En Sincelejo existe un programa denominado Todos Ponen, presentado como una iniciativa para mejorar las vías de acceso mediante aportes de los beneficiarios y del municipio. A primera vista, parece una propuesta solidaria y filantrópica. Sin embargo, en política las apariencias no bastan: hay que revisar las cifras y preguntar quién termina pagando la factura.
En 2020, Sincelejo tuvo que funcionar con aproximadamente 60.000 millones de pesos en ingresos corrientes de libre destinación (ICLD). Con esos recursos, la administración atendió la nómina, las obligaciones financieras, los compromisos del acuerdo de reestructuración de pasivos y las necesidades extraordinarias de la pandemia. Según las cifras expuestas, logró cerrar sin generar déficit fiscal.
La situación actual es distinta. Gracias a la actualización catastral, la administración recibió más de 120.000 millones de pesos en ICLD durante su primer año: el doble de los ingresos registrados en 2020. Sin embargo, habría generado un déficit fiscal de 57.000 millones de pesos. En el segundo año, con ingresos similares, el déficit habría superado los 120.000 millones. Tienes que ser un pésimo administrador para incurrir en semejante improperio.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que, con mayores ingresos, el municipio acumule un déficit cada vez más grande? Gobernar no consiste en recaudar más, gastar más y después justificar por qué las cuentas no alcanzan. Gobernar significa establecer prioridades, controlar el gasto y administrar responsablemente los recursos de los contribuyentes. Algo que dista del gobernante de los sincelejanos.
Si tomamos como referencia los 60.000 millones de pesos adicionales anuales que representa el aumento de los ingresos frente a 2020, estamos hablando de 240.000 millones de pesos en cuatro años como mínimo. Recursos suficientes para mejorar las vías contempladas en Todos Ponen, sin trasladarles directamente parte del costo a sus beneficiarios. Son recursos considerables. La administración debe explicar cómo los utiliza y por qué necesita trasladar parte del costo de las obras a los ciudadanos.
El problema es todavía más delicado cuando hablamos de población vulnerable.
¿Por qué quienes tienen menor capacidad económica deben poner dinero de su bolsillo para mejorar las vías de acceso mientras el municipio registra ingresos elevados y un déficit fiscal creciente?
Los más pobres de la ciudad terminaron pagando dos veces: primero, mediante los impuestos con los que contribuye al funcionamiento municipal; después, mediante un aporte directo para financiar una obra que beneficia a su comunidad.
Que los particulares contribuyan voluntariamente a mejorar su entorno puede ser positivo. La cooperación ciudadana tiene valor, pero no puede convertirse en una excusa para trasladar responsabilidades públicas sin demostrar antes por qué los recursos disponibles son insuficientes.
La filantropía se practica con recursos propios. La administración pública, en cambio, maneja recursos de todos y tiene la obligación de rendir cuentas. El Estado no es un benefactor que pueda presentar como regalo personal aquello que financian los contribuyentes. Las obras públicas no son favores del gobernante: son decisiones que deben evaluarse por su legalidad, eficiencia, transparencia y resultados.
Los pueblos que aprenden a sobreponerse a la escasez también deben aprender a administrar la abundancia. Si una administración anterior enfrentó restricciones extraordinarias y cumplió sus obligaciones sin generar déficit, es legítimo preguntar por qué una administración con mayores ingresos no ha evitado un deterioro fiscal de semejante magnitud. Es sencillo, nuestro alcalde es un deplorable administrador de las finanzas públicas.
Antes de aplaudir Todos Ponen se debe revisar algo muy elemental: ¿cómo se están gastando los recursos públicos?, ¿por qué crece el déficit?, ¿qué alternativas de financiación se evaluaron y qué carga económica se les impone a los beneficiarios?
No basta con bautizar un programa con un nombre atractivo ni envolverlo en un discurso de solidaridad. La buena gestión se demuestra con cuentas claras, prioridades justificadas y resultados sostenibles. En eso este gobierno fracasó.
Sincelejo no necesita que le vendan como filantropía, un programa que teniendo las arcas del municipio en abundancia, una idea que suena solidaria, con el dinero de los demás, así es querido lector, el programa todos ponen no es más que un engaño con fine políticos.