“Sucre Escucha”, el caballito de batalla con el que Héctor Olimpo cabalga por Colombia como precandidato presidencial del “Centro”, se vendió como una joya de la gestión pública.
Pero esta semana, el proyecto volvió a sonar en medios nacionales, y no precisamente por sus virtudes. Más bien, porque la Contraloría General de la República encontró que, en lugar de una estrategia de salud, podría ser una estrategia de cómo no gastar regalías.
Fuente: El Espectador
Según el ente de control, hay hallazgos fiscales por malos manejos de regalías en el Caribe por la módica suma de 223 mil millones de pesos.
Sucre, cómo no, se metió al podio: segundo puesto con 56 mil millones de pesos enredados. De esos, 25 mil millones pertenecen a la joya de la corona: el componente de salud de “Sucre Escucha”.
¿Y qué encontraron? Pues que se compraron 27 unidades móviles —unos camiones psicólogos ambulantes, si se quiere— de las cuales 24 siguen parqueadas, durmiendo la siesta en el Hospital Universitario de Sincelejo.
El proyecto tenía respaldo del Ministerio de Salud (carta de aprobación del 28 de noviembre de 2022, por si preguntan), y según el documento técnico descriptivo, se presentaba como una apuesta por la inclusión social, la salud mental y la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas. Noble causa. Pero en Sucre, hasta las causas nobles terminan en líos jurídicos.
Su implementación se dividió en 3 fases.
1.a Fase de alistamiento,
2.ª fase de planes operativos
3.ª fase de seguimiento y evaluación.
Dentro de la primera fase de alistamiento se incluyó como componente No. 3. La disposición de unidades móviles concebidas como dispositivos comunitarios «centro de escucha y orientación comunitaria» itinerantes con cobertura en cada territorio municipal. compuestos por una sala de escucha o sala de psicología, como espacio de interacción comunicativa para información en salud.
La gobernación de Sucre logró que el proyecto se apalancara con recursos de financiación del Sistema General de Regalías, según Reporte de Viabilidad No. 0270 del 30 de diciembre de 2022, asignándoseles recursos por valor de 29,6 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones.
Fuente: Secop II
Todo bien, hasta que el gobernador firmó dos resoluciones en febrero de 2023 y decidió que el ejecutor del proyecto fuera el Hospital Universitario de Sincelejo. Una jugada maestra, dirían algunos: veedores lo llamaron un “artilugio jurídico” para saltarse el Estatuto de Contratación Estatal. ¿Flexibilidad? Más bien elasticidad jurídica.
Como ejecutor del proyecto, en abril de 2023, el HUS sacó la convocatoria pública para comprar las unidades móviles junto con sus dotaciones, todo por la suma de 10.471 millones de pesos. que terminó con la firma del Contrato de Adquisición No. 0268-2023 con la empresa G&C Medical SAS, el 2 de junio de 2023, que debía ejecutarse en 60 días.
Fuente: Secop II
Pero llegaron los retrasos. Aunque los vehículos estaban en Sincelejo desde el 4 de septiembre, la interventoría se tomó ocho días para empezar a verificar. Resultado: la contratista tuvo que pedir suspensión.
Fuente: Secop II
Después de tantas vueltas, las unidades fueron entregadas con la idea de usarlas durante 10 meses dentro del proyecto y luego repartirlas entre las 27 alcaldías del departamento.
Para eso, los alcaldes firmaron certificados comprometiéndose a darles uso y sostenibilidad. Ya van 20 contratos de donación firmados con los municipios de: Sampues, Coveñas, Buenavista, San Pedro, Majagual, Galeras. Corozal, San Benito Abad, Los Palmitos, El Roble, La Unión, Tolu Viejo, Sucre, Since, Guaranda, Tolu, San Marcos, Morroa y Caimito, siendo el último contrato firmado el 5 de marzo de 2025.
Fuente: Secop II
Dentro de las obligaciones asumidas por los alcaldes donatarios está la de garantizar la destinación única y exclusiva de los bienes transferidos o entregados para darle continuidad a las actividades tendientes a las acciones de educación, información y comunicación en salud mental para la vigencia 2024 y subsiguientes. Es decir, como herramienta de la estrategia EIEC de los planes del PIC en cada municipio.
Y aquí viene la gran pregunta con eco institucional: si ya se firmaron los contratos de donación, ¿por qué razón siguen las unidades parqueadas en el hospital? ¿Será que son móviles pero tímidas? ¿O estamos ante un nuevo tipo de estrategia de salud mental basada en la contemplación de vehículos estacionados?
El cuento no ha terminado. Hay una cadena jurídica que debe determinar quién debe usar las unidades móviles, para qué, cómo y cuándo.
Porque una cosa es entregar dotación, y otra muy distinta es ponerla a funcionar. Mientras tanto, el “milagro rodante” de Sucre Escucha sigue ahí: con motor apagado, presupuesto prendido y el control fiscal tocando la puerta.
