Lo que ocurre hoy en la Universidad de Sucre no es simplemente un escándalo salarial. Es el síntoma de una fractura institucional que la región no puede seguir ignorando, y que obliga a una lectura sin comodidades.
El detonante fue la publicación de relaciones de pago que evidencian aumentos salariales de hasta un 177% entre 2021 y 2025 para algunos docentes de planta. (ELHERALDO) Tres de ellos habrían alcanzado ingresos mensuales de 93, 91 y 90 millones de pesos.
El mecanismo de fondo es el Decreto 1279 de 2002, que remuneró a los docentes de universidades estatales a través de un sistema de puntos por producción académica. En 2026, cada punto equivale a 23.924 pesos: cada reconocimiento no es un diploma simbólico, es plata real que se incorpora al salario.
El dossier que circula señala que entre 2024 y 2025 se analizaron 634 artículos, de los cuales 338 presentan alertas por prácticas editoriales asociadas a revistas señaladas como «espurias». Las modalidades presuntamente usadas incluyen carruseles de coautoría, evaluaciones entre pares cercanos y uso de publicaciones de bajo rigor.
Un dato que cambia el relato: según el Ministerio de Educación Nacional, la información salarial que circuló no fue filtrada por la cartera educativa. Fue la propia Universidad de Sucre quien la entregó voluntariamente durante la visita preventiva del Ministerio los días 3 y 4 de marzo de 2026, en el contexto de un proceso de inspección y vigilancia que ya venía en curso.
Ese detalle no es menor: la institución se autoinspeccionó y la información resultante estalló en el espacio público por vías que ninguna de las partes ha explicado con claridad.Los estudiantes declararon asamblea permanente, ocuparon la sala de profesores y bloquearon el acceso principal del campus, exigiendo explicaciones directas sobre el manejo de los recursos y la escala salarial.
En asamblea, bajo el liderazgo de su representante ante el Consejo Superior, decidieron impulsar la reglamentación de los procedimientos de asignación de puntos salariales conforme al Decreto 1279, y reformar el Acuerdo 15 de 2008, ajustándolo a una reglamentación clara, actualizada y estricta.
La demanda estudiantil no es irracional. En una ciudad donde el 40% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, donde miles de familias víctimas del conflicto no tienen título de su vivienda, donde el transporte público sigue siendo una promesa, la noticia de salarios que superan al presidente de la república en una institución pública genera una indignación legítima.
El estudiante que paga matrícula y asume gastos altos para formarse académicamente tiene razón al preguntar: ¿ dónde queda el mérito?
Por otro lado, un grupo de docentes aseguró haber quedado retenido dentro de las instalaciones en medio de disturbios, con daños a la infraestructura y con la energía cortada, recibiendo amenazas que comprometían su seguridad y la de sus familias.
Un grupo de docentes aseguró haber quedado retenido dentro de las instalaciones en medio de disturbios, con daños a la infraestructura y con la energía cortada, recibiendo amenazas que comprometían su seguridad y la de sus familias.
El Ministerio precisa un dato que matiza la cronología del conflicto: los docentes ya estaban en asamblea permanente antes de que estallara la controversia salarial. Su movilización respondía a una agenda más amplia de inquietudes frente a la administración: aspectos académicos, administrativos y laborales que incluyen la suspensión del reconocimiento de puntajes por producción académica, adoptada en el CIARP con ocasión de una auditoría interna cuyo informe —ordenado en 2025— permanecía reservado a la fecha de los hechos.
Algunos profesores interpretan la circulación de la información salarial precisamente como una retaliación frente a esa movilización previa. No es una lectura descabellada, y merece ser investigada con la misma seriedad que las denuncias sobre los puntos.
Su argumento jurídico tiene sustancia: congelar indefinidamente un trámite regulado por norma de rango superior —sin comunicar resultados ni resolución— afecta derechos laborales de toda la planta, incluyendo a quienes no son parte de ninguna denuncia.
Los docentes también rechazan que la información haya sido presentada de manera distorsionada, argumentando que las cifras publicadas no corresponden a lo que realmente llega a sus cuentas bancarias mes a mes. Esta aclaración merece ser verificada con datos precisos y públicos: ni descartada ni aceptada sin evidencia.
La Rectoría finalmente rompió su silencio con un comunicado que contiene señalamientos relevantes. Advierte que no es admisible extender las sospechas sobre casos particulares a la totalidad del estamento docente; aclara que la información salarial que circuló fue entregada al Ministerio en el contexto de la visita de inspección y que se trata de una certificación sobre variación salarial, no de un dictamen de responsabilidades; y precisa que los informes de auditoría tienen naturaleza preliminar y técnica, y que sus conclusiones deben tramitarse con sujeción al debido proceso.
También revela que, desde su posesión en mayo de 2025, la administración ha venido advirtiendo ante instancias competentes sobre los riesgos que determinadas dinámicas del régimen salarial representan para la sostenibilidad financiera de la institución en el mediano y largo plazo.
Este último punto merece atención: si el rector lleva casi un año alertando sobre una bomba fiscal y la respuesta institucional fue una auditoría cuyo informe se reservó durante meses, la pregunta sobre quién y cuándo decidió que era el momento de hacer circular esa información sigue sin respuesta.
El comunicado del Ministerio de Educación Nacional del 21 de abril contiene una frase que este artículo no puede pasar por alto: el Ministerio reconoce explícitamente que el Decreto 1279 de 2002 carece de topes máximos salariales, y que una minoría de docentes “han logrado incrementar su asignación salarial” a partir de ese vacío normativo. Y añade: se trata de “un problema no legal sino ético por parte de ese grupo de docentes, que han impuesto su beneficio personal sobre el interés colectivo.”
Esa frase es la síntesis más precisa del debate. No es un delito. Es algo en ciertos casos peor que un delito: es la captura de un bien público —el mérito académico, la confianza en la ciencia, el dinero de la educación estatal— por parte de quienes debían ser sus custodios.
Como consecuencia directa, el Ministerio anuncia que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que fijará topes salariales por categorías, reconocerá derechos adquiridos y aclarará las competencias de los Consejos Superiores y los comités de asignación de puntaje en todas las universidades públicas del país. Si ese decreto se produce con rigor, la crisis de Unisucre habrá tenido al menos una consecuencia sistémica positiva.
Hay tres silencios que inquietan más que el ruido.
Primero, el silencio sobre la filtración. Queda sin resolver quién y por qué razón hizo circular la información salarial en el momento en que circuló. Si fue un acto de transparencia legítima, hay que decirlo. Si fue una retaliación contra la asamblea docente, hay que investigarlo. La comunidad universitaria merece una respuesta, no una guerra de versiones.
Segundo, el silencio sobre el informe de auditoría. Si el informe existe desde julio de 2025 y contiene hallazgos concretos, ¿por qué permaneció reservado durante nueve meses sin que se actuara? ¿Y por qué, si no concluía nada definitivo, no se comunicó a la planta docente para despejar la incertidumbre? La opacidad administrativa es en sí misma una fractura de gobernanza.
Tercero, el silencio sobre el sistema. El Decreto 1279 de 2002 fue diseñado para estimular la producción académica de calidad. Si ese sistema pudo ser usado —con o sin ilegalidad formal— para fabricar artificialmente salarios extraordinarios mediante revistas de bajo rigor y coautorías cruzadas, el problema no es solo de Sincelejo: es de todas las universidades públicas de Colombia.
El Ministerio ya lo reconoció. Ahora corresponde actuar con la misma velocidad con que reaccionó la indignación estudiantil.
Quienes trabajamos en la planificación territorial de Sucre sabemos que la Universidad de Sucre es uno de los pocos activos institucionales con que cuenta este departamento para construir el futuro que sus habitantes merecen. Su crisis no es un espectáculo externo: es una herida en el corazón de la región.
Lo que está en juego no es solo si algunos profesores se enriquecieron con un sistema de puntos. Lo que está en juego es si Sucre puede tener una institución universitaria que forme ciudadanos con vocación pública, que produzca conocimiento riguroso sobre su propio territorio y que sea un ejemplo de gobernanza, no otro caso de captura institucional de recursos públicos.
Los estudiantes tienen razón en exigir transparencia. Los profesores tienen razón en exigir debido proceso. La Rectoría tiene razón en pedir que no se generalice. Y el Ministerio tiene razón en llamar esto por su nombre: un problema ético. Pero la razón distribuida entre todos los actores no produce ciudad, ni produce universidad, si no se convierte en acuerdos verificables y en normas con dientes.
Una universidad que no puede rendirle cuentas a la ciudad que la sostiene no es una universidad pública. Es una deuda más en el largo inventario de deudas territoriales que Sucre arrastra desde hace décadas.
