Dicen en los pueblos que el miedo se huele. Y en las regiones donde el Estado apenas asoma, muchos aseguran que algo extraño está ocurriendo: que las FARC y el ELN están inquietos, nerviosos, atentos a cada movimiento político; que no quieren ni imaginar el escenario de un presidente que no les hable con concesiones, sino con la fuerza legítima del Estado. Y entre los cafetines, fincas y veredas se repite una frase que ya tomó vida propia: “Si Abelardo de la Espriella llega al poder, ellos se rinden.” No como metáfora, sino como una convicción que se abre paso entre la gente.
En esas mismas regiones se comenta que por eso mismo hoy se habrían desatado presiones, amenazas y obstrucciones a la recolección de firmas del candidato. Porque —según afirman muchos ciudadanos— este gobierno habría permitido que los grupos armados respiraran con comodidad, expandieran su influencia y recuperaran un poder territorial que años atrás parecía desmoronarse. No falta quien recuerde el ruido del llamado “Pacto de la Picota”, ese rumor persistente que se quedó incrustado en la opinión pública y que, para muchos, simboliza un tiempo de permisividad que se extinguiría el 7 de agosto de 2026.
Consultados expertos en seguridad y antiguos funcionarios del sector defensa, varios coinciden en que las operaciones más temidas por las FARC y el ELN siempre han sido las ofensivas aéreas, las fumigaciones que golpean su economía ilícita, las operaciones conjuntas en selva, mar y ríos. Y, a juicio de estos analistas, un eventual gobierno del “Tigre” enviaría un mensaje claro: que el propósito del Estado volvería a ser recuperar el territorio, no negociar su abandono. De ahí, dicen ellos, el nerviosismo de los violentos; de ahí la resistencia a que De la Espriella llegue al Palacio de Nariño.
Buena parte del país recuerda que, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Colombia vivió uno de los periodos más fuertes en materia de seguridad: ofensivas contundentes, liderazgos firmes y un Estado que, por primera vez en décadas, parecía avanzar más rápido que la criminalidad. Hay quienes aseguran que, de haberse mantenido esa línea en los gobiernos de Juan Manuel Santos, y sumando los esfuerzos del gobierno de Iván Duque, la paz habría podido consolidarse sin retrocesos mayores.
Pero llegó Gustavo Petro, y para muchos ciudadanos el país retrocedió veinte años. En seguridad, en economía, en confianza institucional. La sensación dominante —sobre todo en zonas rurales— es que los violentos volvieron a adueñarse del territorio, que la autoridad se debilitó y que hoy Colombia se parece demasiado a la que Álvaro Uribe recibió en 2002: una nación con municipios capturados por estructuras criminales, con corredores vedados, con familias que viven bajo el peso de la intimidación. Así, dicen muchos, es como Abelardo de la Espriella encontraría el país en 2026: con grupos armados mandando en más de 600 municipios.
De ahí que el discurso de firmeza retumbe con tanta fuerza. Para quienes respaldan a De la Espriella, no hay peor amenaza para las guerrillas que un Estado decidido a emplear todos los mecanismos constitucionales para recuperar el control territorial; no hay temor mayor para esas organizaciones que los bombardeos, las operaciones combinadas y las fumigaciones que tocan directamente la economía de la coca, su columna vertebral. Porque, como dicen quienes conocen la guerra, “un avión del Estado es para ellos el fin de la vida; la caída de la coca es el fin de su poder”.
Muchos colombianos sostienen que la mano firme no solo es necesaria, sino urgente. Que el país ya no resiste más violencia, más desplazamientos, más extorsiones, más madres enterrando hijos por culpa de estructuras criminales que se creen dueñas de la nación. Y por eso ven en Abelardo de la Espriella una figura que, lejos de transar con la ilegalidad, promete enfrentarse a ella sin titubeos, sin zonas grises y con la legitimidad que le otorga la Constitución.
Al final, la idea que recorre el país es simple y poderosa: si un presidente llega decidido a hacer respetar el Estado, las FARC y el ELN no tendrán más opción que rendirse. Porque la autoridad, cuando es firme, sostenida y coherente, tiene un efecto inevitable: arrincona al violento y libera al ciudadano.
Y tal vez por eso, entre tantas voces que hoy claman por orden, se repite una frase que ya parece un presagio: Cuando el Tigre llegue a Palacio, los violentos se rendirán. Porque la paz no se mendiga: se impone.
