El PAE y la peligrosa deriva de perseguir a quienes alzan la voz en Sincelejo
En Sincelejo, mientras la ciudadanía exige claridad sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la respuesta desde la Alcaldía parece orientarse no hacia la transparencia, sino hacia el silenciamiento. Lo que debería ser un debate público sobre la garantía del derecho a la alimentación de miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, termina convertido en un campo de batalla donde quienes cuestionan, denuncian o simplemente preguntan, son señalados como enemigos de la ciudad.
El reciente comunicado de la administración municipal, encabezada por el alcalde Yahir Acuña, anuncia una cascada de denuncias penales y disciplinarias —incluyendo contra senadores de la República— en medio de una serie de cuestionamientos ciudadanos y mediáticos sobre presuntas irregularidades en el PAE. Y si bien toda autoridad tiene derecho a defender su buen nombre, la forma y el momento no solo resultan desproporcionados, sino también profundamente preocupantes para la salud democrática de Sincelejo.
El PAE no es un botín. Es un programa social diseñado para cerrar brechas, para garantizar que nuestros niños y niñas reciban el mínimo vital alimentario que les permita aprender, crecer y sostener un proyecto de vida digno. Convertirlo en un escudo político, o peor aún, en un mecanismo de intimidación para acallar críticas, es una peligrosa desviación del propósito original.
Desde hace meses, voces ciudadanas, líderes sociales, maestros, padres de familia y artistas urbanos —como Big Brown con su canción “Así se roba”, cuya denuncia musical ha resonado en las calles— han puesto el dedo en la llaga: hay dudas profundas sobre la operación, la calidad, la logística y los beneficiarios del PAE en Sincelejo. Y cuando tantas voces coinciden, lo natural en cualquier administración moderna sería abrir las puertas, transparentar la información, invitar a la veeduría ciudadana y garantizar auditorías sin presiones ni condicionamientos.
Pero hoy ocurre lo contrario.
El comunicado oficial califica a quienes cuestionan la gestión del PAE como “goleros” o aliados de bandas criminales. Esa narrativa es alarmante. Cuando un gobierno empieza a equiparar la crítica con la delincuencia, lo que está en peligro no es la reputación del alcalde: es la democracia local.
Denunciar penalmente a quienes alzan la voz —sean ciudadanos, artistas, periodistas o incluso congresistas— instala un mensaje claro: cuestionar es peligroso. Y ese mensaje, en una ciudad con altos niveles de pobreza, desigualdad y violencia, tiene efectos devastadores en la participación pública.
La democracia no se protege con amenazas judiciales. Se protege con instituciones fuertes, información abierta, controles eficaces y gobiernos capaces de responder con rigor, no con persecuciones.
En lugar de fortalecer la confianza, la reacción del gobierno municipal profundiza la sospecha. Cuando alguien está seguro de su buena gestión, procede de manera serena y ofrece pruebas, informes, auditorías abiertas, datos verificables. No necesita desatar una tormenta judicial contra quienes piensan distinto.
Las denuncias pueden ser herramientas legítimas, sí. Pero usarlas como arma política, o como mecanismo de disuasión hacia quienes opinan, es una degradación institucional. Porque si hoy se persigue a un artista por cantar, mañana se silenciará a un profesor por advertir una irregularidad, a un periodista por investigar o a un ciudadano por publicar un video.
Desde una mirada de planificación territorial, uno de los pilares del desarrollo es la confianza. Ningún territorio crece bajo la sombra del miedo o con instituciones que confunden control con represalia.
Por eso, lo que Sincelejo necesita hoy no es un alcalde en actitud defensiva, sino un gobierno que entienda que la transparencia no se declama: se demuestra. Y que el PAE no es una bandera política, sino un derecho fundamental.
Abrir auditorías externas, permitir veedurías ciudadanas, publicar los contratos, los proveedores, los costos y la calidad real de los alimentos sería un gesto de gobierno moderno. Perseguir judicialmente a quienes opinan es exactamente lo contrario.
La administración municipal puede presentar todas las denuncias que quiera. Pero la historia es clara: ninguna demanda ha logrado silenciar una verdad incómoda cuando esa verdad nace del clamor de una comunidad. Y hoy la comunidad de Sincelejo está hablando.
El llamado es simple: que se investigue, que se transparente, que se garantice la alimentación de los niños y niñas. Y que nadie —absolutamente nadie— sea perseguido por pedirlo.
Silenciar no es gobernar. Gobernar es escuchar, rendir cuentas y actuar con grandeza. Y en este momento decisivo, Sincelejo merece grandeza, no intimidación.
