El colosal colapso de la red pública hospitalaria en todo el territorio nacional está a punto de pasar de una amenaza a una triste realidad.
Una escena que en otrora sería solo el cliché de una historia fatídica de ciencia ficción, hoy es una verdad dolorosa en el gobierno del cambio de la Colombia Humana.
Como en un escenario distópico en tiempos de postpandemia, la debacle financiera se pasea por los pasillos de los hospitales públicos cual fantasma de la muerte, que con su guadaña amenaza con segar la vida de los servicios básicos de salud para millones de colombianos atendidos en zonas urbanas y dispersas del país.
Como reacción ante la aparición de ese monumental espectro fiscal, no tardaron en escucharse los gritos de auxilio: esta vez, de parte de todos los gobernadores de Colombia, quienes están aterrorizados por las nefastas consecuencias que está generando la cesación de pagos y la falta de financiación de la red hospitalaria en sus departamentos.
Para intentar salir del espanto, acudieron a su hermano mayor, la FND (Federación Nacional de Departamentos), para que enviara al polémico ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, una sentida misiva que describe la crítica situación financiera de la red pública hospitalaria en las entidades territoriales.
La carta no es más que un SOS, un “mayday”, una llamada desesperada de socorro ante el crecimiento de la abultada cartera de pasivos, que en gran porcentaje se encuentra en cabeza de solo 9 de las 29 EPS habilitadas a nivel nacional, precisamente aquellas que hoy están bajo medidas de intervención forzosa por parte del Gobierno.
Estas EPS intervenidas agrupan al 54,7 % de la población afiliada a nivel nacional, es decir, 29,3 millones de personas, y su deuda acumulada con hospitales públicos asciende a 5,36 billones de pesos, a corte de diciembre de 2024. Según datos del SIHO, esto representa el 45,8 % de la deuda total acumulada, tanto del régimen contributivo como del subsidiado con la red pública hospitalaria.
El temor se ha generalizado. La cesación de pagos está afectando a otros sectores y actores clave del sistema de salud, lo que ha provocado que se unan al clamor las asociaciones médicas, federaciones hospitalarias y proveedores de insumos y medicamentos, todos ellos parte del andamiaje estructural que sostiene la prestación del servicio público de salud a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE).
Las EPS han creado un ciclo perverso mediante el cual transfieren los riesgos financieros y sus déficits presupuestales a los prestadores públicos. Según estudios de la ACESI (Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos), del 100 % de los servicios autorizados, solo pagan en promedio el 65 % de las facturas; el 35 % restante queda arrumado como cuentas por pagar.
Esto sin contar las cuentas glosadas, que no son reconocidas y quedan en el limbo. Al no estar conciliadas, las EPS no las consideran pasivos ciertos.
Esta problemática, ya calificada como una “crisis humanitaria de la red pública hospitalaria en Colombia”, podría llevar, para la vigencia 2025, a que la cartera morosa con hospitales públicos ascienda a la alarmante suma de 17 billones de pesos. Esto impactará directamente la atención de enfermedades crónicas, cirugías programadas y tratamientos de alto costo, elevando los indicadores de mortalidad evitable en las regiones, según la misiva de la FND.
Si a nivel nacional llueve, acá no escampa. En un acto de desesperación institucional, el director del Hospital Universitario de Sucre – sede San Marcos – expidió la Circular 600 como un llamado urgente al ADRES, Supersalud y organismos de control del orden nacional y departamental, para que presionen a las EPS a girar los recursos adeudados a la red pública. Un grito de auxilio que, seguramente, se ahogará en la indiferencia y la desatención institucional.
Mientras los gobernadores esperan medidas urgentes de parte del Ministerio de Salud, como exigir a las EPS el pago corriente por los servicios prestados por los hospitales públicos, implementar un cronograma estricto para el pago de deudas y fortalecer la vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el ministro Guillermo Jaramillo utiliza la asfixia financiera de las EPS como caballo de batalla para presionar la resurrección de la fracasada reforma a la salud.
Lo cierto es que, aunque se aprobara la tan cuestionada reforma a la salud, la recuperación de las finanzas de la red pública hospitalaria de nuestro país no verá aún la luz al final del túnel, y en medio de la larga noche y de la oscuridad financiera seguirán apareciendo los espectros fantasmales atormentando a los entes territoriales, quienes seguirán clamando con voces de auxilio para que la muerte institucional no se los lleve en medio de las sombras.
