Lo ocurrido en San Onofre con la suspensión del transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un golpe doloroso para más de 3.900 niños y jóvenes que hoy ven truncado su derecho a estudiar en condiciones dignas.
Es lamentable que la administración municipal intente trasladar la responsabilidad de este fracaso al Concejo, cuando lo que ha quedado en evidencia es una pésima planeación y un afán por imponer decisiones sin el debido sustento legal.
El Concejo Municipal actuó con responsabilidad al negarse a aprobar un proyecto de adición presupuestal mal estructurado. No se puede gobernar sobre la base de la improvisación, mucho menos cuando se trata de la educación y la alimentación de los niños. Exigir que las cosas se hagan con transparencia y en el marco de la ley no es un capricho: es una obligación democrática y un deber ético frente a la ciudadanía.
Hoy más que nunca es necesario recordar que el verdadero compromiso con la niñez no se mide en discursos ni en lágrimas frente a las cámaras, sino en la capacidad de gestionar con anticipación, planear con rigor y cumplir con los procedimientos que garantizan la legalidad del gasto público. La administración municipal debe dejar de buscar culpables externos y asumir la responsabilidad de sus errores.
El PAE no fue creado como un simple programa asistencialista. Su origen y razón de ser es garantizar que los niños y niñas, especialmente los de zonas vulnerables, tengan acceso a una alimentación adecuada dentro de la jornada escolar. Un niño que estudia con hambre difícilmente aprende, y suspender este programa es condenarlo a la desnutrición y al rezago académico.
El transporte escolar, por su parte, responde a la realidad de miles de estudiantes que viven en veredas y corregimientos apartados. Su propósito es eliminar barreras de acceso y asegurar que los niños lleguen de forma segura a las aulas. Interrumpirlo significa dejar en el camino a cientos de estudiantes que no tienen otra manera de asistir a clase.
Sin embargo, el Concejo de San Onofre merece respaldo en esta decisión. Defender la legalidad es defender también a los niños, porque un municipio donde se hacen las cosas por fuera de la norma termina siendo un municipio más vulnerable a la corrupción y al despilfarro.
Si de verdad queremos proteger la educación, no basta con que haya transporte y alimentación hoy; es necesario que esos programas estén blindados para el futuro, con contratos claros, recursos asegurados y procesos transparentes.
Sin embargo, todavía hay una salida. La situación puede enmendarse si tanto la alcaldesa como el Concejo Municipal se sientan con seriedad y altura a encontrar un acuerdo inmediato que permita restablecer el transporte escolar y el PAE sin sacrificar la legalidad.
Los niños y niñas de San Onofre no pueden ser las víctimas de un pulso político; ellos necesitan soluciones urgentes, no excusas. La comunidad espera responsabilidad, voluntad y grandeza de sus gobernantes.
