En Sincelejo no suben los precios de los arriendos: se disparan. El mismo inmueble que antes costaba $7,7 millones mensuales pasó a costarle al municipio, a finales de 2025, cerca de $125 millones al mes, y hoy ese mismo contrato supera los $1.400 millones anuales para la vigencia 2026.
No es actualización catastral, no es valorización: es un incremento de más del 1.000%. Y, para que el cuadro esté completo, reaparece el cuestionado Consorcio PAE Universal 2024–2027, dejando serias dudas sobre cómo se están administrando los recursos públicos bajo la administración del alcalde Yahir Acuña Cardales.
Se trata del contrato de arrendamiento No. 0011 de 2025, suscrito entre la Constructora Inmobiliaria Shalom y la Alcaldía de Sincelejo, mediante el cual se alquila la bodega 2, ubicada en la carrera 4F No. 40-7, en el sector industrial de la ciudad, para el funcionamiento del archivo de gestión y el archivo central del municipio.
El contrato fue celebrado por un plazo de cuatro meses, por un valor total cercano a los $500 millones, IVA incluido, lo que equivale a un canon mensual de aproximadamente $125 millones de pesos.
Lo verdaderamente insólito es que este mismo inmueble, apenas meses antes, había sido arrendado por el Consorcio PAE Universal 2024–2027 y suscrito por su polémico representante legal Héctor José Chavez Rodriguez y el señor Óscar David Cardona Ávila por un canon mensual de $7,7 millones, en un contrato comercial vigente por 36 meses (2025–2028) para el almacenamiento de insumos del Programa de Alimentación Escolar.
Es decir, el mismo espacio que hoy le cuesta al municipio $125 millones mensuales, hace poco se alquilaba por una fracción de ese valor. La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica la coexistencia de contratos sobre un mismo inmueble con valores abiertamente disímiles?
Al revisar la Resolución No. 2222 de 2025, que sustenta la contratación directa de esta bodega, se encuentra que el elevado canon incluye una dotación básica —electrodomésticos y estantería industrial— para el manejo del archivo.
Pero lo preocupante no es lo que incluye, sino lo que falta: en los estudios previos no existe un análisis económico serio que explique cuánto vale realmente esa dotación ni cómo incide en el precio final. Así, resulta imposible justificar el salto de $7,7 millones a $125 millones mensuales por el mismo inmueble.
Peor aún, el valor del contrato parece haberse construido mirando hacia atrás —con base en contratos anteriores del mismo municipio— y no a partir de criterios técnicos objetivos. Cuando los números se arman así, más que estudios, lo que hay es una validación de cifras que ya venían infladas.
Prueba de ello es el estudio de mercado realizado por la DIAN para el arrendamiento de una bodega en el parque industrial con destino a su archivo en la vigencia 2026. Las cifras son claras y no admiten maquillaje: entre 2023 y 2024, el valor anual de estos arrendamientos ronda los 119 millones de pesos. Sí, anual.
Mientras tanto, en Sincelejo se pagan cerca de 125 millones… pero al mes. La pregunta es inevitable: ¿Cómo se justifica que un solo mes cueste más que todo un año en condiciones de mercado? Aquí no hay margen para interpretaciones técnicas ni excusas administrativas; lo que hay es una brecha escandalosa que exige explicaciones de fondo y, sobre todo, responsabilidades de los supervisores del contrato.
A estos hechos se suma un elemento que también merece ser examinado con cuidado. La representante legal de la empresa arrendadora, Constructora Inmobiliaria Shalom, es la señora Angélica Carolina Pastrana Puche, quien no solo presentó la propuesta económica, sino que además suscribió el contrato y su acta de inicio.
Según información conocida públicamente, esta misma persona estaría actualmente vinculada al Programa PAE como coordinadora administrativa y de talento humano, donde ha sido señalada por manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar por presuntos episodios de maltrato laboral.
Lo que aquí queda en evidencia es una especie de puerta giratoria contractual y personal, donde un mismo inmueble termina siendo utilizado en operaciones de arrendamiento cuestionables, con una representante legal que aparece en más de un frente dentro de la misma dinámica.
Este exorbitante canon de arrendamiento no es una cifra abstracta: son cientos de millones de pesos que salen del bolsillo de los ciudadanos y cuyo contrato para la videncia 2026 se presenta descaradamente dentro del informe de gestión presentado por secretaria administrativa de la Alcaldía de Sincelejo al Concejo Municipal.
Lo más vergonzoso es que la honorable concejal Milena Toro Oviedo, tras una investigación rigurosa, presentó una proposición para citar a la dependencia implicada y exigir explicaciones sobre su gestión.
Sin embargo, el secretario nunca apareció, y peor aún, el Concejo guardó silencio: no hubo presión, no hubo control político real. Solo quedó en evidencia una preocupante permisividad frente a hechos que exigen respuestas.
En una ciudad que hoy enfrenta un déficit fiscal superior a los $120 mil millones, decisiones como esta no solo golpean las finanzas públicas, sino que también ponen en entredicho la transparencia y la legalidad de la administración Acuña y de sus coadministradores «el Concejo de Sincelejo».
Mientras tanto, la ciudad es entretenida como en un bingo ambulante, con electrodomésticos que se entregan bajo la bandera del emprendimiento sin un procedimiento claro de selección de los supuestos emprendedores beneficiados. Pero más allá del espectáculo, queda una duda de fondo: ¿ Si estos detallitos también se están financiando con recursos públicos de todos los sincelejanos?
