El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 ya se está armando. El departamento entra a la conversación con proyectos listos o la mira desde la orilla.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó formalmente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El Departamento Nacional de Planeación, dirigido por Julián Buitrago, ya se reunió con viceministros, subdirectores y jefes de planeación de todos los sectores.
La hoja de ruta parte de un doble desafío: reconstruir las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto y por los incendios forestales, y avanzar hacia un modelo de desarrollo construido con las regiones, con seguridad, inversión privada y saneamiento fiscal como ejes.
Lo decisivo no está en el discurso sino en el calendario. Cada sector puede postular máximo 15 iniciativas estratégicas. El 30 de septiembre cierra la recepción y concertación inicial; en octubre habrá diálogos regionales; el 15 de noviembre las bases llegan al Consejo Nacional de Planeación, después de pasar por el CONFIS y el CONPES; y el 7 de febrero de 2027 el proyecto de ley se radica en el Congreso. Desde hoy son 58 días para definir qué entra y qué queda por fuera.
Lo que Sucre necesita cambiar
Sucre no llega con ventaja. Aporta menos del 1 % del PIB nacional, más del 70 % de su economía es una terciarización espuria, comercio y servicios de baja productividad, y la informalidad ronda el 68%. La pobreza monetaria bajó de 57,5% a 51,8%, pero el Gini casi no se movió: menos pobres, la misma desigualdad. Un plan que solo reparte gasto no altera esa estructura. Hace falta infraestructura que cambie lo que el departamento produce.
Cinco frentes y una condición
• Agua. El Acueducto Regional de Sucre, con la alternativa de desalinización en Coveñas, resuelve un problema básico y habilita todo lo demás.
• Conectividad y ciudad. El Tren RioMar (Decreto 0216 de 2026, unos 180 kilómetros entre Yatí y el Golfo de Morrosquillo) y el Área Metropolitana de las Sabanas, amparada en la Ley 1625 de 2013.
• Industria y energía. El clúster de aluminio verde GALTCO en Tolú (USD 2.500 millones, con horizonte 2029), la terminal de regasificación de Cenit y Ecopetrol en Coveñas (2027) y el marco de la ZESA.
• Zona Económica Especial (ZESA-ZESE). Pedir que el PND incorpore su marco legal y sus incentivos, para atraer inversión y generar empleo formal en un departamento con informalidad cercana al 68%. Es la herramienta que potencia a GALTCO y a la terminal de Coveñas, y que evita que esas inversiones queden como enclaves.
• La Mojana. Obras hidráulicas y gestión del riesgo que garanticen los 7.000 m³/s y potencien el desarrollo agroindustrial, para una subregión que el país suele recordar solo cuando se inunda.
La condición es la unidad. Un solo paquete del departamento, con ficha técnica (MGA), fuente de financiación y responsable por proyecto, presentado a cada ministerio antes de que se cierren las listas de quince.
Tres exigencias para el articulado
Primero, metas territorializadas: indicadores por subregión, no promedios nacionales que esconden las brechas. Segundo, alianzas con los departamentos vecinos del Caribe, porque el tren, el agua y la energía no respetan límites administrativos y competir entre vecinos por la misma bolsa es perder juntos. Tercero, participación con propuestas escritas: los diálogos regionales de octubre serán útiles solo si Sucre llega con documentos y no con discursos.
Planear no es pedir. Es llegar con el proyecto listo. Sucre tiene hasta el 15 de noviembre.
