A propósito del consejo de seguridad en Coveñas, en donde el presidente Abelardo De la Espriella puso al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, frente a una pregunta: ¿Cómo confiar recursos públicos mientras persisten investigaciones y cuestionamientos sobre su manejo? «No pondrá usted sus manos sobre la plata bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”.“Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”, dijo. Anunció que buscaría mantener los recursos nacionales alejados de su control.
La frase llevó el debate de Sincelejo al escenario nacional, los más de 36.000 mil millones de la UNGRD que están pidiendo que devuelva y que además de esos recursos se debe entender por qué existe tanta desconfianza, basta mirar otra ventana en la alcaldía de Sincelejo y encontramos los documentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Contraloría, en el informe CGR-CDSECTCRD No. 32 – CAT_180_2026_1, de junio de 2026, reportó seis hallazgos relacionados con el PAE.
Según la auditoría, entre otras cosas, el servicio se suspendió durante 21 días desde el 28 de octubre de 2025, cuando aún había clases, y la interrupción habría afectado a 46.790 estudiantes. También registró pagos por $6.783.767 en raciones asociados a beneficiarios fallecidos y calculó un presunto detrimento patrimonial de $1.629 millones por costos de personal superiores a los realmente ejecutados.
El dato más penoso aparece en la ruta del dinero: el informe señala que el municipio habría girado $5.301 millones a una cuenta de ahorros personal de Héctor Chávez, contratista y representante legal del Consorcio PAE Universal, aunque el titular del derecho económico, según la auditoría, era el consorcio.
Los comprobantes identifican esa cuenta como Banco de Occidente, ahorros No. 895-88292-6, El reporte agrega además que los recursos se retiraron en efectivo, con la consecuente afectación de su trazabilidad, y que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
Este hallazgo de auditoría exige respuestas concretas. ¿Quién autorizó que pagos del convenio terminaran en una cuenta personal? ¿Qué soporte contractual, bancario y contable respaldó esa decisión? ¿Quién ordenó los retiros en efectivo y cómo se registró el destino de los recursos? Y si en las cámaras del banco quedó registro de los maletines que presuntamente llegaron a un apartamento en Venecia.
Los documentos bancarios y comprobantes aportados añaden una pieza a ese rompecabezas: el extracto bancario, corroboran que pertenece a Héctor Chávez, contratista suertudo de Yahir Acuña como titular de la cuenta y varios comprobantes muestran su nombre como beneficiario, junto con el NIT del consorcio.
Es decir, las órdenes de pago salían a nombre del Consorcio PAE Universal y la plata entraba a la cuenta de ahorros de Chávez. Los comprobantes disponibles que corresponden a esa cuenta suman aproximadamente $5.301 millones. La cifra no sustituye ni desmiente los $5.301 millones reportados por la Contraloría.
A esa ruta macabra se suma un misterioso proceso ejecutivo promovido por Laduret Patrimonial Familiar S.A.S., cuya representante legal es Tatiana Torres, contra el Consorcio PAE Universal 2024–2027 y sus tres fundaciones integrantes.
En la demanda actuó como apoderado judicial el abogado Aldemar Alfaro, a quien posteriormente le revocaron el poder.
En el expediente aparecen diez cheques del Banco de Occidente: 170458, 170459, 170460, 170461, 170462, 170463, 170464, 170465, 170669 y 170671, por un capital total de $8.002.830.000.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, dentro del proceso radicado No. 70001310300420250015100, profirió el auto que libra mandamiento de pago el 11 de noviembre de 2025. En esa misma fecha profirió el auto que decreta medidas cautelares, dentro del mismo radicado; El auto de medidas cautelares decretó el embargo y retención de depósitos bancarios y otros instrumentos financieros del consorcio y de sus fundaciones, con las salvedades que señala la providencia.
Este proceso ejecutivo saca a relucir el vergonzoso video el cual nombró el presidente sobre las negociaciones del PAE que confirma la falta transparencia y corrupción con la que se ha operado el PAE en Sincelejo.
En palabras castizas: el alcalde contrata el PAE con su contratista de confianza; este le presta dinero con garantía de 10 cheques a favor de Tatiana Torres, madre de Sofía y suegra del alcalde; y ella embarga las cuentas del PAE que contrató con la alcaldía con los cheques firmados por el contratista suertudo y de confianza del alcalde, el ingeniero Héctor Chávez y mientras tanto los niños SIN PAE.
Finalmente, aparece otra coincidencia contractual que merece revisión. En 2025, Héctor Chávez también figuró como representante del Consorcio Solución Vial Sincelejo, contratado por el Fondo Mixto Sierra Nevada para ejecutar obras de malla vial por $34.345 millones, con recursos de regalías y vigencias futuras comprometidas hasta 2035. Sumado al valor inicial del PAE —$256.470 millones—, el monto de ambos proyectos supera los $290.815 millones.
La auditoría, el proceso ejecutivo y el episodio de Coveñas son hechos distintos. Juntos, ayudan a entender el escrutinio y la postura del presidente Abelardo De la Espriella frente al alcalde de Sincelejo. Con más de $256 mil millones comprometidos en alimentación escolar y otros $34 mil millones en obras viales con regalías, Sincelejo necesita con estos hechos y que los órgano de control den resultados, porque ya presidente expresó su desconfianza con tanta corrupción.
Y, mientras tanto, en Sincelejo resuena la canción: “Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga”.
