Mediante la Resolución 0565 del 19 de junio de 2026, la UNGRD para atender el Frente frio autorizó transferir a un fondo administrado por la Fiduprevisora S.A. $36.324 millones para que Sincelejo ampliara la cobertura del PAE y garantizara canastas alimentarias durante el receso escolar. Pero, como cosa rara, Yahir Acuña terminó dándole otro destino a la plata: sustituyó fuentes y destinó esos recursos a cancelar facturas vencidas del Consorcio PAE Universal 2024–2027 por cerca de $29.100 millones de pesos.
Ahora la UNGRD exige la devolución de la plata —vómito negro— porque no encuentra soportes de ejecución que acrediten las nuevas raciones alimentarias que debían financiarse. La pregunta del millón: ¿la plata llegó para ampliar el PAE o para pagar deudas viejas?
¿Pero de dónde salió semejante salvavidas? Del Frente Frío mis señores.
Así comienza la historia:
Mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en Sucre y otros departamentos del Caribe, luego de que un fenómeno hidrometeorológico extraordinario provocara lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en el territorio.
Posteriormente, la Alcaldía de Sincelejo expidió el Decreto 109 del 26 de febrero de 2026, mediante el cual acogió el Decreto Nacional, hizo extensivos sus efectos al municipio y estableció mecanismos de coordinación para atender la emergencia.
Como consecuencia de la calamidad, la Alcaldía elaboró el Plan de Acción Específico para Sincelejo, que identificó el evento como “inundaciones y deslizamientos”. El documento reportó lluvias atípicas, anegamientos urbanos, riesgos en viviendas y dificultades de acceso a comunidades. Ese fue el diagnóstico que sustentó la gestión de asistencia y recursos ante la UNGRD.
Al día siguiente – 27 de febrero de 2026- el jefe de la oficina de gestión de riesgo municipal solicitó formalmente a la UNGRD asistencia humanitaria y atención integral por la calamidad pública derivada del Frente Frío en Sincelejo. En el oficio pidió ayuda para atender a la población afectada y mitigar los riesgos provocados por el fenómeno climático registrado durante enero y febrero del 2026.
Meses después la plata empezó a tomar forma presupuestal, el 18 de junio de 2026, la UNGRD expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal —CDP No. 260854— por $36.324 millones de pesos, con cargo al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente a la subcuenta Frente Frío.
El objeto era claro: financiar la continuidad y ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar en Sincelejo, afectado por el fenómeno climatológico. Un día después vendría la decisión que pondría esos recursos a disposición del municipio.
Hay, además, un detalle que llama poderosamente la atención. El mismo 18 de junio de 2026 en que aparece fechada la solicitud de los $36.324 millones, el oficio lleva la firma de Yahir Fernando Acuña Cardales en calidad de alcalde de Sincelejo. Nada extraordinario, salvo por un pequeño detalle: para esa fecha estaba vigente la autorización concedida por el Concejo Municipal para ausentarse del país, permiso que comprendía del 2 de junio al 1 de julio.
Mientras el alcalde estaba autorizado para estar fuera de Colombia, su firma aparecía en Sincelejo solicitando a la UNGRD una bolsa de $36.324 millones para el PAE. Digamos que, administrativamente, el hombre estaba lejos; documentalmente, bastante presente.
Con una velocidad inconcebible, el mismo 18 de Junio la UNGRD acepta la solicitud de trasferencia de recursos para la “continuidad y ampliación “ del PAE de Sincelejo y un día después mediante la Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026, la UNGRD ordenó transferir esos $36.324.028.177 a un Fondo de Inversión Colectiva administrado por Fiduprevisora S.A. El acto administrativo estableció dos destinos concretos: ampliar la cobertura del PAE hasta la universalidad y garantizar las canastas alimentarias durante el receso escolar.
Además, dejó expresamente establecido que los recursos “solo podrán destinarse” a esos fines y que su ejecución debía estar respaldada mediante la correspondiente contratación derivada y los soportes de ejecución.
El 23 de junio de 2026, -con permiso vigente de salida del país- nuevamente el mismo Yahir Acuña presenta ante la UNGRD un oficio contentivo del Plan de Trabajo para ejecutar los $36.324 millones. Allí proyectó garantizar la continuidad del PAE para 46.071 estudiantes durante 78 días del calendario escolar.
Hasta ahí, todo parecía estar en orden. Pero el documento introdujo una pequeña —aunque bastante significativa— particularidad: señaló que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Es decir, la plata que llegaba con destinación específica para garantizar la continuidad y ampliación del PAE también aparecía como un alivio para las obligaciones que el municipio ya tenía atrasadas con su operador PAE Universal por haber disminuido el recaudo de recursos propios disque por la afectación del frente frio.
Y aquí aparece otra pequeña incomodidad documental. La Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026 exigía que el Plan de Trabajo fuera presentado por la alcaldía dentro de los ocho días siguientes a la notificación y que, además, obtuviera el aval de la UNGRD.
El municipio fue notificado el 22 de junio, el plazo vencía el 30 y solo fue remitido el 8 de julio, dieciséis días después de la notificación y sin que existiera el aval exigido. La consecuencia el plan no fue avalado, por lo tanto no existían gastos aprobados que delimitaran el destino de los recursos. Es decir, el municipio tenía en sus manos $36.324 millones cuyo destino concreto —en los términos exigidos por la resolución— ninguna autoridad competente había aprobado.
No siendo suficiente lo anterior apareció una típica Yahirada con la expedición de la Resolución 1444 de 2026, por medio de la cual la Alcaldía de Sincelejo se pasó por la faja le Ley , y dispuso cancelar el Fondo de Inversión Colectiva y ordenar a Fiduprevisora girar los recursos a una cuenta del municipio donde maneja recursos propios.
Decisión, cuestionada por la UNGRD: pues lo autorizado era el flujo del Fondo -Nacional de Gestión de Riesgo FNGRD – hacia el FIC para ejecutar el PAE, y la alcaldía hizo exactamente lo contrario, sacar los recursos del FIC hacia sus propias cuentas municipales. En otras palabras, se invirtió el sentido de la plata y, según la UNGRD, la Alcaldía no tenía competencia para impartir esa instrucción a Fiduprevisora.
El cuento del Frente Frío empieza a calentarse. La Alcaldía había dejado escrito en su propio Plan de Trabajo que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Vaya coincidencia, poco después aparecen cinco facturas del Consorcio PAE Universal por $29.115 millones correspondientes a servicios de octubre de 2025 y de marzo, abril, mayo y junio de 2026. Cuatro de ellas, por más de $23.000 millones, fueron radicadas y aceptadas entre el 16 y el 23 de julio, justo antes de que el 24 de julio salieran del FIC los $36.324 millones de pesos.
Dicho sin tanto rodeo: el plan ya había anunciado la jugada y las acreencias estaban listas para entrar al escenario. La plata llegó para el PAE, pero el alivio financiero terminó mirando hacia las deudas del operador.
Otra curiosidad del Plan de Trabajo. La Resolución 0565 hablaba de ampliar la cobertura universal del PAE y garantizar canastas durante los recesos educativos; pero cuando la Alcaldía aterrizó los números, la cosa cambió de forma: presentó un plan de cofinanciación del PAE por $36.436 millones para 78 días del calendario escolar, financiado con $36.324 millones del Frente Frío y $112,8 millones de recursos propios.
En el cuadro no aparece una partida separada para ampliar cobertura ni otra para las canastas del receso. La plata de la emergencia terminó convertida, sobre el papel, en la fuente principal para financiar el PAE ordinario. Como dicen en contabilidad: cambió el apellido, pero la plata seguía siendo la misma.
Ahora con ustedes señores la Fiduprevisora quien llego pidiendo» los papeles» . El 17 de septiembre solicitó a la Alcaldía los contratos, convenios, órdenes de servicio, ejecución financiera y física y soportes que demuestren qué pasó con los $36.324 millones.
Si aparecen —o no— los documentos que expliquen dónde terminó la plata, ya no importa, la UNGRD ya puso el punto final: exige su devolución.
En conclusión la historia del Frente Frío termino siendo bastante sencilla: llegaron $36.324 millones para alimentar estudiantes, aparecieron acreencias por $29.115 millones, se cambió el rumbo del dinero y ahora toca devolverlo. En pocas palabras el vomito negro o “del negro”.
Posdata: Sera casualidad que esos recursos llegaron en plena contienda electoral de segunda vuelta es decir no se perdieron “Cepediaron” aun asi los mordió el “Tigre”.
