La administración del “cash” Yahir Acuña llegó prometiendo eficiencia, modernización y orden administrativo. Hoy, la realidad parece contar una historia completamente distinta. Sincelejo no solo enfrenta un déficit superior a los 120 mil millones de pesos, en medio de una administración cuya gestión financiera y jurídica hoy enfrenta serios cuestionamientos. Ahora se suma una creciente contingencia judicial que amenaza con agravar aún más la situación económica del municipio.
Todo comenzó con la llamada reestructuración administrativa.
Desde esta tribuna y desde el Concejo Municipal hubo voces que advirtieron que el proyecto mediante el cual se solicitaban las facultades extraordinarias presentaba serios cuestionamientos jurídicos. Se pidió mayor estudio. Se solicitó prudencia. Se advirtió que no reunía, a nuestro juicio y al de algunos concejales, los requisitos exigidos por la Constitución y la ley. Sin embargo, la mayoría decidió aprobar el Acuerdo Municipal No. 358 del 4 de abril de 2025.
Hoy ese mismo acuerdo es objeto de una demanda de nulidad simple y, lo más significativo, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo, mediante auto del 29 de septiembre de 2025, decretó la suspensión provisional de sus efectos al considerar que existían elementos suficientes para adoptar esa medida cautelar mientras se resuelve el fondo del proceso.
Pero los problemas jurídicos no terminan allí. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala IV Civil Familia Laboral revocó la decisión de primera instancia y ordenó el reintegro de más de quince servidores públicos vinculados al sindicato SEEDL, al concluir que dentro del proceso de desvinculación existían garantías constitucionales que debían respetarse.
Y quizás lo más contundente de esa sentencia no es únicamente el reintegro.
El propio Tribunal cuestionó expresamente el análisis realizado por el juez de primera instancia, al señalar que había excedido el objeto de la acción de reintegro, porque terminó analizando la supuesta legitimidad del sindicato, los presuntos fines de sus fundadores y un supuesto abuso del derecho de asociación sindical, asuntos que —según el Tribunal— debían discutirse en otro proceso judicial y no dentro de una acción especial de reintegro.
Y hay un aspecto aún más contundente que pocos han advertido. El Tribunal calificó como especialmente problemática la decisión de primera instancia, al considerar que, además de exceder el objeto propio de la acción de reintegro, desconoció la competencia del juez y el trámite legal previsto para discutir la validez o invalidez del sindicato. Incluso recordó que el propio Municipio ya había promovido un proceso judicial específico para controvertir la constitución y el registro de SEEDL, razón por la cual esas controversias debían ventilarse en ese escenario y no dentro de una acción especial de reintegro. En otras palabras, el Tribunal no solo revocó el fallo: dejó claro que el juez de primera instancia abordó un debate que, jurídicamente, no le correspondía resolver dentro de ese proceso.
Es decir, la segunda instancia no solo cambió el sentido de la decisión. También cuestionó el enfoque jurídico utilizado en la primera instancia.
Pero existe otro aspecto que resulta imposible ignorar.
La acción de fuero sindical fue creada por el legislador como un procedimiento especial, preferente y expedito, precisamente porque protege derechos fundamentales y busca evitar que el paso del tiempo haga ineficaz la protección judicial. Sin embargo, la mayor demora del proceso se produjo precisamente en la primera instancia.
Mientras el expediente permanecía pendiente de decisión, seguían acumulándose salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, indexaciones y demás consecuencias económicas que hoy incrementan la contingencia para el municipio. Paradójicamente, la segunda instancia resolvió el recurso con mayor prontitud y terminó corrigiendo el rumbo jurídico del proceso.
Y aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Quién pagará el costo de todo esto?
Porque los salarios, prestaciones, aportes, indexaciones y demás obligaciones económicas que eventualmente se deriven de estas decisiones no saldrán del patrimonio de quienes impulsaron la reestructuración ni de quienes aprobaron decisiones posteriormente cuestionadas por la justicia, saldrán del presupuesto municipal, en otras palabras del bolsillo de todos los sincelejanos. Es decir menos recursos para vías, para salud. para educación, para seguridad, para inversión social.
Lo verdaderamente grave es que esto no parece ser consecuencia de un hecho aislado, sino del costo que puede tener gobernar sin suficiente rigor jurídico, sin escuchar las advertencias y confiando excesivamente en una estrategia legal que hoy enfrenta serios cuestionamientos en los estrados judiciales.
Si el proceso de nulidad contra el Acuerdo 358 concluye con una decisión desfavorable para el municipio, el panorama jurídico y financiero podría volverse aún más complejo. Esa decisión corresponderá adoptarla a la jurisdicción competente.
De igual manera, serán los organismos de control los que determinen, dentro de sus competencias, si de estas actuaciones se derivan responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza. Esa valoración no le corresponde hacerla a la opinión pública, sino a las autoridades competentes.
Pero hay una responsabilidad que ya es imposible ocultar: la responsabilidad política.
Porque gobernar no consiste en expedir decretos ni en blandir una motosierra administrativa para despedir cientos de trabajadores sin que las decisiones resistan el examen de los jueces.
Gobernar significa tomar decisiones que respeten la Constitución, la ley y protejan el patrimonio público.
Hoy Sincelejo no solo enfrenta un monumental e histórico déficit fiscal. Ahora también enfrenta el riesgo de destinar miles de millones de pesos adicionales para atender las consecuencias de decisiones administrativas que están siendo seriamente cuestionadas por la justicia.
Y la gran ironía es que la supuesta reestructuración que prometía ahorrar recursos terminó sirviéndole al alcalde para atornillar en la nómina del municipio a sus hermanos, cuñados y primos, y garantizarles empleos a su séquito de seguidores e influencers políticos.
Cuando la improvisación sustituye al conocimiento, cuando la soberbia reemplaza al rigor jurídico y cuando las advertencias se desprecian por razones políticas, las consecuencias nunca las paga el gobernante de turno. Las termina pagando toda la ciudad.
