En agosto de 2024, los miles de millones de pesos transferidos por el municipio de Sincelejo, provenientes de los impuestos de los ciudadanos, a la Corporación 20 de Enero para promover el arte, la cultura y la sana convivencia, habrían terminado en gran parte destinados a un verdadero banquete gastronómico del cual no existirían soportes claros sobre los afortunados comensales beneficiarios.
La millonaria contratación también habría convertido a un joven proveedor principiante en un verdadero “zar de los almuerzos y refrigerios”, tras resultar favorecido con un contrato que, pese a su elevada cuantía, no habría sido sometido a convocatoria pública de oferentes. Lo más llamativo es que haría parte del círculo de personas cercanas y políticamente favorecidas alrededor del alcalde Yahir Acuña Cardales, del que también hacen parte nombres como Héctor Chávez.
El municipio de Sincelejo, mediante la Resolución No. 1559 del 21 de agosto de 2024, transfirió a la Corporación 20 de Enero la suma de 7.535 millones de pesos, supuestamente destinados a apoyar actividades artísticas, culturales, de sana convivencia y desarrollo de talentos en la capital sucreña. El plazo de ejecución fue fijado entre el 22 de agosto y el 31 de diciembre de 2024.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que únicamente la actividad correspondiente a alimentación y refrigerios recibiera una asignación de 2.325 millones de pesos, equivalente a cerca del 31 % del presupuesto total.
Dichos recursos habrían sido ejecutados por un subalterno político de Yahir Acuña, cuyos antecedentes conocidos no evidenciarían capacidad operativa ni financiera suficiente para asumir una operación de semejante magnitud: suministrar 75.000 almuerzos y 75.000 refrigerios en apenas 30 días.
Se trata de Juan Daniel Castro Pérez, quien como persona natural suscribió el contrato SCDE-SUM-03 de 2024 con la Corporación 20 de Enero para la prestación de servicios de almuerzos y refrigerios dentro del marco de ejecución de la Resolución 1559 del 21 de agosto de 2024, por un plazo de 30 días y la nada despreciable suma de 2.325 millones de pesos.
Un joven contratista que, para el momento de la celebración del contrato, apenas tenía 26 años y actuaba como comerciante independiente inscrito en la matrícula mercantil de persona natural de la Cámara de Comercio de Sincelejo. Dentro de sus actividades económicas registradas aparecen la comercialización de productos alimenticios y el comercio al por menor de alimentos y bebidas.
Llama la atención que el contratista solo habría abierto su matrícula mercantil el 26 de mayo de 2024, con el establecimiento Mercado para Todos Víveres y Abarrotes, es decir, apenas cuatro meses antes de la celebración del millonario contrato suscrito en agosto con la Corporación 20 de Enero.
Más sorprendente aún resulta que, en el balance financiero inicial de su negocio, declarara activos corrientes por apenas 100 millones de pesos y registrara ingresos de actividades ordinarias por el orden de los 1.000 pesos, cifras que generarían serios interrogantes sobre si realmente contaba con la capacidad operativa, logística y financiera necesaria para asumir un contrato de semejante magnitud.
Al joven contratista se le habría entregado la responsabilidad de suministrar 2.500 almuerzos —a un valor de $21.000 cada uno— y 2.500 refrigerios —a $10.000— diarios durante 30 días calendario, es decir, un total de 150.000 raciones alimentarias en apenas un mes. Una cifra de enormes proporciones para una ciudad como Sincelejo y que plantea serios interrogantes sobre la capacidad logística, operativa y financiera del contratista.
Para ejecutar una operación alimentaria de semejante magnitud se habría requerido una sólida estructura operativa, incluyendo cocina industrial, capacidad de almacenamiento y transporte, personal suficiente para la preparación y distribución de alimentos, así como músculo financiero para sostener la ejecución continua de 150.000 raciones en tan corto tiempo.
Pero más allá de las dudas sobre la capacidad financiera y logística del contratista, también empiezan a surgir interrogantes sobre la trazabilidad real de las entregas.
Hasta ahora no existiría claridad suficiente sobre los listados de beneficiarios, actas de entrega, registros fotográficos ni mecanismos de verificación que permitan establecer cómo, dónde y a quiénes fueron distribuidas las 150.000 raciones alimentarias reportadas.
Lo único que hasta ahora se avizora en los informes del contrato son algunas imágenes de entrega de alimentos en una reconocida megaiglesia de la ciudad, en las que claramente no se logra evidenciar ni soportar la enorme cantidad de raciones comprometidas en la ejecución contractual.
A pesar del deficiente soporte documental allegado a la carpeta contractual, el gerente de la Corporación 20 de Enero, Luis Arturo Payares Quessep, habría firmado sin mayor reparo el certificado de cumplimiento contractual que permitió girarle al contratista un anticipo por la suma de 750 millones de pesos.
Una situación que dejaría en evidencia la alarmante flexibilidad con la que aparentemente se estarían manejando los recursos públicos al interior de esta entidad de economía mixta, donde los controles parecerían diluirse con la misma facilidad con la que se desembolsan las millonarias sumas provenientes del bolsillo de los sincelejanos.
Todo lo anterior sería apenas la punta del iceberg, pues también se tendría conocimiento de que este mismo contratista habría facturado al Consorcio PAE Universal 2024–2027 miles de millones de pesos, a través de la Asociación de Pequeños Cultivadores de La Negra, entidad de la cual figura como representante legal.
Relación comercial que se puede constatar en el cheque No. AD649513 de Bancolombia girado a favor de Juan Daniel Castro Pérez el 25 de noviembre de 2024 por la suma de 412 millones de pesos, firmado por Héctor Chávez, representante legal del Consorcio PAE Universal 2024-2027.
Lo más insólito y paradójico de todo, queridos lectores, es que frente a los millonarios contratos podría presumirse que el joven emprendedor nada en opulencia, excentricidades y lujos.
Nada más alejado de la realidad, pues actualmente se desempeña como asistente del alcalde en la supervisión de las obras de recuperación vial en diferentes sectores de la ciudad, acompañando además las visitas barriales que realiza Yahir Acuña.
Al final, lo verdaderamente preocupante no es solo que un contrato multimillonario destinado supuestamente a promover el arte, la cultura y la sana convivencia haya terminado concentrado en almuerzos y refrigerios.
Lo más inquietante es la creciente sensación de que en Sincelejo algunos jóvenes estarían siendo instrumentalizados para aparecer formalmente al frente de operaciones rodeadas de opacidad, mientras detrás del poder pareciera existir un mismo beneficiario que, silenciosamente, termina siendo el real favorecido de estos contratos millonarios.
Posdata: A este paso, ya podríamos estar hablando de la “Asociación de los Suertudos de Sincelejo”, cuyo presidente honorario parecería ser Héctor Chávez y cuyo secretario bien podría ser Juan Daniel Castro Pérez.
