La estructuración del Programa de Alimentación Escolar (PAE), destinado al suministro de complemento alimentario para los estudiantes de colegios oficiales del municipio de Sincelejo, ha resultado ser un verdadero parapeto jurídico, técnico y administrativo. Su diseño presenta zonas grises que matizan irregularidades contrarias a los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Desde lo jurídico, se ha cuestionado la modalidad de contratación y su modelo de asociación. Aunque aparentemente se quiso mostrar un proceso competitivo convocando a entidades sin ánimo de lucro, lo cierto es que fue escasa la participación de las ESAL, y el proceso de selección culminó —obviamente— con la adjudicación y celebración de un convenio asociativo con el cuestionado Consorcio PAE Universal 2024–2027. Es decir: Yao con Yao.
A través de este convenio se ejecutarán, con menos restricciones legales, más de 256.000 millones de pesos para entregar raciones alimenticias durante 649 días del calendario escolar —unos 400 millones de pesos diarios—, de los cuales $251 mil millones serán aportados por el municipio de Sincelejo y $5.409 millones por parte del supuesto asociado, representados en menaje y equipos que deberían entregarse entre las vigencias 2024 y 2026.
Esta cuantificación posiciona al PAE municipal como uno de los más costosos del país, además de estar en la mira de los órganos de control por la transparencia de sus opulentos gastos operacionales, ya que se rumora que es la caja menor para los mecatos políticos de la motosierra.
Yahir Acuña quiso ser el pionero en implementar un PAE universal sin interrupciones. Sin embargo, el tracto sucesivo en su ejecución ha traído vicisitudes jurídicas, administrativas y financieras que ponen en riesgo su sostenibilidad en el mediano plazo.
Vigencias futuras, que han sido impactadas no solo en la solidez de las fuentes de financiación —como los recursos propios (léase: déficit fiscal)—, sino también por los retrasos en los pagos y reducción de los aportes que debe desembolsar la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), dejando al consorcio con números en rojo y haciendo fila para recibir bienes del municipio como dación en pago; pues a corte de 2024, este operador registraba pasivos en Sincelejo por el orden de los $2.900 millones de pesos.
La novedosa modalidad de contratación ininterrumpida (2024–2027) no solo puso en jaque la proyección financiera del programa —que no ha sido pacífica en 19 meses de ejecución—, sino también la planificación contractual del convenio asociativo.
Deficiencias administrativas que se reflejaron en los costos estimados para la constitución de la garantía única, consistente en la adquisición de una póliza de seguro de cumplimiento, que terminó costándole al “consorcio asociado” la pírrica suma de $3.400 millones de pesos.
Esta póliza, además, debió ser cubierta en un solo pago, cuando en los estudios previos del proyecto se había amortizado por anualidades y estimado en la suma de $1.537 millones, lo que supuestamente generó un desequilibrio económico a favor del contratista, causado por supuestos “fenómenos del mercado asegurador”.
El Consorcio PAE Universal 2024–2027 le solicitó el 26 de abril de 2024 al municipio de Sincelejo el reconocimiento y pago total de la póliza, argumentando que no correspondía ni al valor, ni al tiempo de amortización estimado para el gasto administrativo proyectado como póliza de legalización.
La Secretaría de Educación municipal, actuando como supervisora del convenio, despachó la solicitud de manera positiva, devolviéndole íntegramente los $3.421 millones de pesos que costó la garantía en la vigencia 2024.
Esta devolución ha encendido alertas en los órganos de control. Recientemente, la Gerencia Departamental de Sucre de la Contraloría General de la República arrojó hallazgos al considerar que, al asumir el municipio la totalidad del costo de la póliza, se desnaturalizaron las obligaciones propias del contratista, establecidas en el artículo 7.º de la Ley 1150 de 2007, que lo obliga a prestar la garantía única de cumplimiento.
Para la Contraloría, esta irregularidad se originó por una deficiencia contractual, presupuestal y administrativa del proceso de contratación, por lo que podría configurarse una afectación a los recursos públicos por una cuantía de $3.412 millones de pesos.
Claramente, esta situación debería generar una incidencia fiscal y disciplinaria. Sin embargo, hubo un curioso giro por parte del órgano colegiado de Sucre, que consideró que el “vómito negro” generado por la administración no constituye una conducta antijurídica.
Y simplemente se degradó tal aberración a una “deficiencia en el análisis de planeación precontractual”, generando apenas una presunta incidencia disciplinaria.
Mientras se manipulan raciones, se inflan cifras, se maquillan informes, se desconocen derechos laborales de sus colaboradores, se suplantan personas y se cruzan de brazos los órganos de control… Los parapetos del PAE tarde o temprano pasarán factura y no podrán ser contenidos por mucho tiempo. Al final, todo saldrá a la luz.
