La Contraloría Municipal de Sincelejo ha encendido las alarmas con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal N.º 001-2025, mediante el Auto 021 del 30 de mayo. En el centro de la tormenta están dos funcionarios del IMDER: su director, José Ignacio Mangones Correa, y el coordinador de deportes, Jorge Luis Figueroa Salas, señalados por un presunto detrimento patrimonial superior a $922 millones de pesos en la ejecución de tres eventos deportivos durante 2024.
Lo que se vendió a la ciudadanía como “eventos de integración y proyección deportiva” terminó revelando un patrón de gastos inflados, contratos sin rigor técnico y una asombrosa indiferencia frente al uso de los recursos públicos. Los contratos que hoy están bajo la lupa de los órganos de control superan los $12 mil millones, y lo que llama más la atención no es su cuantía, sino el descaro y la desfachatez de los sobrecostos.
Un ejemplo: desayunos contratados a $18.000 que en realidad cuestan $14.000, medallas por $35.000 que cotizan a $15.000, gorras por $30.000 que se consiguen a $15.000. Y así, ítem por ítem, peso a peso, se construyó una fantasía en la época dorada del derroche disfrazada de gestión.
El contrato para el Campeonato Panamericano de Softbol por $4.853 millones presenta un presunto sobrecosto de $239 millones. El evento internacional de taekwondo, contratado por $2.150 millones, suma otros $73 millones en presuntas irregularidades. Pero el caso más escandaloso es el del Festival de Escuelas de Fútbol “Sincelejo CUP”, donde se habrían inflado los costos en más de $609 millones. En total: $922.069.582 de presunto daño patrimonial al municipio.
La denuncia que activó el proceso llegó de forma anónima a través de redes sociales, lo que demuestra que, cuando fallan los controles internos, es la ciudadanía quien termina haciendo las veces de auditor público. La Contraloría, por su parte, actuó con base en comparativos de cotizaciones y documentación oficial del IMDER, encontrando un patrón reiterado de presunta corrupción disfrazada de actividad deportiva.
¿Quién se beneficia? ¿Por qué se repite este modelo de contratación con precios inflados y beneficios opacos? ¿Dónde están los filtros de control y evaluación del gasto? ¿Dónde están los funcionarios que en otrora realizaban los controles y verificaciones de precios en los contratos y convenios? Son preguntas que la ciudadanía exige responder, y que hoy comprometen la legitimidad del Instituto Municipal del Deporte.
Lo que debería ser un espacio para formar a niños, jóvenes y deportistas se ha convertido en una ventana abierta a la politiquería, el clientelismo, el despilfarro y la mala administración. Y todo esto ocurre mientras Sincelejo sufre una grave crisis fiscal y social, con un déficit de más de $57 mil millones y necesidades urgentes en salud, seguridad y malla vial y ahora damnificados por ola invernal.
La apertura de este proceso fiscal no es solo un trámite administrativo. Es una advertencia clara de que el deporte no puede seguir siendo el disfraz dorado perfecto para justificar gastos sin control, contratos sin licitación y millonadas de más de $40.000 millones sin impacto social.
La ciudadanía merece respeto, y el presupuesto público no es un cheque en blanco para alimentar negocios disfrazados de “eventos institucionales”. La pelota ahora está en la cancha de los entes de control. Y desde las gradas, el pueblo exige una sanción ejemplar. Porque en Sincelejo, los juegos deben jugarse con transparencia, no con trampa.
