En 2021, durante nuestra administración, logramos articular recursos del Sistema General de Regalías con recursos ambientales de CARSUCRE para comenzar a resolver un problema histórico que durante años padecieron sectores tradicionales de Sincelejo como Villa Suiza, Las Américas, España, La Terraza y Nuevo Majagual, entre otros. Buena parte de estas comunidades convivía con graves deficiencias de alcantarillado y con el vertimiento de aguas residuales hacia el arroyo El Pintado.
El proyecto representó una inversión aproximada de $8.100 millones, financiada inicialmente con aportes de diferentes entidades: alrededor de $6.642 millones del Municipio de Sincelejo, provenientes del Sistema General de Regalías, y cerca de $1.458 millones aportados por CARSUCRE a través del Fondo Regional de Inversiones para la Descontaminación Hídrica. Posteriormente, se habría sumado una adición cercana a $600 millones por parte de Veolia.
¿Y por qué recordar esto hoy?
Porque demuestra para qué pueden servir los recursos ambientales cuando se administran correctamente, se transfieren y se convierten en obras para la gente.
Cinco años después, el panorama obliga a formular preguntas muy distintas. En la administración del alcalde del cash, Yahir Acuña, ya no basta con preguntar en qué se están gastando los recursos públicos o por qué determinadas obligaciones permanecen sin pagar. Después del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, contenido en el Oficio P9JAA-186, radicado S-2026-043567 del 18 de agosto de 2026, la pregunta es mucho más delicada: ¿Qué pasó con la plata de la sobretasa ambiental?
Según la información reportada por CARSUCRE y puesta en conocimiento de la Procuraduría, a julio de 2026 el Municipio de Sincelejo tendría pendientes por transferir $11.984 millones, correspondientes a recursos recaudados por concepto de porcentaje o sobretasa ambiental. Y aquí aparece un detalle que hace todavía más grande el problema: esa cifra no incluiría los intereses moratorios ni los recursos correspondientes al segundo trimestre de 2026. Es decir, al sumar esos conceptos, estaríamos hablando de una obligación superior a los $12 mil millones.
Pero aquí viene lo verdaderamente delicado para las áreas de tesorería, hacienda y jurídica de la alcaldía: esa plata no es de libre disposición. La Procuraduría le recuerda a la administración municipal algo elemental: estos recursos no son ingresos propios de libre disposición del Municipio. Sincelejo los recauda, pero tiene la obligación legal de transferirlos a CARSUCRE.
El Decreto 1076 de 2015 establece que las transferencias deben efectuarse trimestralmente dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada período y que, cuando no se realizan oportunamente, se generan intereses moratorios.
Por eso el requerimiento de la Procuraduría no se limita a preguntar:
¿Cuándo van a pagar? Va mucho más allá. El Ministerio Público exige al Municipio identificar y certificar la cuenta bancaria donde fueron depositados estos recursos, aportar extractos, auxiliares contables, comprobantes y conciliaciones que permitan seguirle el rastro a cada peso. Pero es el numeral 5 del requerimiento el que puede convertirse en la verdadera caja de Pandora. La Procuraduría pregunta expresamente si esos recursos fueron “incorporados, utilizados, trasladados temporalmente o destinados a finalidades distintas de su transferencia a CARSUCRE”.
¡Ajá! Ahí está el meollo del asunto. Si la plata fue recaudada y no llegó oportunamente a CARSUCRE: ¿Dónde estuvo?, ¿Permaneció intacta en una cuenta bancaria?, ¿Fue trasladada a otras cuentas?, ¿Fue utilizada temporalmente por otra entidad?, ¿Se destinó al pago de otras obligaciones? Y si ocurrió cualquiera de esas cosas: ¿Quién lo autorizó y con qué fundamento jurídico?
Eso es precisamente lo que ahora tendrá que explicar la administración y sobre todo la secretaria jurídica. La Procuraduría exige valores, fechas, dependencias responsables, fundamento jurídico y destino dado a los recursos. Ya no se trata solamente de saber cuánto deben. Se trata de establecer qué ocurrió con el dinero mientras no era transferido a su destinatario legal.
Por otra parte, los jueces ya habían hablado. Aquí el asunto se vuelve todavía más incómodo para la administración. Esto no parece reducirse a un simple atraso de Tesorería ni a una discusión que pueda solucionarse únicamente con conceptos o resoluciones de Hacienda y Jurídica.
El requerimiento de la Procuraduría relaciona varias decisiones judiciales durante 2024, 2025 y 2026 relacionadas con estas transferencias:
• Tribunal Administrativo de Sucre: sentencia del 19 de noviembre de 2024, Rad. 700013333010-2024-00187-01.
• Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo: sentencia del 27 de junio de 2025, Rad. 70001-33-33-002-2025-00089-00, posteriormente confirmada el 1.º de agosto de 2025.
• Tribunal Administrativo de Sucre: sentencia de segunda instancia del 19 de febrero de 2026, Rad. 70001-33-33-004-2025-00224-01.
Y la más reciente, relacionada con obligaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026, dentro del proceso Rad. 2026-00146-00, tramitado ante el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, que, según señala la Procuraduría, profirió sentencia el 8 de julio de 2026 ordenando efectuar la transferencia.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Cuántas sentencias necesita una administración para cumplir una obligación que ya está en la ley?
Porque una cosa es atrasarse. Otra muy diferente es que la mora se prolongue mientras aparecen requerimientos y decisiones judiciales ordenando realizar las transferencias. Precisamente por eso la Procuraduría advierte que evaluará “la persistencia de la mora o el eventual incumplimiento de decisiones judiciales” para determinar las actuaciones preventivas, de intervención y los traslados competenciales a que haya lugar.
¿y quiénes son los responsables?
Aquí tampoco parece que vaya a servir el viejo deporte administrativo de tirarse la pelota de la dependencia de jurídica a la de hacienda. La Procuraduría exige explicar las causas administrativas, financieras, presupuestales, contables, jurídicas y de tesorería que habrían provocado el incumplimiento. Y pidió algo todavía más importante: identificar a los servidores responsables de cada procedimiento.
Además, solicitó los informes, auditorías, alertas y actuaciones producidas por Control Interno durante 2024, 2025 y 2026, relacionadas con el manejo y transferencia de estos recursos. Y ahí puede aparecer otro capítulo de esta historia.
¿Control Interno de la alcaldía en cabeza de Omar de Jesús Ochoa García había advertido lo que estaba pasando? Si lo hizo: ¿Desde cuándo?, ¿A quién se lo comunicó?, ¿Quién recibió las alertas?, ¿Y qué hicieron para corregir la situación?
La administración municipal tiene diez días contados desde la recepción del requerimiento para entregar una respuesta integral, actualizada, certificada y acompañada de los respectivos soportes documentales.
Y aquí es necesario hacer una precisión jurídica: el requerimiento de la Procuraduría es de carácter preventivo y, por sí solo, no demuestra la comisión de un delito, una falta disciplinaria ni la existencia de responsabilidad fiscal del alcalde Yahir Acuña o de funcionario alguno. Eso tendrá que establecerlo la autoridad competente si, de las respuestas, documentos y demás actuaciones, encuentra mérito para ello.
Pero políticamente existe una situación que sí exige explicaciones. Sincelejo recaudó recursos que tenían un destinatario legal específico; CARSUCRE reportó que casi $12 mil millones no le habían sido transferidos oportunamente y ahora la Procuraduría quiere saber dónde permanecieron esos recursos, si fueron utilizados o trasladados para otros fines y quiénes participaron en esas decisiones.
Y cuando estamos hablando de $11.984 millones, sin sumar intereses moratorios ni los recursos correspondientes al segundo trimestre de 2026, los sincelejanos merecen algo más que explicaciones de escritorio.
Así que, alcalde Yahir Acuña, antes de hablar de persecuciones, enemigos o cuentos políticos, sería bueno responder una pregunta mucho más sencilla:
¿Dónde está la plata de la sobretasa ambiental? Y como la propia Procuraduría está preguntando si los recursos fueron utilizados, trasladados temporalmente o destinados a finalidades diferentes, la administración también debería despejar cualquier duda:
¿Algún peso de esos recursos terminó directa o indirectamente financiando otras obligaciones del Municipio?
¿Fueron utilizados recursos que debían transferirse a CARSUCRE mientras, por otro lado, se giraban millonarios recursos a la Corporación Fiestas del 20 de Enero?
¿Tuvieron alguna relación con pagos destinados a mercados, eventos, patrocinios o actividades como la Copa América de Béisbol Sub-14 en el Estadio Mundialista 20 de Enero?
No lo estamos afirmando. Lo estamos preguntando.
Y precisamente por eso son tan importantes los extractos bancarios, movimientos contables y demás documentos que acaba de exigir la Procuraduría: porque serán esos soportes —y no los discursos— los que permitan establecer dónde estuvo la plata y qué pasó con ella.
Porque una cosa es deber casi $12 mil millones.
Y otra, mucho más delicada, será tener que explicar qué hicieron con esos recursos mientras no llegaban a donde legalmente tenían que llegar.
