«Cuando la gestión urbana falla y las herramientas de gestión del suelo no se aplican, la ciudad crece sin infraestructura y las comunidades terminan resolviendo por sí mismas lo que debería ser una política pública».
En días recientes el alcalde de Sincelejo expresó su preocupación por los procesos de autoconstrucción vial que algunos ciudadanos vienen adelantando en distintos barrios de la ciudad. Según lo manifestado, estas intervenciones —aunque comprensibles— podrían generar problemas técnicos a futuro si no cumplen con las especificaciones adecuadas.
Desde el punto de vista técnico, la advertencia es válida. La infraestructura urbana requiere criterios de diseño, drenaje y capacidad estructural que garanticen su durabilidad en el tiempo. Sin embargo, el fenómeno que hoy observamos en Sincelejo no puede analizarse únicamente desde esa óptica.
La realidad es evidente para cualquier ciudadano: buena parte de la malla vial urbana presenta un alto deterioro y numerosos barrios continúan esperando durante décadas intervenciones básicas como saneamiento, pavimentación, andenes o espacio público digno. En ese contexto, cuando el Estado no logra responder con la velocidad que exige la ciudad, las comunidades terminan buscando soluciones por su cuenta.
No se trata de rebeldía urbana.
Se trata de necesidad cotidiana.
Calles intransitables afectan el acceso al transporte, al comercio, a los servicios públicos y, en muchos casos, incluso la movilidad de ambulancias o vehículos de emergencia. Para quienes viven esa realidad todos los días, esperar indefinidamente por una intervención institucional no siempre es una opción.
En ese escenario aparece el programa “Todos ponen – Plan Sincelejo”, una estrategia en la que las comunidades aportan recursos para cofinanciar la pavimentación de sus calles. Sobre el papel, este tipo de iniciativas puede parecer una solución pragmática para avanzar en obras que la administración no logra cubrir completamente con recursos públicos.
Sin embargo, en la práctica el programa también ha generado frustración en algunos sectores de la ciudad. Hay comunidades que ya han aportado recursos esperando que las obras se ejecuten, pero los proyectos no avanzan con la rapidez prometida.
Además, este tipo de esquemas abre otro escenario que históricamente ha acompañado la gestión urbana en muchas ciudades del país: el uso político de pequeñas obras de infraestructura.
Cuando las intervenciones urbanas dependen de gestiones particulares o de acuerdos puntuales con comunidades, se crea un terreno fértil para que actores políticos oportunistas utilicen la pavimentación de una calle o el arreglo de un tramo vial como herramienta para construir capital político o proyectar una imagen de gestión.
En lugar de consolidar políticas públicas estructurales, se termina alimentando una lógica fragmentada donde cada calle pavimentada puede convertirse en un pequeño escenario de visibilidad política.
Pero el problema de fondo no es únicamente la malla vial.
En realidad, lo que estamos viendo es el resultado de años sin aplicar de manera decidida herramientas de gestión del suelo.
Colombia cuenta desde hace décadas con instrumentos que permiten financiar infraestructura urbana a partir del propio crecimiento de la ciudad: participación en plusvalía, contribución por valorización, reparto de cargas y beneficios, planes parciales y otros mecanismos de gestión territorial.
Cuando estas herramientas no se utilizan de forma sistemática ocurre algo muy común en muchas ciudades intermedias del país: la ciudad crece, el suelo se valoriza, aparecen nuevos barrios y urbanizaciones… pero la infraestructura nunca logra seguirle el ritmo a ese crecimiento.
En otras palabras, la urbanización avanza, pero la ciudad no se consolida.
El resultado es un modelo urbano en el que amplios sectores quedan rezagados en términos de conectividad, espacio público y calidad urbana. Y cuando esa brecha se prolonga durante años o incluso décadas, las comunidades terminan intentando resolver por sí mismas lo que el sistema institucional no ha logrado gestionar.
Por eso, más que limitarse a advertir sobre la autoconstrucción vial o promover esquemas de “todos ponen”, el verdadero desafío para Sincelejo debería estar en activar de manera decidida las herramientas de gestión del suelo que permitan financiar infraestructura de forma estructural.
Mientras no logremos vincular el crecimiento de la ciudad con mecanismos eficaces de financiación de infraestructura, seguiremos viendo barrios que crecen sin las condiciones urbanas que sus habitantes merecen.
Y en ese escenario, lo que hoy parece una anomalía —ciudadanos intentando pavimentar sus propias calles— termina siendo simplemente la consecuencia natural de un sistema que no está funcionando con la eficacia que la ciudad necesita.
Entonces, el problema no es que la gente pavimente sus calles.
El problema es que la ciudad nunca llegó a pavimentarlas.
Porque cuando la ciudad no llega,
la gente encuentra la manera de hacerlo por sí misma…
