Ahora la UNGRD exige la devolución de la plata —vómito negro— porque no encuentra soportes de ejecución que acrediten las nuevas raciones alimentarias que debían financiarse. La pregunta del millón: ¿la plata llegó para ampliar el PAE o para pagar deudas viejas?

¿Pero de dónde salió semejante salvavidas? Del Frente Frío mis señores.

Así comienza la historia:

Mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en Sucre y otros departamentos del Caribe, luego de que un fenómeno hidrometeorológico extraordinario provocara lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en el territorio.

Posteriormente, la Alcaldía de Sincelejo expidió el Decreto 109 del 26 de febrero de 2026, mediante el cual acogió el Decreto Nacional, hizo extensivos sus efectos al municipio y estableció mecanismos de coordinación para atender la emergencia.

Como consecuencia de la calamidad, la Alcaldía elaboró el Plan de Acción Específico para Sincelejo, que identificó el evento como “inundaciones y deslizamientos”. El documento reportó lluvias atípicas, anegamientos urbanos, riesgos en viviendas y dificultades de acceso a comunidades. Ese fue el diagnóstico que sustentó la gestión de asistencia y recursos ante la UNGRD.

Al día siguiente – 27 de febrero de 2026- el jefe de la oficina de gestión de riesgo municipal  solicitó formalmente a la UNGRD asistencia humanitaria y atención integral por la calamidad pública derivada del Frente Frío en Sincelejo. En el oficio pidió ayuda para atender a la población afectada y mitigar los riesgos provocados por el fenómeno climático registrado durante enero y febrero del 2026.

Meses después la plata empezó a tomar forma presupuestal, el 18 de junio de 2026,  la UNGRD expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal —CDP No. 260854— por $36.324 millones de pesos, con cargo al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente a la subcuenta Frente Frío.

El objeto era claro: financiar la continuidad y ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar en Sincelejo, afectado por el fenómeno climatológico. Un día después vendría la decisión que pondría esos recursos a disposición del municipio.

Hay, además, un detalle que llama poderosamente la atención. El mismo 18 de junio de 2026 en que aparece fechada la solicitud de los $36.324 millones, el oficio lleva la firma de Yahir Fernando Acuña Cardales en calidad de alcalde de Sincelejo. Nada extraordinario, salvo por un pequeño detalle: para esa fecha estaba vigente la autorización concedida por el Concejo Municipal para ausentarse del país, permiso que comprendía del 2 de junio al 1 de julio.

 Mientras el alcalde estaba autorizado para estar fuera de Colombia, su firma aparecía en Sincelejo solicitando a la UNGRD una bolsa de $36.324 millones para el PAE. Digamos que, administrativamente, el hombre estaba lejos; documentalmente, bastante presente.

Con una velocidad inconcebible, el mismo 18 de Junio la UNGRD acepta la solicitud de trasferencia de recursos para la “continuidad y ampliación “ del PAE de Sincelejo y un día después mediante la Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026, la UNGRD ordenó transferir esos $36.324.028.177 a un Fondo de Inversión Colectiva administrado por Fiduprevisora S.A. El acto administrativo estableció dos destinos concretos: ampliar la cobertura del PAE hasta la universalidad y garantizar las canastas alimentarias durante el receso escolar.

Además, dejó expresamente establecido que los recursos “solo podrán destinarse” a esos fines y que su ejecución debía estar respaldada mediante la correspondiente contratación derivada y los soportes de ejecución.

El 23 de junio de 2026, -con permiso vigente de salida del país- nuevamente el mismo Yahir Acuña presenta ante la UNGRD un oficio contentivo del Plan de Trabajo para ejecutar los $36.324 millones. Allí proyectó garantizar la continuidad del PAE para 46.071 estudiantes durante 78 días del calendario escolar.

 Hasta ahí, todo parecía estar en orden. Pero el documento introdujo una pequeña —aunque bastante significativa— particularidad: señaló que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Es decir, la plata que llegaba con destinación específica para garantizar la continuidad y ampliación del PAE también aparecía como un alivio para las obligaciones que el municipio ya tenía atrasadas con su operador PAE Universal  por haber disminuido el recaudo de recursos propios disque por la afectación del frente frio.

Y aquí aparece otra pequeña incomodidad documental. La Resolución No. 0565 del 19 de junio de 2026 exigía que el Plan de Trabajo fuera presentado por la alcaldía  dentro de los ocho días siguientes a la notificación y que, además, obtuviera el aval de la UNGRD.

El municipio fue notificado el 22 de junio, el plazo vencía el 30  y solo fue remitido el 8 de julio, dieciséis días después de la notificación y sin que existiera el aval exigido. La consecuencia  el  plan no fue avalado, por lo tanto no existían gastos aprobados que delimitaran el destino de los recursos.  Es decir, el municipio tenía en sus manos $36.324 millones cuyo destino concreto —en los términos exigidos por la resolución— ninguna autoridad competente había aprobado.

No siendo suficiente lo anterior apareció una típica Yahirada con la expedición de  la Resolución 1444 de 2026, por medio de la cual la Alcaldía de Sincelejo se pasó por la faja le Ley , y dispuso cancelar el Fondo de Inversión Colectiva y ordenar a Fiduprevisora girar los recursos a una cuenta del municipio donde maneja recursos propios.

Decisión, cuestionada por la UNGRD: pues lo autorizado era el flujo del Fondo -Nacional de Gestión de Riesgo FNGRD – hacia el FIC para ejecutar el PAE, y la alcaldía hizo exactamente lo contrario, sacar los recursos del FIC hacia sus propias  cuentas municipales. En otras palabras, se invirtió el sentido de la plata y, según la UNGRD, la Alcaldía no tenía competencia para impartir esa instrucción a Fiduprevisora.

El cuento del Frente Frío empieza a calentarse. La Alcaldía había dejado escrito en su propio Plan de Trabajo que los recursos permitirían una “posible sustitución de fuentes para la cancelación de acreencias al contratista”. Vaya coincidencia, poco después aparecen cinco facturas del Consorcio PAE Universal por $29.115 millones  correspondientes a servicios de octubre de 2025 y de marzo, abril, mayo y junio de 2026. Cuatro de ellas, por más de $23.000 millones, fueron radicadas y aceptadas entre el 16 y el 23 de julio, justo antes de que el 24 de julio salieran del FIC los $36.324 millones de pesos.

Dicho sin tanto rodeo: el plan ya había anunciado la jugada y las acreencias estaban listas para entrar al escenario. La plata llegó para el PAE, pero el alivio financiero terminó mirando hacia las deudas del operador.

Otra curiosidad del Plan de Trabajo. La Resolución 0565 hablaba de ampliar la cobertura universal del PAE y garantizar canastas durante los recesos educativos; pero cuando la Alcaldía aterrizó los números, la cosa cambió de forma: presentó un plan de cofinanciación del PAE por $36.436 millones para 78 días del calendario escolar, financiado con $36.324 millones del Frente Frío y $112,8 millones de recursos propios.

En el cuadro no aparece una partida separada para ampliar cobertura ni otra para las canastas del receso. La plata de la emergencia terminó convertida, sobre el papel, en la fuente principal para financiar el PAE ordinario. Como dicen en contabilidad: cambió el apellido, pero la plata seguía siendo la misma.

Ahora con ustedes señores la Fiduprevisora quien llego  pidiendo» los papeles» . El 17 de septiembre solicitó a la Alcaldía los contratos, convenios, órdenes de servicio, ejecución financiera y física y soportes que demuestren qué pasó con los $36.324 millones.

Si  aparecen —o no— los documentos que expliquen dónde terminó la plata, ya no importa,  la UNGRD ya puso el punto final: exige su devolución.

En conclusión  la historia del Frente Frío termino  siendo bastante sencilla: llegaron $36.324 millones para alimentar estudiantes, aparecieron acreencias por $29.115 millones, se cambió el rumbo del dinero y ahora toca devolverlo. En pocas palabras el vomito negro o “del negro”.

Posdata: Sera casualidad que esos recursos llegaron en plena contienda electoral de segunda vuelta es decir no se perdieron “Cepediaron” aun asi los mordió el “Tigre”.

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Para Adrián, la diferencia entre mantener su funcionalidad física o sufrir un deterioro irreversible radica en la administración diaria e ininterrumpida del medicamento Risdiplam. No se trata de un insumo opcional ni de un tratamiento estético; es una sustancia vital e indispensable para su subsistencia. Sin embargo, Coosalud EPS ha sometido al menor y a su familia a una tortuosa espera de meses, dilatando sin justificación médica ni legal la entrega oportuna del fármaco.

La falta de empatía institucional alcanzó niveles alarmantes bajo la gestión de la gerente regional Sucre de Coosalud, Gloria Lucía Salas, desde donde se pretendió que el menor realizara un agotador viaje de más de 24 horas por vía terrestre en autobús hacia Bogotá para asistir a la junta médica.

Semejante pretensión desconoció de forma flagrante la condición física de Adrián, cuya necesidad de asistencia especial en silla de ruedas (registro aéreo WCHC / WCBD) exige condiciones dignas y adaptadas. Ante la indolencia del sistema, su familia tuvo que completar el esfuerzo logístico y económico de trasladarlo por vía aérea entre Montería y Bogotá (la EPS, compró los tiquetes sin equipaje de ninguna especie) a inicios de septiembre de 2026 para acceder a la valoración con neuropediatría en la Fundación Hospital de La Misericordia (HOMI).

Allí, el pasado 8 de septiembre de 2026, la especialista expidió la correspondiente fórmula médica y la prescripción en la plataforma MIPRES (N.º 20260908177002366033), que ordena el tratamiento integral de Risdiplam por un período de 180 días (17 frascos en total). A pesar de contar con el respaldo científico y el registro oficial ante el Ministerio de Salud, la respuesta de la entidad promotora de salud sigue estando marcada por el silencio, las promesas vacías y la burocracia desalmada.

¡Basta ya de promesas y aplazamientos! La vida de un niño no se puede postergar en un escritorio ni condicionar a presupuestos o trámites administrativos. Cada día que Coosalud dilata la entrega del Risdiplam es un día en que se vulneran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad física y a la salud garantizada de manera prevalente para la infancia.

Como sociedad civil, defensores de derechos humanos y ciudadanos vigilantes, no nos quedaremos como espectadores pasivos ante esta injusticia. Declaramos formalmente que mantendremos una veeduría estricta sobre el cumplimiento de la entrega inmediata del medicamento a Adrián José Blanco Rivera.

De persistir el incumplimiento y la desatención, implementaremos con firmeza todas las acciones jurídicas pertinentes (acciones de tutela, incidentes de desacato y denuncias ante la Superintendencia Nacional de Salud y la Fiscalía General de la Nación), acompañadas de acciones y movilizaciones sociales para obligar a Coosalud EPS a cumplir con la celeridad que la ley y la humanidad exigen.

La salud no es un favor ni una dádiva; es un derecho sagrado, y no permitiremos que la negligencia siga apagando vidas.

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Se afirmaba que el Che Guevara era uno de los grandes referentes de su época, mientras se omitía hablar de la represión ejercida por el régimen cubano y del envío de homosexuales a campos de concentración, para forzarlos a trabajar y torturarlos hasta la muerte. Hoy la población LGTBI porta con orgullo las camisetas con el rostro de su verdugo.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y otros dirigentes de izquierda, reivindicaron durante años a Hugo Chávez como referente político, exaltándolo como líder de Latinoamérica y un gran arquitecto, mientras Venezuela atravesaba una profunda crisis económica y social. La admiración política se convirtió en la excusa perfecta para ignorar los resultados. Quizás por ceguera, ignorancia o malicia.

La toma del Palacio de Justicia por el M-19 fue un episodio de enorme gravedad, con secuestros y muertes. Sin embargo, uno de sus miembros denominó ese acto terrorista como una genialidad y muy a pesar de esto, fue elegido presidente de Colombia. Es apenas lógico, su metodología estaría enfocada en exaltar al grupo guerrillero cambiando la historia. El sombrero de Pizarro  se convirtió en símbolo de paz. ¿Puede una democracia romantizar un acto de violencia política?

En España, Irene Montero defendió la educación afectivo-sexual desde edades tempranas y sostuvo que debía existir formación sobre sexualidad, consentimiento y relaciones, inclusive propuso la sexualidad infantil como un derecho de los niños. Solo se escucharon murmullos de reproches mientras fue recibida con honores en la Casa de Nariño.

Marx escribió que la religión era el “opio del pueblo”, y, sin embargo, hoy existen quienes se identifican simultáneamente como cristianos y socialistas. El efecto de tal oxímoron es observar a los católicos orar por los niños mientras eligen políticamente las ideologías que propenden por inyectarles hormonas y mutilar sus genitales. Nada que hacer si el máximo jerarca de la iglesia, el papa Francisco se alineaba con la agenda LGTBI y simpatizaba con comunistas.

Simone de Beauvoir escribió que “no se nace mujer: llega una a serlo”, una formulación que posteriormente adquirió enorme influencia en determinadas corrientes feministas y debates contemporáneos sobre sexo y género. Los progresistas ante la tibieza de quienes decidían no opinar, construyeron todo un andamiaje ideológico o supersticioso fundado en que un  hombre se puede convertir en mujer gracias a la construcción social, así mismo, una mujer podría transformarse en hombre. El problema de este último caso es que la naturaleza le recordará cada 28 días que es una mujer.

Dejamos de discutir las ideas para administrarlas y repetirlas, cayendo en el juego nacional socialista de que toda mentira repetida se convierte en verdad. Sin darnos cuenta, convertimos el lenguaje cotidiano en incuestionables verdades relativas sin tener en cuenta el orden moral más elemental.

Y entonces apareció el periodismo tibio: ese que prefiere no incomodar, que teme llamar a las cosas por su nombre y que confunde neutralidad con omisión, que inclusive, apoya con vehemencia todas estas atrocidades dejando a un lado su deber social.

El problema no está en decir la verdad. El problema radica en omitirla ante las mentiras, esconderla ante la manipulación o, peor aún, decidir no decidir.

La batalla cultural no consiste en odiar a quien piensa diferente. Consiste en volver a discutir las ideas. En confrontar una idea u opinión con los argumentos; los relatos con hechos y la propaganda con evidencia. Decir la verdad no es discurso de odio es sentido común.

La verdadera batalla cultural comienza cuando dejamos de tener miedo de pensar, de preguntar y de decir aquello que otros prefieren que permanezca en silencio. La verdadera batalla espiritual es buscar la libertad de nuestras ideas a través de la verdad, porque la verdad os hará libres.

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Pero cuando comencé a revisar esta decisión; veo la radiografía completa que algo no funciona. NO sé si tengo alegría por la decisión o un profundo asco e indignación que hace que se me suba la presión de la rabia. Nos están vendiendo una justicia a medias, un espectáculo en el que se sacrifica a un peón del Congreso, mientras el ejecutivo que planificó financió y ejecutó la compra de conciencias no solo pretende salir limpia, sino toteado de la Risa.

Para entender esta la burla, no hace falta ser abogado, ni penalista menos experto en derecho. Los hechos son tan grotescos como transparentes. La máxima corporación de lo Contencioso Administrativo en Colombia concluyó, con pruebas técnicas, rastreos de llamadas telefónicas, chats y testimonios cruzados, que el expresidente del Senado presuntamente recibió tres mil millones de pesos en efectivo.

Este dinero sucio no cayó del cielo ni salió de un bolsillo privado. No, ese dinero pertenecía a los fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que se necesitan hoy más que nunca y que debieron destinarse a salvar vidas, a atender emergencias climáticas y a llevar agua potable a los niños que se mueren de sed en La Guajira, cara é gato, fenómeno del niño, incendios, cultivos afectados, vacas muriéndose de hambre, en fin, unas escenas dantescas que producen de todo menos indiferencia.

Los hechos de esta operación de bandidaje o, novela de narcos o de una mafia barata, incluye Maletines llenos de billetes de cincuenta y cien mil pesos transportados en camionetas blindadas. Desayunos clandestinos en habitaciones de hotel. Funcionarios públicos descalzos contando bojotes de dinero, bajando por ascensores de servicio para eludir las cámaras de seguridad y trasladando la coima directamente hasta el garaje de un edificio residencial en el norte de Bogotá.

Todo esto ocurrió en pleno centro del poder político del país, entre octubre de 2023 y los meses siguientes, mientras el Congreso debatía a marcha forzada reformas dizque importantes que afectaban el futuro y el bolsillo de todos los colombianos.

Esta sanción al exsenador Iván Name es jurídicamente impecable y éticamente inaplazable. Quien vende la dignidad del primer cargo del Poder Legislativo al mejor postor merece salir por la puerta trasera de la historia y no volver a pisar jamás una corporación pública.

Pero aquí es donde me pregunto y que me hace reflexionar cada vez que me levanto a la madrugada diciendo que debo trabajar más duro para pagar impuestos: ¿por qué la muerte política cae implacable sobre el senador que recibió el soborno, mientras que los altos dignatarios del gobierno nacional que ordenaron coordinaron y giraron los recursos siguen disfrutando de impunidad política y buscando salidas de escape?

Para que exista un agente corrupto, necesariamente tiene que existir un corruptor. La plata no se gestionó sola ni apareció por arte de magia en las cuentas de la UNGRD. Las declaraciones judiciales que sustentan la caída de Name señalan de manera directa hacia la cúpula del Ejecutivo.

Señalan presuntamente entre otros a Carlos Ramón González, quien era en su momento el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, como la persona que habría dado la orden presuntamente de conseguir y entregar esos miles de millones de pesos. Señalan a Olmedo López, director de la UNGRD.

Señalan a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, actuando como mensajera y maletera del gobierno nacional. También a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, cuadrando préstamos con usureros para cumplir con la urgencia del pago antes de unas elecciones locales; esto es una cosa de locos.

Todo esto para pervertir la democracia, arrodillar al Congreso. Esta situación de comprar la presidencia del Senado no nació en una esquina oscura del capitolio; nació en el corazón mismo del poder Ejecutivo, en los despachos del Palacio de Nariño. Fue una estrategia fría, deliberada y sistemática del gobierno nacional para garantizar el trámite de sus proyectos legislativos, como la reforma pensional, mediante el pago de coimas millonarias con el dinero del pueblo.

A cambio de esos tres mil millones de pesos, el señor Name aceptó no asistir voluntariamente a la conducción de catorce de las dieciséis sesiones plenarias donde se debatía la reforma, cediéndole el garrote y el control de la agenda a la bancada de gobierno para acelerar las votaciones y pupitrear lo que se discutía sin ningún.

Mi critica más férrea que este servidor ha hecho; es la triple moral del pasado gobierno y lo puedo demostrar en todas las columnas en el intervencionista; llegaron como adalides de la moral, prometiendo barrer con la política tradicional, acabar con las prácticas de la mermelada y cambiar las costumbres de la política en Colombia.

No solo rasparon la olla, sino que se la llevaron. Sin embargo, en la práctica, no solo replicaron los vicios del pasado, sino que los llevaron a niveles de cinismo salvajes.

Se apropiaron del presupuesto de las emergencias de los más pobres como rapiña, para repartir a la clase parlamentaria. Robaron el dinero del agua de los niños de La Guajira para comprar votos e influencias en el Senado. ¿Existe una perversión política más grande que esa?

La ciudadanía tiene todo el derecho de estar con rabia. Asquea ver cómo el discurso del «cambio» se desmoronó en un charco de corrupción ordinaria.

Asqueroso escuchar las narrativas gubernamentales que intentaban siempre posar de víctimas de sus propios funcionarios, como si Olmedo López, Sandra Ortiz o Carlos Ramón González hubieran actuado como ruedas sueltas, por iniciativa personal, sin que nadie en la cúpula del gobierno nacional supiera cómo se estaban destrabando las reformas en el Congreso.

Nadie dona miles de millones de pesos de las cuentas públicas por pura bacanería. No creen ustedes queridos lectores que esto se hace para cumplir instrucciones de alguien de muy arriba.

El fallo del Consejo de Estado deja en evidencia un desequilibrio institucional que causa indignación. La justicia administrativa le aplica la sanción máxima a un congresista porque la Constitución prevé un mecanismo expedito para quitarle la investidura. Pero ¿dónde está el juicio de responsabilidad política para los ministros, los directores de departamentos administrativos y los altos consejeros presidenciales que organizaron el muñequito para repartir esa piñata.

¿Por qué la muerte política es inmediata para el legislador que se vendió, pero se dilata, se enfría y se relativiza cuando se trata de los altos mandos del gobierno que compraron?

Si la muerte política es la respuesta de la sociedad frente a quienes traicionan la confianza ciudadana, esa muerte política debe aplicarse con el mismo rigor y la misma velocidad a los gestores de la corrupción desde el Ejecutivo.

No podemos romantizar que los implicados del gobierno saliente pretendan lavarse las manos, renunciar tranquilamente a sus cargos, escudarse en el silencio o dilatar los procesos judiciales mientras la opinión pública se lamenta y espera responsables de todo el caos provocado. La responsabilidad política de un gobierno que utiliza la caja menor del Estado para comprar conciencias parlamentarias no se borra con un comunicado de prensa ni echándole la culpa a mandos medios.

El país no puede tragar entero. El ciudadano común, el que paga el IVA de la canasta familiar, el que se gana un salario mínimo con el sudor de su frente, el que ve cómo la inflación le devora el sueldo, no puede ver esto como un simple episodio más de la crónica roja de la política colombiana.

Este escándalo representa el mayor fraude a la confianza popular de los últimos años. Se prometió una transformación ética y se entregó un mercado persa de conciencias financiado con los recursos del socorro nacional.

Exigir explicaciones y exigir sanciones drásticas para todos los involucrados, sin importar el color político ni la cercanía con la Casa de Nariño, no es una postura de oposición: es un deber moral de cualquier persona con dignidad.

La muerte política de Iván Name debe ser apenas el primer eslabón de una cadena de rendición de cuentas que llegue hasta las últimas consecuencias y hasta los más altos responsables de la rama ejecutiva.

Si la justicia se detiene en el Congreso y no cruza la plaza hacia el Palacio de Nariño, la señal que se le estará enviando al país será aterradora: que en Colombia es un delito dejarse sobornar, pero que gobernar sobornando con los recursos de la gente sigue saliendo trágicamente gratis.

La indignación que hoy tenemos los colombianos no debemos dejar que se enfríe. El asco que produce ver la miseria humana convertida en botín político debe transformarse en una condena social e institucional firme e implacable.

El gobierno saliente debe responder por el daño institucional que provocó, y la ciudadanía debe recordar este episodio trágico no como un evento aislado, sino como la prueba reina de que la moralidad pública no se predica con discursos vehementes, sino con el respeto absoluto y sagrado por cada peso que les pertenece a los colombianos.

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No tengo la información oficial sobre el número de automotores que circulan por nuestras mismas viejas calles. Pero está claro que en los últimos años se centuplicó, sin que se hubiesen abierto nuevas vías con proyección siquiera hacia los próximos veinte años.

Imposible no recordar que la última calle que se abrió en el centro de la ciudad fue en 1974, siendo alcalde quien esto escribe, para prolongar la calle 25 entre 18 y 17 (la del Sandra). Tiempo después, en 1986, se abrieron la Ocala y la Galán. En 1994 la de La Paz, y en 2018 un pequeño tramo para empalmar la Pajuela con la calle Sucre.

Se ha avanzado en semaforización, con algunos ejemplares novedosos y prácticos, de un solo color como el de la intersección del Boston, lo que ya es hora de revisar por la gran concentración vehicular que allí confluye sin que se asome un proyecto para la construcción de un paso elevado, lo que parece imposible, dado el talante pastoril que nos caracteriza, esquivo, claro, para obras de mediano impacto.

Ante eso, una opción más facilista sería la de unir el sector Sincelejito con Venecia por la carrera 36A (inmediaciones del antiguo Ciledco) lo que paradójicamente, por su bajo costo, no ha sido del interés oficial.

También, a muy bajo costo, se ve clara la necesidad de comunicar a los barrios orientales como Venecia, las Margaritas, Florencia, y otros, directamente con la carretera hacia Corozal, para lo que falta adquirir un pequeño lote al final de la calle 32. Con ello se evitaría que el amplio flujo de dichos barrios, se desplace hasta el Boston para entrar o salir de la ciudad.

Sin embargo, todavía hay quienes, alegando razones de seguridad, se oponen a esta solución. Absurdo argumento que implicaría cerrar todas las entradas y salidas que ya existen.

NOTA mientras que en todas las ciudades se construyen puentes para mejorar la movilidad, aquí no hemos sido capaces de levantar una baranda.

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Tres años después bien vale la pena volver al tema. No porque aquella discusión haya terminado, sino porque adquirió una dimensión que entonces parecía mucho más lejana.

Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y hasta hace pocos días en Anthropic, la empresa creadora de Claude, renunció haciendo una advertencia difícil de ignorar: aseguró que dentro de la industria existe una preocupación real de que sistemas de inteligencia artificial cada vez más poderosos puedan llegar a representar un riesgo catastrófico para la humanidad, incluso, acabando con ella.

Otros investigadores de Anthropic se sumaron y respaldaron públicamente la preocupación. Evan Hubinger, quien continúa trabajando en la compañía, afirmó que personalmente estima en más de 10 % la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad durante la próxima década.

Puede sonar a ciencia ficción. Y, por supuesto, no existe consenso sobre semejante predicción. Pero son personas que trabajan precisamente desarrollando y tratando de entender estos sistemas. Y ahí está, para mí, lo verdaderamente inquietante.

En 2023 hablábamos principalmente de pérdida de empleos, privacidad, noticias falsas y de la dificultad creciente para distinguir entre realidad y ficción. Esos problemas no desaparecieron. Al contrario, siguen ahí. Pero hoy se suma otro: la inteligencia artificial dejó de limitarse a responder nuestras preguntas. Los nuevos agentes pueden ejecutar códigos, utilizar herramientas, navegar entre aplicaciones y realizar tareas con niveles crecientes de autonomía.

La propia Anthropic ha reconocido incidentes durante evaluaciones de ciberseguridad en los que sus modelos terminaron accediendo sin autorización a sistemas reales de terceros. También ha documentado intentos de utilizar Claude para operaciones cibernéticas, vigilancia, fraude e incluso actividades relacionadas con armas y riesgos biológicos. Esto ha trascendido, también, al plano político internacional, con países enfrentando una guerra tecnológica sin precedentes.

Esto no significa que debamos entrar en pánico ni detener la innovación. La inteligencia artificial tiene un potencial extraordinario para, prácticamente, cualquier actividad humana. Sería absurdo renunciar a ello.

Pero hay una pregunta que en 2023 parecía exagerada y hoy resulta bastante razonable: ¿qué pasa si la velocidad con la que estamos desarrollando estas herramientas supera nuestra capacidad para entenderlas, regularlas y controlarlas? ¿Será que vamos demasiado rápido?

La paradoja es difícil de ignorar. Las mismas compañías que compiten por construir sistemas cada vez más poderosos nos están diciendo que debemos ser más cuidadosos. El propio Dario Amodei, CEO de Anthropic, acaba de pedir que la industria desacelere el ritmo.

Hace tres años terminé aquella columna diciendo que balancear la libertad y la seguridad no era tarea fácil. Sigo pensando lo mismo, pero agregaría algo: tampoco podemos esperar a entender completamente las consecuencias cuando la tecnología ya esté varios pasos adelante.

La inteligencia artificial resultó ser mucho menos artificial de lo que imaginábamos. Y sus riesgos, también.

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Sin embargo, hoy el cuadro se nos ha revestido con los tonos grises del cambio climático, las catástrofes, el carbón de una política que dejó de servir para convertirse en ataque, y ese tazón de frutas podridas que nos escupen los algoritmos. Entre la ruleta de las ansiedades y la inercia de un mundo conducido por otros, la existencia se ha reducido a un scroll: un bajar el dedo en automático que nos desenfoca de caminar sin prisa, de beber de los frutos de nuestras propias manos y de tejer esa red de apoyo que llamamos comunidad.

Esa desconexión se alimenta de un espejismo: el sentido equivocado del éxito que se nos ha vendido por siglos. Nos empujan a caber en un pedestal de honores como si la vida fuera una carrera de velocidad, utilizando los rellenos materiales para tapar los huecos del existencialismo y demostrar superioridad.

No se trata de renunciar a cubrir las necesidades básicas, pues el ser humano obra según sus capacidades; el peligro radica en la acumulación absurda, en un orgullo que, vestido de mil formas, nos distancia de nuestra esencia. Como bien señala el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad del rendimiento donde nos explotamos a nosotros mismos creyendo que somos libres, atrapados en una autoexplotación que vacía el alma. Nadie nos obliga explícitamente, es verdad, pero todo el sistema parece conducirnos como ovejas al matadero.

¿Cómo romper esa inercia?

Para entenderlo, basta observar la vida de un recién nacido. Llega sin posesiones, sin más necesidad material que el afecto y el calor de su origen. De igual modo, un árbol no crece sin hundir sus raíces en la tierra que lo habita y lo nutre. El ser humano lleva el origen impreso en su ADN, pero es su autonomía la que decide sobre qué tierra crecer.

Después de atravesar tantas capas superficiales, nuestra esencia permanece intacta, idéntica a una semilla inamovible. Es cierto que a veces necesitamos caer al fondo o atravesar despertares dolorosos para recordar de dónde venimos; pero, pase lo que pase, la autonomía sigue siendo el timón: la facultad íntima de decidir si seguimos estancados en la caída o si nos atrevemos a pedir la parada.

A veces sentimos que vamos en el bus equivocado. Pero hoy la fe nos recuerda que es imposible hallar satisfacción sin creer genuinamente; de nada sirve acumular ganancias si el alma carece de propósito, tanto para la vida propia como para la de los demás. Al final, todos somos capaces de experimentar la felicidad colectiva si aprendemos a ser buenos administradores de nuestro propio destino.

Porque la vida, al fin y al cabo, se compone de aquello que nos devuelve el latido: la sensibilidad de un niño, la conciencia de un abuelo, las manos de una madre, la seguridad de un padre, el alimento de un árbol, la compañía de un animal, el pulso y el sudor de los ríos y mares, la melodía de las cuerdas al viento junto al baile de las manos y tantas fotos guardadas para el álbum de lo genuino.

Detenerse no es rendirse; es un acto de soberanía interior. Apagar la pantalla, soltar el ruido y cambiar el corazón de piedra por uno de carne, sensible al compás de lo humano, nos recuerda que la existencia no era una carrera que debíamos ganar, sino un camino que merece ser caminado con los ojos bien abiertos.

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Los recursos salieron del Fondo de Inversión Colectiva, creado especialmente para administrarlos, y terminaron en una cuenta del Banco de Occidente denominada “MUNICIPIO DE SINCELEJO OTROS INGRESOS” y, de ahí, a la Corporación 20 de enero, para luego salir en efectivo.

Ahora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante requerimiento 2026EE16294 del 10 de septiembre de 2026, exige al Municipio reintegrar la totalidad de los $36.324 millones, más sus rendimientos financieros.

Mediante la Resolución 0565 del 19 de junio de 2026, se dispuso su transferencia al FIC No. 001001066604, administrado por Fiduprevisora e identificado como: “RECURSOS FNGRD / FRENTE FRÍO”. El Fondo de Inversión Colectiva (FIC),  se creó  precisamente como  vehículo para mantener separados, administrados y trazables esos recursos de los recursos propios de la administración municipal .

Hay un dato importante sobre quién ejercía la Alcaldía en esos momentos: aunque Yahir Fernando Acuña Cardales es el alcalde titular y, según Recursos Humanos de la Alcaldía, estaba en comisión  desde el 1 de junio hasta el 1 de Julio de 2026 por autorización del Concejo de Sincelejo, durante este período está ejerciendo como alcalde encargado Jhan Carlos Troaquero Pérez.

Pero aquí viene un tema bien delicado, donde LE APARECEN LAS OREJAS AL LOBO: la Resolución 1444, expedida por el alcalde (E). Según el requerimiento de la UNGRD, mediante este acto administrativo, la Alcaldía impartió instrucciones a Fiduprevisora para transferir los recursos y cancelar el Fondo de Inversión Colectiva.

Es decir, el vehículo que había sido constituido específicamente para administrar y mantener separados los $36.324 millones terminó siendo cancelado por instrucción de la propia Alcaldía, en cabeza del alcalde encargado Troaquero, y la totalidad del dinero salió hacia una cuenta municipal, convirtiéndose en recursos propios.

La UNGRD sostiene que el Municipio carecía de competencia para impartir esa instrucción, porque Fiduprevisora actuaba como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD-. La entidad incluso confronta esa actuación con el artículo 121 de la Constitución Política, que establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Y aquí es donde la historia del dinero empieza a adquirir especial relevancia. Según la UNGRD, el flujo autorizado tenía una ruta precisa: los recursos debían salir de la entidad y llegar a un Fondo de Inversión Colectiva (FIC), encargado de su administración. Sin embargo, lo que finalmente ocurrió fue distinto: los recursos terminaron siendo trasladados desde el FIC hacia una cuenta denominada “MUNICIPIO DE SINCELEJO OTROS INGRESOS” y, posteriormente, el propio FIC fue liquidado.

La operación quedó materializada el 24 de julio de 2026, cuando la totalidad del capital salió del Fondo mediante dos movimientos por $32.691 millones y $3.633 millones, para un total de $36.324 millones; dinero que terminó trasladado a una cuenta del Banco de Occidente.

Para esa fecha, Jhan Carlos Troaquero Pérez también aparece ejerciendo como alcalde encargado, conforme al Decreto 322 del 14 de julio de 2026  aportado dentro de esta investigación.

Adicionalmente, un registro contractual del propio 24 de julio lo identifica como ordenador del gasto municipal.

La UNGRD señala cinco problemas fundamentales:1. traslado del dinero a una cuenta ordinaria municipal;2.  inexistencia de su aval al Plan de Trabajo; 3. falta de funcionamiento del Comité Técnico Administrativo; 4. utilización del formato de retiro como mecanismo para sacar el capital; y 5. ausencia de soportes que justificaran el retiro. Sobre este último punto, el requerimiento es especialmente contundente y aquí sí está el lobo completo:

“Al 24 de julio de 2026 el municipio no había adelantado contratación derivada alguna”.

Según la UNGRD, tampoco existían obligación causada, contrato adjudicado, factura, cuenta de cobro ni acta de recibo que justificaran la salida:

“de un solo peso, y mucho menos de la totalidad del capital”.

En términos sencillos: según la UNGRD, los $36.324 millones salieron del FIC antes de que existieran los soportes que justificaran ese retiro. Además, en los dos formatos utilizados para sacar el dinero habría quedado en blanco la casilla “Revisión Documental”, sin identificación del funcionario que verificó los soportes.

¿Y después del 24 de julio, dónde quedó la plata? ¿Qué pasó después? ¿El dinero continúa en la corporación 20 de enero? ¿Fue transferido a otras cuentas? ¿Se utilizó para pagar obligaciones del PAE? ¿A quién se le pagó? ¿Cuánto queda?

Precisamente por eso, la UNGRD exige los extractos bancarios desde el 24 de julio, el detalle de los movimientos y la certificación del saldo disponible y  ordenó al Municipio reintegrar los $36.324 millones completos, más sus rendimientos financieros, y advirtió que, de no producirse la devolución, adelantará el cobro correspondiente y pondrá los hechos en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.

En ese mismo sentido la Fiduciaria La Previsora S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres – FNGRD- solicito a la alcaldia de Sincelejo informacion relacionada con el estado de ejecucion y legalizacion de los recursos trasferidos.

La pregunta, entonces, ya no es solamente por qué Sincelejo recibió $36 mil millones del llamado “Frente Frío”. La pregunta fundamental es: si ya sabemos de dónde salió la plata, cuánto salió, cuándo salió y a qué cuenta bancaria llegó, entonces, ¿dónde están los $36.000 millones de pesos?

Lo que todavía no sabemos —y eso es precisamente lo que la administración municipal debería explicar con documentos y extractos bancarios en mano— es dónde terminaron finalmente estos millonarios recursos.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó formalmente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El Departamento Nacional de Planeación, dirigido por Julián Buitrago, ya se reunió con viceministros, subdirectores y jefes de planeación de todos los sectores.

La hoja de ruta parte de un doble desafío: reconstruir las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto y por los incendios forestales, y avanzar hacia un modelo de desarrollo construido con las regiones, con seguridad, inversión privada y saneamiento fiscal como ejes.

Lo decisivo no está en el discurso sino en el calendario. Cada sector puede postular máximo 15 iniciativas estratégicas. El 30 de septiembre cierra la recepción y concertación inicial; en octubre habrá diálogos regionales; el 15 de noviembre las bases llegan al Consejo Nacional de Planeación, después de pasar por el CONFIS y el CONPES; y el 7 de febrero de 2027 el proyecto de ley se radica en el Congreso. Desde hoy son 58 días para definir qué entra y qué queda por fuera.

Lo que Sucre necesita cambiar

Sucre no llega con ventaja. Aporta menos del 1 % del PIB nacional, más del 70 % de su economía es una terciarización espuria, comercio y servicios de baja productividad, y la informalidad ronda el 68%. La pobreza monetaria bajó de 57,5% a 51,8%, pero el Gini casi no se movió: menos pobres, la misma desigualdad. Un plan que solo reparte gasto no altera esa estructura. Hace falta infraestructura que cambie lo que el departamento produce.

Cinco frentes y una condición

• Agua. El Acueducto Regional de Sucre, con la alternativa de desalinización en Coveñas, resuelve un problema básico y habilita todo lo demás.

• Conectividad y ciudad. El Tren RioMar (Decreto 0216 de 2026, unos 180 kilómetros entre Yatí y el Golfo de Morrosquillo) y el Área Metropolitana de las Sabanas, amparada en la Ley 1625 de 2013.

• Industria y energía. El clúster de aluminio verde GALTCO en Tolú (USD 2.500 millones, con horizonte 2029), la terminal de regasificación de Cenit y Ecopetrol en Coveñas (2027) y el marco de la ZESA.

• Zona Económica Especial (ZESA-ZESE). Pedir que el PND incorpore su marco legal y sus incentivos, para atraer inversión y generar empleo formal en un departamento con informalidad cercana al 68%. Es la herramienta que potencia a GALTCO y a la terminal de Coveñas, y que evita que esas inversiones queden como enclaves.

• La Mojana. Obras hidráulicas y gestión del riesgo que garanticen los 7.000 m³/s y potencien el desarrollo agroindustrial, para una subregión que el país suele recordar solo cuando se inunda.

La condición es la unidad. Un solo paquete del departamento, con ficha técnica (MGA), fuente de financiación y responsable por proyecto, presentado a cada ministerio antes de que se cierren las listas de quince.

Tres exigencias para el articulado

Primero, metas territorializadas: indicadores por subregión, no promedios nacionales que esconden las brechas. Segundo, alianzas con los departamentos vecinos del Caribe, porque el tren, el agua y la energía no respetan límites administrativos y competir entre vecinos por la misma bolsa es perder juntos. Tercero, participación con propuestas escritas: los diálogos regionales de octubre serán útiles solo si Sucre llega con documentos y no con discursos.

Planear no es pedir. Es llegar con el proyecto listo. Sucre tiene hasta el 15 de noviembre.

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Durante muchos años, hemos visto como la retórica del cambio como una cruzada mal llamada mística: una epopeya épica donde personas engañados, perdón dizque indignados, armados únicamente con un teléfono móvil y una parla incendiaria que, prometían rescatar a la patria de la corruptela tradicional.

Sin embargo, bastó abrir la llave de la pauta estatal para que la la ideología revolucionaria se mostrara tal y como son: un vulgar contrato de prestación de servicios.

El reciente y grotesco espectáculo entre Levy Rincón e Iván Gómez, sacándose los trapos al sol en una gresca de callejón virtual, no es más que la inevitable digestión de un sistema que alimentó a sus aplaudidores con más de 43.000 millones de pesos de los 53 millones de bobos que nos creen ellos.

La indignación, que antes se ofertaba como un impulso genuino del pueblo despierto, ha resultado ser un producto de consumo masivo con tarifa fija y facturación electrónica. Qué ironía tan refinada que los mismos demonios que se rasgaban sus vestiduras ante el clientelismo de antaño hoy terminen trenzados en una disputa pública, no por ideales sociológicos ni por el bienestar de los marginados, sino por la piñata del presupuesto publicitario.

El activismo de la izquierda colombiana bajo el gobierno de Gustavo Petro no cayó en la tentación del poder; el poder simplemente reveló su precio exacto.

Ver a estas figuras mediáticas, señalarse y acusarse mutuamente de vendidos, mercenarios y oportunistas es ver la tragicomedia y el canibalismo de una fauna que solo se mantenía unida mientras el plato estuviera lleno.

Cuando la pauta estatal fluía sin control, ni auditoría ni pudor, la causa era buena, pura e incuestionable. Pero en cuando los números no cuadraron o los egos chocaron por ver quién facturó más en la caja registradora de la narrativa oficial, la fraternidad ideológica se disolvió y esto se volvió un lodazal de reproches procaces.

Sacarse los trapos al sol en directo no fue un acto de honestidad, sino la pataleta de dos comensales que pelean por la última migaja de un banquete pagado con los impuestos de un país exhausto, que no solo se quedó con la olla vacía, sino que la olla se la llevaron.

Resulta profundamente inmoral que, en una nación con necesidades estructurales desgarradoras, decenas de miles de millones de pesos hayan sido desviados para engordar las finanzas de polemistas digitales, cuyo único mérito académico y profesional ha sido gritar frente a una cámara web y estigmatizar al oponente La pauta pública dejó de ser un instrumento de información ciudadana para convertirse en un subsidio a la adulación.

Se creó así una aristocracia del tuit, una burocracia del aplauso pagado que vive en la paradoja de cobrar del Estado mientras finge mantener su rebeldía de barrotes de cartón. El caso de Rincón y Gómez es el síntoma definitivo de un colapso ético mayor. La narrativa de la superioridad moral, sobre la cual la izquierda construyó su catedral de arrogancia política, ha quedado reducida a un montón de escombros y facturas cruzadas.

Ya no pueden mirar a la cara de ningún colombiano a los que le prometieron dizque transparencia hágame el favor; porque el tufo a privilegio y mermelada digital es demasiado evidente. Pretendían ser los garantes de la ética pública y terminaron convertidos en los bufones mejor pagados de la corte, peleándose a mordiscos en el patio trasero cuando los reflectores se apagan.

La verdadera tragedia no es la decadencia de un par de polemistas que no es que hubieren perdido los modales, porque estos nunca los tuvieron; sino la burla sistemática a la confianza de una ciudadanía que hoy se encuentra indignada por tanta mentira y tanta ignominia.

Financiar el fanatismo con recursos públicos no solo destruye el debate democrático, sino que pudre la fe en las instituciones. Cuando la convicción política necesita 43.000 millones de pesos para sostenerse en redes sociales, no se trata de una ideología: es una franquicia comercial.

Para ponerle fin a esta payasada, la historia no recordará a estos personajes por la contundencia de sus ideas, sino por la vulgaridad de su reparto. La contienda entre Rincón y Gómez pasará a los anales del cinismo político colombiano como la prueba reina de que la causa nunca fue la patria, ni la justicia, ni la equidad, sino la tarifa por minuto de emisión.

Queda al desnudo un proyecto político que sustituyó las transformaciones reales por la compra de aplausos, dejando tras de sí un rastro de retórica vacía, presupuestos devorados y el decadente espectáculo de sus defensores peleando en el barro por el control de la caja chica.

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