Después de la renuncia irrevocable del hoy exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción en la UNGRD, se vienen días tormentosos para el Gobierno Nacional.
La razón es que, en la medida en que aparezcan más involucrados, estos tendrán que sopesar qué les conviene más; si negociar con la Justicia a través de fórmulas establecidas en nuestra legislación penal, como son los preacuerdos y/o negociaciones; inclusive desde el principio de la audiencia de imputación, tal y como lo establece el Art. 350 de nuestro Código Procesal Penal. Pues si así lo aceptaren los nuevos imputados, como en el futuro cercano el exministro Bonilla, podrán recibir beneficios como la reducción de la pena que se debe imponer en los delitos presuntamente endilgados por la Fiscalía General; o en su defecto se podrán eliminar causales de agravación punitiva, que traería como consecuencia el incremento en las penas a imponer, es decir, claramente recibir beneficios judiciales.
Nos han preguntado en espacios académicos y sociales, por qué el exministro no se acoge a un principio de oportunidad, conocido coloquialmente como la “Ley del Sapo”, muy de moda en este escándalo, tal y como lo hicieron el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y Esneider Pinilla como subdirector de esta misma entidad, por los sobrecostos de los carro tanques de La Guajira.
La respuesta es simple: esta figura jurídica se utiliza para delatar las actividades que desarrollan estructuras criminales con el fin de desarticularlas o desmantelarlas, para que no se continúe con la actividad delictiva. Aquí si que hay un problema, ya que el exministro de Hacienda, si decide colaborar, tendría que declarar y entregar pruebas en contra de personas que funcionalmente estén por encima de él. Esto generaría un tsunami en nuestro país.
Estas fracturas que está teniendo el Gobierno con todos estos ruidos de presunta corrupción terminarán generando otros daños colaterales, ya que al exministro Bonilla, al verse solo, desprotegido, tendrá el deber civil y moral de contribuir no solo con la verdad, sino identificar otros hechos, como el de presuntas presiones indebidas en la construcción de la Central hidroeléctrica Urrá, donde se encuentra en el ojo del huracán el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y quién sabe qué otros hechos más, que la opinión pública desconoce.
Esperemos que la justicia colombiana vincule formalmente al señor Bonilla y que este le cuente al país qué fue lo que realmente sucedió.
Ahora bien, la pregunta que las autoridades deben resolver es ¿si está permitido que los congresistas le puedan “sugerir”obras al gobierno nacional ?, Claro está , y así lo ha referido la sala penal de la Corte Suprema.
Lo que NO es permitido, es que los parlamentarios reciban contraprestación o beneficio económico por esta gestión, ya que claramente derivaría en interés indebido en la celebración de contratos, un peculado u otros delitos que se deriven del recibo de dádivas y /o coimas de la obra pública que se gestione y; menos para que el Gobierno Nacional utilice estos cupos indicativos como herramienta política para presionar indebidamente a los congresistas para que voten las iniciativas del ejecutivo.
Debemos derrumbar el mito y dejar de satanizar lo que hoy se conoce como cupos indicativos. La gestión de proyectos sociales de inversión por parte de los congresistas para las regiones, es la forma más directa que tienen los municipios pequeños de este país de conseguir, aunque sea un poquito, de la torta del Presupuesto General de la Nación, en aras de cerrar las brechas sociales.
