El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay nos plantea el interrogante sobre la legitimidad del Estado colombiano, es decir, sobre la posibilidad de considerar a Colombia como un “Estado fallido”.
De acuerdo al planteamiento del sociólogo Max Weber, el Estado es la más alta organización de poder que, como estructura social, posee el uso legítimo de la violencia. Por consiguiente, en el marco de esta poderosa institución, existen en principio dos tipos de violencia, una legitimada y la otra ilegal, que se combate o enfrenta mediante la primera.
Ahora bien, ¿cuándo falla el Estado? Como lo resalta el historiador y magister en ciencias políticas Abraham Ortiz Miranda, se puede considerar que el Estado fallido se produce cuando el gobierno central pierde el monopolio de los medios de violencia.
Colombia, a través de su historia, revela una serie de actos violentos contra personajes políticos con intenciones de llegar a la presidencia de la República, como Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez Hurtado, entre otros, que pagaron con su vida el deseo de implementar sus ideas desde el máximo cargo político.
Además, para nadie es un secreto que nuestro país ha padecido históricamente actos violentos por parte de grupos al margen de la ley, independientemente de su convicción ideológica, reflejando una violencia deslegitimada y a su vez permitida por el Estado, cualquiera que sea su motivo.
Como lo hace ver Franz Oppenheimer en su obra “El Estado”, la fuerza legítima del Estado fue concedida con ocasión de esa evolución de entregar el poder a quienes tuviesen la capacidad de proteger a los demás, bien sea para afrontar una guerra exterior o tener la determinación para salvaguardar la seguridad en el orden interno. Si erramos en este objetivo, teleológicamente fracasa el Estado.
Los libertarios minarquistas proponemos un Estado mínimo que se limite y dedique todos sus esfuerzos a proteger los derechos individuales como la vida, la libertad y la propiedad privada; es decir, esta institución deberá propender especialmente por la garantía del orden público y de la administración de justicia.
Estas funcionalidades son aplicables a todos los Estados, cualquiera que sea su construcción ideológica, sencillamente porque de nada sirve proponer un Estado benefactor cargado de derechos sociales, si no puedes expresarte libremente o, en el peor de los casos, debes soportar el máximo riesgo de perder la vida.
En otros términos, no sirve para nada propender por un derecho a la educación si no tienes garantías de orden público para desarrollar tu profesión, como los profesores en el Catatumbo y muchas regiones del país; o de nada sirve buscar derechos pensionales si las posibilidades de una vida longeva se reducen por una violencia no atendida.
Ahora bien, si desde el Estado el gobernante no solo se desinteresa por el ejercicio de brindar seguridad, como lo indican sus funciones, sino que propone una “guerra a muerte” contra quienes se oponen, no podemos recoger cosechas de paz porque solo está sembrando y alimentando la violencia.
En mi criterio, estamos viviendo un ciclo de Estado fallido que carece, al menos por el momento, de la vocación del ejercicio natural y obvio que constituye el uso de la fuerza para confrontar y castigar a los violentos, que brinde las garantías de los derechos mínimos individuales y redunde en la obtención de paz.
Bien ha señalado Miguel Turbay: “La paz no se mendiga, se conquista». “El único camino para la paz es la seguridad”, por ello, deberán los colombianos hacer un ejercicio de reflexión: si prefieren ideas que cimientan un enorme Estado de bienestar inútil motivado por utopías, como el actual; o propender por un Estado minúsculo limitado a las garantías de seguridad de los ciudadanos y castigo a malhechores. No hacerlo nos condenará a repetir la historia.
