Mientras más de 256 familias eran lanzadas al abismo del desempleo por el decretazo 1057 de 2025, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, protagonizaba uno de los actos administrativos más regresivos y descaradamente selectivos de la historia local. Y como si se tratara de un acto de benevolencia y misericordia divina, el viernes 25 de julio citó a sus propias víctimas al teatro municipal en compañía del sindicato, para ofrecerles contratos por prestación de servicios.
Una versión institucional de “te saco por decreto, pero si aplaudes, te contrato sin derechos”, pensaría uno; les cortó la mano y les ofreció una curita.
La reestructuración fue presentada como una medida de “modernización institucional”, pero su contenido revela lo contrario: una vulneración flagrante del debido proceso, del principio de igualdad y del mérito como pilar del empleo público.
La Constitución en su artículo 125 reza lo siguiente: “Los empleos en el Estado deben proveerse con base en el mérito”, y suprimir cargos sin estudios individualizados, sin motivación concreta y sin aplicar criterios objetivos constituye desviación de poder, violando principios del artículo 209 de la Constitución y del artículo 3.º del CPACA (Ley 1437 de 2011).
Pero en Sincelejo, el alcalde usó la reestructuración para mortificar a los “no alineados”, en algunos casos técnicos y profesionales con alta experiencia, nombrados en provisionalidad con más de 15 años en la administración y, por el contrario, decide proteger a su círculo familiar y político.
Los decretos que siguieron (1082 y 1126 de 2025) fueron la secuela jurídica del despropósito: modernización sí, pero con bisturí genealógico.
• El Decreto 1082 creó una figura inexistente: la “planta transitoria por agotamiento”, violando el artículo 122 de la Constitución, que exige que todo empleo público esté creado por ley o acuerdo.
• El Decreto 1126 terminó de ejecutar el desmantelamiento laboral, sin respeto por los derechos de carrera, estabilidad laboral reforzada, ni esquemas escalonados de retiro, como exige la jurisprudencia constitucional (C-617/08, T-1072/02).
Pero la motosierra se encontró con un elefante y no cortó donde había conflicto. Evitó cuidadosamente las ramas del árbol genealógico del alcalde y su secretaria jurídica que, a la luz del artículo 40 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), existió un deber claro de impedimento para varias funcionarias:
Yeimi Urzola Torres:
Secretaria jurídica, quien el 20 de marzo presentó al Concejo el proyecto de Acuerdo de reestructuración, y el 29 de marzo la enmienda, sin declararse impedida, pese a que su hermana, Lisbeth Urzola Torres, fue nombrada en provisionalidad mediante Decreto 098 de 2024 y, como por arte de magia, no fue tocada en la reestructuración.
Tatiana Niebles Flórez:
Exalcaldesa encargada de Sincelejo, dejó nombrados a los hermanos, cuñada y tío del alcalde Acuña en diciembre de 2023.
En retribución, la motosierra selectiva de Yahir Acuña nombró el 3 de enero de 2024 (Decreto 015) a Nayduth del Rosario Niebles Flórez, hermana de Tatiana. Quien tampoco mágicamente fue tocada en ese abismal estudio técnico.
Esto se suma y se configura a los evidentes conflictos de intereses, en los términos del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, y una posible comisión del delito de interés indebido en la celebración de actos administrativos (art. 409 del Código Penal).
Mientras tanto, con su superpoder de invisibilidad selectiva, muy útil cuando se trata de apoyar a la motosierra, el sindicato SINDESERPUMUSIN, en cabeza de María Eugenia Álvarez, guardaba un silencio sepulcral que grita. Su excusa: “No tuvimos voto en el comité técnico”. Pero el artículo 39 de la Constitución y el artículo 2.º del Decreto 160 de 2014 otorgan a los sindicatos un papel protagónico en la defensa de los derechos laborales. El silencio ante una masacre laboral de esta magnitud es omisión de deberes sindicales.
El artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con la jurisprudencia T-078/18 y T-070/21, reconoce a los sindicatos como sujetos activos de control social y laboral. Callar ante la vulneración masiva de derechos es traicionar el objeto para el cual fueron creados.
Para tener en cuenta, nuestra administración dejó ingresos propios fortalecidos: el ICDL pasó de $61.000 a $122.000 millones gracias a la actualización catastral, que tanto me criticó el actual alcalde y que fue su bandera de campaña, y hoy me pregunto qué pasó con esos recursos y con el doble de ingresos.
¿Resultado con Acuña? Un déficit de más de $57.000 millones en solo año y medio, despilfarrados en:
- Rumbas y eventos sociales.
- Tarimas y shows.
- Contratos cuestionables.
- OPS infladas y burocracia temporal paralela.
Pero el recorte fue abajo, nunca arriba, y curiosamente nunca tocó a los familiares del alcalde ni a los allegados de sus funcionarias leales como su secretaria jurídica. La motosierra fue selectiva.
Quiero recordarle al sindicato SINDESERPUMUSIN, en cabeza de María Eugenia Álvarez, que mientras hoy se improvisan figuras jurídicas y se violan principios constitucionales, nosotros defendimos la carrera administrativa bajo la Ley 909 de 2004, promoviendo escaleras laborales reales y cargos por necesidad institucional.
- Banco de maquinaria.
- Oficina catastral como gestor.
- Oficina de servicios públicos.
Y todo con respeto al debido proceso, la estabilidad, la negociación sindical y el diálogo social.
Hoy la verdad no la grita un discurso en el teatro de Sincelejo, ni en comunicados falsos sindicales que más parecen fábulas de mucha tinta y cero dignidad; la dicen los decretos, las omisiones, los nombramientos cruzados y la motosierra selectiva que perdonó apellidos.
- Se violó el debido proceso.
- Se omitió el deber de impedimento.
- Se beneficiaron familiares.
- Se vulneraron los principios de igualdad, mérito y legalidad.
- Y el sindicato, como siempre, miró para otro lado… o tal vez, miró a su propio beneficio.
Finalmente, sería bueno que se revisara por parte del sindicato si aún tiene dignidad los informes de la comisión de empalme, lo que recibió la actual administración y los nombramientos que se hicieron en medio de esa comisión.
Porque callar ante la injusticia es también ser cómplice de ella.
Y en este caso, el silencio sindical se oyó más fuerte que el rugido de la motosierra.
