ASOCAINSUC es el nuevo nombre que aparece alrededor de la contratación de la Alcaldía de Sincelejo. Una asociación de cabildos indígenas, reconocida oficialmente por el Ministerio del Interior en mayo de 2025, pasó en menos de un año a administrar cerca de $9.839 millones de pesos mediante contratación directa. Esa velocidad merece, por lo menos, una explicación pública.
Las administraciones no solo dejan obras; también dejan modelos de contratación. En mi opinión, Yahir Acuña ya construyó el suyo. Primero fue la Corporación 20 de Enero. Después el Fondo Mixto Sierra Nevada. Más tarde el Consorcio PAE Universal 2024-2027. Luego las asociaciones utilizadas para ejecutar convenios deportivos FUNPROBIDES. Ahora aparece ASOCAINSUC, una asociación de cabildos indígenas en menos de un año, terminó administrando miles de millones mediante contratación directa.
El nuevo ejecutor tampoco es un desconocido para la política sucreña. La Asociación de Cabildos Indígenas de Sucre (ASOCAINSUC), integrada por cabildos indígenas de Sincelejo: Santa Cruz, Las Huertas, Putumayo Laguna Flor, Altoplano San Antonio, Chocho y de Tolu Viejo: Puerto Viejo, fue constituida el 17 de septiembre de 2024 y obtuvo reconocimiento oficial del Ministerio del Interior el 9 de mayo de 2025. Su representante legal es Walberto Antonio Estrada Padilla, exdiputado del departamento de Sucre, ampliamente conocido en la política regional por los procesos judiciales que enfrentó en el contexto de la parapolítica.
El estreno llegó con el Convenio Interadministrativo No. 010-2025, mediante el cual el Municipio entregó a ASOCAINSUC $7.752 millones para la rehabilitación de vías terciarias. El convenio fijó un plazo de ejecución de cuatro meses, con fecha máxima de terminación el 31 de diciembre de 2025. Ese plazo ya venció. La etapa de las promesas terminó y comenzó la de los resultados.
Precisamente por eso llamó la atención el video que recientemente circuló en redes sociales desde el corregimiento La Peñata. En las imágenes se observa a varios habitantes utilizando cáñamos para evitar resbalar mientras acompañaban un cortejo fúnebre entre el barro. Corresponde a la Alcaldía aclarar si esa vía hacía parte o no de las contempladas dentro del convenio.
Una imagen que ningún informe de interventoría puede borrar: mientras el contrato terminó sobre el papel, en La Peñata todavía hay familias que tienen que sacar a sus muertos entre el barro. Ese video dice más sobre el estado de muchas vías rurales que cualquier balance oficial. Aun asi la Secretaria de Infrestructura certifico la idoneidad de ASOCAINSUC.
El segundo contrato demuestra que no se trató de un caso aislado. Mediante el Contrato Interadministrativo No. 003-2026, suscrito el 3 de julio de 2026, la administración volvió a contratar directamente con ASOCAINSUC, esta vez por $2.087.065.432, para administrar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del sistema CCTV de Sincelejo.
La misma asociación que administró un convenio para rehabilitar vías rurales terminó administrando la infraestructura tecnológica sobre la que descansa buena parte de la seguridad del municipio.
No estamos hablando de afirmado de carreteras. Estamos hablando de cámaras de videovigilancia, fibra óptica, servidores, redes de comunicación y equipos especializados. La pregunta, entonces, no es si el contrato era legal. La pregunta es otra: ¿quién convenció a la Alcaldía de que una asociación de cabildos indígenas oficialmente reconocida apenas un año antes era la mejor opción para administrar una infraestructura estratégica para la seguridad de Sincelejo?
Los estudios previos de ambos convenios dedican varias páginas a justificar la contratación directa y la naturaleza jurídica de las asociaciones de cabildos indígenas. Sin embargo, cuando llega el momento de explicar por qué ASOCAINSUC era la mejor opción para administrar proyectos tan distintos como vías terciarias y el sistema tecnológico de seguridad del municipio, la explicación se reduce a afirmar que la entidad cumple con la idoneidad. Para una decisión de casi 10 mil millones de pesos, esa respuesta luce insuficiente.
Lo realmente importante aparece en una cláusula del propio contrato del sistema CCTV. ASOCAINSUC podrá ejecutar el proyecto directamente o mediante operadores especializados, conservando la responsabilidad frente al Municipio. Allí, en mi opinión, está la esencia del modelo que viene consolidando esta administración.
El Municipio ya no contrata necesariamente con quien ejecutará materialmente la obra o el servicio. Contrata un administrador que luego puede apoyarse en terceros para desarrollar el objeto contractual. Aunque estas figuras tienen respaldo legal, su utilización recurrente cambia la forma en que se administra el presupuesto y reduce el protagonismo de los procesos abiertos de selección que deben ser convocados por Secop II .
Por eso considero que ASOCAINSUC no es el problema. Tampoco lo son las comunidades indígenas ni sus autoridades, cuyo reconocimiento constitucional nadie discute. El problema es el modelo que abre camino a focos de corrupción sin control de un alcalde que ha resultado tener una sed voraz e insaciable para dilapidar recursos publicos.
Las administraciones pasan, pero sus modelos de contratación quedan. Y si algún sello parece empezar a caracterizar el gobierno de Yahir Acuña, no es únicamente el tamaño multimillonario de sus contratos, sino la decisión de concentrar la ejecución del presupuesto en una sucesión de entidades administradoras de carácter privado que nos llevan a preguntar ¿ a que le tiene miedo Yahir Acuña a no someter sus convocatorias de contratación publica a Secop II?
Los sincelejanos tienen derecho a saber por qué ese modelo sustituyó progresivamente la contratación abierta y por qué la administración considera que ese camino ofrece mayores garantías de transparencia, competencia y control. Hasta hoy, esa explicación sigue sin convencer.
Posdata: ¿Será que Walberto Estrada , es el nuevo Hector Chavez de Yahir Acuña ?
