Hay heridas históricas que la tierra de Sucre se niega a olvidar, no por sed de venganza, sino por una imperiosa necesidad de verdad. El asesinato de Guillermo León Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento, perpetrado el 10 de junio de 1997 en Sincelejo, es una de esas cicatrices abiertas que la justicia le debía saldar al país de manera urgente.
Montero Carpio no era un actor menor: representaba la voz, la dignidad y la trinchera de un campesinado que batallaba —y sigue batallando— contra el despojo de tierras, la violencia estructural y por el bienestar común. Su voz fue silenciada a quemarropa por un comando de las extintas AUC que intentó someterlo al capricho criminal antes de arrebatarle la vida.
Hoy, casi tres décadas después, el péndulo de la historia judicial parece agitarse con la reciente captura de Jorge Luis Alfonso López (el «Gatico») en una clínica de Barranquilla, y la vinculación de Víctor Antonio Guerra de La Espriella, ambos procesados precisamente por este mismo magnicidio. Sin embargo, más allá de la aparente contundencia de los titulares oficiales, lo que revelan los expedientes, los seguimientos y la realidad penitenciaria es una radiografía escalofriante de la desigualdad: en Colombia, la ley es un tigre feroz contra los vulnerables, pero un tierno felino que maúlla y pide campo cuando se trata de castigar a las élites.
La matriz criminal y los nexos del poder heredado
La familia Guerra de La Espriella ha gravitado durante décadas en el centro mismo de la toma de decisiones políticas y administrativas de la región y el país. Su poder no ha sido ornamental; se ha tejido históricamente en los pasillos del Congreso, en las alcaldías, en la ganadería y, lamentablemente, en los oscuros sótanos donde convergen las estructuras del paramilitarismo y el despojo.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han dejado al descubierto cómo los hilos de aquel asesinato de 1997 conectan directamente a estos círculos. En el caso de Jorge Luis Alfonso López, la Fiscalía determinó que su cercanía física —con oficinas ubicadas en el mismo edificio que el líder sindical— sirvió para perfilar, entregar información y suministrar logística a los sicarios que acabaron con Montero Carpio. Por su parte, Víctor Antonio Guerra de La Espriella —con antecedentes tan graves como su vinculación al tristemente célebre Pacto de Ralito— vuelve a aparecer en el centro del huracán judicial por el mismo crimen de lesa humanidad.
Cámaras de máxima seguridad para el pueblo, clínicas VIP para el clan
Lo indignante, lo que constituye una burla flagrante a la memoria de Guillermo Montero Carpio, a la ANUC y al campesinado sucreño que aún hoy sufre las consecuencias del despojo, es el tratamiento preferencial que reciben estos procesados de altas estirpes frente a la crudeza del sistema carcelario ordinario.
Mientras que un ciudadano de a pie, un líder social o un delincuente sin apellido enfrenta el rigor absoluto de los calabozos de máxima seguridad, los miembros de este clan disfrutan de canonjías procesales inaceptables:
1. El refugio psiquiátrico de Víctor Antonio Guerra: Tras entregarse sigilosamente, se encuentra recluido en una clínica de salud mental bajo un cuadro clínico de supuestos trastornos de pánico y ansiedad. No obstante, fuentes internas del lugar revelan una realidad discordante: goza de privilegios, visitas diarias constantes y restricciones insólitas donde la mera presencia de uniformados de la Policía o guardias del INPEC —quienes deben limitarse a custodiar desde los pasillos externos— parece alterarle la tranquilidad. Una estadía clínica convertida en un búnker de comodidad que dista abismalmente de la realidad de cualquier centro carcelario del país.
2. El blindaje de los exsenadores: Beneficios similares se replican en el entramado familiar. Figuras como el exsenador Antonio del Cristo Guerra han logrado esquivar el rigor del encierro carcelario tradicional, siendo cobijados con medidas de prisión domiciliaria que garantizan su comodidad lejos de las rejas de máxima seguridad.
Un peligro vigente para la sociedad y la democracia
El clan Guerra de La Espriella representa mucho más que un apellido manchado por expedientes judiciales de vieja data; encarna un peligro latente y sistemático para la salud democrática de la nación. Su capacidad para amortiguar los golpes de la justicia mediante artimañas médicas, influencias políticas y prerrogativas procesales demuestra que las estructuras de poder feudal en las regiones siguen intactas, desafiando el discurso oficial de «mano dura» contra la criminalidad que pregona el Gobierno Nacional.
Permitir que los crímenes contra los líderes agrarios queden diluidos entre sábanas de clínicas privadas, visitas controladas y privilegios de casta es una afrenta directa a la humanidad.
La memoria de Guillermo León Montero Carpio no merece el olvido institucional, y el campesinado de Sucre no puede seguir soportando la burla de una justicia que se doblega ante los poderosos. Si el Estado colombiano quiere sanar sus heridas más profundas, debe demostrar que la ley no tiene apellido, que las celdas de máxima seguridad son para todos por igual, y que el «tigre» de la justicia finalmente se atreva a rugir con fiereza contra los verdaderos verdugos de la patria.
