La ignorancia no es una opinión

Hay algo profundamente equivocado en la forma en que estamos entendiendo el debate público: hemos terminado confundiendo el derecho a opinar con el derecho a ser tomados en serio. Todos tienen derecho a opinar sobre cualquier asunto. Lo que no pueden exigir es que una opinión, por el simple hecho de ser expresada con seguridad, sea tratada como conocimiento. Hablar de un tema no convierte a nadie en experto; mucho menos cuando lo que dice demuestra que desconoce sus fundamentos.

El problema no es la ignorancia. Todos ignoramos infinidad de cosas. El problema aparece cuando alguien desconoce una materia, pero decide hablar de ella como si la dominara; cuando la ausencia de conocimiento se reemplaza por seguridad, y la falta de rigor se pretende compensar con autoridad, títulos o número de seguidores.

Y aquí conviene decir algo que parece haberse vuelto políticamente incorrecto: la ignorancia existe, y reconocerla no es un insulto.

Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y, al mismo tiempo, ignorar profundamente una determinada materia. No hay nada vergonzoso en ello. Lo verdaderamente preocupante es que esa persona no lo sepa, o peor aún, que lo sepa y decida hablar como experta de todas maneras.

Hay personas que no saben y preguntan. Eso no tiene absolutamente nada de reprochable. Al contrario, reconocer que uno no sabe es una de las formas más elementales de inteligencia.

El verdadero problema es quien no sabe, pero habla como si supiera; quien desconoce los fundamentos de una materia, pero pretende corregir a quienes llevan años estudiándola; quien confunde una opinión personal con conocimiento especializado; quien comete errores conceptuales elementales y, cuando se los señalan, responde indignado porque considera que cuestionarlo constituye una agresión.

No.

La crítica técnica no es violencia. La discrepancia no es persecución. Señalar un error no es atacar a la persona. Y decir que alguien desconoce una materia no debería convertirse automáticamente en un insulto.

Porque si eliminamos la posibilidad de llamar a las cosas por su nombre, terminamos destruyendo cualquier posibilidad de debate serio.

Una sociedad intelectualmente sana necesita poder decir: “eso es falso”, “ese argumento es técnicamente incorrecto”, “usted no conoce la materia” o incluso “usted está hablando desde la ignorancia”. No para humillar, sino para establecer una frontera indispensable entre conocimiento y opinión.

El conocimiento no se democratiza convirtiendo todas las opiniones en conocimiento.

Un médico no adquiere competencia en derecho porque tenga miles de seguidores. Un abogado no se convierte en ingeniero porque hable con seguridad sobre estructuras. Un economista no se vuelve epidemiólogo porque tenga una cuenta popular en redes sociales. Y tener una profesión tampoco convierte automáticamente a una persona en experta en todas las materias.

La autoridad intelectual se construye con estudio, experiencia, método, evidencia y capacidad para soportar el escrutinio.

Lo contrario es simplemente impostura.

Y quizás uno de los mayores problemas de nuestra época sea precisamente ese: hemos construido un ecosistema en el que la seguridad con la que alguien afirma una estupidez puede resultar más persuasiva que la rigurosidad con la que otro demuestra que es una estupidez.

Las redes sociales agravaron el problema. El algoritmo no premia necesariamente al que sabe. Premia al que genera atención. Y la contundencia, la indignación y la certeza absoluta suelen producir mucho más alcance que una explicación técnicamente correcta llena de matices.

Así terminamos premiando al que habla más fuerte mientras castigamos al que intenta explicar por qué está equivocado.

Hay que recuperar algo que parece haberse perdido: el respeto por el conocimiento.

Eso no significa convertir a los expertos en seres infalibles. Todo lo contrario. Un verdadero experto debe poder ser cuestionado. Pero debe ser cuestionado con argumentos, evidencia y conocimiento, no sustituido por alguien que simplemente habla con mayor seguridad.

Y aquí propongo algo que seguramente generará más de una indignación: Colombia debería discutir seriamente la implementación de exámenes periódicos de suficiencia y recertificación profesional.

Un título obtenido hace diez, veinte o treinta años no puede convertirse en una licencia vitalicia para ejercer una profesión sin volver a demostrar que se conservan los conocimientos, las competencias y las condiciones necesarias para hacerlo correctamente.

No estoy hablando de convertir cada profesión en un concurso permanente ni de castigar a quien olvida un dato. Hablo de algo mucho más elemental: exigir que quien mantiene una habilitación profesional demuestre periódicamente que sigue siendo competente para ejercerla.

Y en aquellas profesiones en las que una actuación deficiente puede comprometer la vida, la libertad, el patrimonio, la salud o los derechos fundamentales de otras personas, la exigencia debería ser todavía mayor.

¿Por qué aceptamos con tanta naturalidad que un vehículo tenga que someterse periódicamente a una revisión técnico-mecánica, pero nos parece una herejía sugerir que un profesional deba demostrar periódicamente que sigue siendo técnicamente competente?

Un título acredita que una persona cumplió unos requisitos en un momento determinado de su vida. No demuestra que veinte años después conserve intactos sus conocimientos ni que esté actualizado frente a los cambios de su profesión.

La medicina cambia. El derecho cambia. La tecnología cambia. La ingeniería cambia. La ciencia cambia. Las profesiones cambian.

¿Por qué tendría que permanecer estático el conocimiento de quien las ejerce?

Y sí: quien no supere los estándares mínimos de suficiencia debería enfrentar consecuencias proporcionales, que pueden ir desde la obligación de actualización y recertificación hasta la suspensión temporal del ejercicio mientras recupere las competencias necesarias.

Porque ejercer una profesión no debería ser un privilegio adquirido para siempre.

La sociedad tiene derecho a exigir que quien cobra por su conocimiento, y especialmente quien puede afectar gravemente los derechos de otros con sus decisiones profesionales, demuestre que realmente sabe lo que dice saber.

Eso no es elitismo.

Eso es responsabilidad.

 

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