No es una idea nueva. En Justicia social. Un engaño con fines políticos, al analizar la obsesión por la igualdad, sostengo que el igualitarismo parte de la comparación. El individuo observa a otro, identifica una condición que considera superior y desea alcanzar aquello que el otro posee. Cuando esa comparación se convierte en frustración frente al éxito ajeno, aparece la envidia; cuando esa emoción se prolonga, se transforma en resentimiento y, finalmente, en odio.

Aquí encontramos una de las grandes paradojas del progresismo: mientras proclama combatir las desigualdades, puede terminar alimentando una cultura obsesionada con ellas. Ya no importa únicamente mejorar la condición propia; importa que nadie esté demasiado por encima. El éxito ajeno deja de ser un ejemplo de lo que puede alcanzarse y se convierte en algo que debe ser cuestionado, limitado o incluso castigado.

Por eso resulta tan revelador observar la reacción frente a quien gobierna haciendo precisamente aquello que sus adversarios no lograron hacer: trabajar por todos los colombianos, sin importar su color de piel, su condición económica o su pensamiento político. En apenas una semana de mandato, el presidente ha tenido que enfrentar simultáneamente las consecuencias de las fuerzas de la naturaleza, a los malhechores que perturban la tranquilidad de los colombianos y a una oposición que todavía parece no asimilar el resultado electoral.

Mientras unos trabajan para reconstruir y proteger, otros están empeñados en destruir, desacreditar y obstaculizar. No construyen, destruyen; no colaboran, estorban.

Cuando la política abandona la realidad y se instala en el resentimiento, el resultado es diferente. El éxito del adversario se convierte en una ofensa. Su triunfo parece insoportable. Sus resultados deben ser minimizados, ridiculizados o negados, porque reconocerlos significaría aceptar que las ideas defendidas durante años quizá no eran tan exitosas como se prometía.

Ese es precisamente el punto en el que la obsesión por la igualdad se convierte, como planteo en el libro, en una enfermedad mental y del alma: no porque toda discrepancia política sea enfermiza, sino porque la comparación permanente puede deformar la manera de interpretar la realidad.

Quien vive atrapado en el resentimiento termina siendo incapaz de contemplar el conjunto; buscará obsesivamente aquello que considera negativo, incluso cuando exista alrededor un universo de cosas buenas. En su sufrimiento, no verá los avances: buscará el defecto. No reconocerá los resultados: buscará el fracaso. No celebrará el bien: necesitará encontrar aquello que pueda utilizar para justificar su resentimiento.

Este gobierno apenas comienza, pero el dolor de gran parte de la izquierda frente al resultado electoral es evidente. Ahora solo tiene dos caminos: asumir que Abelardo De La Espriella es el presidente de Colombia, evaluar objetivamente su labor y ejercer una oposición democrática y responsable; o continuar desconociendo el resultado de las urnas y convertir los próximos cuatro años en un permanente ejercicio de frustración política.

La democracia no consiste en gobernar únicamente cuando ganamos, sino también en saber reconocer la legitimidad de quien gana cuando perdemos.

Colombia no necesita una política construida sobre el malestar frente al éxito ajeno. Necesita recuperar una cultura que premie el esfuerzo, la responsabilidad, el mérito y la capacidad de producir resultados. Es pertinente dejar atrás la verborrea y la ineptitud del gobierno anterior y permitir que los resultados hablen por sí mismos.

En efecto, el sufrimiento progresista no solo será consecuencia de lo que haga el nuevo gobierno, sino también de la incapacidad de algunos para aceptar que otros pueden hacer aquello que ellos prometieron y no pudieron.

Y cuando la envidia se convierte en resentimiento, el resentimiento en odio y el odio termina gobernando la percepción de la realidad, ya no estamos simplemente ante una diferencia política: estamos ante una enfermedad mental y del alma que hace que, dentro de un universo de cosas buenas, solo pueda verse aquello que se considera malo.

Porque ese es el drama del resentimiento: no necesita que todo esté mal para sufrir; necesita encontrar algo malo para justificar su sufrimiento.

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Quiero destacar especialmente a muchos de aquellos jóvenes que durante el estallido social fueron señalados, estigmatizados y presentados ante buena parte del país únicamente desde la confrontación. Muchos de ellos hicieron parte de la llamada Primera Línea y cargaron durante años con una pesada etiqueta. Hoy, sin embargo, algunos de esos mismos jóvenes han demostrado que detrás de aquella movilización también existían profundas inconformidades sociales, pero, sobre todo, una enorme capacidad de organización, solidaridad y compromiso con sus comunidades.

Lo ocurrido en Cali nos deja una enseñanza que Colombia no debería ignorar: solo el pueblo salva al pueblo. Cuando una comunidad decide organizarse para proteger la vida, ayudar al que lo necesita y acompañar al vecino en momentos difíciles, demuestra que la solidaridad ciudadana puede convertirse en una poderosa herramienta para enfrentar la adversidad.

Y mientras esto ocurre en otras regiones, en Sucre seguimos asistiendo con preocupación a una sucesión de asesinatos que enlutan a nuestras comunidades. Lo más doloroso no es solamente la pérdida de vidas humanas; también preocupa el silencio, la falta de respuestas contundentes y la sensación de que muchas familias terminan enfrentando el miedo y el dolor prácticamente solas.

No podemos acostumbrarnos a contar muertos. No podemos normalizar que la violencia se convierta en una estadística más ni aceptar que las disputas políticas, los intereses particulares o las conveniencias electorales estén por encima de la vida de los sucreños. Frente a cada asesinato debería existir una respuesta institucional clara, una investigación eficaz y, sobre todo, una política pública que coloque la protección de la vida como prioridad absoluta.

Por eso, Sucre tiene que mirar hacia Cali y aprender de esa capacidad de organización ciudadana. No se trata de copiar una experiencia ajena, sino de comprender su esencia: cuando el pueblo se une, deja de ser espectador de su propia historia y comienza a construirla.

Los sucreños tenemos que superar las divisiones que durante años nos han impuesto las estructuras políticas. Tenemos que encontrarnos en torno a lo esencial: la defensa de la vida, la seguridad, la dignidad, el empleo, la educación, la salud y las oportunidades para nuestros jóvenes. No podemos seguir eligiendo gobiernos cuyo principal propósito sea satisfacer intereses particulares de grupos políticos mientras las comunidades esperan soluciones.

El próximo desafío de Sucre no debería ser simplemente escoger entre nombres, partidos o alianzas electorales. Debería ser decidir qué clase de gobierno queremos. Uno que gobierne para unos pocos o uno que ponga en el centro a la gente.

Por eso, hoy más que nunca, debemos repetirlo y convertirlo en una convicción colectiva: solo el pueblo salva al pueblo.

Y si queremos que Sucre cambie, tendremos que comenzar por nosotros mismos: organizándonos, cuidándonos, acompañándonos y, llegado el momento, ejerciendo nuestro derecho al voto con memoria y responsabilidad. Porque un pueblo unido puede cambiar el rumbo de su historia y elegir un gobierno para el que ninguna vida sea menos importante que un interés político.

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Sucre dejó de ser, por un año, el segundo departamento más pobre de Colombia. La cifra del DANE es inequívoca: la incidencia de pobreza monetaria cayó de 57,5% en 2024 a 51,8% en 2025, una reducción de 5,7 puntos porcentuales, estadísticamente significativa. Es una de las mayores caídas del país. Pero antes de celebrar, conviene mirar de dónde vino esa mejora, porque no vino de donde uno esperaría.

Seguimos siendo el tercer departamento con mayor pobreza monetaria del país, detrás de Chocó (65,3%) y La Guajira (60,2%). Uno de cada dos sucreños continúa por debajo de la línea de pobreza. La mejora es real, pero el punto de partida era tan bajo que «mejorar» y «estar bien» siguen siendo cosas muy distintas.

El DANE descompone la variación de la pobreza en tres factores: crecimiento económico, distribución del ingreso y el efecto de la línea de pobreza (que sube cada año con la inflación). En Sucre, el crecimiento explicó -7,36 puntos porcentuales de la caída; la distribución del ingreso apenas aportó -0,88 puntos; y el ajuste de la línea de pobreza jugó en contra, sumando +2,56 puntos.

Es decir: Sucre no se volvió más equitativo en 2025. Se volvió, en el margen, un poco más dinámico económicamente. El ingreso laboral del hogar típico creció, y ese crecimiento (no una mejor repartición del ingreso) es lo que sacó a más de cincuenta mil personas de la pobreza.

La reducción de la pobreza en Sucre en 2025 fue un fenómeno de crecimiento, no de redistribución. Y el coeficiente de Gini, que apenas se movió de 0,509 a 0,503, lo confirma: la desigualdad estructural del departamento sigue prácticamente intacta.

Cuando se mira la variación del ingreso real por quintiles, aparece una asimetría que merece atención. El quintil más pobre de Sucre (Q1) vio crecer su ingreso real 7,0% entre 2024 y 2025, el crecimiento más bajo de los cinco quintiles. Los quintiles intermedios (Q2, Q3 y Q4) crecieron entre 11,9% y 12,8%. El quintil más rico creció 9,0%.

El ingreso laboral del quintil más pobre sí creció con fuerza (16,4%), pero ese avance fue parcialmente neutralizado por una caída fuerte en ayudas institucionales (-9,9 puntos). En términos simples: al hogar más pobre de Sucre le fue mejor en el mercado laboral, pero peor en las transferencias del Estado, y el resultado neto fue el crecimiento más modesto de todo el espectro de ingresos.

La pobreza en Sucre sigue teniendo una geografía social muy marcada: 87,1% de incidencia en hogares con tres o más niños menores de 12 años, 61,8% en hogares de cuatro o más personas, y 57,9% cuando el jefe de hogar trabaja por cuenta propia, frente a apenas 25,9% si es asalariado. Esa brecha de 32 puntos entre cuentapropismo y asalariamiento es una de las más altas del país y es, en el fondo, el mismo síntoma que hemos documentado en varios escritos: una economía departamental donde la informalidad no es la excepción, sino la norma laboral.

He insistido en que Sucre arrastra una estructura económica donde la terciarización espuria supera el 70% del PIB departamental y la informalidad ronda el 68%. Una caída de la pobreza impulsada por crecimiento laboral, sin mejora en la distribución y sin fortalecimiento de la protección institucional, es una mejora frágil: depende de que el ciclo económico se sostenga, no de que la estructura haya cambiado.

Los proyectos que están llegando al departamento, la terminal de regasificación de Cenit-Ecopetrol, el clúster de aluminio de GALTCO, el acueducto regional, el desarrollo marítimo de la Ley 2133, son, precisamente, la oportunidad de convertir un repunte cíclico en un cambio estructural.

Pero eso exige que el crecimiento que hoy reduce la pobreza también se traduzca en empleo formal, no solo en más ingreso informal. Si Sucre no resuelve su brecha de mano de obra calificada frente a esos proyectos (el argumento que desarrollé sobre los retos concretos para el SENA Regional Sucre, UniSucre e Instituciones de educación superior), el próximo ciclo económico adverso devolverá al departamento exactamente a donde estaba.

La cifra de 2025 merece reconocerse. No merece, todavía, sonar a victoria.

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Estamos plagados de análisis. Lo que empieza a escasear es la comprensión.

En política colombiana se ha vuelto habitual asistir a una competencia por encontrar la explicación más rápida. Ocurre algo y casi inmediatamente aparecen las certezas: que el Centro Democrático raicionó sus principios, que detrás de determinada decisión está el “petrouribismo”, que todo responde a una estrategia electoral, que alguien está negociando algo en secreto o que, de alguna manera, todos los acontecimientos terminan conectados.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

El problema no es que esas hipótesis existan. Algunas incluso pueden terminar siendo ciertas. El problema es la facilidad con la que se convierten en conclusiones sin haber pasado primero por algo mucho menos atractivo en la era de las redes sociales: comprender el contexto.

Porque comprender exige tiempo. Exige conocer antecedentes, identificar actores, distinguir intereses, revisar hechos, entender las reglas del juego y, sobre todo, aceptar que la realidad política suele ser bastante más compleja que el relato que queremos construir sobre ella.

Pero la complejidad tiene un problema: no suele hacerse viral.

Es mucho más sencillo decir “esto demuestra que…” que preguntarse qué ocurrió antes, qué alternativas tenían los protagonistas, qué intereses estaban en juego y qué otras explicaciones son posibles.

Así hemos terminado confundiendo opinión con análisis y convicción con conocimiento.

Hay una diferencia fundamental entre ambos. Opinar es un derecho y, además, es relativamente fácil. Analizar implica someter nuestras propias certezas a la posibilidad de estar equivocados.

Y ahí está quizás el verdadero problema.

Muchos no observan la política para comprenderla, sino para confirmar lo que ya pensaban.

Si un hecho favorece a quien simpatiza con ellos, encuentran en él una muestra de inteligencia política. Si favorece al adversario, encuentran una conspiración. Si un partido toma una decisión que no coincide con sus expectativas, inmediatamente hablan de traición. Si coincide, hablan de coherencia.

El mismo hecho puede convertirse en prueba de cualquier teoría dependiendo de quién lo interprete.

Eso no es análisis. Es prejuicio buscando argumentos.

Y hay algo todavía más preocupante: se ha instalado la idea de que comprender una decisión equivale a justificarla.

No.

Puedo comprender por qué un partido toma determinada decisión y seguir considerándola equivocada. Puedo explicar los intereses que mueven a un actor político sin compartirlos. Puedo reconocer la lógica de una estrategia sin estar de acuerdo con ella.

Comprender no es justificar. Explicar no es defender.

Precisamente por eso, el análisis serio no necesita convertir a todos los actores en héroes o villanos.

La política no funciona como una película en la que hay buenos y malos perfectamente identificables y cada acontecimiento tiene una única explicación. Hay intereses que coinciden y después se separan. Hay alianzas circunstanciales. Hay cálculos electorales. Hay errores. Hay contradicciones. Hay decisiones pragmáticas. Hay convicciones. Hay egos. Hay información que conocemos y otra que desconocemos.

Y, algunas veces, simplemente hay decisiones equivocadas.

No todo tiene que obedecer a una gran estrategia.

Pero las redes sociales tienen una particularidad: premian la seguridad, no la prudencia. Premian al que responde primero, no necesariamente al que comprende mejor. Premian la frase contundente, incluso cuando detrás de ella no hay investigación alguna.

Por eso abundan las explicaciones definitivas sobre asuntos que apenas están comenzando a desarrollarse.

El analista serio debería tener, por el contrario, una virtud que hoy parece poco rentable: la capacidad de decir “todavía no lo sé”.

Esa frase, que debería ser el comienzo de una investigación, en redes sociales parece una derrota.

Y no lo es.

A veces reconocer que faltan elementos para concluir es mucho más inteligente que fabricar una conclusión con los elementos disponibles.

Colombia necesita menos analistas empeñados en demostrar que siempre tienen razón y más personas dispuestas a entender por qué las cosas son como son antes de decidir qué pensar sobre ellas.

Porque quizá el verdadero problema de nuestra conversación política no sea la polarización.

Quizá sea algo más elemental: hemos aprendido a opinar a una velocidad muy superior a la que somos capaces de comprender.

Y así terminamos viendo política todo en todas partes, al mismo tiempo, incluso donde solamente había una decisión, una circunstancia o un hecho que todavía necesitábamos entender.

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Todo comenzó con una ausencia que, en principio, parecía tener una explicación sencilla: el viaje al Mundial de fútbol. El Concejo de Sincelejo autorizó a Acuña para ausentarse entre el 2 de junio y el 1.º de julio, período durante el cual la ciudad quedó bajo el encargo de Jhan Troaquero. Pero llegó el 1.º de julio y la historia no terminó allí. Yahir no volvió al ejercicio cotidiano del cargo y Sincelejo continuó con alcalde encargado.

Lo llamativo es que la ausencia de Yahir no significó su desaparición de la escena pública. El 20 de julio estuvo en Sincelejo, participó en los actos de Independencia y volvió a dejarse ver. El 9 de agosto apareció nuevamente en la inauguración del campeonato internacional de béisbol. Y mientras el alcalde titular hacía presencia en estos escenarios, otro seguía ejerciendo las funciones de la Alcaldía. Yahir estaba en la ciudad, pero el poder administrativo estaba en manos de otro.

La coincidencia adquiere otra dimensión cuando se mira el calendario judicial. La Corte Suprema tiene en sus manos la situación jurídica de Acuña y, según reveló Infobae, existe una ponencia que propone una medida de aseguramiento. La votación anterior terminó empatada y fue necesario acudir a un conjuez. Mientras la Corte discute qué hacer con la libertad del alcalde, Sincelejo lleva semanas siendo administrada por un encargado.

La historia judicial tampoco comenzó con su llegada a la Alcaldía. El expediente de 243 páginas identificado con el radicado 00164 registra que la actuación nació el 20 de junio de 2019, cuando la Sala Especial de Instrucción ordenó, mediante el Auto AEI0099-2019, compulsar copias dentro del radicado 34694. De allí surgió una actuación que pasó por investigación previa en 2020, instrucción formal en 2023 e indagatoria de Acuña el 28 de noviembre de ese año.

En ese expediente aparecen las declaraciones de Juan Manuel Borré Barreto, desmovilizado de las AUC y señalado en la actuación como fundador de Los Rastrojos Costeños. La Corte incorpora declaraciones en las que Borré manifestó conocer y mantener comunicación con Acuña y se refirió a supuestas relaciones políticas en la Costa. No se trata de convertir esas afirmaciones en una condena, pero sí de entender que la investigación que hoy puede comprometer la libertad del alcalde no nació ayer: lleva años avanzando en los despachos de la Corte.

Y aquí entra la parte que vuelve particularmente interesante la licencia. El proceso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, en la que la detención preventiva no opera automáticamente por la gravedad de una acusación. La Corte debe valorar, entre otros aspectos, la necesidad de la medida y sus fines, entre ellos evitar que el procesado pueda afectar la actividad probatoria o entorpecer la investigación. Y un alcalde en ejercicio no es cualquier investigado: tiene funcionarios bajo su órbita, acceso a información, documentos y capacidad de decisión administrativa.

Por eso, apartarse del despacho podría producir un efecto objetivo favorable para su defensa. Mientras un encargado administra la Alcaldía, disminuyen formalmente las herramientas institucionales directamente disponibles para el investigado. No puedo afirmar que esa haya sido la razón por la que Yahir pidió la licencia, porque el acto administrativo que explicaría sus motivos no está publicado. Pero tampoco resulta ingenuo preguntarse si una decisión que lo aparta del poder administrativo puede ser conveniente cuando la Corte está examinando precisamente su situación jurídica.

La paradoja es que Yahir parece haber perdido temporalmente el despacho sin perder la escena política. Está presente en la ciudad, conserva su condición de alcalde titular y aparece en eventos públicos, mientras otro funcionario carga con las responsabilidades administrativas. Fuera del despacho, pero no fuera del poder político.

Y aquí está el verdadero costo de esta historia. Mientras Yahir resuelve su situación frente a la justicia, Sincelejo no puede quedar atrapada en una Alcaldía en interinidad. Un alcalde encargado puede ejercer legalmente las funciones, pero la administración municipal necesita continuidad, dirección política y decisiones que no estén condicionadas por la incertidumbre sobre quién conduce realmente el gobierno. La ausencia de Acuña podrá ser conveniente para su estrategia personal; lo que está por verse es cuánto le cuesta esa ausencia a Sincelejo.

Mientras la Corte no tome una decisión definitiva, Yahir seguirá bajo la sombra de la justicia y la posibilidad de una medida que termine privándolo de la libertad ya no parece un escenario remoto. Pero hay algo que sí está ocurriendo desde ahora: la ciudad está pagando el precio de tener un alcalde titular ausente del despacho, presente en la escena pública y con su futuro político y judicial pendiente de una decisión de la Corte.

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El poder político puede cambiar de manos en un día; transformar la cultura de una nación puede tomar generaciones. Por eso, la batalla cultural inicia ahora, y Colombia necesita algo más que discursos: necesita principios, coherencia y resultados.

El primer desafío será la extrema coherencia. No basta con haber defendido durante la campaña la familia, la seguridad, la libertad, la propiedad privada, el libre mercado y la fe en Dios. Es necesario gobernar conforme a esos principios.

La coherencia exige convertir las convicciones en políticas públicas y las políticas públicas en resultados verificables. Un gobierno que promete libertad no puede expandir innecesariamente el Estado; quien defiende la propiedad debe garantizar seguridad jurídica; quien habla de disciplina fiscal debe administrar responsablemente los recursos públicos; y quien reivindica la familia debe protegerla.

La batalla cultural necesita resultados porque pocas cosas tienen mayor fuerza para defender una idea que una realidad que demuestra sus frutos.

El segundo desafío será despertar el sentido común. Durante años, determinadas narrativas han conseguido modificar el significado de las palabras hasta alterar la percepción de la realidad. La respuesta no puede ser imponer otra narrativa, sino recuperar la capacidad de pensar mediante la razón, la evidencia y los hechos.

Debemos volver a preguntar qué significan realmente conceptos como justicia social, igualdad, derechos o inclusión. La batalla cultural comienza cuando dejamos de aceptar las ideas de manera acrítica y aprendemos nuevamente a llamar las cosas por su nombre.

El tercer desafío será comprender correctamente el Estado laico. Laicidad no significa ateísmo ni exige expulsar a Dios de la vida pública. Sin embargo, existe una corriente progresista que pretende convertir la neutralidad religiosa del Estado en una exclusión de la fe del espacio público, hasta el punto de que nuestra propia tradición judeocristiana corre el riesgo de ser presentada como incompatible con la República.

Si esa lógica avanzara, también quedarían bajo cuestionamiento símbolos y expresiones patrióticas que mencionan a Dios: la invocación a Dios en el preámbulo constitucional, el juramento a la bandera, el lema institucional “Dios y Patria” y las referencias cristianas presentes en nuestro himno nacional.

Defender el Estado laico, por tanto, también significa defender la libertad religiosa y el derecho de los creyentes a participar plenamente en la vida pública.

Finalmente, Colombia necesita reconstruir el modelo. Y aquí la Nueva Derecha ofrece una síntesis que integra tres elementos inseparables: liberalismo, conservadurismo y patriotismo. Liberalismo para defender la vida, la libertad, la propiedad privada, el libre mercado y los límites al poder estatal; conservadurismo para preservar la familia, la tradición, la moral y aquellos valores que han demostrado su importancia para la estabilidad social; y patriotismo para defender a Colombia, sus instituciones, su soberanía, su Estado de derecho y su identidad nacional.

La batalla cultural, entonces, no consiste simplemente en derrotar al progresismo electoralmente. Consiste en demostrar que existen principios capaces de producir una sociedad más libre, próspera, segura y moralmente sólida. La elección pudo cambiar el gobierno; la batalla cultural tendrá que cambiar las ideas.

Porque las ideas no se derrotan con silencio.

Se derrotan con mejores ideas.

Y esas ideas solo alcanzarán la victoria cuando dejen de ser palabras y comiencen a convertirse en realidad.

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El problema no es la ignorancia. Todos ignoramos infinidad de cosas. El problema aparece cuando alguien desconoce una materia, pero decide hablar de ella como si la dominara; cuando la ausencia de conocimiento se reemplaza por seguridad, y la falta de rigor se pretende compensar con autoridad, títulos o número de seguidores.

Y aquí conviene decir algo que parece haberse vuelto políticamente incorrecto: la ignorancia existe, y reconocerla no es un insulto.

Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y, al mismo tiempo, ignorar profundamente una determinada materia. No hay nada vergonzoso en ello. Lo verdaderamente preocupante es que esa persona no lo sepa, o peor aún, que lo sepa y decida hablar como experta de todas maneras.

Hay personas que no saben y preguntan. Eso no tiene absolutamente nada de reprochable. Al contrario, reconocer que uno no sabe es una de las formas más elementales de inteligencia.

El verdadero problema es quien no sabe, pero habla como si supiera; quien desconoce los fundamentos de una materia, pero pretende corregir a quienes llevan años estudiándola; quien confunde una opinión personal con conocimiento especializado; quien comete errores conceptuales elementales y, cuando se los señalan, responde indignado porque considera que cuestionarlo constituye una agresión.

No.

La crítica técnica no es violencia. La discrepancia no es persecución. Señalar un error no es atacar a la persona. Y decir que alguien desconoce una materia no debería convertirse automáticamente en un insulto.

Porque si eliminamos la posibilidad de llamar a las cosas por su nombre, terminamos destruyendo cualquier posibilidad de debate serio.

Una sociedad intelectualmente sana necesita poder decir: “eso es falso”, “ese argumento es técnicamente incorrecto”, “usted no conoce la materia” o incluso “usted está hablando desde la ignorancia”. No para humillar, sino para establecer una frontera indispensable entre conocimiento y opinión.

El conocimiento no se democratiza convirtiendo todas las opiniones en conocimiento.

Un médico no adquiere competencia en derecho porque tenga miles de seguidores. Un abogado no se convierte en ingeniero porque hable con seguridad sobre estructuras. Un economista no se vuelve epidemiólogo porque tenga una cuenta popular en redes sociales. Y tener una profesión tampoco convierte automáticamente a una persona en experta en todas las materias.

La autoridad intelectual se construye con estudio, experiencia, método, evidencia y capacidad para soportar el escrutinio.

Lo contrario es simplemente impostura.

Y quizás uno de los mayores problemas de nuestra época sea precisamente ese: hemos construido un ecosistema en el que la seguridad con la que alguien afirma una estupidez puede resultar más persuasiva que la rigurosidad con la que otro demuestra que es una estupidez.

Las redes sociales agravaron el problema. El algoritmo no premia necesariamente al que sabe. Premia al que genera atención. Y la contundencia, la indignación y la certeza absoluta suelen producir mucho más alcance que una explicación técnicamente correcta llena de matices.

Así terminamos premiando al que habla más fuerte mientras castigamos al que intenta explicar por qué está equivocado.

Hay que recuperar algo que parece haberse perdido: el respeto por el conocimiento.

Eso no significa convertir a los expertos en seres infalibles. Todo lo contrario. Un verdadero experto debe poder ser cuestionado. Pero debe ser cuestionado con argumentos, evidencia y conocimiento, no sustituido por alguien que simplemente habla con mayor seguridad.

Y aquí propongo algo que seguramente generará más de una indignación: Colombia debería discutir seriamente la implementación de exámenes periódicos de suficiencia y recertificación profesional.

Un título obtenido hace diez, veinte o treinta años no puede convertirse en una licencia vitalicia para ejercer una profesión sin volver a demostrar que se conservan los conocimientos, las competencias y las condiciones necesarias para hacerlo correctamente.

No estoy hablando de convertir cada profesión en un concurso permanente ni de castigar a quien olvida un dato. Hablo de algo mucho más elemental: exigir que quien mantiene una habilitación profesional demuestre periódicamente que sigue siendo competente para ejercerla.

Y en aquellas profesiones en las que una actuación deficiente puede comprometer la vida, la libertad, el patrimonio, la salud o los derechos fundamentales de otras personas, la exigencia debería ser todavía mayor.

¿Por qué aceptamos con tanta naturalidad que un vehículo tenga que someterse periódicamente a una revisión técnico-mecánica, pero nos parece una herejía sugerir que un profesional deba demostrar periódicamente que sigue siendo técnicamente competente?

Un título acredita que una persona cumplió unos requisitos en un momento determinado de su vida. No demuestra que veinte años después conserve intactos sus conocimientos ni que esté actualizado frente a los cambios de su profesión.

La medicina cambia. El derecho cambia. La tecnología cambia. La ingeniería cambia. La ciencia cambia. Las profesiones cambian.

¿Por qué tendría que permanecer estático el conocimiento de quien las ejerce?

Y sí: quien no supere los estándares mínimos de suficiencia debería enfrentar consecuencias proporcionales, que pueden ir desde la obligación de actualización y recertificación hasta la suspensión temporal del ejercicio mientras recupere las competencias necesarias.

Porque ejercer una profesión no debería ser un privilegio adquirido para siempre.

La sociedad tiene derecho a exigir que quien cobra por su conocimiento, y especialmente quien puede afectar gravemente los derechos de otros con sus decisiones profesionales, demuestre que realmente sabe lo que dice saber.

Eso no es elitismo.

Eso es responsabilidad.

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Suárez no heredó apellido ni fortuna; se abrió paso a punta de letras en un país que rara vez premia el mérito puro.

Y no era bogotano: era hijo de Hatoviejo, hoy Bello, Antioquia, una periferia que (como el Caribe) tuvo que conquistar Bogotá desde afuera. Su llegada a la Presidencia probó que el mérito individual sí podía vencer el origen. Pero fue una victoria personal, no estructural: el poder siguió concentrado en la capital, y las periferias siguieron esperando su turno como territorios, no solo como personas.

Mañana, más de un siglo después, ese turno parece empezar a llegar. Pero ya no por la vía individual de la erudición, sino por la vía simbólica y colectiva de la geografía del poder.

Por primera vez en la historia reciente de Colombia, la posesión presidencial no se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Abelardo de la Espriella jurará como presidente en la Arena USC de Cali, y ha anunciado que instalará sedes del Ejecutivo fuera de la capital, impulsando además una reforma constitucional para declarar a Barranquilla como capital alterna de la República, una apuesta que responde a un reclamo histórico de las regiones frente a la concentración administrativa y política que Bogotá ha ejercido desde la independencia.

El caso concreto es elocuente: la sede alterna de la Presidencia funcionará en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso de Barranquilla, y se enmarca explícitamente en la estrategia de descentralización anunciada en campaña para trasladar parte de la actividad del Gobierno Nacional hacia las regiones. Un batallón militar transformado en despacho presidencial: la metáfora casi se escribe sola. Lo que durante un siglo fue infraestructura de control se convierte ahora en infraestructura de gobierno regional.

Y aquí es donde, como observador de las dinámicas territoriales de nuestra región, tengo que introducir una nota de cautela que no le resta mérito al gesto, pero sí le exige consecuencia.

Una sede alterna en Barranquilla no resuelve por sí sola la fragilidad estructural que atraviesa buena parte del Caribe interior.

En Sucre, el diagnóstico que hemos documentado con insistencia habla por sí solo: un PIB departamental que no alcanza el 1% del nacional, una terciarización espuria que supera el 70% del PIB departamental, una informalidad cercana al 68%, una agricultura que ha caído de representar el 60% al 30% del PIB desde 1980, y un déficit fiscal de 2024 superior a los 42.500 millones de pesos.

Barranquilla y Cali son, sin duda, Caribe y Pacífico ganando protagonismo. Pero el interior Caribe sigue siendo la periferia de la periferia si la descentralización se detiene en las capitales costeras con mayor peso económico y político.

La descentralización simbólica debe ir seguida de descentralización sustantiva: competencias fiscales reales, autonomía de planeación, y la posibilidad de que territorios como Sucre accedan a instrumentos como una Zona Económica Especial (ZESA/ZESE), a un Área Metropolitana de las Sabanas plenamente operativa, o a proyectos estructurales como el acueducto regional, un Tren que conecten el corredor interior con el litoral y a dos de las capitales del Caribe Interior (Sincelejo – Montería). Gobernar desde el Caribe debe convertirse en redistribución real del poder territorial.

Pero hay un obstáculo que precede incluso a las competencias fiscales y a los proyectos estratégicos, y es el más difícil de transformar: el marco mental con el que nos pensamos a nosotros mismos como territorio.

Durante décadas, Sincelejo y Sucre se han narrado (y han sido narrados desde afuera) bajo un marco de limitación permanente: el departamento pequeño, el PIB marginal, la periferia que recibe lo que sobra después de que Bogotá, Medellín, Barranquilla y las demás principales ciudades capitales se reparten la atención nacional.

Ese marco no es solo una descripción de la realidad; es también, en buena medida, una profecía autocumplida. Cuando una sociedad interioriza que su límite es su destino, deja de exigir lo que le corresponde y empieza a administrar su escasez en lugar de superarla.

Suárez es útil aquí no solo como anécdota biográfica, sino como prueba de concepto: si un niño sin recursos, sin apellido y sin padrinos pudo reescribir el marco mental que lo definía: de «hijo de lavandera sin futuro» a «presidente de la República», entonces un territorio entero también puede reescribir el suyo.

No se trata de negar las cuatro décadas de fragilidad estructural que documenta el diagnóstico Tuirán García; se trata de dejar de leerlas como sentencia y empezar a leerlas como punto de partida. El cambio de marco no reemplaza la política pública (la ZESA, el Área Metropolitana de las Sabanas, el acueducto regional, la planta de aluminio, el Tren RioMar siguen siendo indispensables), pero sin ese cambio, ninguna de esas herramientas encuentra una sociedad dispuesta a exigirlas y sostenerlas en el tiempo.

Gobernar desde las regiones, como promete el nuevo Gobierno, también debería significar esto: que Sincelejo deje de pensarse como la ciudad que espera turno y empiece a pensarse como la ciudad que construye su propio turno.

Suárez demostró que la disciplina y la inteligencia pueden vencer el origen humilde de una persona. Pero el país que lo vio llegar a la Presidencia nunca resolvió el origen humilde de sus territorios enteros. Ese es, me parece, el verdadero paralelo entre 1918 y 2026: no basta con que un hombre supere su circunstancia; hace falta que los territorios (Sincelejo entre ellos) tengan también la oportunidad de superar la suya.

Mañana, cuando el nuevo presidente jure en Cali y hable de gobernar desde las regiones, el interior Caribe tiene una ventana histórica que no debe dejar pasar: exigir, sin resentimiento pero con la misma firmeza con que Suárez exigió su lugar en la historia, que la descentralización no se quede en las capitales que ya tienen banca, aeropuerto internacional y poder político. La deuda con el Caribe se salda con visión de futuro, proyectos estratégicos estructurados, y mayores recursos y competencias para hacerlos realidad.

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En 2024, el municipio comprometió cerca de $5.600 millones mediante un convenio de cooperación financiado con recursos de la sobretasa bomberil. Ese convenio generó fuertes cuestionamientos por el escaso control sobre su ejecución, la inexistencia de un inventario de elementos y vehículos, una interventoría limitada prácticamente a revisar documentos y la ausencia de una verificación técnica integral sobre la destinación de los recursos públicos.

Un año después, la historia parece repetirse.

En septiembre de 2025, el municipio suscribió el Convenio de Cooperación No. 004 de 2025, esta vez por $2.055.076.438, nuevamente financiado con recursos de la sobretasa bomberil, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa del servicio de bomberos en Sincelejo.

Sin embargo, los hechos recientes obligan a formular una pregunta que la administración no puede evadir.

Los incendios registrados en el centro de Sincelejo y, más recientemente, el ocurrido en el sector de Las Peñitas, frente a la Gobernación de Sucre, dejaron una imagen que preocupa a cualquier ciudadano, sobre todo ad portas del fenómeno de El Niño más fuerte de la historia reciente: el Cuerpo de Bomberos de Sincelejo tuvo que solicitar apoyo a unidades de Coveñas, Sampués y Corozal, y dependió de ellas para controlar las emergencias.

No se trata de cuestionar el profesionalismo, la valentía o el compromiso de los bomberos, quienes arriesgan su vida con los recursos de que disponen.

La pregunta es otra.

¿Cómo es posible que, después de comprometer más de $7.600 millones de la sobretasa bomberil entre los convenios de 2024 y 2025, Sincelejo siga dependiendo del apoyo de otros municipios para atender incendios de gran magnitud?

Los documentos presupuestales muestran que del Convenio No. 004 de 2025 ya se han realizado desembolsos por $600 millones: un primer pago de $400 millones y un segundo de $200 millones. Si no existen pagos posteriores a la fecha de esta columna, aún estaría pendiente por girar la suma de $1.455.076.438, una cifra que exige el mayor rigor antes de autorizar cualquier nuevo desembolso.

Precisamente por ello, la administración municipal tiene el deber legal de verificar, con evidencia técnica, documental y material, que el convenio fue ejecutado conforme a lo pactado y que los recursos públicos realmente se tradujeron en una mejora efectiva de la capacidad operativa del servicio bomberil.

La secretaria jurídica, Yeimi Urzola, como responsable de velar por la legalidad de las actuaciones administrativas, tiene hoy la oportunidad de actuar con prudencia y rigor institucional para evitar que se giren recursos sin que exista plena certeza sobre el cumplimiento del convenio.

Y ese llamado cobra aún mayor importancia en un momento en que la ciudadanía se pregunta quién está tomando las decisiones en la administración municipal. Desde hace más de una semana no se conoce públicamente la agenda ni el paradero del alcalde Yahir Acuña, lo que ha generado interrogantes sobre quién está ejerciendo la dirección efectiva del municipio. Precisamente por ello, corresponde a la Secretaría Jurídica actuar con total independencia técnica y garantizar que ninguna decisión sobre el patrimonio público se adopte sin el cumplimiento estricto de la ley.

Si aún existe un saldo pendiente por pagar, como esperamos que así sea, no basta con revisar cuentas de cobro o certificaciones administrativas. Es indispensable verificar los informes de supervisión, constatar el cumplimiento real de las obligaciones contractuales y establecer si los recursos públicos produjeron los resultados para los cuales fueron apropiados; es decir, comprobar que los elementos y las dotaciones existen físicamente y se encuentran en el almacén o en poder del Cuerpo de Bomberos.

Porque pagar un contrato no es un simple trámite financiero.

La Ley 80 de 1993 impone a los servidores públicos el deber de proteger el patrimonio del Estado, verificar el cumplimiento de los contratos y evitar desembolsos cuando existan dudas objetivas sobre la ejecución de las obligaciones.

Los incendios recientes no constituyen, por sí solos, una prueba jurídica de incumplimiento contractual. Pero sí representan una realidad que amerita una revisión exhaustiva antes de liberar el último peso del convenio.

Más aún cuando la propia experiencia del convenio de 2024, por $5.600 millones, dejó abiertas serias inquietudes sobre los mecanismos de control y seguimiento de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil.

La administración aún está a tiempo de actuar y, desde la Secretaría Jurídica, gritarle a Tesorería: ¡YA, NO PAGUEN MÁS!

Porque una revisión técnica antes del último pago puede evitar futuras investigaciones disciplinarias, fiscales o incluso penales.

Y tratándose de recursos públicos, siempre será mejor responder primero con documentos que después ante los organismos de control.

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Los hechos, se suman al caso AREMCA en donde el ente acusador imputó a 9 personas vinculadas a este “contratadero” por la desviación de $496.000 millones en 101 contratos por haber establecido un esquema de corrupción para direccionar contratos del Sistema General de Regalías.

En ambos casos, tanto en las capturas relacionadas con el Fondo Mixto Sierra Nevada y AREMCA se investigan presuntamente de haber utilizado esta “figura jurídica” para el direccionamiento de contratos, ocasionando la vulneración de los principios de la contratación estatal y la apropiación indebida de recursos públicos por parte de terceros.

La creación de estos “esquemas de contratación” se fundamentó en la Ley 2056 de 2020 y Decreto No. 1821 de 2020 que a través de la figura de “ente ejecutor” se daba la opción de que la ejecución del proyecto quedara en manos de fondos mixtos, sociedades de economía mixta y a entidades públicas descentralizadas indirectas o de segundo grado.

No obstante, la misma ley 2056 en su artículo 99 determinó que la ejecución de los recursos del sistema general de regalías debía llevarse a cabo con fundamento en el Estatuto de la Contratación Pública y no en procesos de selección privados como lo hizo y siguió haciendo los “contrataderos”, pues fue eso una de las conductas que reprocha la Fiscalía en los casos del Fondo Mixto Sierra Nevada y AREMCA, es decir que tanto los entes ejecutores, como las entidades territoriales en su función de vigilar la ejecución del recurso ignorando una norma literal, taxativa y de obligatorio cumplimiento.

Cabe reiterar, que la decisión de un ente territorial de trasladar los recursos de la entidad que representa a un “contratadero” no desvincula su responsabilidad por lo que suceda en el proyecto, pues con la simple conducta de eludir del ente ejecutor en eludir el Estatuto General de la Contratación, ya se esta faltando al deber de vigilancia pro la no aplicación del artículo 99 de la ley 2056 del 2020.

¿Cuál es la razón de las entidades territoriales en no ejecutar sus recursos del sistema general de regalías, y por lo contrario transferirlos a un fondo, sociedad de economía misma o entidades públicas indirectas sin recibir algún beneficio ?, pues de seguro una de las respuestas es no aplicar el Estatuto General de la Contratación, evitar la publicidad del proceso, restringir la participación de otros oferentes, y contratar por medio de invitaciones privadas, teniendo un procedimiento contractual sumario.

pero ¿Quién maneja estos “contrataderos” y porque se convirtieron en la moda de las entidades territoriales para ahorrarse un proceso de contratación conforme al Estatuto General de la Contratación ?, es una respuesta que seguramente esta relacionada con los “cupos indicativos de congresistas”, pero esperemos que sea la Fiscalía General de la Nación y su investigación que construyan tal respuesta.

Con este nuevo congreso, me surge una propuesta que pongo de presente a los congresistas, y es modificar el Sistema General de Regalías, buscando la protección de los recursos destinados a financiar la inversión pública, pues está claro que los “contrataderos” no solo van en contra de las leyes de contratación pública, sino que son un foco de corrupción para el manejo de recursos públicos.

Mi propuesta en virtud de los principios de responsabilidad, transparencia, selección objetiva y moralidad, es que las entidades territoriales sean las únicas ejecutoras de los proyectos financiados los recursos del sistema general de regalías, pues con esto, tendremos:

I) procesos de selección con fundamento en el Estatuto General de la Contratación y los principios de la función pública con publicidad en la plataforma de contratación pública del Estado (SECOP I Y II) ;

2) Un representante Legal del ente territorial que designe supervisores para la correcta ejecución de estos proyectos, ejerciendo de manera adecuada el principio de responsabilidad;

3) Un mejor control financiero (pues, la perdida del dinero entregado por concepto de anticipo es una de las conductas que llamó la atención a la fiscalía en estos casos);

4) Fortalecer el principio de autonomía de las entidades territoriales en el manejo de sus recursos, entre otras.

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