En una reciente columna abordé el tema de la integración de la Región Caribe y los 40 años de espera por su autonomía regional.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los más escépticos se preguntaron cómo lograr el cambio, y otros, con desdén, se cuestionaron “¿con qué se come eso?”. Pero no se requiere ser idealista para comprender que la verdadera transformación inicia cuando la sociedad civil despierta y asume un rol participativo más allá del acto de votar por presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Muchos están convencidos de que su único papel en la democracia se limita a las urnas, pero ese es apenas el inicio.
El atraso de las regiones en Colombia es, en parte, consecuencia de una ciudadanía pasiva que entregó el país a los políticos, quienes, con el aval de las élites, se han adueñado del territorio y de sus decisiones.
Francisco Rubiales, en su libro Políticos, los nuevos amos, sostiene: “No hay más democracia real que la que le otorga el poder al ciudadano.
Una democracia en manos de intermediarios, de profesionales, de partidos políticos transformados en maquinarias de poder o de élites más o menos calificadas, no es una democracia auténtica, sino un remedo que, en la práctica, desplaza al dueño de la soberanía y lo sustituye de manera ilícita”.
Y Jean-Jacques Rousseau, con contundencia, afirmó: “En el instante en que un pueblo permite ser representado, pierde su libertad”.
Estas reflexiones son más vigentes que nunca. El desafío auténtico es cambiar el sistema, regenerar la democracia y blindarla contra quienes han convertido la política en un negocio rentable.
No se trata solo de indignarse, sino de asumir el deber ciudadano de exigir transparencia y rechazar la corrupción en todas sus formas.
El escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal, autor de Cóndores no se entierran todos los días, no dudó en calificar a algunos congresistas como “contratistas”.
Ganando más de 45 millones de pesos mensuales, además de innumerables prebendas, muchos de ellos solo votan proyectos de ley si reciben algo a cambio.
La reciente aprobación de la reforma al sistema de salud es un ejemplo elocuente. Fue impulsada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien negoció con el Congreso para satisfacer sus pretensiones. ¿Eso es democracia? No. Es la perpetuación de un sistema clientelista que corroe los cimientos del país.
Peor aún, la sociedad civil parece resignada a esta realidad. Lejos de una rebelión ciudadana, muchos continúan votando por los mismos de siempre, permitiendo que la corrupción se perpetúe.
Colombia ha sido sacudida por escándalos de corrupción que involucran a políticos y entidades públicas.
¿Cómo olvidar la venta de Cerro Matoso? El Estado, propietario del 50% de la empresa, la vendió por apenas 180 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 300 millones.
Fue el expresidente César Gaviria, hoy director del Partido Liberal, quien avaló esta transacción. Y la lista sigue: los escándalos de los Nule, Foncolpuertos, la crisis del sistema de salud, la mafia en el fútbol, las regalías malversadas y el más reciente caso conocido como “Papá Pitufo”.
No obstante, el pueblo olvida con rapidez. La corrupción se normaliza y la indignación se disuelve entre discursos y promesas incumplidas.
Por eso, la regeneración democrática no es un acto aislado, sino un proceso que exige la participación activa y constante de la ciudadanía. Se trata de romper la cadena de impunidad y exigir que los servidores públicos respondan a los intereses del país, y no a sus propios beneficios.
Es hora de preguntarnos: ¿Queremos seguir siendo esclavos de los nuevos amos, o asumiremos el desafío de construir una democracia más justa y transparente? La respuesta está en nuestras manos, en cada voto consciente, en cada denuncia valiente y en cada acto que fortalezca la integridad pública.
Porque una democracia sin ciudadanos activos y vigilantes es solo una ilusión, y Colombia no puede permitirse seguir viviendo de ilusiones.
