Una de las muchísimas consecuencias que traerá el resultado electoral de ayer, se refiere al fracaso de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por parte de quienes, seguros de su triunfo, pretendían restablecer la reelección presidencial, además de apoderarse del mayor número de instituciones del Estado, entre ellas las altas cortes y el Consejo Nacional Electoral.
Recordemos que tal convocatoria requiere de una ley, aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras, mediante la cual el Congreso dispone que el pueblo, en votación popular, decida si la convoca con la competencia, período y composición que la misma ley determine. De acuerdo con la nueva composición del Congreso, especialmente del Senado, es improbable la expedición de la norma.
Pero aun en el caso de que sea aprobada, faltaría la decisión del pueblo, expresada en las urnas cuando menos por la tercera parte (13,8 millones) cifra muy distante de los 9.688.361 votos que alcanzó su principal promotor en las primarias de ayer.
Podría inferirse que, conscientes de ello, su campaña decidió prescindir de tal iniciativa, además con la dudosa intención de recibir el apoyo de Fajardo quien anunció recolección de firmas para impedirla.
Sería deseable que después de la segunda vuelta, las nuevas mayorías insistieran en una reforma a fondo de la Constitución, entre otras, sobre la manera de elegir al fiscal general, al procurador, al defensor del pueblo, algunos miembros de la Corte Constitucional y de la junta del Banco de la República, para quitarles a los futuros presidentes la facultad de postular candidatos, con miras a la necesaria independencia de los organismos del Estado.
También podría establecerse la suspensión de los jueces que, preservado el debido proceso, dejen vencer los términos, y de los alcaldes que permitan el bloqueo de carreteras, sin perjuicio del derecho a la protesta.
Deberá modificarse el fuero presidencial, para que, en caso de que la falta por lo que se le denuncia al titular fuere de naturaleza penal, no sea la Comisión de Acusación la que asuma la investigación, sino la Corte Suprema directamente, y no después del dispendioso trámite del proceso político que se le sigue en el Congreso por indignidad, si es que entonces el Senado encuentra que hay lugar a formación de causa criminal, como en el único caso de Gustavo Rojas Pinilla en 1959.
NOTA otras consecuencias inmediatas han sido la reactivación de la bolsa, la bajada del dólar y la subida de las acciones de Ecopetrol.
