Mientras no se entienda que los fenómenos de la corrupción, el narcotráfico, el desempleo, la explosión demográfica, la inequidad y la injusticia en general, entre otros, son los factores objetivos que generan violencia, no se podrá hablar de seguridad, referida a la creciente ola de robos, atracos, extorsiones, asesinatos indiscriminados y selectivos, asaltos y otros delitos callejeros.
Como tampoco cuando surgen otras conductas típicas, un poco menos perceptibles, relacionadas con la política y las instituciones, como la quimera de un Gobierno que antepone la ideología a la obligación constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, dándole largas a un imposible proceso de paz con renuentes y reincidentes delincuentes armados, amparados y fortalecidos con el desarme de la fuerza pública.
O como la inseguridad que surge por el quiebre de la separación de poderes o por la existencia de un sistema de justicia, en el que son los medios los que absuelven o condenan, antes de que lo hagan los jueces, con fallos extemporáneos, cargados, muchas veces, de prevaricato, cohecho, concusión o colusión.
Un sistema en el que sus más altas jerarquías no actúan con la sobriedad que caracteriza a los togados, para evitar la incertidumbre que surge cuando se condena al inocente y se premia al delincuente. Cuando nuestros gobernantes violan las leyes. Cuando encargan de los asuntos internacionales a una niña apenas, sin experiencia para enfrentar a los lobos que dominan el mundo, y en el interior a personajes sub iudice.
No pretenderemos hablar de seguridad cuando el alcalde no vive en el pueblo donde fue elegido para velar de día y de noche por los intereses de la comunidad.
Cuando el contribuyente no confía en que los impuestos están siendo invertidos como la ley manda. Cuando el padre de familia se cuelga de una viga en la oscuridad de su casa, porque no tiene con qué pagar el recibo de la luz.
No se le puede hablar de seguridad a la gente de la Mojana que sobrevive a las sequías o a las inundaciones que debieron haber sido reguladas desde hace muchísimos años, con las millonarias inversiones que allí se han hecho, pero que han sido devoradas por el leviatán de la corrupción.
¿De qué seguridad podemos hablarle al estudiante que sale de nuestras universidades si su diploma no le permite acceder a una ocupación correspondiente con lo estudiado? Y entonces los más afortunados, esos que encuentran quien les confíe una moto convertida en taxi, se dedican a una actividad, a su vez perseguida por ilegal.
No puede hablarse de seguridad si quienes deben representarnos en las corporaciones públicas son foráneos que desconocen nuestra realidad, esos que llegan cargados de falsas promesas y de mucho dinero, porque ya se sabe que gana quien más dinero invierte para más dinero sacar. Los mismos que, a cambio de prebendas, actúan en discordancia con el mandato que les dieron sus electores.
En el combate contra la inseguridad, no puede haber tregua por parte del Estado, ni debilidades por parte del Gobierno, ni dilaciones o connivencias entre políticos, gobernantes, jueces, legisladores y ciudadanos, porque todos estamos llamados a coadyuvar en la búsqueda de una seguridad derivada de la eliminación de todos esos factores perturbadores de la convivencia social.
NOTA: La seguridad no se adquiere en los medios, ni se negocia con delincuentes reticentes y reincidentes. La seguridad se impone con la autoridad que el pueblo soberano le otorga al gobernante.
