En Sincelejo tenemos un nuevo tema jurídico, que de seguro va a dar de qué hablar, pero de lo que NO se debe hacer NUNCA en la administración pública. La secretaria jurídica de la Alcaldía, nuevamente la protagonista, la incondicional Yeimi Urzola Torres, interpretando magistralmente el papel de “revise y firme, pero no intervine en decisión alguna”.
Porque según su contestación al Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Sincelejo, dentro de la acción de tutela Radicado N.º 70001400900520250018200, lo suyo fue una formalidad sin trascendencia, responsabilidad mínima o un trámite inocuo, casi como llevar las galletas con mermeladas al Concejo.
Ella misma lo dijo:
«En consecuencia, las actuaciones que desarrollé durante dicho encargo tuvieron un carácter estrictamente administrativo y limitado a la presentación formal del proyecto ante el Concejo Municipal, con el único propósito de solicitar la concesión de facultades para modificar la estructura administrativa y actualizar la escala salarial. Mi participación se agotó en esta fase previa del proceso de modernización institucional, sin intervención alguna en las etapas posteriores de diseño, aprobación o ejecución de las modificaciones estructurales y salariales”.
¡Qué ternura y belleza!
El problema, señora secretaria jurídica, es que usted mintió, ya que fue expresamente delegada por su alcalde Yahir Acuña mediante Decreto 655 de 2025 para conformar el equipo técnico del proceso de modernización institucional, como también para suscribir y expedir los actos administrativos que se deriven de dicho proceso (planta de empleos, manual específico de funciones y competencias laborales).
Así mismo, su firma aparece estampada como tatuaje indeleble en el Decreto 1057 de 2025, que estableció la nueva planta de empleos, y en los decretos 1063, 1069 y 1082 del mismo año.
¿De verdad pretende convencernos de que revisar, firmar y aprobar decretos que suprimieron cargos y beneficiaron a familiares del alcalde y suya no es “intervención”? Pues bien, con esa lógica, “como el carnicero que mata la vaca, la pela y vende la carne… y luego dice que él solo amarró y que quien peló la vaca fue otro.
Lo más pintoresco es el doble papel: secretaria jurídica de un municipio con masacre laboral y, a la vez, hermana de una funcionaria en provisionalidad que mágicamente salió ilesa de la motosierra administrativa. ¡Qué coincidencia tan jurídica y tan familiar!
Y claro, cuando la ley exige moralidad, transparencia y responsabilidad (art. 209 C.P., arts. 44 y 45 CPACA), ella responde con la creatividad del “yo no fui”. Cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado dice que firmar un decreto es asumir su legalidad y consecuencias, ella decide que su rúbrica era apenas una firma casual, como cuando uno firma la planilla de asistencia a los eventos del alcalde y queda expuesto a que la cojan para otra cosa.
El teatro sería cómico si no fuera trágico. Porque mientras cientos de empleados de carrera son desmejorados laboralmente y provisionales fueron echados a la calle, la secretaria jurídica se escurre con discursos procesales, blindando a los suyos y avalando los caprichos de un alcalde experto en despilfarro, en nepotismo y sagas familiares.
Aquí no hablamos solo de un error de estilo, sino de posibles faltas disciplinarias y delitos penales:
- Falta a la verdad procesal (art. 42, Ley 1437 de 2011 – CPACA): Mentir deliberadamente constituye un indicio grave de responsabilidad.
- Faltas disciplinarias (Ley 734 de 2002 y Ley 1952 de 2019): sanciones que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad.
- Fraude procesal (art. 453 C.P.): Presentar información falsa a un juez puede acarrear 6 a 12 años de prisión.
- Falsedad ideológica en documento público (art. 286 C.P.): prisión de 4 a 8 años por firmar actos contrarios a la verdad.
- Prevaricato (arts. 413 y 414 C.P.): por avalar decretos ilegales, respondiendo como servidora pública.
En resumen: la secretaria jurídica no solo juega al “yo no fui” en lo administrativo, sino que al mentir al juez se mete en arenas movedizas disciplinarias y penales.
La secretaria jurídica de Sincelejo es, al parecer, “curandera de decretos torcidos”, hace desaparecer su responsabilidad con una frase, borra su firma de los decretos con un chasquido y convierte la mentira en estrategia de defensa.
Pero cuidado: los jueces y los órganos de control no creen en cuentos de hadas. ¡¡Ojalá escuche el grito que eso no se puede!! Y todos sabemos que la firma en un acto administrativo no es un garabato decorativo: es la confesión escrita de voluntad y responsabilidad jurídica.
