El Golfo de Morrosquillo es hoy la principal apuesta de crecimiento turístico y económico de Sucre. La ampliación del aeropuerto de Tolú, la creciente inversión hotelera, inmobiliaria y el posicionamiento de la región como destino de playa y naturaleza abren la expectativa de un futuro prometedor.
Sin embargo, mientras se trabaja en impulsar el progreso, el Ministerio de Transporte insiste en reinstalar un peaje entre Tolú y Coveñas que amenaza con convertirse en un obstáculo estructural. La vía que debería ser un motor de competitividad corre el riesgo de transformarse en una talanquera para el desarrollo.
Para quienes no conocen, Tolú y Coveñas funcionan como una sola “conurbación turística”, dos municipios integrados por flujos cotidianos de trabajadores, estudiantes, comerciantes y turistas. Poner un peaje en ese tramo no solo encarecerá la movilidad, sino que introducirá de nuevo una frontera artificial en un espacio urbano-subregional que debería operar como una sola ciudad.
La experiencia del pasado es clara. El peaje de La Caimanera ya existió y dejó huellas negativas. Una investigación de la Universidad de Sucre en 2017 demostró que la ocupación hotelera se redujo en promedio de 99 a 66 huéspedes, mientras el 88% del gremio hotelero reconoció que sus ingresos se desplomaron.
Tolú fue el municipio más golpeado, con caídas en las tarifas de hospedaje y disminución en el número de visitantes. En la práctica, el peaje operó como un impuesto regresivo que desincentivó el turismo entre ambos municipios, el cual históricamente pasaba el día en Coveñas e iba en las noches a pasear a Tolú, tomar un jugo, comer un helado y dar una vuelta en sus famosas bicitaxis.
A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Transporte decidió en 2025 reubicar el peaje en la variante de Coveñas, con una tarifa proyectada de 10.000 pesos para vehículos livianos. Para un trabajador que se desplaza a diario entre los dos municipios, el costo mensual se acerca a los 200.000 pesos, casi una quinta parte del salario mínimo.
Una carga que perjudica la economía local, afecta a transportadores, pescadores, comerciantes y turistas, lo cual termina por encarecer los bienes y servicios que sostienen la vida de los habitantes del golfo del Morrosquillo.
Estamos frente a una contradicción clara, ya que mientras se moderniza el aeropuerto de Tolú con la intención de convertirlo en un “hub turístico del Caribe”, se bloquea con un peaje la carretera que une a Coveñas con Tolú. De nada sirve el desarrollo aéreo de la región si la movilidad terrestre se convierte en un cuello de botella que ahuyenta la inversión y desincentiva el turismo.
Este hecho resulta todavía más grave si se recuerda que el presidente y especialmente el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conocen de primera mano el impacto social y económico que esa decisión tendría en sus propios coterráneos debido a su estrecha relación con el departamento.
Sucre no solo enfrenta la amenaza de un nuevo peaje en Coveñas, sino que a escasos veinte kilómetros ya está en funcionamiento el de Toluviejo. En un tramo corto, los locales y visitantes tendrían que pagar dos tarifas consecutivas, una absurda doble carga que ya vivimos y que llegó a costarnos a los sincelejanos cerca de 50.000 pesos por viaje. Mientras que para quienes venían desde Corozal y la sabana, la cifra aumentaba en 10.000 pesos más, alejándonos cada vez más del mar y de la posibilidad de consolidar una integración entre el interior del departamento y nuestra zona costera.
No se trata de negar la necesidad de financiar la infraestructura, sino de entender que la ubicación del peaje es el verdadero problema. Instalarlo en medio de una conurbación turística como Tolú–Coveñas rompe la conexión urbana.
Un peaje puede existir en corredores interdepartamentales o en tramos de larga distancia, pero nunca en el centro de un territorio que depende de la movilidad interna para sostener su economía. La lucha no es solamente en contra del peaje, sino a favor de consolidar un territorio que aproveche el aeropuerto, la infraestructura portuaria y el turismo como motores de desarrollo.
En 2022, el Consejo de Estado anuló la autorización del peaje de La Caimanera precisamente por sus efectos sociales negativos. Insistir en reinstalarlo es desconocer la evidencia académica y las decisiones judiciales.
Si queremos apostar por el futuro del Golfo de Morrosquillo, necesitamos coherencia entre las inversiones aéreas, viales y turísticas, para que la región pueda transformar su belleza natural en progreso.
Las regiones que han estructurado su transformación alrededor del mar y una buena oferta turística, han logrado crecer y atraer inversión. Sin embargo, con medidas “Made in Bogotá” como este peaje, Sucre y Colombia vuelven a toparse con la misma talanquera, darle la espalda al mar y al Golfo de Morrosquillo, alejándonos así de una oportunidad estratégica de desarrollo.
