El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los senadores electos para el periodo 2026–2030 en un acto realizado en Bogotá, a escasos días de la posesión del nuevo Congreso prevista para el 20 de julio.
Con esa credencial en mano, fueron acreditados para ocupar curules en el Senado de la República los siguientes dirigentes: María Angélica Guerra, del Centro Democrático; José Macea, de Alianza Verde; Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal; Pedro Flórez y Alex Flórez, del Pacto Histórico, ambos con raíces sucreñas; y Yaini Isabel Contreras, también del Pacto Histórico.
A ellos se suman los representantes a la Cámara que también recibieron su acreditación: Milene Jarava Díaz, del Partido de la U; Pedro Paternina Gulfo, del Partido Liberal y Alejandro de la Ossa Lacayo, del movimiento La Fuerza. Juntos conforman la delegación legislativa más importante que Sucre ha enviado al Capitolio en muchos años.
Y tienen, por primera vez en generaciones, una ventana real.
El presidente electo Abelardo De la Espriella llega al poder el 7 de agosto con una agenda que si se lee bien desde Sucre contiene las llaves de la transformación que este departamento ha esperado durante décadas. Zonas económicas especiales. Transformación energética del Caribe. Infraestructura represada. Seguridad territorial. Reactivación agropecuaria. No son promesas abstractas: son los proyectos exactos que la agenda estratégica de Sucre ha venido construyendo. La coincidencia no es casual. Es una oportunidad.
Pero las oportunidades no se aprovechan solas. Alguien tiene que empujar desde el Congreso.
La primera batalla legislativa que deben dar nuestros congresistas con urgencia, con unidad y con argumento técnico es la Ley que incluya al departamento de Sucre en el régimen de las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE), y que le dé vida jurídica plena a la ZESA: la Zona Económica Social Agroindustrial de los departamentos de Sucre, Cordoba y la región de la Mojana.
El programa de gobierno de De la Espriella propone explícitamente las zonas económicas especiales con exenciones tributarias como eje de su estrategia de crecimiento. El Congreso tiene que convertir esa promesa en ley. Y los congresistas sucreños tienen que ser los primeros firmantes, los primeros ponentes, los primeros en la tribuna.
¿Qué significa la ZESA en términos concretos para Sucre? Significa un régimen jurídico que atrae inversión privada al departamento con exenciones tributarias, aranceles diferenciales y reglas de juego estables en el tiempo. Significa que el mayor proyecto de inversión extranjera en la historia del departamento, el Clúster de Aluminio Verde GALTCO, con más de USD 2.500 millones de inversión y 350.000 toneladas de aluminio verde por año tenga el marco normativo que necesita para operar en 2029.
Significa que el departamento deje de ser un corredor de tránsito y se convierta en un polo de industrialización, significa que la agroindustria pueda convertirse en motor de desarrollo.
Sin la ZESA, el aluminio verde no llega. Sin ley, la ZESA es solo un nombre en un documento. Sin congresistas que la empujen, la ley no existe. La cadena de causas es clara.
Colombia importa más de 400.000 toneladas de aluminio por año. El continente americano importa más de 4 millones. GALTCO propone producir aluminio primario con energía solar y gas natural en un territorio que tiene el segundo mayor potencial de irradiación solar del Caribe, salida portuaria al mar, gas propio en Coveñas y posición geográfica central frente al Canal de Panamá.
No es fantasía. El MOU con ProColombia está firmado. El respaldo técnico de EDF (la energética francesa de propiedad estatal) está comprometido. La viabilidad técnica está demostrada. Lo que falta es la decisión política de construir el marco normativo que lo haga posible.
El precio de ese marco normativo para el país es mínimo: régimen tributario especial para la zona, tarifa energética negociada para grandes usuarios industriales con generación renovable propia, y una línea de transmisión de 220 kV desde la subestación de Chinú hasta el Golfo. El retorno es inmenso: USD 2.500 millones de inversión, 15.000 empleos directos e indirectos, exportaciones por más de USD 1.500 millones anuales.
Eso es lo que los congresistas de Sucre tienen que ir a defender al Capitolio el 20 de julio.
Mientras el Golfo mira hacia la industrialización, La Mojana sigue bajo el agua. Y no metafóricamente: literalmente. La brecha Cara e’ Gato, que desde 2010 desestabilizó el sistema hídrico de la subregión, sigue sin intervención definitiva. Más de 500.000 hectáreas con vocación agropecuaria permanecen inundadas de forma recurrente. Comunidades enteras llevan más de una década en emergencia.
La Mojana no necesita más estudios. Necesita obras. Obras hidráulicas de regulación del caudal a 7.000 m³/s, cierre definitivo de la brecha Cara e’ Gato, sistemas de alerta temprana y, sobre todo, la decisión política de tratar La Mojana como lo que es: una emergencia hídrica de carácter nacional con potencial agroindustrial bloqueado.
El nuevo gobierno De la Espriella habla de expandir la frontera agrícola, de seguridad alimentaria, de reactivación rural. La Mojana es exactamente esa agenda. Pero para La Mojana el modelo no es expansión de frontera agrícola convencional: es producción regulada bajo inundación, gestión diferencial del agua, agroindustria adaptada al ecosistema.
Eso requiere un proyecto hídrico de envergadura nacional, financiado con presupuesto nacional y de cooperación internacional, ejecutado con supervisión técnica rigurosa y acompañado de un programa de desarrollo productivo que le devuelva a los municipios del sur de Sucre la capacidad económica que el agua les ha quitado.
Nuestros congresistas tienen que ir al Congreso con el expediente de La Mojana bajo el brazo. Con los mapas, los cálculos, los antecedentes. Y exigir que el PND 2026–2030 incluya las obras hidráulicas de La Mojana como proyecto de importancia estratégica nacional.
Sucre tiene un PIB per cápita equivalente al 42% del promedio nacional. Una tasa de informalidad del 68%. Un déficit presupuestal de $42.514 millones. Un sistema energético que cobra la tarifa más alta del Caribe. Un acuífero que se hunde entre 1 y 2 metros por año. Una red vial terciaria donde el 82% de los 3.518 km son tierra o afirmado.
Esos no son números abstractos. Son la descripción de la vida cotidiana de 1.034.102 sucreños. Y cambiarlos requiere decisiones que se toman en el Congreso, en el PND, en el Ministerio de Hacienda, en el DNP.
Nuestros senadores y representantes llegan al Capitolio con mandatos de distintas corrientes políticas. Pero representan el mismo territorio. Y ese territorio tiene necesidades que no entienden de colores partidistas.
Lo que Sucre le pide a sus congresistas en este cuatrienio no es que estén de acuerdo en todo. Es que estén de acuerdo en lo que importa: la ZESA, el aluminio verde, La Mojana, el acueducto regional, la transformación energética, la seguridad territorial, el Tren RioMar. Que formen una bancada sucreña efectiva capaz de negociar con el gobierno De la Espriella con proyectos técnicamente estructurados, no con peticiones vacías.
El departamento más pobre del Caribe interior no puede darse el lujo de cuatro años de protagonismo individual sin resultado colectivo. Lo que necesita son legisladores que pongan la camiseta sucreña por encima de la camiseta del partido, que lleven al debate nacional los argumentos del territorio, que conviertan las promesas de campaña del presidente electo en realidades legislativas verificables.
La credencial la recibieron hace unos pocos días. El reloj empezó a contar. El 20 de julio suena el pitazo. Y Sucre está mirando.
