Los hechos ocurridos en el corregimiento de Rincón del Mar marcaron un hito lamentable para el municipio de San Onofre. La violencia, venga de donde venga, se ejerza contra quien se ejerza y adopte la forma que adopte, jamás será el camino para zanjar las diferencias políticas ni para responder a las urgencias de una comunidad golpeada por las emergencias.
Sin embargo, cuando los conflictos personales y políticos se trasladan a los estrados judiciales, el riesgo de traslapar la justicia con la persecución se convierte en una amenaza real para la democracia local. La próxima audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el concejal Dionicio Banquez Márquez sitúa a las instituciones ante una prueba de fuego.
Que la actuación penal esté en manos de una Fiscalía especializada en delitos sexuales (CAIVAS), sumado a la celeridad sin precedentes con la que un despacho recién asignado solicita la privación de la libertad, despierta interrogantes legítimos sobre las garantías procesales. La justicia penal no puede operar como un instrumento de lawfare o litigio político por otros medios; su único carril debe ser el rigor probatorio, la proporcionalidad y el respeto irrestricto al debido proceso.
Corresponde tanto al fiscal como al juez de control de garantías abstraerse de la presión mediática, la injerencia de las partes y el caldeado clima político local. Garantizar los derechos del procesado y valorar con neutralidad absoluta la necesidad, o falta de ella, de una medida de aseguramiento no es una concesión impune, sino la esencia misma de un Estado Social de Derecho.
Decidir con serenidad es defender la majestad de la justicia frente a la tentación de convertir los estrados en campos de batalla partidista. Paralelamente, a la alcaldesa Marta Cantillo le corresponde asumir el liderazgo que su cargo le exige: gobernar con mesura, cabeza fría y grandeza institucional.
Quien ostenta el poder público está llamado a ser el primer garante de la concordia, desescalando las tensiones en lugar de alimentarlas y permitiendo que los entes de control hagan su trabajo sin que la gestión administrativa se transforme en una trinchera personal. Por su parte, el pueblo de Rincón del Mar y la ciudadanía de San Onofre en su conjunto deben asumir una postura digna, pacífica y firme frente a cualquier intento de arbitrariedad.
Las crisis comunitarias se superan con presencia estatal, soluciones reales y cohesión social, no con polarización ni abusos de poder.
La dignidad de un pueblo se demuestra exigiendo que sus líderes actúen a la altura de las necesidades colectivas y reclamando que la justicia sea imparcial, equitativa y jamás utilizada como un garrote político. Es hora de bajar las armas del lenguaje, frenar la instrumentalización del aparato judicial y abrirle paso a la sana convivencia que San Onofre merece.
