El reciente anuncio de Invías sobre la posibilidad de instalar nuevamente el peaje entre Santiago de Tolú y Coveñas reabre un debate necesario sobre el modelo de financiación de infraestructura vial en el país. Más allá de la reacción inmediata de rechazo de la comunidad —que percibe con razón un aumento en el costo de vida y un golpe directo al turismo— lo que está en juego es la visión de planificación territorial que orienta (o desorienta) estas decisiones.
Desde la perspectiva de la movilidad regional, la localización de este peaje resulta problemática. La red vial de Sucre ya presenta una alta densidad de casetas de cobro en distancias cortas: entre Sincelejo y Corozal (Peaje Las Flores), Sincelejo y Toluviejo (Peaje La Esperanza), y el ubicado a escasos kilometros de San Onofre. La eventual instalación nuevamente de un punto de cobro entre Tolú y Coveñas configuraría un cinturón de peajes que limita la integración económica del departamento, fragmenta los corredores turísticos y encarece los flujos logísticos hacia la zona costera y portuaria.
En términos de planificación supramunicipal, la medida contradice los principios básicos de la integración territorial. Santiago de Tolú, Coveñas y San Antero forman parte de un corredor turístico y marítimo que debería consolidarse como polo de atracción supraregional, articulado con en eje Sincelejo – Corozal – Magangué. Al convertir el tránsito interno en un viacrucis de cobros, se debilita la competitividad del Golfo de Morrosquillo, se desincentiva la inversión y se profundiza la condición de periferia que por décadas ha relegado al Caribe colombiano.
La pregunta de fondo es: ¿para qué modelo de desarrollo se planifican los peajes? Si la lógica es meramente fiscalista, se corre el riesgo de seguir usando la infraestructura vial como un mecanismo de recaudo y no como una palanca de desarrollo. Este tipo de decisiones no consideran ni la vocación turística del territorio, ni la necesidad de fortalecer los vínculos intermunicipales, ni el rol estratégico de Sucre en la economía marítima nacional.
Como planificador estratégico urbano no puedo dejar de advertir que el exceso de peajes en distancias cortas genera un efecto contrario al esperado: en vez de promover conectividad, construye fronteras internas. En un departamento que requiere más integración y visión regional, los peajes dispersos y superpuestos se convierten en instrumentos de fragmentación.
Por ello, es urgente abrir un debate público sobre el modelo territorial de movilidad en Sucre y en el Caribe. No se trata solo de oponerse a un peaje, sino de repensar cómo garantizar equidad en la financiación de la infraestructura, cómo aprovechar la localización estratégica del Golfo de Morrosquillo y cómo integrar las apuestas turísticas y portuarias en un proyecto regional de largo plazo. Sin esta visión, las decisiones seguirán siendo parches, y los peajes, símbolos de desarticulación.
