La obligante necesidad de expresarnos le ha implicado al ser humano hacer de la comunicación una constante desde su existencia; expresar a quienes lo rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones ha puesto de presente la perenne existencia de un emisor y de un receptor. En palabras más simples, siempre ha existido alguien que “hable” y otro que “escuche”.
En el seno de la política, la dinámica no es distinta y, aunque en este entorno no siempre el “hablar” signifique la articulación de palabras, generalmente los administradores de turno siempre estarán enviando mensajes a sus administrados; la valoración de los mismos, sin duda alguna, dependerá de las filiaciones políticas de cada persona. Ahora, lo llamativo de esta dinámica no es el mensaje que manden los gobernantes de turno; lo realmente importante es preguntarnos si hemos tenido la capacidad de escuchar lo que a gritos evidencian.
Desde hace un lustro o quizá algún tiempo mas y particularmente desde la Gobernación de Sucre, los mensajes que se allegan a los administrados han sido contundentes: la desmejora en los servicios de salud del departamento con la mediática fusión por absorción de las ESE de naturaleza departamental y teniendo como absorbente al golpeado Hospital Universitario de Sincelejo, el uso sistemático de la crisis de la Mojana Sucreña , reduciéndola a un mero discurso electoral sin posibilidades reales de solución a sus infinidades de problemas, la apatía en cuanto al seguimiento estricto de obras que mejorarían la calidad de miles de vidas de coterráneos, como por ejemplo la interminable construcción de la vía Sucre (Sucre) – El cauchal y para no extendernos en líneas, el ultimo hallazgo de la Contraloría General de la Republica, que sitúa al departamento en el deshonroso segundo lugar en cuanto a la cuestionable inversión de recursos provenientes de regalías, informe que señala posibles anomalías en el proyecto de pavimentación en concreto de la vía El Portón – La Y de los Arrastres, en la Mojana y en lo referente a las unidades móviles del programa Sucre Escucha ejecutado en el año 2023, lo anterior por citar algunos gritos apabullantes que desde la administración departamental se han originado. Después de todo esto es totalmente imperioso preguntarnos, de verdad, ¿Sucre escucha?
Es de resaltar la peculiaridad de uno de estos mensajes que desde la administración departamental nos envían y que se aseguraron de recordárnoslo por lo menos una vez al mes en la factura de la energía eléctrica. Obviamente me refiero a la tasa de seguridad; resulta este ser quizá de los mensajes más grotescos y es que no es menor cosa que en Sucre se insista con el cobro de la tasa de seguridad vinculada al consumo de energía, con la nefasta imposibilidad de separar ambos conceptos del pago total y, aunque en anteriores publicaciones he manifestado las discrepancias de este hecho con el ordenamiento jurídico, hoy pretendo traerlo a colación con la finalidad de enrostrarnos nuestra sordera política.
Es realmente cuestionador que, mientras que en otros departamentos como Atlántico la población ha tomado partido y, a través de mecanismos pacíficos, ha logrado que se desvincule el cobro de la tasa de seguridad del consumo de energía eléctrica, en Sucre seguimos esperando que, por algún artilugio extraño, en la próxima factura el cobro de la tasa desaparecerá.
Desde mis particularidades dejaré de preguntarme: «¿Sucre escucha?», pues es evidente que no lo hace.
No nos interesa saber por qué 24 unidades móviles del programa Sucre Escucha que deberían estar prestando servicio en nuestros municipios están siendo corroídas por el óxido de nuestra sordera, así como está siendo corroída la salud mental de los potenciales pacientes que debieron ser tratados en estas unidades.
Hecho confirmador de nuestra sordera es que los intentos de suicidio en nuestro departamento se han disparado en los últimos años y que no existe política alguna desde el ente territorial para aminorar este flagelo. Nos cuesta entender que el hecho relevante no son los 25 mil millones que cuestiona el ente de control fiscal, sino las vidas en riesgo, y más doloroso aún las que ya se han perdido.
Lo relevante no es el concreto que se dejó de echar en el suelo, es la imposibilidad de que niños asistan a sus escuelas, que campesinos comercialicen sus productos o que simplemente se puedan visitar entre vecinos y, finalmente, lo relevante no son los 40 mil pesos de la tasa de seguridad, es que se ha demostrado que desde la gobernación del departamento de Sucre se evidencia total incapacidad para garantizar de manera ínfima la seguridad de los sucreños y que trasladar la inmensidad de la carga de la seguridad de un territorio a los ciudadanos de a pie no es más que un reconocimiento de la falta de capacidad del estado en cuanto a una obligación inherente a su propia existencia.
¡¡¡SUCRE, POR FAVOR ESCUCHA!!!
