La historia reciente de la seguridad en Sincelejo tiene una curva dramática. En 2023, la guerra entre el Clan del Golfo y Los Norteños disparó los homicidios de 89 en 2022 a 154 casos, convirtiendo a Sincelejo en una de las ciudades más violentas del Caribe colombiano y ubicándola entre las ciudades con mayores tasas de homicidio de América Latina, con una tasa cercana a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes..
El giro posterior es igualmente llamativo: en julio de 2025, por primera vez en varios años, Sincelejo no registró homicidios durante un mes completo, y en septiembre de ese año acumuló una reducción del 78% frente al mismo mes del año anterior. Para fin de 2024, con 93 casos menos que el año anterior, siendo presentada por el Gobierno Nacional como una de las mayores reducciones registradas en el país.
El problema es que estas cifras requieren una lectura crítica que el discurso oficial no hace.
La reducción de los homicidios no es resultado de una derrota del crimen organizado, sino de su consolidación. El conflicto que disparó los homicidios en 2023 se originó cuando Los Norteños se negaron a pagar tributos al Clan del Golfo, desencadenando una guerra por el control territorial. Todo indica que el Clan del Golfo logró imponerse territorialmente. Sincelejo pasó de ser un campo de batalla a ser una plaza trofeo gobernada por el vencedor.
Las estructuras criminales siguen incólumes: controlan el territorio, la comercialización de la droga, la extorsión generalizada (hasta los carretilleros pagan), el reclutamiento de jóvenes y la penetración del microtráfico en entornos escolares. Existen barrios donde actores ilegales ejercen controles de acceso y regulación informal del territorio.
Lo que el especial de Testigo Directo con Rafael Poveda documentó en Sincelejo, jóvenes hablando de enfrentarse a machete por el control de una esquina, no es un fenómeno emergente ni sorpresivo para quienes hemos seguido el proceso urbano de la ciudad. Es la imagen más cruda de una fractura territorial que se ha ido documentando durante años: la ciudad que no llegó a esos barrios, y el crimen que llegó primero.
Lo que allí aparece no es solamente violencia juvenil: es una expresión territorial del vacío institucional acumulado.
El control territorial ejercido por grupos armados ilegales no puede analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad. Se trata de un problema estructural de ordenamiento territorial y de economía política del territorio. Cuando actores armados capturan espacios estratégicos, no solo ocupan geografía: reorganizan el uso del suelo, distorsionan los incentivos productivos y sustituyen la autoridad institucional por un régimen paralelo de regulación y coerción. Este proceso configura una suerte de «ordenamiento criminal» que compite directamente con los instrumentos formales de planificación.
La periferia informal de Sincelejo (la ciudad que creció sin Estado, sin espacio público, sin equipamientos, sin vías, sin oportunidades) es el ecosistema donde el crimen organizado prospera. El diagnóstico existe: barrios sin titulación, sin parques, sin empleo formal, sin transporte, con altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, habitados en gran parte por víctimas del desplazamiento. Esos barrios no son el escenario de la violencia: son su condición de producción.
Cuando la brecha entre la ciudad prometida y la ciudad real se prolonga durante años o décadas, las comunidades terminan intentando resolver por sí mismas lo que el sistema institucional no ha logrado gestionar. Los jóvenes que aparecen en Testigo Directo no eligieron el machete sobre alternativas mejores: eligieron el machete sobre la ausencia de alternativas.
Se debe tener en cuenta que los programas de atención a jóvenes en riesgo han trabajado con una población de entre 1.500 y 2.000 personas, muchos con antecedentes de vinculación a estructuras delincuenciales o en riesgo de reclutamiento. La ciudad registra una reducción significativa en homicidios asociados a disputas por microtráfico. La ruptura del relevo generacional criminal (evitar que el adolescente de 14 años se convierta en el operador de la «olla» a los 16) es la intervención más costo-efectiva documentada.
El Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, liderado por la Policía Nacional y la Armada, apunta a desarticular mandos medios y dinamizadores de estructuras como el Clan del Golfo y Los Norteños, publicando en abril de 2026 un cartel con 35 individuos señalados como los principales responsables de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.
El contrato de seguridad privada por $24.878.992.270 con VIPERS Ltda. abrió un debate sobre los límites entre el apoyo privado a la seguridad y las funciones exclusivas de la fuerza pública. Atribuir la reducción de homicidios a su presencia (cuando esa reducción responde a la unificación del crimen bajo un solo poder hegemónico) es confundir causalidad con coincidencia.
Hay al menos cinco variables que el análisis de seguridad habitual ignora, y que determinan la reproducción del fenómeno:
- Segregación socio-espacial como incubadora. Los barrios periféricos donde opera el microtráfico son exactamente los barrios informales sin mejoramiento integral: sin espacio público, sin equipamientos, sin economía formal de proximidad. La geografía de la violencia en Sincelejo coincide con la geografía de la exclusión territorial que hemos venido documentado.
- Informalidad laboral como puerta de entrada. Con más del 68% de la población en la informalidad laboral, el diferencial de ingreso entre el trabajo legal precario y el microtráfico es una variable económica real que ningún decreto de seguridad puede anular sin política económica territorial.
- Ausencia de espacio público como vaciamiento simbólico. Donde el Estado no ordena, otros ordenan. Cuando el orden lo imponen economías armadas, el desarrollo se vuelve inviable. El parque que no existe, el polideportivo sin construir, la plazoleta sin iluminar son, en términos prácticos, territorios cedidos al control informal. La cancha se convierte en punto de captación cuando no hay ninguna otra institución presente.
- El relevo generacional criminal. Las rentas criminales del microtráfico son las que permiten instrumentalizar a los jóvenes. Cortar ese relevo generacional debe ser el objetivo declarado de la intervención municipal. Pero ese relevo no se corta solo con operativos: se corta creando alternativas reales de vida en los territorios donde el crimen recluta.
- La captura institucional. El Clan del Golfo puede extender su influencia sobre partes del tejido social, económico e institucional⁸ de la ciudad. Esa dimensión (la más invisible y la más peligrosa) no aparece en los indicadores de homicidio pero determina la calidad real de la gobernanza urbana.
La experiencia comparada y el diagnóstico territorial sugieren que la respuesta efectiva requiere actuar simultáneamente en al menos tres planos:
- Plano de urgencia (policial-judicial): La desarticulación de mandos medios del Clan del Golfo y el desmantelamiento de los puntos de microtráfico son condición necesaria pero insuficiente. Deben ir acompañados de judicialización efectiva (no solo capturas que revierten) y de una estrategia de extinción de dominio sobre los activos del crimen organizado en la ciudad.
- Plano de mediano plazo (social-territorial): La inversión en los barrios donde el crimen recluta es la política de seguridad más eficaz en el tiempo. El mejoramiento integral de barrios, la recuperación de arroyos como espacio público, la pavimentación de vías y la provisión de equipamientos de proximidad son intervenciones de seguridad, aunque no aparezcan en el presupuesto de seguridad. Cada parque construido en un barrio periférico, cada cancha iluminada, cada centro comunitario operativo es una inversión en prevención con retorno en décadas.
- Plano estructural (urbanístico-económico): La recuperación del desarrollo pasa por restablecer la soberanía territorial integral: no solo el control de la fuerza, sino la capacidad institucional, fiscal y productiva del Estado en el nivel subnacional. Implica articular seguridad, infraestructura estratégica, formalización de la propiedad, acceso a mercados y fortalecimiento de gobiernos locales. Donde el Estado no ordena, otros ordenan.
Lo que Testigo Directo muestra en Sincelejo es el resultado visible de décadas de ausencia, la ciudad no llegó a esos barrios con Estado, con oportunidades ni con espacio, y el crimen organizado llegó antes y mejor. Los jóvenes que empuñan machetes no son el problema de Sincelejo, son su síntoma más elocuente.
La reducción de homicidios de 2024–2025 es un logro real pero frágil: descansa en parte sobre la consolidación del Clan del Golfo como poder territorial hegemónico, no sobre la recuperación del Estado como garante de la convivencia. Ese es un equilibrio inestable.
La agenda de seguridad urbana para Sincelejo hacia 2040 no puede separarse de la agenda de planificación territorial: son la misma agenda vista desde ángulos distintos. Un barrio con espacio público, con empleo formal accesible, con equipamientos para jóvenes y con instituciones legitimas y presentes es un barrio más difícil de reclutar. Esa es la apuesta de largo plazo que ningún cartel de los más buscados puede reemplazar.
