Se afirmaba que el Che Guevara era uno de los grandes referentes de su época, mientras se omitía hablar de la represión ejercida por el régimen cubano y del envío de homosexuales a campos de concentración, para forzarlos a trabajar y torturarlos hasta la muerte. Hoy la población LGTBI porta con orgullo las camisetas con el rostro de su verdugo.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y otros dirigentes de izquierda, reivindicaron durante años a Hugo Chávez como referente político, exaltándolo como líder de Latinoamérica y un gran arquitecto, mientras Venezuela atravesaba una profunda crisis económica y social. La admiración política se convirtió en la excusa perfecta para ignorar los resultados. Quizás por ceguera, ignorancia o malicia.

La toma del Palacio de Justicia por el M-19 fue un episodio de enorme gravedad, con secuestros y muertes. Sin embargo, uno de sus miembros denominó ese acto terrorista como una genialidad y muy a pesar de esto, fue elegido presidente de Colombia. Es apenas lógico, su metodología estaría enfocada en exaltar al grupo guerrillero cambiando la historia. El sombrero de Pizarro  se convirtió en símbolo de paz. ¿Puede una democracia romantizar un acto de violencia política?

En España, Irene Montero defendió la educación afectivo-sexual desde edades tempranas y sostuvo que debía existir formación sobre sexualidad, consentimiento y relaciones, inclusive propuso la sexualidad infantil como un derecho de los niños. Solo se escucharon murmullos de reproches mientras fue recibida con honores en la Casa de Nariño.

Marx escribió que la religión era el “opio del pueblo”, y, sin embargo, hoy existen quienes se identifican simultáneamente como cristianos y socialistas. El efecto de tal oxímoron es observar a los católicos orar por los niños mientras eligen políticamente las ideologías que propenden por inyectarles hormonas y mutilar sus genitales. Nada que hacer si el máximo jerarca de la iglesia, el papa Francisco se alineaba con la agenda LGTBI y simpatizaba con comunistas.

Simone de Beauvoir escribió que “no se nace mujer: llega una a serlo”, una formulación que posteriormente adquirió enorme influencia en determinadas corrientes feministas y debates contemporáneos sobre sexo y género. Los progresistas ante la tibieza de quienes decidían no opinar, construyeron todo un andamiaje ideológico o supersticioso fundado en que un  hombre se puede convertir en mujer gracias a la construcción social, así mismo, una mujer podría transformarse en hombre. El problema de este último caso es que la naturaleza le recordará cada 28 días que es una mujer.

Dejamos de discutir las ideas para administrarlas y repetirlas, cayendo en el juego nacional socialista de que toda mentira repetida se convierte en verdad. Sin darnos cuenta, convertimos el lenguaje cotidiano en incuestionables verdades relativas sin tener en cuenta el orden moral más elemental.

Y entonces apareció el periodismo tibio: ese que prefiere no incomodar, que teme llamar a las cosas por su nombre y que confunde neutralidad con omisión, que inclusive, apoya con vehemencia todas estas atrocidades dejando a un lado su deber social.

El problema no está en decir la verdad. El problema radica en omitirla ante las mentiras, esconderla ante la manipulación o, peor aún, decidir no decidir.

La batalla cultural no consiste en odiar a quien piensa diferente. Consiste en volver a discutir las ideas. En confrontar una idea u opinión con los argumentos; los relatos con hechos y la propaganda con evidencia. Decir la verdad no es discurso de odio es sentido común.

La verdadera batalla cultural comienza cuando dejamos de tener miedo de pensar, de preguntar y de decir aquello que otros prefieren que permanezca en silencio. La verdadera batalla espiritual es buscar la libertad de nuestras ideas a través de la verdad, porque la verdad os hará libres.

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Venezuela constituye el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando el Estado pretende convertirse en el gran administrador de la economía y de la vida social. Argentina mostró durante años las consecuencias de combinar populismo fiscal, inflación, endeudamiento y una creciente dependencia de la intervención estatal. Colombia atraviesa ahora su propio debate sobre el tamaño del Estado, el gasto público, la inversión, la seguridad, las reglas para producir riqueza y toda la debacle que dejó el gobierno progresista. Chile, por su parte, demuestra algo que la discusión ideológica suele olvidar: no todo puede explicarse mediante consignas. Su experiencia obliga a reconocer que la prosperidad requiere instituciones, estabilidad y condiciones favorables para la inversión y la productividad.

La conclusión debería ser evidente: la pobreza no se derrota simplemente distribuyendo recursos; se derrota creando riqueza. Un subsidio puede aliviar una necesidad, pero no reemplaza un empleo productivo. Una transferencia puede solucionar temporalmente una dificultad, pero no sustituye una economía capaz de generar oportunidades. Y un Estado puede repartir durante algún tiempo, pero no puede repartir indefinidamente aquello que la sociedad deja de producir. Esta es, precisamente, una de las grandes discusiones que debe plantear la Nueva Derecha latinoamericana.

De ese agotamiento está naciendo algo diferente. No estamos simplemente ante el regreso de la derecha tradicional. Estamos ante el surgimiento de una Nueva Derecha que combina libertad económica, defensa de la propiedad privada, seguridad, autoridad, reducción de la burocracia, responsabilidad fiscal, patriotismo y defensa de valores tradicionales. Y, además, incorpora un elemento que puede resultar decisivo: la ruptura con la política profesional tradicional.

Por eso aparecen figuras como Milei y Bukele, y en Colombia emergió Abelardo De la Espriella como una expresión de ese fenómeno. Cada uno tiene características propias y no pueden ser considerados idénticos, pero comparten una narrativa poderosa: el ciudadano está cansado de una clase política que lleva décadas administrando los mismos problemas y ofreciendo las mismas soluciones. El outsider se convierte, entonces, en una expresión del hartazgo frente al sistema.

Esto plantea una pregunta fundamental para las próximas elecciones latinoamericanas: ¿debemos seguir escogiendo a quienes han hecho de la política su profesión o comenzar a valorar también a ciudadanos provenientes de otros sectores de la sociedad? Empresarios, administradores, profesionales, emprendedores y ciudadanos con experiencia en la economía real pueden aportar una mirada diferente a quienes han vivido exclusivamente dentro de la burocracia y los partidos.

No se trata de elegir personas sin preparación ni de convertir la inexperiencia en una virtud. Se trata de entender que haber ocupado cargos políticos no puede ser considerado automáticamente una certificación de capacidad para gobernar. La experiencia puede ser una virtud, pero también puede convertirse en la experiencia de repetir los mismos errores.

América Latina parece estar entrando en una nueva etapa. La batalla es cultural y política, y consiste en elegir entre un burócrata estatista cargado de ideología de género, impuestos y progresismo; un personaje con ideas socialistas o de izquierda, arraigado a los partidos tradicionales; o, por el contrario, apoyar una fórmula distinta: una persona apartada de la hegemonía politiquera, con la vocación de construir una alternativa basada en libertad, producción, seguridad, responsabilidad, espititualidad y renovación política. Un outsider.

Para Brasil no hay tiempo de mostrar un nuevo rostro, pero se debe vencer a la izquierda de Lula y destruir por completo el Foro de São Paulo, al que señalamos como responsable de buena parte de la hegemonía socialista del siglo XXI. Sería un golpe mortal para la izquierda. En Nicaragua y Cuba no hay democracia; su transformación requerirá una ruptura profunda con sus actuales regímenes. México debe esperar hasta 2030. Para 2028, los “Quisqueyanos valientes” deberán romper las cadenas de los partidos tradicionales para dar paso a un nuevo orden de libertad y patriotismo en República Dominicana.

La Nueva Derecha tiene, por tanto, una enorme oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. No basta con ganar elecciones. Hay que demostrar que es posible gobernar mejor. No basta con denunciar el fracaso de la “justicia social”. Hay que ofrecer prosperidad. No basta con derrotar electoralmente a la izquierda. Hay que ganar la batalla cultural.

Porque el verdadero cambio no ocurrirá cuando la derecha simplemente llegue al poder, sino cuando una sociedad vuelva a creer que la libertad, la responsabilidad individual, el trabajo y la creación de riqueza son caminos mucho más seguros hacia la prosperidad que la dependencia permanente del Estado.

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La respuesta es incómoda: los grupos armados ilegales los reclutan. Y Colombia ya conoce las consecuencias de una política de seguridad excesivamente permisiva frente a quienes utilizan a los menores como instrumentos de guerra. La propia Defensoría del Pueblo reveló que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 conoció 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, advirtiendo además que existe un importante subregistro, por lo que la cifra real sería considerablemente mayor. No estamos, entonces, ante una hipótesis académica: el reclutamiento de menores es una realidad que continúa extendiéndose.

Y aquí aparece la paradoja. Si una organización criminal sabe que mantener menores dentro de un campamento puede impedir o limitar una operación aérea, ¿qué incentivo tiene para sacarlos de allí? Ninguno. Por el contrario, puede aparecer un incentivo perverso: el menor puede convertirse en el escudo perfecto. No afirmo que todos los grupos armados vayan necesariamente a reclutar niños con ese propósito. Señalo algo mucho más elemental: las organizaciones criminales responden a incentivos. Si el Estado establece que la presencia comprobada o razonablemente advertida de menores limita su capacidad para atacar un objetivo militar, esa condición puede ser explotada por quienes ya han demostrado no tener escrúpulos para utilizar a los niños.

Aquí es donde la política de seguridad debe dejar de ser ingenua. Durante años se nos dijo que había que reducir la confrontación, privilegiar el diálogo y disminuir la presión militar para alcanzar la paz. Sin embargo, mientras el Estado negocia con organizaciones que continúan armadas y controlando territorios, el reclutamiento de menores sigue siendo una realidad. Ahora, cuando se intenta recuperar capacidad operacional, aparece una decisión legítimamente orientada a proteger a los menores, pero que también puede generar un nuevo incentivo para quienes los reclutan.

Ese es el problema que debemos discutir. Proteger al niño no puede significar proteger al criminal. El Estado tiene la obligación de extremar las precauciones, verificar la información de inteligencia, aplicar el Derecho Internacional Humanitario y buscar alternativas menos lesivas cuando sea posible. Pero también tiene la obligación de preguntarse qué hará el enemigo con las reglas que nosotros mismos establecemos. Porque el grupo armado ilegal puede llegar a pensar algo muy sencillo: “Si tengo menores, no me pueden bombardear.”

Si esa lógica se consolida, el efecto será perverso: el criminal recluta al menor, el menor se convierte en víctima y, finalmente, el Estado queda limitado por la misma presencia del niño que el criminal puso allí. Eso no puede convertirse en una política de protección integral de la infancia. El menor no puede transformarse, de manera indirecta, en una patente de protección militar para quienes lo utilizan como instrumento de guerra.

Por eso respeto el fallo, pero también advierto sobre sus posibles consecuencias. Si durante una política de seguridad permisiva el reclutamiento de menores no fue contenido y ahora la presencia de esos menores puede convertirse en una condición que limite las operaciones militares, sería ingenuo ignorar el riesgo de que la tendencia se agrave.

Los niños no deben estar en los campamentos. Los niños no deben estar en la guerra. Los niños no deben ser combatientes. Pero, sobre todo, los niños no pueden convertirse en el seguro de vida de los criminales que los reclutan.

El Estado debe proteger al menor y perseguir al que lo convierte en escudo. Porque si terminamos protegiendo el escudo más que enfrentando a quien lo utiliza, habremos cometido la peor de las paradojas: el criminal habrá descubierto que su víctima puede convertirse en su mejor defensa.

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Incluso el derecho reconoce que las emociones intensas pueden afectar la conducta humana. El Código Penal colombiano contempla la figura de la ira o intenso dolor como circunstancia que, bajo determinadas condiciones, puede atenuar una consecuencia penal. Esto no significa que la emoción elimine la responsabilidad, sino que reconoce algo elemental: el ser humano no siempre actúa con la misma capacidad de razonamiento cuando está sometido a una intensa carga emocional.

Algo parecido ocurre en el debate político colombiano después de la derrota electoral del petrismo.

El problema aparece cuando el dolor de perder impide analizar los hechos por lo que realmente son. Entonces se mira la forma y no el fondo; el titular y no el contenido; la cifra y no aquello que explica la cifra. Eso ocurre con el nuevo Presupuesto General de la Nación.

La crítica se ha concentrado en que el Gobierno aumentó el presupuesto de aproximadamente $575,7 billones a cerca de $634,9 billones. La cifra, presentada aisladamente, parece suficiente para construir un reproche: Prometieron austeridad pero: “¡Aumentaron el presupuesto!”. Esa es precisamente una mirada superficial.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿por qué aumentó?

El nuevo Gobierno sostiene que recibió un presupuesto que no reflejaba adecuadamente la realidad de determinadas obligaciones fiscales y que, especialmente, subestimaba el verdadero costo del servicio de la deuda. La reformulación incorporó un incremento sustancial en este apartado, además de otros gastos que debían ser reconocidos. Como mencionó el vicepresidente José Manuel Restrepo, era un presupuesto mentiroso.

Entonces aparece una paradoja: un presupuesto menor no necesariamente es un presupuesto más responsable. Si una cifra menor se consigue omitiendo, subestimando o financiando con recursos inciertos obligaciones que inevitablemente deberán pagarse, lo que existe no es austeridad, sino una representación incompleta de la realidad.

Por eso, llamar “Presupuesto de la Verdad” al nuevo proyecto tiene una carga política evidente, pero también plantea una discusión técnica legítima: ¿estamos ante un presupuesto más grande porque el Gobierno decidió gastar irresponsablemente, o ante un presupuesto más grande porque decidió reconocer la verdadera obligación que encontró?

Esa es la discusión que debería darse. Pero al petrismo en sus emociones negativas, no le interesa, solo le importa reprochar, inclusive haciendo el ridículo.

Algo similar ocurre cuando la emoción hace que se juzgue un hecho por su apariencia. El episodio de los balones es un ejemplo. El reproche se concentró en el supuesto “regalo” y, para muchos, esa imagen terminó eclipsando la discusión sobre la ayuda en alimentación, medicamentos y atención a las comunidades beneficiadas.

Se condenó el símbolo antes de examinar el contenido. Eso es mirar la política con los ojos de la emoción, en este caso, la envidia, resentimiento y odio.

La derrota electoral duele. Perder el poder duele todavía más cuando se ha convertido la política en una parte fundamental de la propia identidad y cuando no se reconoce al vencedor. Pero ese dolor no puede convertirse en método de análisis. La realidad no cambia porque nos duela.

El presupuesto debe juzgarse por sus números, sus supuestos, sus obligaciones y sus fuentes de financiación. Y un Gobierno debe ser juzgado por sus resultados, no simplemente por la imagen que sus adversarios construyan de sus decisiones. Porque al final, el verdadero peligro no es sentir dolor por perder.

El verdadero peligro es permitir que ese dolor nos impida ver la verdad.

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El problema comienza cuando una ideología confunde sus objetivos políticos con categorías morales. Defender la igualdad no convierte automáticamente una causa en justa, del mismo modo que hablar en nombre de los pobres no convierte en moral cualquier mecanismo utilizado para alcanzar ese propósito. La moralidad no puede determinarse únicamente por las intenciones declaradas; también debe juzgar los medios empleados y las consecuencias que producen.

Una de las estrategias de esta narrativa consiste en derrumbar la jerarquía de la gravedad moral de las infracciones para relativizar la magnitud del daño causado. De esta manera, el fin termina justificando los medios. Se pretende equiparar el incumplimiento de una promesa de campaña con el uso de las armas para alcanzar el poder mediante el secuestro, la extorsión, la tortura o incluso el asesinato.

Bajo esta lógica, actos de distinta naturaleza y gravedad terminan siendo presentados como simples episodios de un mismo proceso político. Incluso se transforma el lenguaje para alterar la percepción de los hechos: un ataque terrorista puede terminar siendo denominado “estallido social”.

La contradicción resulta todavía más evidente cuando quienes se presentan como defensores de los derechos humanos promueven el aborto; cuando se pretende reivindicar el ataque al Palacio de Justicia como una “genialidad”; o cuando quienes hoy cuestionan la respuesta del Gobierno ante una catástrofe natural omiten sus propias responsabilidades frente a tragedias que ocurrieron durante su administración.

Las inundaciones en Córdoba por ejemplo. El problema no es ejercer oposición: el problema es exigir a los demás una moral que no se está dispuesto a aplicar con el mismo rigor a los propios actos.

La misma lógica aparece cuando se pretende equiparar situaciones que, aunque puedan parecer similares superficialmente, tienen naturalezas completamente diferentes. Así ocurre con la comparación entre el uso de una aeronave oficial para actividades laborales como lo hace el presidente y su utilización para fines personales como lo hacía Francia Márquez.

Cuando todo se coloca bajo la misma categoría moral, desaparece la capacidad de distinguir entre trabajo y ocio, entre necesidad y privilegio, entre lo legítimo y lo abusivo. Si todo es igualmente inmoral, entonces, en realidad, la moralidad deja de existir como criterio.

Es simple: quien está dominado por el resentimiento puede terminar viendo inmoralidad allí donde existe esfuerzo, privilegio donde existe mérito y explotación donde existe intercambio voluntario. La realidad deja de ser el criterio y la comparación se convierte en el criterio moral.

Una ideología no adquiere superioridad moral porque hable de justicia. Tiene que demostrar que sus principios son justos, que sus medios son legítimos y que sus resultados son compatibles con aquello que afirma defender.

La verdadera batalla cultural consiste precisamente en quitarle el antifaz a la superioridad moral autoproclamada por la izquierda y devolverle a la sociedad la capacidad de juzgar las ideas por sus principios, sus medios y sus frutos.

Porque la justicia no se vuelve justa porque la pronuncie la izquierda, ni la injusticia deja de serlo porque la cometa quien dice luchar por los pobres. La moralidad no pertenece a una ideología. Se demuestra con principios, con coherencia y con hechos.

Y si queremos juzgar la verdadera moralidad de un proyecto político, debemos mirar más allá de sus discursos y observar sus resultados. Los últimos cuatro años ofrecen precisamente ese terreno de evaluación: comparar lo que se prometió con lo que se hizo, los principios proclamados con las decisiones adoptadas y las intenciones declaradas con las consecuencias producidas.

La moralidad no se proclama. Se demuestra. Y la izquierda está muy lejos de eso.

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No es una idea nueva. En Justicia social. Un engaño con fines políticos, al analizar la obsesión por la igualdad, sostengo que el igualitarismo parte de la comparación. El individuo observa a otro, identifica una condición que considera superior y desea alcanzar aquello que el otro posee. Cuando esa comparación se convierte en frustración frente al éxito ajeno, aparece la envidia; cuando esa emoción se prolonga, se transforma en resentimiento y, finalmente, en odio.

Aquí encontramos una de las grandes paradojas del progresismo: mientras proclama combatir las desigualdades, puede terminar alimentando una cultura obsesionada con ellas. Ya no importa únicamente mejorar la condición propia; importa que nadie esté demasiado por encima. El éxito ajeno deja de ser un ejemplo de lo que puede alcanzarse y se convierte en algo que debe ser cuestionado, limitado o incluso castigado.

Por eso resulta tan revelador observar la reacción frente a quien gobierna haciendo precisamente aquello que sus adversarios no lograron hacer: trabajar por todos los colombianos, sin importar su color de piel, su condición económica o su pensamiento político. En apenas una semana de mandato, el presidente ha tenido que enfrentar simultáneamente las consecuencias de las fuerzas de la naturaleza, a los malhechores que perturban la tranquilidad de los colombianos y a una oposición que todavía parece no asimilar el resultado electoral.

Mientras unos trabajan para reconstruir y proteger, otros están empeñados en destruir, desacreditar y obstaculizar. No construyen, destruyen; no colaboran, estorban.

Cuando la política abandona la realidad y se instala en el resentimiento, el resultado es diferente. El éxito del adversario se convierte en una ofensa. Su triunfo parece insoportable. Sus resultados deben ser minimizados, ridiculizados o negados, porque reconocerlos significaría aceptar que las ideas defendidas durante años quizá no eran tan exitosas como se prometía.

Ese es precisamente el punto en el que la obsesión por la igualdad se convierte, como planteo en el libro, en una enfermedad mental y del alma: no porque toda discrepancia política sea enfermiza, sino porque la comparación permanente puede deformar la manera de interpretar la realidad.

Quien vive atrapado en el resentimiento termina siendo incapaz de contemplar el conjunto; buscará obsesivamente aquello que considera negativo, incluso cuando exista alrededor un universo de cosas buenas. En su sufrimiento, no verá los avances: buscará el defecto. No reconocerá los resultados: buscará el fracaso. No celebrará el bien: necesitará encontrar aquello que pueda utilizar para justificar su resentimiento.

Este gobierno apenas comienza, pero el dolor de gran parte de la izquierda frente al resultado electoral es evidente. Ahora solo tiene dos caminos: asumir que Abelardo De La Espriella es el presidente de Colombia, evaluar objetivamente su labor y ejercer una oposición democrática y responsable; o continuar desconociendo el resultado de las urnas y convertir los próximos cuatro años en un permanente ejercicio de frustración política.

La democracia no consiste en gobernar únicamente cuando ganamos, sino también en saber reconocer la legitimidad de quien gana cuando perdemos.

Colombia no necesita una política construida sobre el malestar frente al éxito ajeno. Necesita recuperar una cultura que premie el esfuerzo, la responsabilidad, el mérito y la capacidad de producir resultados. Es pertinente dejar atrás la verborrea y la ineptitud del gobierno anterior y permitir que los resultados hablen por sí mismos.

En efecto, el sufrimiento progresista no solo será consecuencia de lo que haga el nuevo gobierno, sino también de la incapacidad de algunos para aceptar que otros pueden hacer aquello que ellos prometieron y no pudieron.

Y cuando la envidia se convierte en resentimiento, el resentimiento en odio y el odio termina gobernando la percepción de la realidad, ya no estamos simplemente ante una diferencia política: estamos ante una enfermedad mental y del alma que hace que, dentro de un universo de cosas buenas, solo pueda verse aquello que se considera malo.

Porque ese es el drama del resentimiento: no necesita que todo esté mal para sufrir; necesita encontrar algo malo para justificar su sufrimiento.

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El poder político puede cambiar de manos en un día; transformar la cultura de una nación puede tomar generaciones. Por eso, la batalla cultural inicia ahora, y Colombia necesita algo más que discursos: necesita principios, coherencia y resultados.

El primer desafío será la extrema coherencia. No basta con haber defendido durante la campaña la familia, la seguridad, la libertad, la propiedad privada, el libre mercado y la fe en Dios. Es necesario gobernar conforme a esos principios.

La coherencia exige convertir las convicciones en políticas públicas y las políticas públicas en resultados verificables. Un gobierno que promete libertad no puede expandir innecesariamente el Estado; quien defiende la propiedad debe garantizar seguridad jurídica; quien habla de disciplina fiscal debe administrar responsablemente los recursos públicos; y quien reivindica la familia debe protegerla.

La batalla cultural necesita resultados porque pocas cosas tienen mayor fuerza para defender una idea que una realidad que demuestra sus frutos.

El segundo desafío será despertar el sentido común. Durante años, determinadas narrativas han conseguido modificar el significado de las palabras hasta alterar la percepción de la realidad. La respuesta no puede ser imponer otra narrativa, sino recuperar la capacidad de pensar mediante la razón, la evidencia y los hechos.

Debemos volver a preguntar qué significan realmente conceptos como justicia social, igualdad, derechos o inclusión. La batalla cultural comienza cuando dejamos de aceptar las ideas de manera acrítica y aprendemos nuevamente a llamar las cosas por su nombre.

El tercer desafío será comprender correctamente el Estado laico. Laicidad no significa ateísmo ni exige expulsar a Dios de la vida pública. Sin embargo, existe una corriente progresista que pretende convertir la neutralidad religiosa del Estado en una exclusión de la fe del espacio público, hasta el punto de que nuestra propia tradición judeocristiana corre el riesgo de ser presentada como incompatible con la República.

Si esa lógica avanzara, también quedarían bajo cuestionamiento símbolos y expresiones patrióticas que mencionan a Dios: la invocación a Dios en el preámbulo constitucional, el juramento a la bandera, el lema institucional “Dios y Patria” y las referencias cristianas presentes en nuestro himno nacional.

Defender el Estado laico, por tanto, también significa defender la libertad religiosa y el derecho de los creyentes a participar plenamente en la vida pública.

Finalmente, Colombia necesita reconstruir el modelo. Y aquí la Nueva Derecha ofrece una síntesis que integra tres elementos inseparables: liberalismo, conservadurismo y patriotismo. Liberalismo para defender la vida, la libertad, la propiedad privada, el libre mercado y los límites al poder estatal; conservadurismo para preservar la familia, la tradición, la moral y aquellos valores que han demostrado su importancia para la estabilidad social; y patriotismo para defender a Colombia, sus instituciones, su soberanía, su Estado de derecho y su identidad nacional.

La batalla cultural, entonces, no consiste simplemente en derrotar al progresismo electoralmente. Consiste en demostrar que existen principios capaces de producir una sociedad más libre, próspera, segura y moralmente sólida. La elección pudo cambiar el gobierno; la batalla cultural tendrá que cambiar las ideas.

Porque las ideas no se derrotan con silencio.

Se derrotan con mejores ideas.

Y esas ideas solo alcanzarán la victoria cuando dejen de ser palabras y comiencen a convertirse en realidad.

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Más allá de la discusión sobre la literalidad de la frase, lo verdaderamente importante es el método que representa: sustituir el debate por la repetición, reemplazar los hechos por emociones y lograr que una afirmación, por falsa que sea, termine aceptándose simplemente porque se escucha una y otra vez. Esa estrategia constituye hoy una de las herramientas políticas más utilizadas por el progresismo para mantener vivas narrativas que difícilmente resisten un análisis serio de los hechos.

En lugar de responder con argumentos, se opta por inundar las redes sociales con consignas cuidadosamente diseñadas para moldear la opinión pública. La velocidad de la propaganda sustituye la paciencia que exige verificar la información y el objetivo deja de ser convencer mediante la evidencia para pasar a imponer una percepción colectiva.

Cuando una mentira se repite por dirigentes políticos, influenciadores, medios afines y miles de militantes al mismo tiempo, termina adquiriendo apariencia de verdad para quienes nunca se detienen a contrastarla. Ese mecanismo de propaganda ha sido adoptado por buena parte de la izquierda como instrumento de movilización política, bajo la premisa de que sus seguidores repetirán el relato sin someterlo al escrutinio de los hechos.

Los ejemplos recientes ilustran esta dinámica. Se difundió ampliamente la afirmación de que el presidente electo no pagaba impuestos, apoyándose en una lectura parcial de su declaración de renta, cuando el mismo documento registraba un anticipo tributario por una suma considerable. También se atribuyó de manera inmediata al viaje del vicepresidente electo a Estados Unidos la decisión de ese país de aumentar aranceles, pese a que esa política comercial respondía a un proceso previo.

Finalmente, la izquierda promueve la desobediencia civil como respuesta al resultado electoral, presentándola como un acto de patriotismo cuando, en realidad, constituye una manifestación contraria al ejercicio democrático y al respeto por las instituciones de la República. Cada uno de estos episodios merece ser discutido con información verificable y contexto, no únicamente mediante consignas que buscan reforzar la identidad del propio grupo.

La consecuencia más preocupante de esta forma de hacer política no es que existan narrativas; toda corriente política las construye. El verdadero riesgo aparece cuando se deja de formar ciudadanos críticos para formar repetidores de consignas. Una democracia necesita personas que contrasten fuentes, cuestionen incluso a los dirigentes con los que simpatizan y estén dispuestas a cambiar de opinión frente a la evidencia.

Cuando una organización política espera obediencia antes que reflexión, deja de tratar a sus seguidores como ciudadanos y comienza a tratarlos como simples instrumentos de movilización.

Por eso, la batalla cultural no consiste en responder una consigna con otra, sino en reivindicar el valor de la verdad frente a la propaganda. La mejor defensa de una sociedad libre no es el fanatismo, sino el pensamiento crítico; no es el aplauso automático, sino la capacidad de preguntar; no es repetir, sino comprender. Una ciudadanía que renuncia a pensar entrega voluntariamente su libertad a quien controle el relato. En cambio, una ciudadanía que lee, verifica, debate y razona se vuelve mucho más difícil de manipular.

Las narrativas pueden ganar una elección, una tendencia en redes o un titular de prensa; pero solo la verdad puede sostener una república libre. Y la verdad jamás teme al debate, porque su mejor aliada no es la propaganda, sino la evidencia. Por eso una democracia necesita ciudadanos críticos, no idiotas útiles.

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En Colombia, esa promesa dejó de ser hace mucho una simple corriente de pensamiento para convertirse en un paradigma que orienta la acción del Estado. Desde la Constitución de 1991, la justicia social pasó a ocupar un lugar central en el discurso constitucional, en la formulación de las políticas públicas y en la planificación gubernamental.

Sin embargo, más allá del discurso y de las consignas, surge una pregunta fundamental: ¿se ha implementado realmente en Colombia un modelo progresista basado en la justicia social?

La evidencia permite responder afirmativamente. La Carta Magna no solo proclamó a Colombia como un Estado Social de Derecho, sino que inauguró un nuevo paradigma de intervención estatal sustentado en la búsqueda de un «orden social justo».

Ese cambio no quedó reducido a una declaración constitucional. Durante más de tres décadas se materializó en los sucesivos planes nacionales de desarrollo, principal instrumento mediante el cual los gobiernos han traducido esa visión en políticas públicas. Allí puede observarse cómo administraciones que presumen distintas orientaciones políticas y estilos de liderazgo, terminaron edificando su acción gubernamental sobre un mismo fundamento: la justicia social.

La prueba se encuentra precisamente en esos planes nacionales de desarrollo. Los documentos oficiales de los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque revelan un denominador común: todos asumieron la justicia social como fundamento de la acción estatal.

El Plan Nacional de Desarrollo de Samper justificó la ampliación de la intervención del Estado y del gasto social; el de Pastrana vinculó la construcción de la paz con la justicia social; el primer gobierno de Uribe promovió la redistribución del ingreso y un mayor gasto social, mientras que su segundo mandato profundizó ese mismo paradigma al incorporar políticas de equidad de género, igualdad de oportunidades y discriminación positiva, elementos tradicionalmente asociados a la agenda progresista; los dos gobiernos de Santos consolidaron el enfoque de género y las políticas redistributivas; y el gobierno de Iván Duque mantuvo la equidad y la justicia social como ejes de su estrategia gubernamental, alineando además buena parte de su agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Cambiaron los presidentes, se alternaron los partidos y variaron los discursos, pero sus políticas públicas conservaron un mismo presupuesto: corresponde al Estado intervenir para redistribuir oportunidades, ingresos y beneficios en nombre de la justicia social.

Lejos de ser una bandera exclusiva de la izquierda contemporánea, la revisión de estos documentos demuestra que dicho modelo ha orientado la planificación estatal colombiana durante más de tres décadas.

No obstante, es en el gobierno de Gustavo Petro donde esa tendencia alcanza su máxima expresión. Su Plan Nacional de Desarrollo convierte la justicia social en el eje transversal de prácticamente toda la acción estatal. Petro no inauguró ese modelo. Lo que propuso fue llevar hasta sus últimas consecuencias una construcción política, jurídica e institucional que Colombia venía desarrollando desde la Constitución de 1991.

Quienes sostienen que el progresismo llegó al poder apenas en 2022 pasan por alto que sus principales postulados llevan más de treinta años orientando la arquitectura del Estado colombiano. Esa continuidad explica por qué hoy puede hablarse de una verdadera hegemonía cultural e institucional de las ideas progresistas.

Hoy el progresismo trascendió las políticas públicas. Su influencia se extiende a numerosos ámbitos de la vida nacional: los medios de comunicación, las universidades, el deporte, la industria del entretenimiento, buena parte de la intelectualidad e incluso sectores del cristianismo. Ignorar esa realidad solo contribuye a fortalecerlo.

Para enfrentarlo, el primer paso será reconocer que el progresismo hace parte del panorama político, cultural e institucional del país; el segundo consiste en disputar ese espacio de las ideas mediante una auténtica batalla cultural, orientada a reducir su influencia y a ofrecer una alternativa basada en principios de libertad, responsabilidad individual y la tradición que históricamente han sustentado la civilización occidental.

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Mientras unos entendieron esta realidad hace décadas y emprendieron una verdadera conquista cultural desde las universidades, los medios de comunicación, el entretenimiento y la política, buena parte del cristianismo decidió replegarse. Confundió la prudencia con el silencio y la humildad con la renuncia.

Hoy resulta imposible ignorar las consecuencias. Aquellos que jamás ocultaron su propósito de transformar los fundamentos morales de Occidente avanzaron con disciplina y determinación. No ganaron porque fueran mayoría, sino porque encontraron muy poca resistencia intelectual.

La batalla cultural no se perdió en las urnas; comenzó a perderse cuando miles de creyentes abandonaron los espacios donde se forman las conciencias y se construye la opinión pública.

Durante años se repitió una idea profundamente equivocada: que la fe debía permanecer encerrada en los templos y que participar en los debates públicos era incompatible con el Evangelio.

El resultado fue entregar voluntariamente la discusión sobre la familia, la educación, la libertad, la dignidad humana y la justicia a quienes sí estaban dispuestos a defender su propia visión del mundo.

La neutralidad nunca existió. Mientras unos callaban, otros hablaban. Mientras unos se retiraban, otros ocupaban cada espacio disponible.

No se trata de convertir la Iglesia en un partido político ni de reducir el cristianismo a una ideología. Se trata de comprender algo mucho más elemental: toda decisión política parte de una visión moral del ser humano.

Quien afirma que los cristianos deben abstenerse del debate público no está defendiendo la neutralidad; simplemente pretende que una cosmovisión renuncie al debate para que otra pueda imponerse sin contradicción.

Esa exigencia jamás se formula contra quienes promueven proyectos políticos inspirados en el progresismo, el colectivismo o cualquier otra corriente ideológica. Solo parece aplicarse a quienes profesan la fe cristiana.

Quizá el problema más grave no sea el avance de determinadas ideas, sino la comodidad de quienes pudieron ofrecer una alternativa y prefirieron observar desde la distancia. La indiferencia jamás ha protegido una civilización.

Las grandes transformaciones de la historia nunca fueron obra de espectadores, sino de hombres y mujeres convencidos de que las ideas tienen consecuencias y de que vale la pena defenderlas con inteligencia, carácter y perseverancia.

Los cristianos no están llamados al aislamiento, sino al testimonio. Y el testimonio no consiste únicamente en la vida privada; también implica participar responsablemente en la conversación pública, defender con argumentos aquello que se considera verdadero y resistir la tentación de esconder las convicciones por miedo a la crítica o al rechazo.

Una fe que solo puede sobrevivir dentro de un templo difícilmente podrá iluminar una nación.

La verdadera pregunta ya no es si existe una batalla cultural. Esa batalla se libra todos los días, en las aulas, en los tribunales, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el poder político.

La pregunta es otra: ¿seguirán los cristianos contemplando el curso de la historia desde la comodidad de la tribuna o asumirán, de una vez por todas, la responsabilidad de defender la verdad?

Porque al final, la mayor traición no consiste en perder una discusión pública, sino en renunciar a darla. El compromiso del cristiano nunca ha sido con la comodidad, con la popularidad ni siquiera con el consenso. Su compromiso es, ante todo, con la verdad.

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