Desde la década del 60, cuando se marcó el inicio del conflicto en nuestro país, el discurso de la seguridad es un infaltable en las contiendas políticas, siendo con el transcurrir del tiempo aún más recurrente.
Sin asomo de duda, la manera de avizorar la seguridad de una ciudad, región o país ha marcado el éxito o fracaso de aspiraciones políticas; al día de hoy eso lo han entendido con total claridad quienes aspiran a ser elegidos popularmente, a tal punto que la seguridad se convierte en ocasiones en el pilar fundante de los programas de gobierno.
El exacerbado interés por abordar de manera “popular” la seguridad en el territorio ha traído consigo la implementación de estrategias que podrían calificarse como populistas o demagógicas, per se , poco efectivas.
Ejemplo de ello es el programa “Jóvenes en paz” implementado por el Ministerio de Igualdad, que, aprovechando la sensibilidad del tema (niños, niñas y adolescentes victimarios ), plantea ante este problema tan complejo soluciones cortoplacistas y poco asertivas, pues se enfoca desde una óptica exclusiva de rédito electoral o, en el peor de los casos, como alimento para el ego de mandatarios de turno, dejando a un lado criterios socioeconómicos, culturales, psicológicos, pero sobre todo criminológicos.
El arraigo populista es tan evidente que se ha convertido en el estilo político de más reiterado uso en la actualidad de nuestro país, dependiendo incluso del “estado de ánimo” de los mandatarios.
Lo realmente curioso es que este se define por determinadas formas y estrategias y no por compromisos que tiendan a brindar soluciones reales a los problemas, en este caso a la creciente inseguridad y particularmente la ocasionada en virtud de la delincuencia juvenil, que se pretende resolver casi de manera exclusiva con la “garantía” de un componente económico girado mensualmente a jóvenes con altas posibilidades de delinquir, sin tomar medidas de fondo para la desaparición de las causas que determinan el comportamiento delictivo.
¿Acaso no se debe mirar con extrañeza que un programa con pretensiones de abarcar 100.000 jóvenes y con un magnánimo despliegue mediático, al día de hoy solo esté beneficiando al 10% de esta cifra?
¿Existen estadísticas ciertas en cuanto a la no comisión de delitos por parte de los jóvenes beneficiarios de este programa?
Se hace realmente obvio que la finalidad perseguida al desplegar este tipo de programas no es otra que generar la percepción de atención integral a una necesidad urgente, dejando al traste la consecución de la finalidad aparentemente pretendida.
El desconocimiento rampante y el afán desmedido de evidenciar aciertos adeudados conllevan a endilgar propiedades mágicas al dinero, olvidando la imperante necesidad de permear a los jóvenes de muchas regiones del país con la influencia de grupos armados,de garantizar el acceso a los distintos niveles de educación e incluso la permanencia de los jóvenes en los centros de educación.
Se mira con indiferencia la descomposición familiar que en gran medida es causa fundamental de comportamientos desviados o delictivos, así como también se desconoce la importancia de abordar el consumo de drogas y alcohol por este grupo poblacional.
Es aquí donde, conminados por el deber de ciudadano, debemos empezar a cuestionar la real efectividad de los programas que se implementan para resolver los problemas estructurales de nuestra sociedad.
Es totalmente obligatorio, como ciudadanos, desarrollar la capacidad de advertir que no es posible que existan soluciones fáciles para problemas complejos y que un buen líder o dirigente jamás preferirá alimentar egos mesiánicos que garantizar el bienestar de su pueblo.
