El progresismo propone transformar la sociedad mediante un Estado cada vez más activo, con la promesa de corregir las desigualdades económicas y sociales a través de la justicia social.
En Colombia, esa promesa dejó de ser hace mucho una simple corriente de pensamiento para convertirse en un paradigma que orienta la acción del Estado. Desde la Constitución de 1991, la justicia social pasó a ocupar un lugar central en el discurso constitucional, en la formulación de las políticas públicas y en la planificación gubernamental.
Sin embargo, más allá del discurso y de las consignas, surge una pregunta fundamental: ¿se ha implementado realmente en Colombia un modelo progresista basado en la justicia social?
La evidencia permite responder afirmativamente. La Carta Magna no solo proclamó a Colombia como un Estado Social de Derecho, sino que inauguró un nuevo paradigma de intervención estatal sustentado en la búsqueda de un «orden social justo».
Ese cambio no quedó reducido a una declaración constitucional. Durante más de tres décadas se materializó en los sucesivos planes nacionales de desarrollo, principal instrumento mediante el cual los gobiernos han traducido esa visión en políticas públicas. Allí puede observarse cómo administraciones que presumen distintas orientaciones políticas y estilos de liderazgo, terminaron edificando su acción gubernamental sobre un mismo fundamento: la justicia social.
La prueba se encuentra precisamente en esos planes nacionales de desarrollo. Los documentos oficiales de los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque revelan un denominador común: todos asumieron la justicia social como fundamento de la acción estatal.
El Plan Nacional de Desarrollo de Samper justificó la ampliación de la intervención del Estado y del gasto social; el de Pastrana vinculó la construcción de la paz con la justicia social; el primer gobierno de Uribe promovió la redistribución del ingreso y un mayor gasto social, mientras que su segundo mandato profundizó ese mismo paradigma al incorporar políticas de equidad de género, igualdad de oportunidades y discriminación positiva, elementos tradicionalmente asociados a la agenda progresista; los dos gobiernos de Santos consolidaron el enfoque de género y las políticas redistributivas; y el gobierno de Iván Duque mantuvo la equidad y la justicia social como ejes de su estrategia gubernamental, alineando además buena parte de su agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Cambiaron los presidentes, se alternaron los partidos y variaron los discursos, pero sus políticas públicas conservaron un mismo presupuesto: corresponde al Estado intervenir para redistribuir oportunidades, ingresos y beneficios en nombre de la justicia social.
Lejos de ser una bandera exclusiva de la izquierda contemporánea, la revisión de estos documentos demuestra que dicho modelo ha orientado la planificación estatal colombiana durante más de tres décadas.
No obstante, es en el gobierno de Gustavo Petro donde esa tendencia alcanza su máxima expresión. Su Plan Nacional de Desarrollo convierte la justicia social en el eje transversal de prácticamente toda la acción estatal. Petro no inauguró ese modelo. Lo que propuso fue llevar hasta sus últimas consecuencias una construcción política, jurídica e institucional que Colombia venía desarrollando desde la Constitución de 1991.
Quienes sostienen que el progresismo llegó al poder apenas en 2022 pasan por alto que sus principales postulados llevan más de treinta años orientando la arquitectura del Estado colombiano. Esa continuidad explica por qué hoy puede hablarse de una verdadera hegemonía cultural e institucional de las ideas progresistas.
Hoy el progresismo trascendió las políticas públicas. Su influencia se extiende a numerosos ámbitos de la vida nacional: los medios de comunicación, las universidades, el deporte, la industria del entretenimiento, buena parte de la intelectualidad e incluso sectores del cristianismo. Ignorar esa realidad solo contribuye a fortalecerlo.
Para enfrentarlo, el primer paso será reconocer que el progresismo hace parte del panorama político, cultural e institucional del país; el segundo consiste en disputar ese espacio de las ideas mediante una auténtica batalla cultural, orientada a reducir su influencia y a ofrecer una alternativa basada en principios de libertad, responsabilidad individual y la tradición que históricamente han sustentado la civilización occidental.
