La administración del “crash” Yahir Acuña ha convertido la publicidad oficial en una fábrica de páginas e influencers. Todo parece funcionar. Todo parece histórico. Todo parece impecable.
Hasta que aparece la Contraloría General de la República con el informe CGR-CDSECTCRD No. 32 – CAT_180_2026_1 de junio de 2026, y aquí la publicidad de YA empieza a chocar con los documentos.
Porque mientras la Alcaldía habla del mejor alcalde, el órgano de control habla de incumplimiento material con reserva en la administración del Programa de Alimentación Escolar (PAE), uno de los programas sociales más sensibles y, en el caso de Sincelejo, más cuestionados en toda su historia. Ojo, no se trata de una opinión; se trata de una auditoría oficial de 169 páginas.
Lo verdaderamente preocupante es que YA, en una auditoría anterior, ya había sido advertido de que la póliza inició con posterioridad al contrato, pero también de que había sido pagada por el municipio.
Ahora, en esta nueva auditoría al PAE, el Convenio de Asociación No. 001 de 2024, por más de 256.470 millones de pesos, terminó acumulando seis nuevos hallazgos consecutivos de la Contraloría.
El primer hallazgo ya resulta difícil de explicar. El PAE fue suspendido desde el 28 de octubre de 2025, cuando el calendario escolar aún no había terminado. Los niños seguían asistiendo a clases y la alimentación dejó de llegar. Por tanto, el PAE dejó de prestarse durante 21 días, afectando a 46.790 estudiantes. La Contraloría atribuye esta situación a deficiencias de planeación, gestión contractual y presupuestal.
Como si eso no fuera suficiente, la auditoría encontró otro hecho que desafía toda lógica administrativa. Se pagaron raciones alimentarias a beneficiarios fallecidos, por un valor de $6.783.767. Ni siquiera la muerte logró sacar esos registros del sistema.
Pero quizá el episodio más delicado de toda la auditoría aparece cuando se sigue el recorrido del dinero. La Contraloría concluyó que el Municipio de Sincelejo desembolsó $5.301 millones a la cuenta personal del representante legal del Consorcio PAE Universal 2024-2027, el suertudo Héctor Chávez, contratista y mano derecha del alcalde, pese a que este no era el beneficiario contractual ni el titular del derecho económico.
Aquí el debate deja de ser contable. Porque el dinero público no toma decisiones; las personas sí. Cada giro tiene una orden, cada transferencia tiene una autorización y cada pago tiene responsables administrativos. Entonces, la pregunta ya no es únicamente por qué el dinero terminó en una cuenta personal.
La verdadera pregunta es mucho más incómoda para el alcalde Yahir Acuña y el secretario de Educación, Diego Alberto Galván Mestra:
¿Quién autorizó que más de cinco mil trescientos millones de pesos del PAE fueran consignados en una cuenta personal y cuál fue el fundamento jurídico para hacerlo?
La propia Contraloría agrega otro elemento que incrementa la preocupación. Según el informe, esos recursos fueron retirados posteriormente en efectivo y mezclados con recursos particulares, perdiéndose la trazabilidad del dinero público. Por esa razón, dispuso poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes (Procuraduría y Fiscalía).
Pero la historia tampoco termina allí. La cuenta oficial destinada a administrar los recursos del PAE terminó embargada.
Por otra parte el operador dejó de presentar los informes de ejecución correspondientes a septiembre y octubre de 2025 y, pese a ello, el contrato continuó avanzando.
La pregunta vuelve a aparecer: ¿ cómo se ejercía la supervisión contractual si ni siquiera existían los informes que permitían verificar la ejecución del programa?
Como cierre, la Contraloría estableció un presunto detrimento patrimonial por $1.629 millones de pesos , al determinar que se pagaron costos del personal manipulador de alimentos y del componente administrativo superiores a los realmente ejecutados por los contratistas.
Y así llegamos a la mayor ironía de toda esta historia. El contrato más grande y costoso del Programa de Alimentación Escolar no será recordado por el número de niños alimentados que, según el alcalde, eran 50 mil, pero después se desmintió y dijo que eran cerca de 46 mil.
Más bien, será recordado porque un solo convenio produjo seis hallazgos consecutivos de la Contraloría, sin precedentes.
Un programa suspendido antes de terminar el calendario escolar. Beneficiarios fallecidos que seguían recibiendo raciones. Una cuenta oficial embargada. Más de 5.301 millones de pesos girados a una cuenta personal y movilizados en efectivo. Informes de ejecución que nunca aparecieron. Y un presunto detrimento patrimonial superior a 1.629 millones de pesos.
Más que una auditoría, este informe parece una imputación contra la improvisación administrativa, con suficientes hechos para que las autoridades se paseen por el Código Penal y el Código General Disciplinario.
Porque el alcalde de Sincelejo puede evadir responsabilidades a través de la Corporación Fiesta 20 de Enero, con contratos liquidados y liquidando empresas que contratan. Pero cuando los recursos destinados a alimentar niños terminan alimentando expedientes de control fiscal, la discusión deja de ser política. Se convierte en un asunto de responsabilidad pública.
Y la pregunta final sigue esperando respuesta:
¿Hasta cuándo seguirán esperando los ciudadanos para que aparezcan las sanciones contra los responsables?
Si quiere conocer el informe completo de la Contraloria general dale click al siguiente link Informe final AC Sucre y Sincelejo, vigencia 2025 No. 32-Liberación junio 2026
