Para satisfacer las necesidades apremiantes de los colombianos y colombianas, al parecer no hay dinero. Es el mensaje que envía el Gobierno Nacional a la opinión pública tras la desfinanciación causada por la caída de la última reforma tributaria conocida como “Ley de Financiamiento”, con la cual aspiraba cuadrar la caja del Presupuesto General de la Nación, vigencia 2025, con un recaudo estimado en los 12 billones de pesos.
Y aunque el ejecutivo modificó el proyecto de ley reduciéndolo a 9,8 billones de pesos, el reajuste no fue suficiente para que las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes evitaran darle cristiana sepultura y truncaran los esfuerzos presupuestales encaminados, según “Petro”, a convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.
No olvidemos que esta desavenencia parlamentaria venía de meses atrás, pues ya se había formado un rifirrafe entre el ministro de Hacienda Bonilla y las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara tras un fallido acuerdo por la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 estimado en $ 523 billones de pesos, de los cuales el gobierno nacional proyectó $82,4 billones de pesos como recursos de inversión, como consta en el documento “Presupuesto Regionalizado 2025” emitido por el Departamento Nacional de Planeación.
En dicho documento se puede observar cómo los recursos de inversión serían distribuidos conforme a una clasificación metodológica denominada “Regionalización”, que consiste en una especie de redistribución “equitativa” de los recursos de inversión en todo el territorio nacional, asignándosele recursos en el orden de los $63,4 billones que se distribuyeron en mayor proporción en la región Andina con $29,2 billones (35,4%), Caribe con $15,5 billones (18,7%), Pacífico con $11,8 billones (14,3%), Amazonía con $3,4 billones (4,1%), Orinoquía con $3,2 billones (3,9%) e Insular con $423.647 millones de pesos (0,5%).
No obstante, a pesar de que el Caribe colombiano representa la segunda región con mayores recursos de inversión con 15,5 billones de pesos (18.7 %), el Departamento de Sucre quedó rezagado al último lugar dentro de la repartición de la torta costeña como “hijo de menos mae” con 1.6 billones (10 %), pues el 50 % quedó entre los departamentos de Bolívar con un 3.5 billones (22 %), La Guajira con 2.3 billones (15 %) y Atlántico con 2.1 billones (14 %); después sigue Córdoba con 2.1 billones (13,6 %), Magdalena con 2 billones (13 %) y Cesar con 1.7 billones de pesos (11 %).
Para remate de lo anterior, se da el hundimiento de la “Ley de financiamiento”, cambiando el panorama fiscal del orden nacional, toda vez que el gobierno se vio obligado a adoptar por decreto el PGN 2025 por $ 523 billones que debera reajustar a principio de año a $ 511 billones de pesos, lo que trae como consecuencia directa un recorte significativo en los recursos de inversión que bajarían de los 82.4 billones a $ 70 billones de pesos, es decir, en un – 15% , y el presupuesto regionalizado de los $ 63.4 billones a los $ 54.1 billones de pesos, una reducción de $ 9 billones de pesos, que deja en caída libre los recursos de inversión del próximo año para regiones como Andina, Pacífica y, en menor medida, la Región Caribe.
Sin embargo, hay que recordar que, antes de la caída de la reforma tributaria para la vigencia 2025, Petro ya había descontado a Sucre por derecha un poco más de $ 400 mil millones de pesos en el presupuesto regionalizado, al asignar solo un indicativo de 1.6 billones de pesos, menos la tajada adicional que se lleva el último recorte, por lo que aún no se sabe a dónde iremos a parar.
Visto lo anterior, de seguro el ente territorial va a tener un impacto directo en la solidez de sus ingresos operativos, toda vez que cerca del 80% de estos provienen de las transferencias regionalizadas del Presupuesto General de la Nación. Situación de inflexibilidad que no solo desmejorará la estructura de liquidez de sus activos y la solidez del pasivo, sino que además conservará la perspectiva negativa de la calificación de riesgo del Departamento de Sucre para el 2024 por parte de Fitch Ratings, limitando en las próximas vigencias futuras operaciones de crédito de tesorería.
Lo cierto es que los recursos de inversión del Departamento de Sucre para el 2025 están embolatados. La administración deberá darle maniobrabilidad a su nueva realidad fiscal en aras de poder cumplir con su plan de desarrollo y así garantizar los programas y proyectos de inversión social a la población más vulnerable del territorio, quienes finalmente son los grandes perdedores de todo este ¡desastre fiscal! que se le salió de las manos al Gobierno Nacional.
Frente a este panorama es pertinente preguntarnos si acaso los sucreños ¿ somos los hijos de menos mae ?
