidió la presentación oportuna de los informes de ejecución, documento indispensable para que la supervisión verificara el cumplimiento del contrato. El resultado fue una supervisión que dejó de ejercer un control preventivo para convertirse en un control tardío, cuando las irregularidades ya se habían consolidado.

Las consecuencias de esa supervisión ineficaz quedaron reflejadas en el Hallazgo No. 20 del mismo informe de auditoría. Después de confrontar la estructura de costos del convenio con la nómina y los aportes a seguridad social aportados por el operador, la Contraloría estableció diferencias por $1.629 millones en los componentes correspondientes a manipuladoras de alimentos y personal administrativo, precisamente aquellos cuya verificación hacía parte de las responsabilidades de la supervisión.

La tolerancia de la supervisión quedó aún más expuesta cuando el 4 de noviembre de 2025 el Secretario de Educación y el representante del Consorcio PAE Universal certificaron el recibo a satisfacción de la ejecución del PAE hasta el 28 de octubre de 2025. Sin embargo, el 6 de mayo de 2026 la propia Secretaría informó a la Contraloría que los informes de ejecución de septiembre y octubre nunca habían sido radicados por el operador.

A ello se suma que en SECOP II la factura correspondiente a octubre aparece con fecha del 20 de enero de 2026 y, a la fecha de esta publicación, no existe una secuencia completa de facturas e informes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 ni de los primeros meses de 2026.

Lejos de tratarse de hechos superados, la revisión de SECOP II permite advertir que los interrogantes sobre la supervisión del PAE permanecen abiertos.

La ausencia de una secuencia completa de facturas e informes de ejecución posteriores a octubre de 2025 plantea una duda legítima sobre la oportunidad con la que continuó ejerciéndose el control contractual. Así se vislumbra en los soportes de ejecución contractual de Secop II donde la ultima factura radicada el 26 de junio de 2026   corresponde solo al informe del  periodo de 1 al 28 de octubre de 2025.

Si los principales soportes del convenio siguen sin aparecer de manera completa en el expediente electrónico, donde se puede  constatar 8 meses sin facturar,  la pregunta es inevitable:

¿las deficiencias advertidas por la Contraloría fueron realmente corregidas o la supervisión continuó siendo insuficiente? Esa respuesta ya no la debe dar únicamente el operador; también la debe explicar quien tenía el deber contractual de vigilar su cumplimiento.

Los hallazgos de la Contraloría cerraron una auditoría, pero no cerraron las dudas. Esas dudas hoy tienen nombre propio: Diego Galván. Como supervisor del convenio, le corresponde explicar por qué el PAE llegó a este nivel de incumplimientos sin que la supervisión actuara con la oportunidad y eficacia que el contrato le imponía.

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Las administraciones no solo dejan obras; también dejan modelos de contratación. En mi opinión, Yahir Acuña ya construyó el suyo. Primero fue la Corporación 20 de Enero. Después el Fondo Mixto Sierra Nevada. Más tarde el Consorcio PAE Universal 2024-2027. Luego las asociaciones utilizadas para ejecutar convenios deportivos FUNPROBIDES. Ahora aparece ASOCAINSUC, una asociación de cabildos indígenas  en menos de un año, terminó administrando miles de millones mediante contratación directa.

El nuevo ejecutor tampoco es un desconocido para la política sucreña. La Asociación de Cabildos Indígenas de Sucre (ASOCAINSUC), integrada por  cabildos indígenas de Sincelejo:  Santa Cruz, Las Huertas, Putumayo Laguna Flor, Altoplano San Antonio, Chocho y de Tolu Viejo:  Puerto Viejo, fue constituida el 17 de septiembre de 2024 y obtuvo reconocimiento oficial del Ministerio del Interior el 9 de mayo de 2025. Su representante legal es Walberto Antonio Estrada Padilla, exdiputado del departamento de Sucre, ampliamente conocido en la política regional por los procesos judiciales que enfrentó en el contexto de la parapolítica.

El estreno llegó con el Convenio Interadministrativo No. 010-2025, mediante el cual el Municipio entregó a ASOCAINSUC $7.752 millones para la rehabilitación de vías terciarias. El convenio fijó un plazo de ejecución de cuatro meses, con fecha máxima de terminación el 31 de diciembre de 2025. Ese plazo ya venció. La etapa de las promesas terminó y comenzó la de los resultados.

Precisamente por eso llamó la atención el video que recientemente circuló en redes sociales desde el corregimiento La Peñata. En las imágenes se observa a varios habitantes utilizando cáñamos para evitar resbalar mientras acompañaban un cortejo fúnebre entre el barro. Corresponde a la Alcaldía aclarar si esa vía hacía parte o no de las contempladas dentro del convenio.

Una imagen que ningún informe de interventoría puede borrar: mientras el contrato terminó sobre el papel, en La Peñata todavía hay familias que tienen que sacar a sus muertos entre el barro. Ese video dice más sobre el estado de muchas vías rurales que cualquier balance oficial. Aun asi la Secretaria de Infrestructura certifico la idoneidad de ASOCAINSUC.

El segundo contrato demuestra que no se trató de un caso aislado. Mediante el Contrato Interadministrativo No. 003-2026, suscrito el 3 de julio de 2026, la administración volvió a contratar directamente con ASOCAINSUC, esta vez por $2.087.065.432, para administrar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del sistema CCTV de Sincelejo.

La misma asociación que administró un convenio para rehabilitar vías rurales terminó administrando la infraestructura tecnológica sobre la que descansa buena parte de la seguridad del municipio.

No estamos hablando de afirmado de carreteras. Estamos hablando de cámaras de videovigilancia, fibra óptica, servidores, redes de comunicación y equipos especializados. La pregunta, entonces, no es si el contrato era legal. La pregunta es otra: ¿quién convenció a la Alcaldía de que una asociación de cabildos indígenas  oficialmente reconocida apenas un año antes era la mejor opción para administrar una infraestructura estratégica para la seguridad de Sincelejo?

Los estudios previos de ambos convenios dedican varias páginas a justificar la contratación directa y la naturaleza jurídica de las asociaciones de cabildos indígenas. Sin embargo, cuando llega el momento de explicar por qué ASOCAINSUC era la mejor opción para administrar proyectos tan distintos como vías terciarias y el sistema tecnológico de seguridad del municipio, la explicación se reduce a afirmar que la entidad cumple con la idoneidad. Para una decisión de casi 10 mil millones de pesos, esa respuesta luce insuficiente.

Lo realmente importante aparece en una cláusula del propio contrato del sistema CCTV. ASOCAINSUC podrá ejecutar el proyecto directamente o mediante operadores especializados, conservando la responsabilidad frente al Municipio. Allí, en mi opinión, está la esencia del modelo que viene consolidando esta administración.

 El Municipio ya no contrata necesariamente con quien ejecutará materialmente la obra o el servicio. Contrata un administrador que luego puede apoyarse en terceros para desarrollar el objeto contractual. Aunque estas figuras tienen respaldo legal, su utilización recurrente cambia la forma en que se administra el presupuesto y reduce el protagonismo de los procesos abiertos de selección que deben ser convocados por Secop II .

Por eso considero que ASOCAINSUC no es el problema. Tampoco lo son las comunidades indígenas ni sus autoridades, cuyo reconocimiento constitucional nadie discute. El problema es el modelo que abre camino a focos de corrupción sin control de un alcalde que ha resultado tener una sed voraz e insaciable para dilapidar recursos publicos.

Las administraciones pasan, pero sus modelos de contratación quedan. Y si algún sello parece empezar a caracterizar el gobierno de Yahir Acuña, no es únicamente el tamaño multimillonario de sus contratos, sino la decisión de concentrar la ejecución del presupuesto en una sucesión de entidades administradoras de carácter privado que nos llevan a preguntar  ¿ a que le tiene miedo Yahir Acuña a no someter sus convocatorias de contratación publica  a Secop II?

Los sincelejanos tienen derecho a saber por qué ese modelo sustituyó progresivamente la contratación abierta y por qué la administración considera que ese camino ofrece mayores garantías de transparencia, competencia y control. Hasta hoy, esa explicación sigue sin convencer.

Posdata: ¿Será que  Walberto  Estrada , es el nuevo Hector Chavez de Yahir Acuña ?

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La millonaria contratación también habría convertido a un joven proveedor principiante en un verdadero “zar de los almuerzos y refrigerios”, tras resultar favorecido con un contrato que, pese a su elevada cuantía, no habría sido sometido a convocatoria pública de oferentes. Lo más llamativo es que haría parte del círculo de personas cercanas y políticamente favorecidas alrededor del alcalde Yahir Acuña Cardales, del que también hacen parte nombres como Héctor Chávez.

El municipio de Sincelejo, mediante la Resolución No. 1559 del 21 de agosto de 2024, transfirió a la Corporación 20 de Enero la suma de 7.535 millones de pesos, supuestamente destinados a apoyar actividades artísticas, culturales, de sana convivencia y desarrollo de talentos en la capital sucreña. El plazo de ejecución fue fijado entre el 22 de agosto y el 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que únicamente la actividad correspondiente a alimentación y refrigerios recibiera una asignación de 2.325 millones de pesos, equivalente a cerca del 31 % del presupuesto total.

Dichos recursos habrían sido ejecutados por un subalterno político de Yahir Acuña, cuyos antecedentes conocidos no evidenciarían capacidad operativa ni financiera suficiente para asumir una operación de semejante magnitud: suministrar 75.000 almuerzos y 75.000 refrigerios en apenas 30 días.

Se trata de Juan Daniel Castro Pérez, quien como persona natural suscribió el contrato SCDE-SUM-03 de 2024 con la Corporación 20 de Enero para la prestación de servicios de almuerzos y refrigerios dentro del marco de ejecución de la Resolución 1559 del 21 de agosto de 2024, por un plazo de 30 días y la nada despreciable suma de 2.325 millones de pesos.

Un joven contratista que, para el momento de la celebración del contrato, apenas tenía 26 años y actuaba como comerciante independiente inscrito en la matrícula mercantil de persona natural de la Cámara de Comercio de Sincelejo. Dentro de sus actividades económicas registradas aparecen la comercialización de productos alimenticios y el comercio al por menor de alimentos y bebidas.

Llama la atención que el contratista solo habría abierto su matrícula mercantil el 26 de mayo de 2024, con el establecimiento Mercado para Todos Víveres y Abarrotes, es decir, apenas cuatro meses antes de la celebración del millonario contrato suscrito en agosto con la Corporación 20 de Enero.

Más sorprendente aún resulta que, en el balance financiero inicial de su negocio, declarara activos corrientes por apenas 100 millones de pesos y registrara ingresos de actividades ordinarias por el orden de los 1.000 pesos, cifras que generarían serios interrogantes sobre si realmente contaba con la capacidad operativa, logística y financiera necesaria para asumir un contrato de semejante magnitud.

Al joven contratista se le habría entregado la responsabilidad de suministrar 2.500 almuerzos —a un valor de $21.000 cada uno— y 2.500 refrigerios —a $10.000— diarios durante 30 días calendario, es decir, un total de 150.000 raciones alimentarias en apenas un mes. Una cifra de enormes proporciones para una ciudad como Sincelejo y que plantea serios interrogantes sobre la capacidad logística, operativa y financiera del contratista.

Para ejecutar una operación alimentaria de semejante magnitud se habría requerido una sólida estructura operativa, incluyendo cocina industrial, capacidad de almacenamiento y transporte, personal suficiente para la preparación y distribución de alimentos, así como músculo financiero para sostener la ejecución continua de 150.000 raciones en tan corto tiempo.

Pero más allá de las dudas sobre la capacidad financiera y logística del contratista, también empiezan a surgir interrogantes sobre la trazabilidad real de las entregas.

Hasta ahora no existiría claridad suficiente sobre los listados de beneficiarios, actas de entrega, registros fotográficos ni mecanismos de verificación que permitan establecer cómo, dónde y a quiénes fueron distribuidas las 150.000 raciones alimentarias reportadas.

Lo único que hasta ahora se avizora en los informes del contrato son algunas imágenes de entrega de alimentos en una reconocida megaiglesia de la ciudad, en las que claramente no se logra evidenciar ni soportar la enorme cantidad de raciones comprometidas en la ejecución contractual.

A pesar del deficiente soporte documental allegado a la carpeta contractual, el gerente de la Corporación 20 de Enero, Luis Arturo Payares Quessep, habría firmado sin mayor reparo el certificado de cumplimiento contractual que permitió girarle al contratista un anticipo por la suma de 750 millones de pesos.

Una situación que dejaría en evidencia la alarmante flexibilidad con la que aparentemente se estarían manejando los recursos públicos al interior de esta entidad de economía mixta, donde los controles parecerían diluirse con la misma facilidad con la que se desembolsan las millonarias sumas provenientes del bolsillo de los sincelejanos.

Todo lo anterior sería apenas la punta del iceberg, pues también se tendría conocimiento de que este mismo contratista habría facturado al Consorcio PAE Universal 2024–2027 miles de  millones de pesos, a través de la Asociación de Pequeños Cultivadores de La Negra, entidad de la cual figura como representante legal.

Relación comercial que se puede constatar en el cheque No. AD649513 de Bancolombia girado a favor de Juan Daniel Castro Pérez el 25 de noviembre de 2024 por la suma de 412 millones de pesos, firmado por Héctor Chávez, representante legal del Consorcio PAE Universal 2024-2027.

Lo más insólito y paradójico de todo, queridos lectores, es que frente a los millonarios contratos podría presumirse que el joven emprendedor nada en opulencia, excentricidades y lujos.

Nada más alejado de la realidad, pues actualmente se desempeña como asistente del alcalde en la supervisión de las obras de recuperación vial en diferentes sectores de la ciudad, acompañando además las visitas barriales que realiza Yahir Acuña.

Al final, lo verdaderamente preocupante no es solo que un contrato multimillonario destinado supuestamente a promover el arte, la cultura y la sana convivencia haya terminado concentrado en almuerzos y refrigerios.

Lo más inquietante es la creciente sensación de que en Sincelejo algunos jóvenes estarían siendo instrumentalizados para aparecer formalmente al frente de operaciones rodeadas de opacidad, mientras detrás del poder pareciera existir un mismo beneficiario que, silenciosamente, termina siendo el real favorecido de estos contratos millonarios.

Posdata: A este paso, ya podríamos estar hablando de la “Asociación de los Suertudos de Sincelejo”, cuyo presidente honorario parecería ser Héctor Chávez y cuyo secretario bien podría ser Juan Daniel Castro Pérez.

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No es actualización  catastral, no es valorización: es un incremento de más del 1.000%. Y, para que el cuadro esté completo, reaparece el cuestionado Consorcio PAE Universal 2024–2027, dejando serias dudas sobre cómo se están administrando los recursos públicos bajo la administración del alcalde Yahir Acuña Cardales.

Se trata del contrato de arrendamiento No. 0011 de 2025, suscrito entre la Constructora Inmobiliaria Shalom y la Alcaldía de Sincelejo, mediante el cual se alquila la bodega 2, ubicada en la carrera 4F No. 40-7, en el sector industrial de la ciudad, para el funcionamiento del archivo de gestión y el archivo central del municipio.

El contrato fue celebrado por un plazo de cuatro meses, por un valor total cercano a los $500 millones, IVA incluido, lo que equivale a un canon mensual de aproximadamente $125 millones de pesos.

Lo verdaderamente insólito es que este mismo inmueble, apenas meses antes, había sido arrendado por el Consorcio PAE Universal 2024–2027 y suscrito por su polémico representante legal Héctor José Chavez Rodriguez y el  señor Óscar David Cardona Ávila por un canon mensual de $7,7 millones, en un contrato comercial vigente por 36 meses (2025–2028) para el almacenamiento de insumos del Programa de Alimentación Escolar.

Es decir, el mismo espacio que hoy le cuesta al municipio $125 millones mensuales, hace poco se alquilaba por una fracción de ese valor. La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica la coexistencia de contratos sobre un mismo inmueble con valores abiertamente disímiles?

Al revisar la Resolución No. 2222 de 2025, que sustenta la contratación directa de esta bodega, se encuentra que el elevado canon incluye una dotación básica —electrodomésticos y estantería industrial— para el manejo del archivo.

Pero lo preocupante no es lo que incluye, sino lo que falta: en los estudios previos no existe un análisis económico serio que explique cuánto vale realmente esa dotación ni cómo incide en el precio final. Así, resulta imposible justificar el salto de $7,7 millones a $125 millones mensuales por el mismo inmueble.

Peor aún, el valor del contrato parece haberse construido mirando hacia atrás —con base en contratos anteriores del mismo municipio— y no a partir de criterios técnicos objetivos. Cuando los números se arman así, más que estudios, lo que hay es una validación de cifras que ya venían infladas.

Prueba de ello es el estudio de mercado realizado por la DIAN para el arrendamiento de una bodega en el parque industrial con destino a su archivo en la vigencia 2026. Las cifras son claras y no admiten maquillaje: entre 2023 y 2024, el valor anual de estos arrendamientos ronda los 119 millones de pesos. Sí, anual.

Mientras tanto, en Sincelejo se pagan cerca de 125 millones… pero al mes. La pregunta es inevitable: ¿Cómo se justifica que un solo mes cueste más que todo un año en condiciones de mercado? Aquí no hay margen para interpretaciones técnicas ni excusas administrativas; lo que hay es una brecha escandalosa que exige explicaciones de fondo y, sobre todo, responsabilidades de los supervisores del contrato.

A estos hechos se suma un elemento que también merece ser examinado con cuidado. La representante legal de la empresa arrendadora, Constructora Inmobiliaria Shalom, es la señora Angélica Carolina Pastrana Puche, quien no solo presentó la propuesta económica, sino que además suscribió el contrato y su acta de inicio.

Según información conocida públicamente, esta misma persona estaría actualmente vinculada al Programa PAE como coordinadora administrativa y de talento humano, donde ha sido señalada por manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar por presuntos episodios de maltrato laboral.

Lo que aquí queda en evidencia es una especie de puerta giratoria contractual y personal, donde un mismo inmueble termina siendo utilizado en operaciones de arrendamiento cuestionables, con una representante legal que aparece en más de un frente dentro de la misma dinámica.

Este exorbitante canon de arrendamiento no es una cifra abstracta: son cientos de millones de pesos que salen del bolsillo de los ciudadanos y cuyo contrato para la videncia 2026  se presenta descaradamente dentro del informe de gestión presentado por  secretaria administrativa de la Alcaldía de Sincelejo al Concejo Municipal.

Lo más vergonzoso es que la honorable concejal Milena Toro Oviedo, tras una investigación rigurosa, presentó una proposición para citar a la dependencia implicada y exigir explicaciones sobre su gestión.

Sin embargo, el secretario nunca apareció, y peor aún, el Concejo guardó silencio: no hubo presión, no hubo control político real. Solo quedó en evidencia una preocupante permisividad frente a hechos que exigen respuestas.

En una ciudad que hoy enfrenta un déficit fiscal superior a los $120 mil millones, decisiones como esta no solo golpean las finanzas públicas, sino que también ponen en entredicho la transparencia y la legalidad de la administración Acuña y de sus coadministradores «el Concejo de Sincelejo».

Mientras tanto, la ciudad es entretenida como en un bingo ambulante, con electrodomésticos que se entregan bajo la bandera del emprendimiento sin un procedimiento claro de selección de los supuestos emprendedores beneficiados. Pero más allá del espectáculo, queda una duda de fondo: ¿ Si estos detallitos también se están financiando con recursos públicos de todos los sincelejanos?

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La irresponsabilidad financiera y los incumplimientos entre la administración municipal y el consorcio operador no solo están poniendo en riesgo la estabilidad alimentaria y la permanencia de más de 40 mil estudiantes del sector oficial, sino que además impactan directamente a 900 familias que hoy quedan en condición de vulnerabilidad.

En ese contexto, los manipuladores son quienes preparan, transforman y sirven los alimentos en las instituciones educativas. Son, en la práctica, quienes sostienen el trabajo más duro del programa.

Lo hacen en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y cargas físicas que han terminado afectando su salud. Muchos padecen enfermedades de origen laboral que enfrentan en silencio, sin registro ni reconocimiento dentro de la ejecución del programa.

Según el anexo técnico del convenio, los manipuladores de alimentos se distribuyen en tres grupos: 308 encargadas de los complementos alimentarios en jornada mañana y tarde, 136 responsables de los almuerzos en jornada única y 59 dinamizadoras en zona indígena.

En total, esto arroja 503 manipuladores para atender todas las instituciones educativas oficiales de Sincelejo. No obstante, se tiene conocimiento de al menos 900 manipuladores vinculados, lo que obliga a cuestionar la planeación del recurso humano del programa y si realmente existe una necesidad justificada de mayor contratación.

A lo anterior se suma que, dentro de los compromisos del Consorcio PAE Universal 2024–2027, se estableció la obligación de contratar, por su cuenta y riesgo, el personal requerido para la ejecución del convenio. En consecuencia, no existe vínculo laboral con la Alcaldía de Sincelejo, siendo este personal de exclusiva responsabilidad del consorcio.

Así, la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado no solo evidencia fallas en la estructuración del programa, sino que también deja claro quién debe responder por las condiciones laborales y la eventual sobrecontratación.

Mientras la estabilidad laboral de los manipuladores en Sincelejo va en retroceso, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar expidió la Circular 008 de 2025 en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 2466 de 2025, norma que busca la formalización laboral y la garantía de derechos de los manipuladores de alimento del PAE a nivel nacional.

Sin embargo, en Sincelejo ocurre lo contrario. Para la vigencia 2026, el consorcio vinculó al personal a través de la agencia Alianza Global Empresas S.A.S., mediante contratos de trabajador en misión por obra o labor.

Es decir, se tercerizó la vinculación de un personal que, por mandato legal, debía ser formalizado directamente. Una práctica que desconoce los compromisos del convenio y resulta contraria a la ley.

El 27 de marzo de 2026, dicha empresa notificó la terminación del contrato a cerca de 900 manipuladores de alimentos. Lo hizo, además, adeudando la liquidación de 2025 y los salarios de enero, febrero y marzo de 2026, en acreencias que superan los 8 mil millones de pesos.

En medio de este escenario, hoy se intenta desviar la atención trasladando la responsabilidad por la suspensión del PAE a la UApA y al  Consorcio PAE 2024-2027  operador  del programa, a quien muy  probablemente  le declararán el incumplimiento y le haran efectivas las polizas.

Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿ quién responde por las 900 manipuladoras que hoy quedan en el limbo? Mujeres y hombres cabeza de hogar, algunos con hijos en condición de discapacidad o con necesidades especiales.

Aquí no hay excusas que valgan. Mientras se reparten responsabilidades, 900 personas siguen sin salario y sin respuestas. Lo que está en juego no es solo un contrato, es la dignidad de quienes hoy fueron abandonados por la administracion  municipal – Secretaria de Educacion – quien  debía hacerle supervision y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social al recurso humano vinculado al programa.

La llamada “modernización institucional” de la Alcaldía de Sincelejo se queda en pañales frente a este despojo de los derechos laborales de las manipuladoras del PAE. Dos historias distintas, pero con un mismo hilo conductor: la pésima administración de Yahir Acuña Cardales quien es el único responsable de este desastre.

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