En la política colombiana pocas figuras generan tantas fracturas como Juan Manuel Santos. Para amplios sectores de la derecha, su influencia no terminó al dejar la Casa de Nariño: simplemente cambió de escenario. Desde entonces, se ha convertido en un jugador silencioso y calculador, dedicado a intervenir en los momentos estratégicos para sostener la visión que impulsó desde 2010.
El país aún siente los efectos de su proceso de paz con las FARC, una negociación que para casi todos los colombianos no significó una verdadera reconciliación, sino la apertura de dos frentes paralelos: uno político, con participación institucional de antiguos miembros de la guerrilla, y otro armado, representado por disidencias que nunca abandonaron la actividad criminal. Esa inconexión entre el discurso oficial y lo que ocurrió en el terreno alimentó, para sus críticos, la sensación de una “paz incompleta” que terminó sirviendo más como plataforma política que como solución de fondo.
Mientras tanto, Santos se proyectó internacionalmente como un referente de buen gobierno, recorriendo países y dictando conferencias en nombre de una paz que, según la mayoría de colombianos, jamás consolidó plenamente dentro del país. La paradoja es evidente: mientras afuera se presenta como guía moral, adentro dejó heridas, polarización y un país que aún enfrenta las consecuencias de decisiones adoptadas sin el consenso nacional necesario.
Para muchos observadores de la oposición, a Santos le resulta estratégica la figura de Iván Cepeda dentro del petrismo. No lo ven como un simple aliado coyuntural, sino como un engranaje más del proyecto ideológico que Santos impulsó desde su rompimiento con el uribismo. Cepeda encaja, según esa lectura, en la continuidad de la agenda que Santos inició y que hoy se integra con el modelo ideológico que sostiene el gobierno actual.
Los críticos consideran que la presencia discreta de Santos sigue siendo un factor de riesgo político. Lo acusan de priorizar sus propios intereses, de operar entre bastidores y de buscar influencia en espacios clave a través de emisarios y figuras como su exministro de defensa Juan Carlos Pinzón. Para estos sectores, el expresidente no solo interviene: lo hace con la intención de mantener viva una corriente política que empuja al país hacia modelos de populismo, retórica y promesas, mientras se desdibuja la importancia de los resultados concretos.
Tampoco puede ignorarse la rivalidad histórica con Álvaro Uribe, un duelo silencioso que marcó a toda una generación y que, para muchos, explica parte del comportamiento político de Santos. Sus detractores interpretan que jamás aceptó que Uribe, con su conexión popular, su origen regional y su ascendencia política, lo superara en liderazgo, influencia y capacidad de movilización ciudadana. Esa rivalidad, lejos de diluirse, sigue influyendo en las tensiones actuales cuando Santos reaparece en momentos definitorios.
Colombia enfrenta hoy un reto crucial: reconstruir la confianza democrática, superar la polarización y avanzar hacia una institucionalidad que responda a las necesidades reales del país. Pero ese objetivo se dificulta cuando actores que ya gobernaron siguen moviendo fichas desde la sombra, influyendo sin asumir su presencia y reconfigurando alianzas sin el escrutinio público que un país herido por la desconfianza necesita.
La discusión no es si Santos sigue en el juego —para sus críticos es evidente que sí—, sino si su forma de intervenir contribuye a sanar o, por el contrario, profundiza las fracturas que aún definen la realidad política colombiana.
