En medio de la polarización del país, se sugiere encontrar coincidencias que puedan responder a las problemáticas del Estado colombiano; una de ellas es la existencia de las contralorías territoriales. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política, la vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejerce de manera prevalente la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales; esto es vigilar la administración de los recursos por parte de las entidades públicas o de los particulares que manejen recursos públicos.
En la actualidad, existen 66 Contralorías Territoriales (32 departamentales, 30 municipales y 4 distritales) que emplean a 1.576 funcionarios y tienen un presupuesto de más de $858.000.000, que no recuperan ni el 2% de los hallazgos productos de procesos de responsabilidad fiscal sobre los recursos que se auditan, un verdadero elefante blanco institucional, al ser una figura fracasada en el intento de reducir la corrupción en la ejecución del gasto público.
El control que ejercen las contralorías territoriales es posterior y selectivo y, en la gran mayoría de los casos, cuando se audita, ya no hay nada que se pueda hacer respecto del gasto público, pues muchas veces los contratos, que son el principal instrumento de gasto público, ya se han tramitado, ejecutado e inclusive liquidado con sus respectivos pagos. Lo que queda es esperar que, a través de un proceso de responsabilidad fiscal, pueda recuperarse el dinero perdido, producto de un perjuicio patrimonial.
Un estudio revelado por la Revista Pares indica que las contralorías territoriales realizaron 12.469 procesos de responsabilidad fiscal entre 2019 y 2023; solo se emitieron 1.253 fallos, representando apenas el 10% de los casos, de los cuales solo resarcían el 2% del gasto público, algo desde el punto de vista estadístico totalmente ineficaz.
Con el Acto Legislativo No. 004 del 2019, se dio la posibilidad de que la Contraloría General de la República hiciera un control preventivo y concomitante, es decir, desde la tramitación del contrato, con el fin de ejercer una vigilancia en tiempo real del gasto público y poder tomar acciones tendientes a proteger los recursos públicos.
Extender la posibilidad de un control preventivo y concomitante a las contralorías territoriales podría traer como consecuencia una mayor vigilancia de los recursos públicos de orden departamental y municipal, evitar pérdidas significativas de estos recursos y combatir la corrupción, y que esto de ninguna manera se convierta en una coadministración por parte del ente fiscal en las entidades territoriales.
No obstante, está claro que una posible implementación de un control preventivo y concomitante, posterior y selectivo por parte de las contralorías territoriales, va a requerir de una reingeniería en estas entidades, pues los indicadores de eficacia, eficiencia y riesgo de corrupción no son alentadores.
Lo primero es una mayor inversión por parte del Estado, tal y como ocurrió con la modernización de la Contraloría General de la República en las contralorías territoriales. Una de ellas es la implementación de análisis estratégico de datos y tecnologías de la información y comunicación con el fin de apoyar la vigilancia en tiempo real del gasto público, pues de nada vale tener un control preventivo si este no se acompaña de ayudas tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales del control fiscal.
Lo segundo es darle preponderancia al mérito, pues las contralorías territoriales tienen en su personal un bajo nivel de profesionalismo y ausencia de formación interdisciplinaria, pues más allá del título, se requieren competencias específicas necesarias para desarrollar el cargo.
Lo tercero es darle prevalencia al precedente en los casos de responsabilidad fiscal, pues con 66 contralorías territoriales más la Contraloría General de la República, tendremos 67 entidades que pueden fallar de forma diferente, afectando la seguridad jurídica del ente fiscal y los investigados, de manera que crear precedentes y apegarse a estos es un instrumento para aumentar la seguridad jurídica en el derecho fiscal.
En conclusión, esta es una propuesta sumaria que puede tener afectos o desacuerdos, pero lo que sí está claro es que las contralorías territoriales son un verdadero elefante blanco en el derecho fiscal en Colombia, y su eficiencia y eficacia es nula en comparación con el gasto que estas generan; se necesita hacer algo distinto a lo que hoy está.
Tal tesis es defendida por todos los sectores políticos del país, pues eliminar las contralorías territoriales fue una de las propuestas de campaña de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, y recientemente dicha tesis también fue apoyada por el Presidente Gustavo Petro, y otros sectores como Germán Vargas Lleras han propuesto la creación de un Tribunal de Cuentas, de manera que este escrito es un llamado para abrir el debate sobre la utilidad y pertinencia de las contralorías territoriales.
